El Supremo declara nulo el traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona

El Supremo declara nulo el traslado de la sede de la CMT de Madrid a Barcelona
E. HITA / A. M. RONCERO
MADRID.- A punto de cumplirse un año del polémico traslado de la sede de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) de Madrid a Barcelona aprobado por el Gobierno de Zapatero, el Pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo declaró ayer nula la decisión, al estimar los recursos presentados por la Comunidad de Madrid y un grupo de trabajadores en contra del cambio de sede.
El alto tribunal considera insuficientes algunos de los informes emitidos en el procedimiento de elaboración del Real Decreto de 30 de diciembre, por el que el Ejecutivo acordó el cambio. En concreto, los relativos a la memoria económica.
La decisión fue adoptada por 18 votos frente a 13. Una de las magistradas más beligerantes a favor de la tesis del Gobierno ha sido Margarita Robles, ex subsecretaria de Justicia e Interior y ex secretaria de Estado de Interior en la última legislatura de Felipe González.
El contenido de la sentencia se conocerá en los próximos días. Este periódico ha podido saber que el núcleo de la argumentación se basará en que, aunque no hay desviación de poder, se trata de un acto político en el que el Ejecutivo tiene un amplio margen de discrecionalidad, pero que debe motivar al afectar a trabajadores.
El Ministerio de Industria aseguró ayer que la decisión del Tribunal Supremo no deslegitima el traslado. «Cuando conozcamos la sentencia, no va a haber ningún problema en acatarla» y en hacer cuantos cambios sean oportunos para solventar el problema de información.
Según ha podido saber este diario, el titular de Industria, Joan Clos, estudia aprobar un nuevo decreto para subsanar las posibles anomalías que el Tribunal Supremo ha encontrado en el Real Decreto y, así, poder mantener las oficinas en Barcelona.
Contra el fallo cabe recurso, pero el Ministerio señaló que hasta conocer el contenido del mismo no se tomará una postura sobre la posibilidad de recurrir o modificar el Real Decreto.
El cambio de sede a Barcelona se inició el 12 de diciembre de 2005 y afectó a alrededor de 150 trabajadores. En torno a la mitad de los empleados se quedó en Madrid.
Satisfacción
Fuentes del Gobierno de la Comunidad de Madrid (CAM) se mostraron ayer «satisfechas y contentas» por lo que respecta a los trabajadores afectados y al Ejecutivo regional.
El portavoz Económico del PP en el Congreso, Vicente Martínez Pujalte, subrayó que la transferencia a Cataluña de este órgano fue «una decisión dictatorial de Zapatero y un pago al tripartito y a los acuerdos del Tinell».
Por su parte, el portavoz de Industria de ERC en el Congreso, Jordi Ramón, señaló que su formación hará lo necesario, si es preciso promoviendo una nueva ley, para completar la ejecución de ese traslado y para que la descentralización no se decida en los tribunales.
El portavoz de CiU en la Comisión de Industria de la Cámara Baja, Jordi Vilajoana, culpó ayer al ex ministro de Industria, José Montilla, de la decisión por hacer en su día «un mal trabajo. Es un error imperdonable».
La CMT declinó pronunciarse hasta conocer la sentencia. Su presidente, Reinaldo Rodríguez, tuvo que defenderse el pasado mes de mayo de las críticas de la comisaria de Sociedad de la Información de la Comisión Europea, Viviane Reding, que consideró que el traslado del organismo de Madrid a Barcelona supuso una pérdida de personal cualificado y creó inseguridad jurídica entre los operadores al retrasar los trabajos del regulador.
Con «nocturnidad y alevosía», en palabras de los trabajadores, el Gobierno aprobó en plena Navidad el Real Decreto por el que se trasladaba a Barcelona la sede de la CMT, en cumplimiento del acuerdo entre Rodríguez Zapatero, y el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall.
El Ejecutivo adoptó esta medida argumentando que «el cambio de sede corresponde a la lógica y principios inherentes a la naturaleza del Estado de las Autonomías».
Oposición, trabajadores e, incluso el otrora presidente de la CMT, Carlos Bustelo, criticaron la medida ante lo cual tildaron de «deportación» por razones «políticas» que acarrearía «abandonos forzosos» de la institución por parte de los trabajadores. El propio Bustelo se vio forzado a dimitir y calificó de «chorrada» la decisión de cambiar la sede del organismo.
El consejero de Economía de la CAM, Fernando Merry del Val, recurrió el 23 de marzo de 2005 el traslado, porque consideraba que esta decisión estaba «basada en simples motivaciones políticas de oportunidad o conveniencia»





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