EDITORIALES: El Gobierno, en un lío por no combatir a Artur Mas

Negocia bilateralmente con los barones

El Gobierno, en un lío por no combatir a Mas

LA DECISIÓN de Rajoy de permitir el déficit a la carta con la excusa de no asfixiar a la Generalitat ha metido al Gobierno en un lío. La rebelión de las comunidades del PP que sí cumplen con la disciplina fiscal ha llevado a Rajoy a tratar de ganarse su apoyo ofreciéndoles compensaciones. Con esa misión, Sáenz de Santamaría se reunirá hoy con Monago. Tal y como informamos, el presidente extremeño exige más infraestructuras a cambio de aceptar el trato de favor a Cataluña. El planteamiento de negociar bilateralmente con cada autonomía es nefasto, rompe la doctrina del PP, da imagen de chalaneo y retrotrae a tiempos pretéritos. Lo que debería hacer Rajoy es plantarse ante Mas y pedirle que se ajuste como todos. Aún tiene mucho margen para hacer recortes.

Las diputaciones asumirán más servicios

Una reforma local cuyo resultado es incierto

HACIENDA tiene ya ultimada la reforma local que será enviada a las Cortes próximamente para entrar en vigor el 1 de enero.

El objetivo es ahorrar costes y para ello las diputaciones se harán cargo de los servicios municipales que se consideren ineficientes y que, según los cálculos del Ministerio, afectan a casi 6.000 ayuntamientos, la mayoría de menos de 5.000 habitantes.

Sin embargo, no está nada claro que el reforzamiento de los servicios que prestan las diputaciones, sin suprimir ni fusionar ayuntamientos, vaya a suponer un recorte de más de 7.000 millones entre 2013 y 2015.

Veremos si la gestión centralizada no supone un aumento de las estructuras de las instituciones provinciales y cuál es el papel de los municipios que teóricamente serán cascarones vacíos
.

El Gobierno usará 10.000 millones del Frob

Más músculo para la banca nacionalizada

EL GOBIERNO va a utilizar 10.000 millones del Frob para cubrir las nuevas necesidades de recapitalización de la banca nacionalizada. Se trata de una medida consecuente. El Ejecutivo aprovecha el buen momento de la deuda –la prima de riesgo está en 281 puntos– para conseguir financiación barata para esas entidades. Y evita pedir esos fondos en la UE, lo que habría supuesto la imposición de nuevas condiciones a España. Precisamente por esas condiciones y porque el rescate a la banca sólo puede dirigirse a su recapitalización, no tiene sentido la propuesta de Rubalcaba de destinar esas ayudas a dar créditos para pymes.

Declaraciones muy comprometedoras para Rajoy y el PP

LAS DECLARACIONES de ayer de Eugenio Nasarre y de Pío García-Escudero ante el juez Ruz revisten una especial importancia por dos razones. La primera porque ambos reconocieron que cobraban sobresueldos mensuales por formar parte de la dirección del partido. Y la segunda porque Nasarre también testificó haber recibido 70.000 euros en billetes de manos del ex tesorero del PP para la Fundación Humanismo y Democracia, de la que era patrono. Ese pago aparecía consignado en la contabilidad manuscrita de Luis Bárcenas.

Nasarre confirmó al juez que los sobresueldos eran «ge
neralizados» en la sede del PP, aunque matizó que él siempre declaró a Hacienda los 1.800 euros que recibía mensualmente en 2003 y 2004 como responsable de Estudios y Programas. Horas después, Pío García-Escudero explicó también ante el juez que cobraba 4.200 euros mensuales entre 1999 y 2003 como coordinador de área, siendo además senador. Hace unas semanas, Cascos reconoció que percibía 10.000 euros al mes como compensación por su dedicación al partido.

Aun suponiendo que todos ellos cumplieran con sus obligaciones tributarias, estamos ante una cuestión formal de falta de transparencia, pero también de fondo, ya que se trata de sumas muy elevadas que demuestran que dedicarse a la política era altamente lucrativo para todos ellos. El PP prometió hacer públicas las declaraciones del IRPF de sus dirigentes, pero ha incumplido este compromiso.

El reconocimiento de Nasarre de que cobró 70.000 euros en dos entregas en metálico –una de ellas, en 2003– para su Fundación es mucho más grave porque sugiere que ese montante procedía de dinero negro o ilegal. En primer lugar porque Álvaro Lapuerta realizó las entregas en billetes y nadie paga de esa forma una cantidad así si se trata de una transacción legal y transparente. Y, en segundo término, porque Nasarre registró esa suma en la contabilidad de la Fundación como una donación anónima. Lo que indica que no quería que quedara constancia de que ese dinero provenía del PP. ¿Figuran esos pagos de 70.000 euros en los libros de cuentas del partido? ¿Cuál fue el origen de ese dinero? ¿Por qué se entregó en sobres y en metálico? ¿Era esto una práctica habitual en esta formación política? El PP tiene que responder a estas preguntas.

Hay que recordar las palabras pronunciadas por Mariano Rajoy en su intervención ante la cúpula del PP el 2 de febrero: «En este partido no se pagan cantidades que no hayan sido registradas en la contabilidad del partido ni que de cualquier otra manera resulten fiscalmente opacas». Estos términos tan tajantes comprometen al presidente, cuya credibilidad quedaría muy maltrecha si se demostrara que los 70.000 euros que recibió la Fundación de Nasarre venían de la caja B del partido. Y en peor situación quedaría todavía si quedara acreditado que se pagaron sobresueldos opacos, lo que con este antecedente resulta aún más verosímil.

Ahora todo queda en manos del juez Ruz, que por sus actuaciones está demostrando un laudable propósito de llegar hasta el final en la averiguación de cómo entraba y salía el dinero en la sede de la calle Génova.

EL EGOÍSMO Y LA INSOLIDARIDAD DE CATALUÑA PROVOCA BRONCAS EN EL PP:

• MARISA CRUZ MADRID
• 21/05/2013 PORTADA

Monago no está dispuesto a ceder al déficit catalán y exige inversión en infraestructuras

Santamaría negociará con él en Mérida

El presidente extremeño, José Antonio Monago, está decidido a defender hasta el final su posición contraria al déficit a la carta y sólo aceptará una solución asimétrica como pide Cataluña si a cambio obtiene ventajas claras para su comunidad. Monago baraja dos opciones que, dependiendo de su cuantía, podría considerar satisfactorias: un plan para reducir el desempleo y un pacto firme de inversión en infraestructuras.

Así se lo planteará hoy mismo a la vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, que visita Mérida para participar en los actos de celebración del 30 aniversario de la constitución del Parlamento autonómico. La número dos del Ejecutivo y Monago mantendrán un encuentro que para el presidente extremeño es del máximo interés.

El barón autonómico espera que la vicepresidenta «ponga algo sobre la mesa», una fórmula que haga «justicia» a comunidades que, como la suya, han sometido a duros sacrificios a sus ciudadanos para cumplir con sus compromisos.

«Estamos dispuestos a escuchar atentamente pero queremos detalles y concreciones y no aceptaremos nada que menoscabe nuestros derechos». Así resumía ayer un portavoz de la Junta el ánimo con el que el Gobierno extremeño aguarda hoy a la número dos de Rajoy. Y añadía: «No aceptamos que ahora se nos diga que hay que tratar de foma diferente a los diferentes. Eso es lo que reclamó Extremadura hace un año y no se nos escuchó».

Desde Madrid, sin embargo, se intenta rebajar las expectativas. En el gabinete de la vicepresidenta aseguran que más allá de planteamientos generales el mensaje de Santamaría remitirá a las negociaciones que se desarrollen en junio en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. «No va con una fórmula cerrada», advierten en Moncloa.

Pese a ello, en Mérida confían en que la visita trascienda el puro protocolo de la celebración del 30 aniversario del Parlamento extremeño. Monago, que se precia de mantener buenas relaciones con la número dos, expondrá una vez más su posición y aclarará que su comunidad no se conformará con la promesa de ser beneficiada con fondos europeos puesto que cuenta con ellos por derecho propio.
Extremadura, de hecho, será la única comunidad autónoma que mantendrá la consideración de región Objetivo 1 en el Presupuesto de la Unión Europea para el septenio 2014-2020. «No aceptaremos que se desvirtúe este hecho», explican desde el Gobierno regional.

Más aún, en el círculo de Monago creen que el encuentro que hoy protagonizarán es el primero de una ronda que irá manteniendo Sáenz de Santamaría con los barones de las comunidades cumplidoras para intentar calmar las aguas y tender puentes de entendimiento con vistas a la reunión decisiva del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se celebrará en junio.
En Moncloa no confirman la ronda de contactos aunque sí admiten que la vicepresidenta es la figura más indicada para hacer una labor previa de explicación y llamada a la tranquilidad. «Ya demostró su capacidad para concitar intereses antes de la Conferencia de Presidentes» el pasado mes de octubre, argumentan.

Y si entonces el consenso era importante, ahora resulta imprescindible. Mariano Rajoy no quiere distorsiones que pongan en peligro la credibilidad de España respecto a la consolidación fiscal y mucho menos si las dudas surgen en vísperas de que la Comisión Europea anuncie oficialmente la concesión de un margen de dos años más para cumplir con el límite del 3% del déficit y justo antes del Consejo Europeo de julio en el que España pretende hacer valer su posición de país comprometido con la austeridad y las reformas para impulsar la unión bancaria y conseguir medidas claras en favor del empleo y las pymes.

