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sábado, 25 de noviembre de 2006

Los obispos rechazan que se trate a ETA como «interlocutor político»



ALTO EL FUEGO / Consideran «objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas» y con quienes les «apoyan» / Señalan que podría haber alguna «medida de indulgencia» si la banda dejara las armas

Los obispos rechazan que se trate a ETA como «interlocutor político»

«Los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todo lo referente a la organización política de la sociedad y ceñirse a la desaparición de ETA», dicen en una instrucción pastoral

JOSÉ MANUEL VIDAL

MADRID. - Los obispos se alinean contra la negociación con ETA. Esto es al menos lo que puede leerse en el resumen de la instrucción pastoral presentada ayer. En ella, dicen que es «objetivamente ilícita cualquier colaboración con los terroristas» y con quienes los «apoyan». Y concluyen que la banda no es un «interlocutor político», mientras muestran su «afecto, respeto y solidaridad» por las víctimas.

La instrucción, aprobada por 63 de los 73 obispos presentes con derecho a voto, afirma que «los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todo lo referente a la organización política de la sociedad y ceñirse a la desaparición de ETA». Sigue en

A renglón seguido, el texto añade: «Una sociedad que quiera ser libre y justa no puede reconocer explícita ni implícitamente a una organización terrorista como representante político legítimo de ningún sector de la población, ni puede tenerla como interlocutor político».

En la misma línea, asegura que «la Justicia, fundamento indispensable de la convivencia, quedaría herida si los terroristas lograran total o parcialmente sus objetivos por medio de concesiones políticas que legitimaran falsamente el ejercicio del terror».

Eso sí, la jerarquía de la Iglesia deja una puerta abierta a la eventual reinserción de los terroristas. Pero con condiciones. El documento episcopal postula que se podría adoptar «alguna medida de indulgencia» que «facilitara el fin de la violencia» de ETA, pero siempre que antes «los terroristas renuncien definitivamente a la violencia y al terror como instrumento de presión».

«Los eventuales contactos de la autoridad pública con los terroristas han de excluir todos los asuntos referentes a la organización política de la sociedad y ceñirse a establecer condiciones conducentes a la desaparición de la organización terrorista; en nuestro caso, de ETA», dice la Iglesia.

Las referencias al proceso de paz son, pues, lo más novedoso de una instrucción pastoral (no doctrinal, es decir, que no obliga en conciencia a los católicos), titulada Orientaciones morales ante la situación actual de España, muy integradora. O, como dice el secretario del Episcopado, «muy matizada, como todos los documentos episcopales».

No hay nada más parecido a un obispo que otro obispo. Sobre todo en cuestiones doctrinales. Porque uno de sus preceptos es «encarnarse con su pueblo». De ahí las distintas sensibilidades episcopales a la hora de abordar asuntos tan complicados como la unidad de España.

En torno a España

Pero si hay algo que la Iglesia estima por encima de todo es la «comunión», un término teológico que se utiliza para referirse a la unión entre los fieles y, por supuesto, entre los obispos. En aras de la comunión, las diversas sensibilidades eclesiales cedieron y, tras arduos debates, consensuaron el texto de la instrucción pastoral.

El sector conservador, capitaneado por el cardenal Cañizares, que lleva años (concretamente, desde 2004, en que pronunció una conferencia en el Siglo XXI ante los entonces ministros Acebes, Zaplana y Michavila) apostando por la «unidad de España como bien moral», puso sordina a esta exigencia. Y, de hecho, esta fórmula no aparece en el documento. Sólo se hace referencia «a la unidad histórica, espiritual y cultural de España». Entre otras cosas, porque la moralidad «afecta a las personas y no a las cosas», como dijo Camino. Ni a los territorios.

Eso facilitó mucho la aprobación del documento, que se nuclea en torno a tres principios: unidad espiritual, diversidad real y solidaridad. La Iglesia «reconoce la legitimidad de las posiciones nacionalistas», siempre que se basen en el bien común. Porque «la unidad de España puede ser entendida y administrada de diferentes maneras», y no corresponde a la Iglesia posicionarse.

En todo lo demás, apenas hay diferencias entre las diversos sectores episcopales. Todos los prelados coinciden en denunciar la «fuerte oleada de laicismo». En el caso de España, un laicismo «específico», como dijo el padre Camino, que «está en la base de algunas legislaciones promovidas recientemente». De ahí que, a veces, la simple «referencia a Dios sea considerada como algo negativo».

En este laicismo también tienen su parte de culpa los propios católicos. Los obispos hacen autocrítica y reconocen, en este sentido, que «la falta de vida santa entre los católicos ha contribuido al oscurecimiento de la fe y al desarrollo de la indiferencia y del agnosticismo».

Y, tras el mea culpa, los obispos apuntan los criterios de una democracia, que, su juicio, son el bien común y la subsidiariedad. Porque «la democracia y los procedimientos democráticos no son la última referencia moral de los ciudadanos».

Y por último, el documento episcopal trata de aplicar estos principios a las situaciones concretas. Y, además de condenar el terrorismo, pide que se respete «escrupulosamente» la autonomía del poder judicial y arremete contra las medidas impulsadas por el Gobierno para recuperar la memoria histórica.

Los prelados consideran que dichas medidas «son un riesgo evidente de tensiones, discriminaciones y alteraciones de una tranquila convivencia». Más aún, «abren viejas heridas de la Guerra Civil y avivan sentimientos encontrados que parecían estar superados». «Un retroceso histórico», concluyen.

La declaración de los obispos suscitó diversas reacciones. El presidente del Foro Ermua, Mikel Buesa, afirmó que el criterio de la Conferencia Episcopal es «moralmente razonable y aceptable». El coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, tildó a la institución de «ultramontana» y la acusó de ejercer «más como derecha dura que como autoridad moral de los católicos». Y ERC, a través de Joan Tardà, su portavoz en el Congreso, manifestó que la Iglesia sigue «anclada en las épocas más oscuras del siglo XX».

http://www.elmundo.es/diario/espana/2053892.html

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