EL FISCAL GENERAL ECHA UNA MANO AL 'PROCESO DE PAZ'

EDITORIALES DEL DÍA
EL FISCAL GENERAL ECHA UNA MANO AL 'PROCESO DE PAZ'
El pasado mes de octubre, el Tribunal Supremo preguntó a la Fiscalía y a la Abogacía del Estado si consideraban preciso extender la liquidación patrimonial de Batasuna a las herriko tabernas, al tiempo que ordenó la inspección de dichos locales para inventariar sus activos. El proceso abierto tras la aprobación de la Ley de Partidos afecta a unas 120 locales repartidos por el País Vasco y Navarra. Pues bien, la respuesta de la Fiscalía ha llegado ya a la Sala del 61 y su lectura produce extrañeza y estupor. Sostiene el escrito firmado por el teniente fiscal del Supremo -el segundo de la carrera- que adoptar medidas cautelares contra el patrimonio de las herriko tabernas sería «prematuro», porque «no existen pruebas suficientes que acrediten la efectiva vinculación de las herriko tabernas a los partidos políticos ilegalizados».
Tal conclusión de la Fiscalía resulta insólita teniendo en cuenta que existe un detallado informe realizado por tres expertos de Hacienda que han investigado el patrimonio de Batasuna desde octubre de 2003 en el que se recogen numerosos vínculos de las organizaciones ilegalizadas con dichos locales. El informe de los peritos acredita que los locales formalmente destinados a hostelería y actividades culturales «pertenecen» a Batasuna, «forman parte activa de su organización» y «son instrumentos para la financiación del partido ilegalizado».
Este periódico publica hoy el detalle de los numerosos vínculos que los tres expertos de Hacienda han podido acreditar de las herriko tabernas con la formación ilegalizada por el Tribunal Supremo. La Fiscalía, sin embargo, prefiere obviar todos estos datos y concluye que esas pruebas no son suficientes. La perplejidad por este escrito del fiscal es doble, puesto que supone asimismo un cambio de criterio del Ministerio Público, que en enero de 2005 solicitó el procesamiento de 35 dirigentes de la antigua Batasuna por delito de pertenencia a organización terrorista en el sumario de las herriko tabernas instruido por Garzón. Entonces, la Fiscalía consideraba que los bienes de estos locales estaban directamente vinculados a la financiación de la banda terrorista ETA. Hay que recordar en este punto que la unidad de criterio es el elemento clave del Ministerio Público.
La pregunta que cabe hacerse es por qué la Fiscalía del Supremo -indudablemente bajo la inspiración de Cándido Conde-Pumpido- ha obviado el informe de los expertos de Hacienda y ha variado su propio criterio. Puesto que la respuesta no se puede encontrar en el ámbito jurídico, necesariamente tiene que estar relacionada con las circunstancias políticas derivadas del llamado proceso de paz. Evidentemente, la liquidación de las herriko tabernas sería un golpe decisivo para la estructura y las finanzas de la formación ilegalizada. Es muy posible que el fiscal general haya querido echar una mano a su amigo el presidente Zapatero, cuyo proceso está en plena crisis tras el robo de las pistolas por parte de ETA y los chantajes cada vez más claros de Batasuna.





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