El enfrentamiento que ha estallado entre autonomías populares y la rebelión que parece larvarse por parte de las que sí han cumplido frente a las que no lo han logrado –Cataluña, Valencia, Murcia, Baleares y Andalucía– y reclaman más flexibilidad, inquieta al Gobierno aunque no se quiera admitir en público.

En los próximos días desde Moncloa se moverá ficha para intentar neutralizar una guerra entre comunidades que no solo pondría en riesgo la confianza de los mercados en España, sino que además amenaza con enquistarse en le seno del PP justo cuando la mayoría de los barones enfila la segunda mitad de la legislatura y baraja unas encuestas que le resultan poco propicias.

• JOHN MÜLLER
• 21/05/2013
• ESPAÑA

El zoco de Marraquech

Manuel Pizarro, ex presidente de Endesa, suele referirse a las negociaciones sobre financiación autonómica como «el zoco de Marraquech». La creación de un déficit a la carta va por el mismo camino. Lo curioso es que el debate sólo existe en el PP, porque el gran promotor de la idea, el consejero catalán Andreu Mas-Colell, aún no ha defendido públicamente sus posiciones, más allá de un artículo periodístico escrito en enero. Su tesis inicial es que el objetivo debería fijarse sobre el déficit primario, es decir, excluyendo el pago de intereses de la deuda. Esto favorecería a las comunidades más endeudadas como Cataluña, Valencia o Murcia. Cataluña, según Mas-Colell, cumpliría si no se contabilizaran los intereses de su deuda.

 

Sin embargo, excluir la deuda de la contabilidad implicaría un riesgo moral (moral hazard), difícil de asumir por las comunidades poco endeudadas. Incluso el argumento de la mala o escasa financiación histórica adquiere visos oportunistas. No hay una sola comunidad autónoma que haya dicho históricamente que estaba o está bien financiada.

 

Sorprenden en este asunto dos cuestiones: una es la descoordinación del PP. Aún ayer había barones autonómicos populares que decían no haber recibido una sola llamada para compartir criterios. Y en segundo lugar, la forma desorganizada de presentar la discusión ante la opinión pública. El asunto lo plantea la Generalitat, pero es el ministro Montoro el que le da carta de naturaleza, como una concesión a Artur Mas que provocó el rechazo de Madrid o Extremadura. La mayoría de las comunidades del PP no están contentas con el déficit a la carta, pero se ha abierto paso la idea de que hay que compensar a Cataluña de alguna forma porque no parece capaz de pasar de un déficit de casi el 2% al 0,7%. Un poderosísimo elemento de convicción para el PP ha sido el mal estado de las cuentas de la C. Valenciana, responsabilidad casi exclusiva del PP, y de las de Baleares, donde también gobierna.

 

Fedea vaticinó la semana pasada que el déficit autonómico se elevará hasta el 1,4% en un escenario normal que contempla un objetivo modificado de déficit del 1,2%, y que seis autonomías estarán por encima del mismo: C. Valenciana, Cataluña, Castilla-La Mancha, Baleares, Murcia y País Vasco. Pero lo más significativo es que Baleares y la C. Valenciana superarían el 3% de déficit.

La creación de un déficit a la carta para las comunidades autónomas es un paso atrás en los intentos de disciplinarlas fiscalmente. La iniciativa erosiona la Ley de Estabilidad Presupuestaria y tiene difícil justificación. Al final, los desequilibrios se pagan entre todos. «Coger más déficit es coger más cuerda para ahorcarte», decía ayer un barón popular.

john.muller@elmundo.es

Cospedal niega « componendas»

C. R. G. / Madrid

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, negó ayer las posibles «componendas» bilaterales entre el Gobierno y las autonomías críticas con el déficit ‘a la carta’. Lo que habrá, según afirmó, son «parámetros justos y equilibrados». Cospedal pidió «no adelantar acontecimientos» y esperar al «próximo Consejo de Política Fiscal y Financiera». Tras confirmar para el próximo lunes la anunciada reunión de Rajoy con los barones del PP, prometió que «cualquier solución será acordada entre todos» y que «las CCAA cumplidoras no van a verse perjudicadas... ¡de ninguna manera!».

• VÍCTOR MONDELO BARCELONA
• 21/05/2013 ESPAÑA

CCOO y UGT, con el pacto por la consulta

Los sindicatos quieren estar presentes en la plataforma secesionista que rechaza el PSC

Los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña no sólo están a favor de que los catalanes voten su futuro político, sino que pretenden formar parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la plataforma de impulso a la consulta de la que el PSC huye despavorido tras constatar el sesgo secesionista que el Govern está imprimiendo al acuerdo, que pretende utilizar para dotar de legitimidad a su proyecto independentista.

Los líderes de las dos organizaciones sindicales en Cataluña manifestaron ayer su predisposición a formar parte del Pacto, tras reiterar su petición de que se haga posible la convocatoria de la consulta. Tal y como recordó el secretario general de UGT en Cataluña, su sindicato ya respaldó abiertamente la celebración del referendo. El propio Josep Maria Álvarez hizo público este amparo en su discurso de clausura del último congreso del sindicato y ahora ve «lógico» dar un paso más con la participación en el Pacto Nacional que impulsa el Govern.

«Las organizaciones representativas de los trabajadores debemos poder dar nuestra opinión», abundó su homólogo en CCOO, Joan Carles Gallego, partidario de crear una comisión «amplia», representativa de la sociedad catalana y en la que también estén presentes los empresarios, para discutir la definición del acuerdo que debe sentar las bases de la consulta.

La oferta sindical llega, no obstante, antes de que hayan recibido una invitación formal para suscribir el acuerdo soberanista. Aunque parece poco previsible que dicha invitación no llegue, puesto que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamó a finales del pasado mes a los sindicatos apoyo explícito a la consulta sobre la independencia de Cataluña. «Los sindicatos tienen que hacer oír su voz a favor de algo tan radicalmente democrático como que Cataluña pueda decidir libremente su futuro», pidió Mas. Ahora parece ser escuchado.

Con todo, el apoyo sindical al Pacto Nacional por la consulta no oculta el debilitamiento que está sufriendo esta herramienta de promoción del proceso soberanista, después de que los socialistas se estén decantando hacia su ausencia en la firma del mismo. Una postura que empezó a gestarse tras la última cumbre sobre el proceso soberanista, en la que el líder del PSC, Pere Navarro, alertó de que su partido no está dispuesto a secundar la vía secesionista de Mas y que siguió tomando cuerpo este fin de semana cuando el portavoz socialista en el Parlament, Jaume Collboni, desdeñó las presiones de los sectores más catalanistas del partido para que la dirección firme el pacto por la consulta que los sindicatos quieren respaldar.

LOMCE: La nueva ley de enseñanza deja claro a los excluyentes catalanistas que no vale la atención individualizada en lengua española.

• OLGA R. SANMARTÍN MADRID
• 21/05/2013 ESPAÑA

La ley educativa dice que no vale la atención individualizada en español

Tampoco ve «adecuada» la «separación en grupos por razón de la lengua habitual»

El modelo de inmersión lingüística de la Generalitat de Cataluña ha sufrido un nuevo tirón de orejas, de última hora, en el proyecto de Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce). El texto que recibieron ayer los grupos parlamentarios –al que ha tenido acceso este periódico– rechaza tanto «la atención individualizada en castellano» como «la separación en grupos» como fórmulas para garantizar los derechos lingüísticos de los alumnos.

La atención individualizada es el mecanismo bajo el que se escuda el Govern para asegurar que en las aulas catalanas también se aprende en español. Por él, el profesor se dirige puntualmente en castellano al alumno que ha pedido una enseñanza en esta lengua para traducirle lo que no haya entendido, pero no incorpora este idioma a las rutinas de toda la clase, tal y como los jueces han dicho que se haga.

El Ministerio de Educación se ha hecho eco de la reciente jurisprudencia y, en la disposición adicional 38º de la Lomce, que regula todo lo relacionado con las lenguas, señala que, «para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos», «no se considerarán adecuadas las medidas que supongan la atención individualizada en castellano o la separación en grupos por razón de la lengua habitual».

El ministro de Educación, José Ignacio Wert, no dio publicidad a este nuevo redactado tras aprobarse, el pasado viernes, el anteproyecto de la Lomce en Consejo de Ministros. Quizá no quiso echar más leña al fuego, a pesar de que la consellera de Enseñanza, Irene Rigau, ya ha afirmado otras veces que prefiere ser inhabilitada antes que acatar estas ordenes judiciales.

Porque el Tribunal Supremo sentenció, el pasado febrero, que no bastaba una «atención particularizada» a dos niños a los que previamente les había reconocido el derecho a que el castellano se utilizara también como lengua vehicular en su enseñanza, sino que la lengua común del Estado deberá ser habilitada como vehicular «junto con sus condiscípulos» y «en el colegio y curso en que los hijos del recurrente siguieran la enseñanza». En otras palabras, si un alumno lo pide, toda su aula tendrá clase en español. También lo estableció así, el pasado mes de abril, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC): «El sistema ha de adaptarse a toda la clase de la que forma parte ese alumno. Lo acordado afecta al alumno conjuntamente con sus compañeros».

El proyecto de la Lomce cambia también su redacción, respecto a las versiones anteriores, para dejar más claro que el Gobierno autonómico «deberá garantizar una oferta docente sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular». En este sentido, los padres «tendrán derecho» a que sus hijos «reciban enseñanza en castellano, dentro del marco de la programación educativa»; es decir, en colegios públicos o concertados.

Si no hay «oferta docente razonable sostenida con fondos públicos en la que el castellano sea utilizado como lengua vehicular, el Ministerio de Educación, previa comprobación de esta situación, asumirá íntegramente, por cuenta de la Administración educativa, los gastos efectivos de escolarización de estos alumnos en centros privados en los que exista dicha oferta con las condiciones y el procedimiento que se determine reglamentariamente, gastos que repercutirá a dicha Administración educativa». Esto es «excepcional» y «se extinguirá con la adopción por la Administración educativa competente de medidas adecuadas para garantizar los derechos lingüísticos individuales de los alumnos». Pero, «a estos efectos», añade, no valdrá ya ni la atención individualizada ni separar en grupos.

Debe haber una «oferta razonable» en castellano pagada con fondos públicos

Wert lamenta que se use un «lenguaje bélico»

Madrid
La reforma educativa acaba de llegar al Congreso, pero la guerra ha empezado ya. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, dijo ayer en La Rioja que no le ha gustado «determinado lenguaje, de tipo bélico» que usaron algunas CCAA – aludiendo, sin citarlas, a Cataluña y el País Vasco – en sus críticas a la Lomce.


La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue más precisa y calificó de «incongruente» que el presidente Artur Mas quiera recurrir la ley al Tribunal Constitucional cuando en su día lo «desacreditó» por la sentencia del ‘Estatut’, informa Europa Press.

En Cataluña, y a la espera de que Mas fije la fecha para la cumbre contra la ley que debe celebrarse esta semana, la consejera de Enseñanza, Irene Rigau, advirtió de que la reforma es «un ataque a la realidad catalana» y tiene que ver con una «estrategia de destrucción» de las señas de identidad catalanistas.

«Desde hace 30 años, la Generalitat determina qué aprenden los alumnos. Ahora lo hará Madrid», se quejó, y dijo que el proyecto es «altamente peligroso». El líder de Unió, Josep Antoni Duran Lleida, en una carta abierta a Mariano Rajoy, afirmó que la lengua «es lo más importante para un catalanista» y avisó de que la Lomce «da argumentos» a los que quieren la independencia.

El PSOE anunció una enmienda de totalidad contra el texto y anunció que, de no ser modificado en el trámite parlamentario, interpondrá un recurso de inconstitucionalidad. «Se parecen más a la AP de Fraga que a un partido de derechas del siglo XXI», lamentó Mario Bedera, portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista. IU pedirá la reprobación de Wert, a quien calificó como «el pirómano del Gobierno y el peor ministro de toda la historia de España». Y UPyD presentará también una enmienda a la totalidad. Su diputado Carlos Martínez Gorriarán: «La ley se queda muy corta y tiene problemas de tipo constitucional».

MUEREN 3 LEGIONARIOS ESPAÑOLES EN UNA EXPLOSIÓN: Una fuerte explosión en su base de Viator (Almería) terminó ayer con la vida de tres veteranísimos desactivadores de explosivos de la Legión e hirió a otros dos, uno de ellos de gravedad.

• ROBERTO BENITO MADRID
• 21/05/2013 ESPAÑA

Mueren 3 militares en una explosión tras un ejercicio

Los fallecidos eran tres veteranos desactivadores de explosivos con experiencia en Afganistán y otras misiones / Hay un herido grave

Una fuerte explosión en su base de Viator (Almería) terminó ayer con la vida de tres veteranísimos desactivadores de explosivos de la Legión e hirió a otros dos, uno de ellos de gravedad.

Un juez togado militar se puso ayer al frente de la investigación para aclarar un suceso que no es en absoluto habitual, aunque en los últimos tiempos se hayan producido dos dramáticos incidentes con explosivos en las Fuerzas Armadas.

El de ayer se produjo poco antes de las 14.30 horas en la base Álvarez de Sotomayor de Viator. Según informaron fuentes militares, la explosión fue de gran magnitud y cogió de lleno a los tres fallecidos, todos suboficiales de la Legión: los brigadas Antonio Navarro García y Manuel Velasco Román, y el sargento José Francisco Prieto González.

Según las primeras informaciones, los militares habían finalizado un ejercicio rutinario y estaban realizando algún tipo de traslado de material en los locales de su sección, donde se almacena material con el que se realizan las prácticas.

Este tipo de ejercicios son habituales en las unidades de artificieros, que utilizan pequeñas cargas para simular los trabajos que posteriormente tendrán que realizar en escenarios como Afganistán, donde la detección y neutralización de artefactos forma parte de la rutina diaria para estas unidades.

Lo que se desconoce es lo que ayer hizo estallar de forma trágica el material. De averiguarlo se encargará la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación a las órdenes del juez, y el Ejército, que ha abierto una investigación interna.

De lo que no cabe duda es de que los fallecidos conocían a la perfección el material con el que estaban trabajando. Todos ellos eran veteranos expertos en desactivación de explosivos, llevaban muchos años en el Ejército y habían participado en las principales misiones internacionales de las Fuerzas Armadas de las dos últimas décadas. Entre ellas Afganistán, por donde habían pasado los tres y donde habían trabajado en primera línea, desactivando los artefactos explosivos que los talibán dejan en las carreteras para atentar contra las tropas.

El brigada Navarro García, de 46 años y soltero, había ingresado en el Ejército en 1987, estaba destinado en la Legión desde 1995 y contaba en su currículo con participaciones en las misiones internacionales de Bosnia, Kosovo, Líbano y Afganistán.

El brigada Velasco Román, de 45 años, casado y con dos hijos, era también un veterano desactivador, que llevaba en las Fuerzas Armadas desde 1986 y en la Legión desde 2002. Había participado en misiones en Bosnia, República Democrática del Congo, Líbano y Afganistán, donde había sido condecorado por su trabajo.

El sargento Prieto González, casado y sin hijos, tenía 33 años, había entrado en el Ejército en 1998 y había estado en las misiones de Kosovo y Afganistán.

El herido grave es un sargento que fue evacuado al hospital de Torrecárdenas de Almería, donde fue operado por una fractura en el fémur. Al cierre de esta edición se encontraba fuera de peligro. El otro herido es una cabo primero, que recibió ayer mismo el alta médica.

Éste es el segundo gran accidente con explosivos al que tienen que hacer frente las Fuerzas Armadas en dos años. El anterior tuvo lugar el 24 de febrero de 2011 en la Academia de Ingenieros de Hoyo de Manzanares (Madrid), cuando cinco militares murieron en un accidente ocurrido mientras realizaban un ejercicio de desactivación de minas.

El accidente de ayer cogió al ministro Pedro Morenés en un viaje en Asia Central, que iba a durar hasta el jueves pero que fue suspendido. Morenés tiene previsto llegar esta tarde a la base de Viator.

GOBERNANDO: Casi 6.000 ayuntamientos perderán la gestión de todos o de gran parte de los servicios que prestan ahora con la reforma local del Gobierno

• LUIS ÁNGEL SANZ MADRID
• 21/05/2013 PORTADA

Las diputaciones gestionarán casi 6.000 municipios sin disolver sus ayuntamientos

Casi 6.000 ayuntamientos perderán la gestión de todos o de gran parte de los servicios que prestan ahora con la reforma local del Gobierno.

Pero continuarán existiendo como un cascarón vacío y en algunos casos sin más función que la representativa. Además, otra administración ganará peso y tamaño: las diputaciones, que pasarán a gestionar los servicios municipales cuando los ayuntamientos sean ineficientes.

El anteproyecto de Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local supondrá una revolución para ayuntamientos y diputaciones. El Gobierno no ha querido suprimir consistorios mediante la fusión de los más pequeños, como han hecho otros países de Europa. Y ahora, la reforma puede conseguir que miles de corporaciones sigan existiendo sin cometido a partir de 2014.

El Ministerio de Hacienda ha calculado que 5.927 ayuntamientos son ineficientes porque prestan sus servicios a un coste superior al que podrían hacerlo. En concreto, son 5.583 de menos de 5.000 habitantes (el 92,1%) y 344 municipios de entre 5.000 y 20.000 habitantes (el 37%).

Si esas cifras se mantuvieran cuando entre en vigor la ley, casi 6.000 ayuntamientos –el 73% de los consistorios españoles– perderían la gestión de sus principales servicios, aunque podrían mantener aquellos en los que se muestren eficientes.

El ministro, Cristóbal Montoro, presentará hoy esta reforma a la Comisión Nacional de Administración Local (CNAL). Después, se enviará al Consejo de Estado. El Ejecutivo espera que el Consejo de Ministros la remita al Congreso antes del verano y que se apruebe para que entre en vigor el 1 de enero de 2014.

El polémico proyecto se encontrará enfrente a gran parte de los ayuntamientos, al PSOE, a IU, a UPyD y a los partidos nacionalistas. Algunos ya han anunciado que presentarán recursos de inconstitucionalidad, con lo que su tramitación y puesta en marcha se prevé más que polémica.

Una de las claves de la ley será qué es ser eficiente. El Ministerio ha calculado lo que pueden costar los distintos servicios por habitante (alumbrado, cementerio, recogida de basuras, limpieza...) y los ayuntamientos tendrán que ajustarse a esos costes. Si no lo hacen, los menores de 20.000 habitantes perderán la gestión de esos servicios, que será asumida por las diputaciones o las comunidades uniprovinciales, que recibirán la financiación y los funcionarios que se dediquen a cada prestación.

Los consistorios mayores de 20.000 vecinos tendrán más facilidades. Si son ineficientes, podrán ceder la gestión voluntariamente a las diputaciones. Si no, se les aplicará la Ley de Estabilidad Presupuestaria. Finalmente, si no mejoran su gestión podrían llegar a ser intervenidos.

Fuentes de Administraciones Públicas explicaron ayer que la ley puede ahorrar 7.129 millones de euros sólo por la aplicación de la eficiencia municipal.

Los ayuntamientos que se queden sin servicios que gestionar seguirán existiendo con su alcalde y sus mismos concejales. A partir del vaciamiento de competencias, el equipo de gobierno tendrá cinco años para presentar un plan económico-financiero a Hacienda y recuperar la gestión perdida. En ese plazo, según Hacienda, mantendrán su «capacidad política», aunque sin nada que gestionar.

Administraciones Públicas espera que los 6.000 municipios ineficientes hoy sean menos el 1 de enero próximo gracias a que están aplicando criterios de eficiencia estrictos para conservar la gestión. Desde que los ayuntamientos conocen este anteproyecto han aumentado los consistorios con superávit (4.623 en 2012 frente a 4.018 en 2009) y el personal a su servicio ha disminuido un 12,27% en un año. Es decir, «la ley está teniendo importantes efectos antes incluso de que entre en vigor», apuntaron las mismas fuentes.

El Gobierno defiende que su norma es «profundamente municipalista», porque obligará a las comunidades a abonar el coste de las competencias autonómicas que gestionen los ayuntamientos. Si no lo hacen, el Estado detraerá ese dinero de su financiación y se lo dará a los municipios. Sin embargo, está por cerrar qué periodo transitorio se establece para ese pago de las competencias impropias. El anteproyecto de hace tres meses señalaba unos plazos de cinco años para sanidad y educación y de un año para servicios sociales. Fuentes de Hacienda explicaron que ese periodo transitorio se cerrará hoy, en la reunión con la CNAL.

Junto con la Ley de Racionalización Local, el Gobierno aprobará con los presupuestos de cada año una «horquilla salarial» para los funcionarios locales que evite «la enorme dispersión» que existe actualmente. Es decir, puede haber bajadas generales de los sueldos de los funcionarios municipales, aunque este aspecto aún está por cerrar.

 

• RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID
• 21/05/2013
• 9
• ESPAÑA

Nueve CCAA siguen sin aclarar 262 casos de dependientes ya fallecidos

El Gobierno les da un mes, entre ellas a Madrid, que tiene 165 expedientes sospechosos
 

Al misterio de los dependientes fallecidos y sus expedientes en vida le queda un mes, el tiempo que viajará desde hoy hasta el 17 de junio para saber si las comunidades autónomas recibieron financiación por personas que ya no existen. Para concretar, 262 vivos que igual están muertos.

Los casos sospechosos se reparten entre nueve CCAA, siete de las cuales presentan menos de 10 expedientes sin transparencia, excepto dos: Madrid y Andalucía. El Gobierno de Ignacio González deberá acreditar la identidad de 165 personas que entre 2007 y 2011 –con Esperanza Aguirre al mando de la Comunidad– aparecieron como dependientes cuando posiblemente habían fallecido. Y el Ejecutivo de José Antonio Griñán tendrá que aclarar quiénes son 78 nombres por los que su comunidad recibió una financiación que ahora se pone en duda.

El resto de ese mapa irregular afecta a otras siete CCAA: Castilla y León (seis casos), Asturias (tres), Castilla-La Mancha (tres), Valencia (tres), Murcia (dos), Aragón (uno) y Extremadura (uno). Total: 262.
Ésa es la cifra de apellidos sobre la que sospecha el Gobierno central, que ayer envió a las CCAA un escrito de advertencia con la firma del Imserso: «Si en el plazo máximo de un mes no se ha procedido a la acreditación o a la justificación de esta información, se procederá a la baja definitiva». Y eso supondrá menos dinero para ellas.

Fuentes del Ministerio cuentan que «todas» han expresado su intención de esclarecer el asunto.
Desde que en diciembre de 2012 el Tribunal de Cuentas alertó de la existencia de 25.806 expedientes sin regularizar (dependientes fallecidos, con duplicidad de informes o con otros DNI), los casos sospechosos fueron bajando, a medio camino entre el ruido mediático y la presión del Imserso, que se topó en sus cuentas antiguas con un dinero dado de más.

A finales de febrero, la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad del Ministerio de Ana Mato detectó que 12.747 expedientes seguían en el limbo. O sea, 37,5 millones de euros desaparecidos en los descampados de las comunidades. De esos 12.747 casos, 5.747 correspondían a hombres y mujeres ya fallecidos y 34 a expedientes duplicados (personas que tenían dos dossieres de dependencia). La depuración siguió funcionando con algunas tensiones entre el Estado central y las autonomías. Uno porque quería toda la información y otras porque alegaban que era imposible descifrar algunos casos debido al sistema informático actual.

Aun así, a finales de abril quedaban 4.000 casos oscuros. Durante la última semana del mes pasado y la primera de mayo, el secretario de Estado, Juan Manuel Moreno, y algunos consejeros cruzaron llamadas mientras César Antón, director general del Imserso (que hace años estuvo en el otro lado como consejero de Sanidad y después de Familia e Igualdad de Castilla y León) discutía con las comunidades los datos verdaderos y los falsos.

El último drenaje ha dejado este poso de cifras: el Tribunal de Cuentas acertó al 98% (de los 12.747 expedientes, 148 ya estaban subsanados antes del informe), y de los 5.747 fallecidos quedan por esclarecer 262. Si las comunidades no solucionan ese misterio antes del 17 de junio, los expedientes se darán de baja definitivamente.

Todo eso, los 5.747 muertos más los 34 duplicados, significan 45,6 millones de euros que el Imserso pagó de exceso y que irá siendo restado a las CCAA de los próximos Presupuestos. Lo dice la resolución enviada ayer a las autonomías: «La regularización prevista se realizará en las sucesivas liquidaciones de nivel mínimo, cuya imputación corresponda al presente ejercicio presupuestario y como fecha límite la liquidación de noviembre de 2013».

• MARIA PERAL MADRID
• 21/05/2013 ESPAÑA

La Sala III del Supremo debate hoy la reforma judicial de Gallardón

El tribunal se plantea hablar con los grupos de la oposición para que enmienden el proyecto

Los 39 magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo (TS) están convocados para hoy por su presidente, José Manuel Sieira, con el fin de debatir las modificaciones incorporadas por el PP en el proyecto de ley de reforma del Consejo General del Poder Judicial durante su tramitación por el Congreso.

Fuentes de la Sala señalaron que se trata de oír la opinión de los magistrados sobre esas modificaciones, que han causado un profundo malestar en la Sala de Gobierno del Supremo, hasta el punto de que sus miembros han solicitado una reunión urgente con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, para expresarle su rechazo a la regulación que se pretende hacer de la nueva figura del vicepresidente del TS.

Tal como ha quedado diseñado en el proyecto de ley remitido por la Cámara Baja al Senado, el vicepresidente del Supremo será un cargo de designación política directa, ya que deberá ser necesariamente uno de los tres vocales del CGPJ elegidos por las fuerzas parlamentarias que tendrán la categoría de magistrados del TS. Se otorga preferencia al que tenga más de tres años de antigüedad en el Supremo, por lo que el grupo parlamentario mayoritario podrá predeterminar quién va a ser el vicepresidente del Alto Tribunal, al que se atribuyen funciones jurisdiccionales: presidirá el Tribunal de conflictos de jurisdicción y las salas de conflictos de jurisdicción y de competencias. Pese a ello, carecerá de la inamovilidad asegurada a los jueces del Supremo en garantía de su independencia, dado que el vicepresidente podrá ser cesado en cualquier momento por el presidente. Este cargo elegido a dedo por la fuerza política mayoritaria podrá asumir, por delegación del presidente, la inspección del Alto Tribunal y dirigir el Gabinete Técnico, donde se preparan la mayoría de las resoluciones.

Los miembros de la Sala de Gobierno barajan la posibilidad de acudir a los grupos parlamentarios de la oposición para tratar de frenar en el Senado esta reforma, que consideran una «descarada injerencia política». Sobre las enmiendas introducidas sorpresivamente por el PP en el Congreso no ha podido opinar ni siquiera el propio CGPJ, que ya se pronunció en contra de la reforma de Ruiz-Gallardón, al igual que todas las asociaciones judiciales.

REFUNDAR EL PSOE: (¡Qué desesperación debe sentir Rubalcaba al ver los ineptos que se creen potenciales candidatos!. Es que, después de ZP, están convencidos que cualquiera vale)

• MANUEL SÁNCHEZ MADRID
• 21/05/2013 ESPAÑA

Patxi y Edu, ‘velando armas’

El ex ‘lehendakari’ ya no dice que no opta a ser candidato del PSOE y pospone la decisión

El desayuno informativo del ex lehendakari Patxi López en Madrid despertó una expectación inusitada. Las mesas llenas, gente sentada en sillas colocadas en sitios inverosímiles, y una presencia de socialistas poco habitual en los últimos tiempos en este tipo de actos.

Estuvo el ex ministro y ex vicesecretario general del PSOE, José Blanco; la ex vicepresidente del Gobierno, Elena Salgado; el ex secretario general del PSE, Nicolás Redondo Terreros. Y no estuvo Alfredo Pérez Rubalcaba ni Elena Valenciano. Y sí Eduardo Madina.

Luego, sorprendió el discurso inicial de Patxi López, muy articulado y elaborado, propio de un candidato a la Presidencia del Gobierno. Así lo interpretaron todos los presentes en los corrillos posteriores.

Ya no hizo un discurso sobre el País Vasco –aunque sí reivindicó las políticas que él desarrolló cuando estuvo en el Gobierno–, sino una propuesta de ámbito muy general para España y para Europa, compartiendo los planteamientos de la dirección socialista, pero dando un paso más allá en otros muchos temas, con propuestas propias.

Era un discurso que buscaba algo más, y se vio con toda nitidez cuando ante la pregunta concreta del moderador, sobre si pensaba presentarse como candidato a las elecciones primarias del PSOE tras la Conferencia Política de octubre. Ya no dijo que su ambición política era Euskadi y que no tenía otro horizonte, como ha repetido en muchas ocasiones. Por el contrario, dijo: «Me vuelve usted a llamar para entonces, vengo aquí, y lo hablamos».

La Sala del hotel Ritz, donde se desarrollan los desayunos que organiza el Foro de Europa Press, pegó un respingo. No fue casual.

Previamente, Patxi López había preparado el terreno proponiendo tres pasos previos: «Nuestra obligación pasa ahora por hacer una oferta entendible y creíble para la ciudadanía». «Hay que ser el referente de los progresistas para quienes busquen una alternativa real a la del Gobierno de la derecha». «Y tenemos que redefinir nuestro proyecto, externo y el interno».

Para López, eso es lo que está haciendo el PSOE ahora y lo aplaudió, y después, dijo, alguien deberá liderar todo esto, pero indicó que el debate de nombres no toda hasta después de la Conferencia Política: «¿No sería un fraude que sólo se cambiara la foto?», se preguntó.

Luego, se le formuló una pregunta dura. Si él y Rodolfo Ares estaban intentado parar la hipotética candidatura de Eduardo Madina. Patxi, dio la impresión que miró directamente a Edu, y contestó: «Quien dice eso, no nos conoce».

A la salida del acto, Madina siguió el mismo guión. Dijo que el PSOE está en el debate de ideas, en un nuevo proyecto, y que ahora no toca hablar de nombres. Ya llegará el otoño.

Para López, sería un fraude si su partido se limitara a cambiar la foto

• VÍCTOR MONDELO BARCELONA
• 21/05/2013 ESPAÑA

CCOO y UGT, con el pacto por la consulta

Los sindicatos quieren estar presentes en la plataforma secesionista que rechaza el PSC

Los sindicatos CCOO y UGT de Cataluña no sólo están a favor de que los catalanes voten su futuro político, sino que pretenden formar parte del Pacto Nacional por el Derecho a Decidir, la plataforma de impulso a la consulta de la que el PSC huye despavorido tras constatar el sesgo secesionista que el Govern está imprimiendo al acuerdo, que pretende utilizar para dotar de legitimidad a su proyecto independentista.

Los líderes de las dos organizaciones sindicales en Cataluña manifestaron ayer su predisposición a formar parte del Pacto, tras reiterar su petición de que se haga posible la convocatoria de la consulta. Tal y como recordó el secretario general de UGT en Cataluña, su sindicato ya respaldó abiertamente la celebración del referendo. El propio Josep Maria Álvarez hizo público este amparo en su discurso de clausura del último congreso del sindicato y ahora ve «lógico» dar un paso más con la participación en el Pacto Nacional que impulsa el Govern.

«Las organizaciones representativas de los trabajadores debemos poder dar nuestra opinión», abundó su homólogo en CCOO, Joan Carles Gallego, partidario de crear una comisión «amplia», representativa de la sociedad catalana y en la que también estén presentes los empresarios, para discutir la definición del acuerdo que debe sentar las bases de la consulta.

La oferta sindical llega, no obstante, antes de que hayan recibido una invitación formal para suscribir el acuerdo soberanista. Aunque parece poco previsible que dicha invitación no llegue, puesto que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, reclamó a finales del pasado mes a los sindicatos apoyo explícito a la consulta sobre la independencia de Cataluña. «Los sindicatos tienen que hacer oír su voz a favor de algo tan radicalmente democrático como que Cataluña pueda decidir libremente su futuro», pidió Mas. Ahora parece ser escuchado.

Con todo, el apoyo sindical al Pacto Nacional por la consulta no oculta el debilitamiento que está sufriendo esta herramienta de promoción del proceso soberanista, después de que los socialistas se estén decantando hacia su ausencia en la firma del mismo. Una postura que empezó a gestarse tras la última cumbre sobre el proceso soberanista, en la que el líder del PSC, Pere Navarro, alertó de que su partido no está dispuesto a secundar la vía secesionista de Mas y que siguió tomando cuerpo este fin de semana cuando el portavoz socialista en el Parlament, Jaume Collboni, desdeñó las presiones de los sectores más catalanistas del partido para que la dirección firme el pacto por la consulta que los sindicatos quieren respaldar.

EL CASO DEL BRIBÓN DE BÁRCENAS: Los declarantes prueban que los denominados 'sobresueldos' están incluidos en sus Declaraciones de la Renta

• MANUEL MARRACO MADRID
• 21/05/2013 PORTADA

Escudero y Nasarre admiten los sobresueldos y pagos en efectivo

El presidente del Senado cobraba un plus mensual del PP de 4.200 y el ex secretario de Estudios 1.800 / El diputado declara que Lapuerta le dio 70.000en sobres para una fundación que apuntó como donativo anónimo

Los primeros políticos populares citados a testificar por los papeles de Bárcenas confirmaron ayer al juez que el PP les pagaba sobresueldos y que éstos eran generalizados entre quienes ejercían un cargo público y al mismo tiempo tenían responsabilidades en el partido. El primero en hacerlo, en la Audiencia Nacional, fue el diputado Eugenio Nasarre: sobresueldo de 1.800 euros entre 2000 y 2004. A continuación lo hizo el presidente del Senado, Pío García Escudero. En su despacho de la Cámara Alta explicó al juez Pablo Ruz que, además de su sueldo de senador, entre 1999 y 2003 el partido le abonó mensualmente en torno a 700.000 pesetas (unos 4.200 euros).

La tanda de interrogatorios sobre la supuesta contabilidad B del PP arrancó con preguntas a Nasarre sobre un pago de 30.000 euros que recibió del partido para una fundación de la que era patrono. El diputado reconoció el pago y describió una operativa que, en una investigación sobre dinero negro, suena sospechosa: recibió del entonces tesorero Álvaro Lapuerta, y en presencia de Bárcenas, un montón de sobres con billetes de distintas cuantías dentro de una caja marrón. No se firmó nada que diera fe de la operación.

Según explicaron fuentes presentes en la declaración, Nasarre ofreció más detalles inusuales sobre el pago a Humanismo y Democracia. El dinero, entregado en el despacho de Lapuerta en la sede popular de la calle Génova, fue a parar directamente a la caja fuerte de la fundación bajo la rúbrica de donación «anónima», pese a que su origen evidente era el PP. Nasarre, especialmente nervioso en ese punto de su declaración, explicó que lo anotó como anónimo porque procedía de donaciones anónimas al partido.

Si lo entregado por Lapuerta era dinero negro del PP, como sospechan las acusaciones, las circunstancias de la entrega relatadas por Nasarre permitieron que no aflorara. La defensa de Bárcenas, presente en la declaración, preguntó al diputado si alguno de los dos ex tesoreros presentes le advirtió de que el origen del dinero era irregular y de que debía callar sobre el asunto. La respuesta fue que no.

Nasarre confirmó al juez que otro pago posterior de 40.000 euros para la fundación que aparece en los papeles lo recogió otro de los patronos y que se produjo en las mismas circunstancias. El diputado declaró que esas dos entregas del PP fueron las únicas que no acabaron reflejadas en la cuenta corriente de la fundación.

Las acusación ejercida por Izquierda Unida y otras asociaciones, cuya querella dio origen a la investigación, también centraron en los sobresueldos otra parte del interrogatorio. El diputado popular fue tajante al declarar que lo que describió como «pagos complementarios» por parte del PP por sus «responsabilidades internas» eran «generalizados» en el partido, y que estaban reglados y estandarizados «por parte de la Secretaría General».

Tras una hora de declaración en la Audiencia, la comisión judicial se desplazó al Senado. Allí, García-Escudero también reconoció haber recibido sobresueldos, pero se limitó al suyo. Del resto no tenía ni idea, dijo. En lo que él tocaba, estimó en 14 pagas anuales de 700.000 pesetas lo recibido entre 1999 y 2003. Precisó que a su sueldo de senador por designación autonómica sumaba mensualmente 550.000 pesetas que le entregaba el PP por su papel de coordinador del grupo, y otras 150.000 como gastos de representación.

El motivo de la declaración de García-Escudero, como el de Nasarre, es que en su día reconoció públicamente que eran ciertas las anotaciones de los papelesde Bárcenas que le afectaban. Explicó que se correspondían a un préstamo de cuatro millones de pesetas que le hizo el partido para reparar los desperfectos que un atentado había provocado en su casa.

El día en que se divulgaron los papeles, García-Escudero dijo que el préstamo había sido de cinco millones de pesetas (30.000 euros), pero ayer insistió varias veces en que fueron cuatro. Esta cifra es la que cuadra con la contabilidad oficial del PP, en la que aparece la trasferencia de 24.000 euros al senador y cuatro devoluciones de 6.000 euros. La discrepancia aquí es que García-Escudero sostiene que entregó cuatro talones al partido y en la contabilidad oficial salen dos talones y dos entregas en efectivo.

Al final de la declaración, las acusaciones lamentaron que al presidente del Senado, obligado como testigo a decir la verdad, le fallara la memoria en varias ocasiones. Por ejemplo, señalan, no recordó a quién entregó los talones, ni si los sobresueldos eran generalizados, ni quién fijó la cuantía del que él disfrutó.

Hoy el juez Pablo Ruz tiene previsto interrogar a otros cuatro cargos populares cuyos nombres aparecen en los papeles por distintos motivos y que reconocieron haber recibido dinero del partido. Se trata del ex diputado nacional Jaime Ignacio del Burgo –que será interrogado por videoconferencia desde Pamplona–, el ex consejero de Salud del Gobierno de Navarra Calixto Ayesa, el ex dirigente del PP vasco Santiago Abascal y el ex presidente de Baleares Jaume Matas. En el caso de éste último, los papeles recogen una entrega de 8.400 euros junto a la anotación «piso», aunque él asegura que la entrega no tuvo nada que ver con ese asunto.

>Vea hoy el videoanálisis de Rafael Moyano

• E. COLOM E. URREIZTIETA M. FUENTEÁLAMO E. INDA PALMA
• 21/05/2013 PORTADA

Registran dos casas de Munar tras confesar un colaborador que cobraron cuatro millones

La ex presidenta del Parlamento balear y del Consell de Mallorca, Maria Antònia Munar, fue acorralada ayer por la Fiscalía Anticorrupción, la Policía y su propia vieja guardia. Un equipo de inspectores del Grupo de Delincuencia Económica registró durante toda la tarde las dos viviendas que Munar posee en la isla en busca del millonario soborno que, según confesó ayer mismo su antigua mano derecha Bartomeu Vicens, cobró de la promotora Sacresa.

La mordida era exigida a cambio de amañar el concurso para edificar 500 viviendas de lujo en el mejor solar público de Palma.

Junto a las dos viviendas de Maria Antònia Munar –una lujosa casa rústica en la localidad de Costitx, en el interior de la isla, y un apartamento en primera línea del Paseo Marítimo de Palma–, la Fiscalía registró también el chalé del ex vicepresidente del Consell Miquel Nadal, igualmente implicado por Vicens en el reparto de un soborno que ascendió, según su confesión, a cuatro millones de euros.
Vicens lleva en prisión casi tres años por malversar dinero público a cambio de facturas falsas con las que camuflar sus comisiones. Pese al alud de graves escándalos de corrupción que cercan a la antigua cúpula de Unió Mallorquina y de que Munar tiene sobre sus espaldas una sentencia de cinco años y medio de cárcel, todavía pendiente de revisión en el Tribunal Supremo, Vicens es el único integrante de la ya extinta formación (un partido bisagra clave para la formación de gobiernos de izquierdas y derechas en Baleares durante las últimas dos décadas) que ha sido privado de libertad.

Hace unas semanas, Vicens se derrumbó y decidió tirar de la manta. Empezando por relatar ante la Justicia la trastienda del caso que debe ser juzgado a partir de junio: el caso Can Domenge.

El ex consejero de Urbanismo de Mallorca (2003-2007) ha confesado que Sacresa pagó un soborno de cuatro millones de euros por el solar. Una parte antes de la adjudicación y otra, después. Según detalló Vicens ayer mismo por escrito ante la Audiencia Provincial de Palma, 1,8 millones de esa suma se dividieron en tres partes. Cada una de ellas por valor de 600.000 euros en efectivo para Munar, Nadal y Vicens. Éste, además de confesar, devolvió ayer 160.000 euros. Dos de los cuatro millones restantes fueron para el partido y 200.000 más para el constructor local Pedro Ferrá Tur, que se asoció con Sacresa.

Vicens ha identificado a Munar como la persona que dirigió la trama. Una conspiración que, según el ahora arrepentido, pactó inicialmente vender el solar público a un constructor local a cambio de un soborno de tres millones de euros. Sin embargo, según Vicens, la firma mallorquina presentó un proyecto tan mediocre que los políticos cambiaron el paso. Eligieron a otro ganador y subieron la mordida a cuatro millones.

ECONOMÍA: El Gobierno utilizará el FROB para evitar pedir más dinero a EU y zafarse así de nuevos condicionantes que se traducirían en más recortes.

utilizará el FROB

• CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO MADRID
• 21/05/2013 PORTADA

Guindos usará 10.000 millones del Frob para recapitalizar a los bancos

Las nuevas provisiones que tendrá que hacer la banca por la refinanciación de sus créditos, estimada en 10.000 millones de euros entre 2013 y 2014, ha reabierto el debate sobre la solvencia de algunos bancos. Y, como consecuencia de ello, sobre la conveniencia de pedir a la UE un segundo tramo del crédito de hasta 100.000 millones acordado el año pasado y del que, hasta ahora, sólo se ha solicitado poco más de 40.000 millones de euros.

Ese debate tiene un carácter más político que técnico, toda vez que ha sido el líder de la oposición quien ha lanzado abiertamente la idea de ampliar la petición a Bruselas para que, de esa forma, la banca pueda dar más crédito al sector de las pequeñas y medianas empresas (pymes).

Según fuentes cercanas al Banco de España, la propuesta de Alfredo Pérez Rubalcaba es técnicamente imposible, toda vez que el Memorandum de Entendimiento (MOU) que firmó España con sus socios condiciona el recurso a esa línea de crédito a la capitalización de los bancos. No se puede pedir más dinero para cualquier cosa, sino sólo para lo que establece explícitamente el MOU.
De todas formas, según las mismas fuentes, el horno en Europa ahora no está para bollos. Alemania está cuestionando la política del Banco Central Europeo (BCE) y, con las elecciones a cuatro meses vista, el Bundesbank se opondría tajantemente a cualquier planteamiento de ampliación del crédito por parte de España.

Jens Weidmann, presidente del Bundesbank, llevó al Tribunal Constitucional alemán el programa de compra de deuda puesto en marcha por Mario Draghi el otoño pasado, que virtualmente salvó al euro, sin siquiera informar de ello al consejo del BCE.

Por tanto, ni política ni técnicamente es ahora posible recurrir a la línea de 100.000 millones a la que, en principio, podría volver a apelar España –y siempre para capitalizar bancos– hasta finales de diciembre de este año. El Banco de España tiene prevista una próxima reunión con Rubalcaba para exponerle con detalle la imposibilidad de llevar a cabo su propuesta. Sin embargo, fuentes oficiales reconocen que el requerimiento de nuevas provisiones puede hacer necesaria la ampliación de capital en las entidades más débiles –fundamentalmente las nacionalizadas, a excepción de Bankia–. Se estima que, entre este año y el próximo, podrían ser necesarios unos 5.000 millones de euros de nuevo capital.

Pero, según las fuentes consultadas, la situación no es dramática. El mar de liquidez que viven ahora los mercados –provocado por las políticas expansivas de la Reserva Federal, del Banco de Japón y del BCE– está facilitando la financiación de la deuda española a un coste razonable.
De hecho, según fuentes solventes, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob), principal accionista de los bancos nacionalizados, cuenta en estos momentos con una liquidez de 10.000 millones de euros, más que suficiente para hacer frente a las posibles necesidades de capital del sector de la banca durante los años 2013 y 2014.

Fuentes de Economía y del Banco de España coinciden en que las perspectivas de futuro son mejores que las que había hace tan sólo unos meses. Las economías de EEUU, Japón y Alemania están en vías de recuperación y eso hará que la economía española mejore sus expectativas y pueda aspirar a un crecimiento económico por encima del 1% en 2014, casi el doble de lo previsto por el Gobierno.
>Videoanálisis de Casimiro García-Abadillo.

P&R

Un nuevo criterio

• Disminuye el tamaño del texto
• Aumenta el tamaño del texto

El pasado 30 de abril, el Banco de España remitió una carta a las entidades financieras para homogeneizar los criterios de cobertura del riesgo que se siguen en materia de créditos refinanciados. El supervisor bancario considera que la regulación establecida se aplica de manera distinta según la política contable de cada entidad.

¿Cómo quiere homogeneizar el Banco de España las políticas de refinanciación que siguen las entidades financieras?

El supervisor obligará a las entidades a clasificar todas sus operaciones de refinanciación consideradas normales –es decir, al día en los pagos– como subestándar, esto es, con posibilidad de impago. Dicho de otra manera, sólo se considerarán operaciones con riesgo normal aquellas en las que la entidad disponga de una evidencia objetiva y verificable de que recuperará el importe prestado en la operación.

¿Qué supondrá esta reclasificación de créditos para un banco?

Las entidades tienen hasta el próximo 30 de septiembre para revisar sus carteras de refinanciaciones. En caso de que no puedan justificar la permanencia de un crédito como normal y tengan que pasarlo a la categoría de subestándar, tendrán la obligación de provisionar un mínimo del 10% del volumen refinanciado.

¿Están incluidos los créditos relacionados con el ladrillo?

No, porque este tipo de préstamos fue ya reclasificado y saneado, el año pasado, a través de la normativa impuesta por Luis de Guindos.

¿Cómo afectarán las nuevas provisiones a los bancos?

Algunas entidades podrán hacer frente a esas nuevas dotaciones gracias a sus colchones de capital y a su cuenta de resultados. Sin embargo, habrá otras que tendrán que recurrir al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) para pedir ayudas por haber agotado su colchón y no poder obtener plusvalías.

¿Que implicará que algunas entidades tengan que pedir ayudas?

Que esas entidades tendrán que contar con apoyo público para cumplir la nueva normativa.

¿Qué consecuencias tendrá la nueva política de refinanciaciones para los clientes?

Las entidades endurecerán las condiciones para conceder crédito, ya que deben hacer más provisiones para afrontar riesgos de impago. Es más, habrá bancos que decidan no seguir refinanciando a determinadas empresas por considerar que no recuperarán el dinero y, además, deberán provisionarlo.

¿Puede derivar en más quiebras de empresas?

Sí. Los bancos que decidan no refinanciar a determinadas empresas pueden provocar que éstas vayan a un concurso de acreedores.

• FRANCISCO NÚÑEZ MADRID
• 21/05/2013
• 32
• ECONOMÍA

Cada español debe ya casi 20.000 euros

La deuda pública creció en marzo hasta los 923.311 millones, el 87,8% del PIB

La deuda pública siguió en el primer trimestre del año su imparable crecimiento hasta alcanzar otro nuevo récord. Según los datos del Banco de España, el pasivo público creció en estos primeros meses de 2013 en casi 39.500 millones, a una media de 428 millones diarios, hasta alcanzar los 923.311 millones frente a los 883.873 millones a finales de 2012 y los 774.926 de hace un año. Por tanto, el alza en el último año es de 148.385 millones, un 19,1% más, y un 4,5% más en el último trimestre.
Lo que significa que cada español debe individualmente casi 20.000 euros (19.729 exactamente). Cuando empezó la crisis en 2007 esa deuda por persona era de unos 8.200 euros. Ello es consecuencia de las necesidades del conjunto de las administraciones públicas de financiar el déficit de 2012, así como la de pagar a algunos de los acreedores.

Esta cifra equivale ya al 87,7% del PIB. Ha crecido en casi cuatro puntos desde el último trimestre de 2012 y en casi 15 puntos desde hace un año. En las últimas previsiones enviadas a Bruselas, el Gobierno había estimado para todo 2013 un pasivo del 91,4%, aunque en los Presupuestos Generales figura el 90,4%. Es decir, a fin de año debería situarse en los 960.367 millones. Por tanto, atendiendo al resultado hasta marzo, sólo le queda a las administraciones un margen imposible de cumplir de unos 37.000 millones durante los tres trimestres que hay hasta diciembre.

Aunque en fuentes oficiales señalan que el repunte de la deuda en este trimestre es consecuencia del intento de colocar el mayor número de títulos para evitar problemas que pudieran surgir en el futuro con los mercados, el dato confirma ya que el Gobierno se ha vuelto a quedar corto en sus previsiones. Lo que supondrá más dificultades para salir de la crisis ya que la financiación de la deuda drena liquidez inmediata al sistema financiero y, por otra parte, su crecimiento hipoteca el futuro.

De todas formas, aunque el Ejecutivo haya aprovechado la mejor demanda en las emisiones, en el monto total de este año aún falta por computar un nuevo Plan de Pago a Proveedores que prepara el ministerio de Hacienda, que estará dotado de unos 15.000 millones. A los que habrá que añadir otros 23.000 por el nuevo Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para garantizar los vencimientos y las nuevas emisiones de deuda de algunas autonomías, en especial Cataluña y la Comunidad Valenciana. Con sólo estas dos partidas ya se alcanzaría el endeudamiento de todo el año mientras algunos países de la UE pretenden que España suscriba en su totalidad los 100.000 millones de la línea crediticia facilitada por Bruselas, de los que se han usado 40.000, para realizar la reforma financiera.

Desde el inicio de la crisis la deuda pública ha crecido en más de medio billón de euros (541.000 millones exactamente), unos 51 puntos del PIB.

La información del Banco de España concreta que de los 923.311 millones, 622.975 millones corresponden a valores a medio y largo plazo, 217.076 millones son créditos no comerciales y 83.260 millones, valores a corto plazo. En el caso concreto del Estado, la deuda pública cerró el primer trimestre en 745.533 millones, un 18% más que un año antes (632.323 millones). Así, en los últimos doce meses la deuda pública del Estado subió en 113.210 millones, y equivale al 71% del PIB.

Las Administraciones Públicas adeudan 4.800 millones a los autónomos

morosidad pública y los plazos de pago a los autónomos han vuelto a aumentar en los últimos tres meses, ya que las administraciones públicas deben a los autónomos 4.839 millones, mientras que el plazo medio de pago se sitúa en 151 días, según un Informe de la Federación de Autónomos ATA.

Según el presidente de ATA, Lorenzo Amor, a pesar de la entrada en vigor de la directiva europea de lucha contra la morosidad, la cuantía que se adeuda a los autónomos ha crecido en 28 millones, al pasar de los 4.811 que se debían en febrero a los 4.839 millones actuales, lo que supone que a cada autónomo se le debe de media 1.600 euros.

Cataluña y Andalucía son las que registran más facturas impagadas, al adeudar 798 y 703 millones, respectivamente, lo que supone que entre las dos concentran el 31% del total de la deuda pública con los autónomos. En cuanto a los plazos de pago, se ha pasado de los 148 días de hace tres meses a los 151 actuales, lo que demuestra, según Amor, que hay un «nulo cumplimiento de la ley de morosidad», que establece un período de 30 días para el pago de facturas a los proveedores. Según Amor, «un país que tarda cinco meses en pagar a los autónomos no parece un país muy serio».

• MADRID
• 21/05/2013 ECONOMÍA

Guindos supedita la rebaja del IRPF a la recuperación en 2014

Pide «seriedad» al IEF y rechaza que haya que bajar un 40% las pensiones

El ministro de Economía y Competitividad, Luis de Guindos, aseguró ayer que apuesta por una recuperación «muy clara» de la economía española el año que viene, lo que permitiría poder rebajar el IRPF ya en 2015.

«El 2013 es un año de transición, en el que se tiene que culminar la corrección de nuestros desequilibrios. La fase de recuperación será muy clara en 2014, mientras que este año va a ir de menos a más y esperamos que en el último trimestre del año la economía esté estabilizada», apuntó el titular de Economía, durante la presentación de las líneas estratégicas de internacionalización del sector agroalimentario, junto al ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.

De Guindos considera que si la evolución de los indicadores y la coyuntura internacional transcurre de acuerdo a lo previsto, se podrá bajar por fin el IRPF, el impuesto que el Gobierno subió nada más llegar al poder y de una forma sin precedentes. Una afirmación en línea con declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en las que aseguraba que quería bajar los tributos. «Estoy de acuerdo con las declaraciones del ministro de Hacienda, que refleja lo que es nuestro programa de estabilidad. Es factible la reducción impositiva», apuntó.

Sin embargo, el titular de Economía se mostró contrario al último informe del Instituto de Estudios Fiscales (IEF), que considera necesaria una rebaja de entre el 22% y el 45% de la cuantía actual de las pensiones para garantizar la sostenibilidad del sistema.

«El Gobierno no comparte las conclusiones de este informe y pediría seriedad porque es muy fácil hacer un titular», explicó, señalando que el sistema de pensiones «está garantizado», gracias a «reformas graduales» que está realizando el Gobierno.

Respecto a la deuda pública, De Guindos subrayó que en lo que va de año se ha «cubierto más del 55%» de las necesidades de financiación para 2013. «Hemos acelerado las necesidades de financiación porque creemos que los tipos de interés están adecuados. Me parece relevante que se está proyectando una financiación a costes más reducidos», apuntó. Por último, se mostró confiado en que el Consejo Europeo de esta semana se lograrán «mensajes positivos en relación al compromiso de la unidad bancaria».

• C. SEGOVIA MADRID
• 21/05/2013 ECONOMÍA

El juez cita como testigo al director que no sabía nada

Bartolomé declara en un cuartel que no era responsable de Riesgos de Caja Madrid cuando la compra en Florida

El titular del Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, Elpidio José Silva, ordenó ayer tomar declaración de urgencia a un presunto testigo de la compra por parte de Caja Madrid del banco de Miami que en realidad no lo era, según su propia declaración. Se trata de Juan Martín Bartolomé Lázaro, actual consejero delegado de Bankia Habitat y antiguo Director de Riesgos de Caja Madrid.

Éste recibió la citación el pasado viernes para testificar ayer de urgencia en el cuartel de la Guardia Civil de Rivas (Madrid) sobre la compra en 2008 del City National Bank of Florida (CNBF). Sin embargo, Bartolomé aseguró que cuando se cerró el acuerdo de compra él no era responsable de riesgos, sino de negocio promotor. «Él ha explicado que no tuvo conocimiento de la operación en una declaración rápida y nada tensa ante la policía judicial», aseguraron ayer a EL MUNDO fuentes próximas a la defensa de Bartolomé. El juez no estuvo presente durante su testimonio.

El acuerdo de compra entre Caja Madrid y el dueño del banco, Leonard L. Abess se cerró el 8 de abril de 2008, según un informe del Banco de España, pero no fue ejecutado hasta noviembre de ese año. Bartolomé fue nombrado director de Riesgos dos meses antes, en septiembre de 2008. «Aún así su papel solo podía ser marginal, porque el responsable de la operación de Florida era Rafael Sánchez Lozano», según ex miembros de la cúpula de la entidad. Éste era en aquel momento director de Desarrollo Internacional e Inversiones Especiales de Caja Madrid y fue el encargado de gestionar la compra, según explicó él mismo al consejo de administración de la entidad el 14 de abril de 2008. Sánchez Lozano fue promovido por Miguel Blesa en 2009 al cargo de consejero delegado de Iberia, que abandonó hace dos meses tras la fuerte tensión sindical del pasado invierno en la compañía aérea.

La citación de Bartolomé representó una sorpresa para el resto de partes implicadas en el proceso que instruye Elpidio José Silva al ser en sede policial y no judicial. No hubo durante la declaración de Bartolomé en el cuartel de la Guardia Civil ni representantes de la acusación, que ejerce el sindicato de funcionarios Manos Limpias, ni de los imputados Miguel Blesa y Gerardo Díaz Ferrán.

También sorprendió que Bartolomé fuera citado como testigo en la operación del banco de Florida cuando tendrá que declarar mañana como imputado en el otro escándalo que instruye el juez, los créditos de Caja Madrid al ex presidente de CEOE y su socio, Gonzalo Pascual.

El juez parece haber intentado arrancar una declaración como testigo a Bartolomé –circunstancia en la que tiene más obligación de decir la verdad– antes de considerar la petición de Manos Limpias de que se le declare también imputado en el caso de Florida.

Según las fuentes de la época consultadas, además de Sánchez Lozano también participó en la operación de Miami el ex director general financiero, Ildefonso Sánchez Barcoj, también imputado en el caso de los créditos a Díaz Ferrán. Éste defendió en la citada reunión del consejo de administración del 14 de abril que no era necesaria una valoración independiente de la compra del banco de Florida al haber sido ya analizada «por los departamentos de auditoría, Asesoría jurídica, fiscal o riesgos» de la propia caja, entre otros.

Recusación de Manos Limpias

> Contra el fiscal... La organización Manos Limpias que ejerce la acusación contra Miguel Blesa solicitó ayer la recusación de Agustín Hidalgo, el fiscal de la causa, porque «entorpece» la labor investigadora y «actúa más como abogado defensor» que como garante del interés público, en su opinión. Hidalgo discrepa de la labor del juez y ha solicitado la nulidad del proceso.

>... y pidiendo refuerzos. Manos Limpias también solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que ampare al juez y apruebe un refuerzo de medios para su Juzgado habida cuenta del «volumen de trabajo» q ue el caso conlleva y los «obstáculos» del fiscal.

 

• MADRID
• 21/05/2013 ECONOMÍA

González: «No sé si hubiera pasado conmigo»

«No puedo arrepentirme ni alegrarme, pasó lo que pasó». Así se refirió ayer el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, al hecho de no haberse hecho con la presidencia de Caja Madrid cuando años atrás su nombre sonó para sustituir a Miguel Blesa.

Durante su intervención el Foro ABC-Deloitte, Ignacio González indicó que lo ocurrido con el ex presidente de la entidad ahora y su relevo son temas muy distintos, y que cuando salió su nombre en las quinielas no se podía plantear un escenario ni de «fusiones ni de Bankia». «Era un escenario distinto, nadie hablaba de la crisis de la caja» y «no sé si hubiera pasado lo mismo o hubiera sido peor», reconoció, según informa Efe.

El presidente explicó que, a su entender, en aquella situación «lo que se trataba era de articular una estabilidad dentro de la caja que permitiera su gestión razonable dentro del funcionamiento normal». Pero «lo que ha venido después no tiene nada que ver», apostilló.

Por todo ello, prefirió remitirse «a lo que digan los tribunales» en su valoración sobre la imputación del expresidente de Caja Madrid por presuntas irregularidades en la compra de un banco de Florida y los préstamos a Gerardo Díaz Ferrán. Pese a todo, González reconoció que «parece que no está muy claro cuál es la actuación que se ha seguido el exdirectivo».

 

• ANA BRAVO CUIÑAS MADRID
• 21/05/2013 ECONOMÍA

El Corte Inglés renegocia con la banca 5.000 millones de su deuda

Aprovecha los bajos tipos de interés para «flexibilizar» su estructura financiera

El Corte Inglés anunció ayer que inicia un proceso de reestructuración de su deuda por un importe de 5.000 millones de euros, incluidos costes y plazos de la misma. El objetivo de esta operación, de acuerdo con un comunicado emitido por la empresa, es «mejorar» esta deuda, «dar mayor flexibilidad» a su estructura financiera y «adaptar» la firma a su entorno, «tanto en su sector de actividad» –la distribución comercial– como en el «sector financiero».
Para acometer este proceso, y según la agencia Bloomberg, el gigante español de la distribución ha fichado al banco de inversión estadounidense Morgan Stanley. La agencia de noticias, que cita a tres fuentes distintas, explica que el grupo que preside Isidoro Álvarez renegocia los términos de sus compromisos con la banca, entre ellos con el grupo Santander, en un proceso con el que aspira además a alargar los plazos de vencimiento de la deuda. La empresa precisa al respecto que en el proceso colaboran «las principales instituciones financieras del país» con las que, recuerda, «mantiene muy buenas relaciones históricas y que ya han manifestado su interés por participar en el mismo». Además, «bancos extranjeros y otras instituciones han mostrado también su interés», declara.
En opinión de la firma, se trata de «un momento muy adecuado» para emprender este proceso, pues «los tipos del Euribor están bajos y los mercados ofrecen posibilidades atractivas de financiación a largo plazo». Por otro lado, reclama que el importe de la reestructuración sea puesto en un contexto «donde los fondos propios ascienden a 7.450 millones de euros y el portafolio de activos inmobiliarios, situados en lugares irrepetibles, tiene un valor de mercado varias veces superior al importe de la refinanciación».
La enseña de distribución no ha decidido todavía «el formato definitivo de la reordenación», aunque explica que podría ser «un formato sindicado», similar al realizado por «otros grandes grupos empresariales».
En el marco de este proceso, el pasado 17 de abril trascendió que la compañía estudiaba la primera emisión de bonos de su historia, una acción con la que lograría «la titulización de los derechos de cobro de su cartera de clientes» y que está materializando a través de la Financiera El Corte Inglés, como implícitamente confirmó con el comunicado remitido ayer.
A propósito de la operación, la empresa declaró que «está en línea con la práctica habitual en las empresas del sector y permitiría obtener financiación directa de los mercados para diversificar sus fuentes de financiación». La emisión de bonos ha marcado un antes y un después en la enseña de distribución que, de igual modo que la gran mayoría de empresas del sector, se había financiado hasta el momento a través de líneas de crédito y de préstamos bancarios. Con estos bonos utiliza otras fórmulas para diversificar su financiación, en consonancia con lo expuesto en el comunicado.
Por otra parte, los datos de 2012 de la Asociación Nacional de Establecimientos Financieros de Crédito (Asnef), certifican que la Financiera de El Corte Inglés es la mayor entidad de créditos al consumo que hay en España, líder en contratos formalizados el pasado ejercicio, con un total de 2.253.335. La entidad concentró el pasado ejercido el 42% de los créditos para la adquisición de bienes de consumo, con un total de 6.096,7 millones de euros, lo que supone un descenso del 9,86% respecto al año anterior. Del importe total, 4.722,62 millones de euros corresponden a tarjetas de crédito y 1.374,08 millones a créditos al consumo.
El Corte Inglés no es ajeno a la crisis del consumo que afecta a España, el único mercado, junto con Portugal, donde opera la firma. A tenor de los resultados de 2011, el grupo logró un beneficio de 210 millones, un 34,3% menos que en 2010. Las ventas, sin embargo, se redujeron sólo un 3,9%, hasta los 15.778 millones. Para animar el consumo inició, hace casi un año, una campaña de revisión a la baja de sus productos de alimentación con los que ha logrado, según sus responsables, «600.000 clientes en los últimos meses».

Los retos para mejorar la financiación del gigante

> El pasado abril, la enseña de distribución realizó su primera emisión de bonos, a través de la Financiera El Corte Inglés. El importe oscilaba, según lo publicado, entre 500 y 1.000 millones.
> La compañía inicia ahora una reestructuración de deuda de 5.000 millones, aprovechando los bajos tipos de interés. En el proceso participan las principales entidades financieras del país, así como bancos extranjeros que han mostrado su interés.