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viernes, 25 de agosto de 2006

ENTRE LA DESMEMORIA HISTORICA Y EL 'GUERRACIVILISMO' MAS ESTÉRIL



25/08/06
EDITORIAL

ENTRE LA DESMEMORIA HISTORICA Y EL 'GUERRACIVILISMO' MAS ESTÉRIL

Una vez más, el Gobierno aprovecha el tórrido mes de agosto, cuando decaen la actividad política y la atención mediática, para adoptar una medida que en cualquier otro momento del año generaría una gran polémica.

A la escandalosa concesión del tercer grado a Vera se añade ahora la retirada de la estatuta de Franco de la Academia Militar de Zaragoza en un momento en que la mayoría de los cadetes y sus familiares se hallan, como el resto de los españoles, disfrutando de sus vacaciones.

En este sentido, la operación es un remedo de la que tuvo como protagonista la estatua ecuestre de Franco de Nuevos Ministerios en Madrid, que fue retirada en medio de la noche y coincidiendo con el 90 cumpleaños de Santiago Carrillo.

Ambas se enmarcan dentro del empeño del Gobierno en revisar la Historia de manera selectiva, una iniciativa que no ha servido para «unir a los españoles» -expresión con la que Alonso justificó en su día la decisión materializada ayer-, sino todo lo contrario.

A pesar del intento del Gobierno de apaciguar a sus aliados con gestos como la retirada de la estatua, ERC ha anunciado que presentará una enmienda de totalidad a la Ley de memoria histórica.

Sin sentir el menor aprecio por la dictadura -aunque aceptando todas las matizaciones que ya se están encargando de introducir los propios ciudadanos en nuestra macroencuesta sobre el franquismo- cabe señalar que la eliminación de símbolos fruto del pasado no es un acto de memoria histórica. En el mejor de los casos, deja en evidencia una clamorosa desmemoria histórica y, en el peor, constituye un intento de criminalizar a media España y aislar al PP.

Prueba de ello es que se suprimen las referencias franquistas pero no las del otro bando. ¿O piensa el Gobierno también retirar la estatua de Largo Caballero de Nuevos Ministerios?

Este periódico siempre ha defendido que no se retirara ninguna estatua, ni las relacionadas con un bando, ni las vinculadas con el otro. Como bien manifestó en un brillante artículo reproducido en nuestras páginas el historiador Felipe Fernández Armesto, «las estatuas son para los pájaros» y respetarlas es una «señal de madurez democrática». Ahora bien, si se retiran unas, habrá que retirarlas todas. Lo cual también suscita interrogantes respecto a qué hacer con las imágenes del actual jefe del Estado, que fue nombrado sucesor a título de Rey por Franco.

Si se considera que la legitimidad de Don Juan Carlos procede del refrendo constitucional, ¿deberíamos eliminar todos sus retratos realizados antes del 78? La pregunta es todavía más pertinente si se tiene en cuenta que la estatua de Zaragoza no fue colocada allí en recuerdo de la trayectoria de Franco como jefe del Estado, sino como primer director de la Academia Militar durante otro periodo dictatorial con el que por cierto colaboró una parte del PSOE liderada por el propio Largo Caballero.

Si el PSOE ha dicho con razón que, haga lo que haga, el PP no va a ganar las elecciones del 14-M, tampoco el PSOE debería empeñarse en ganar la Guerra del 36. Porque lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible. Y porque, en sí mismo, el empeño constituye un ataque contra el espíritu y los valores de la Transición. Es decir, contra la convivencia y reconciliación entre los españoles, que no fueron «apátridas», como asegura Zapatero, sino protagonistas más o menos activos, más o menos voluntarios, de una historia, por definición, compleja.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2016155.html

jueves, 24 de agosto de 2006

VERA, RUBALCABA Y LO QUE VA DEL 'FELIPISMO' AL 'ZAPATERISMO'



24/08/06
EDITORIAL
Vera, Rubalcaba y lo que va del ´felipismo´ al ´zapaterismo´

El fiscal general del Estado intentó ayer escurrir el bulto apuntando que la decisión de recurrir el tercer grado concedido a Vera -sin que haya devuelto una peseta y cuando sólo ha cumplido un año y medio en prisión- depende exclusivamente de la Fiscalía de Valladolid. Lo cierto, sin embargo, es que el Ministerio Fiscal es una institución fuertemente jerarquizada, por lo que es improbable que los funcionarios actúen en contra del criterio de su máximo superior.
Un criterio que curiosamente parece haber variado a la sombra del poder. En noviembre de 2004, Conde-Pumpido se opuso al indulto de Vera porque no había dado «muestra alguna de arrepentimiento» y porque «no se encuentran satisfechas las responsabilidades civiles en la sentencia».
Ambos argumentos son perfectamente aplicables a la concesión del tercer grado y obligan a Conde-Pumpido a impulsar la interposición de un recurso contra una decisión escandalosa. Ello es imprescindible para que los jueces puedan actuar, y sólo el control judicial puede disipar la sospecha de favoritismo político que se cierne sobre la actuación del Gobierno.

Ayer comentábamos en estas páginas el agravio comparativo que el trato de favor a Vera supone para otros reclusos. Al caso de Roldán se suman otros, como el del ex director de la Policía, Rodríguez Colorado, también condenado por los fondos reservados y que sólo obtuvo el tercer grado después de devolver los 89 millones de pesetas que se había llevado.
En este contexto, resulta inevitable preguntarse ¿por qué el Gobierno favorece de manera tan descarada a Vera? Todos los indicios -incluido el clamoroso silencio del PSOE- otorgan verosimilitud a la hipótesis planteada por el PP de que es un «pago a los silencios del ex secretario de Estado». Cabe recordar que, en octubre de 2004 -seis meses después de que Zapatero llegara al poder-, Vera publicó una carta en El País en la que veladamente amenazaba con tirar de la manta si el Gobierno no accedía a su petición de indulto.
Esto se une al hecho clave de que la persona que como ministro del Interior ha concedido el tercer grado es la vez una de las más interesadas en que Vera no lleve a término esa amenaza. Como bien ha subrayado el PP, Alfredo Pérez Rubalcaba era portavoz de aquel Gobierno de Felipe González que puso tanto empeño en ocultar los gravísimos delitos cometido por Vera y sus compinches, incluida la desviación de dinero destinado a la lucha contra el terrorismo. Rubalcaba fue el cerebro de una bochornosa labor de encubrimiento político.

Este dato agranda todavía más el escándalo que supone el trato de favor a Vera. Y pone seriamente en entredicho no sólo las propias promesas de regeneración democrática realizadas por Zapatero cuando todavía era líder de la oposición, sino también el contundente compromiso expresado hace unos meses por María Teresa Fernández de la Vega tras disolver el Ayuntamiento de Marbella.
Entonces, la vicepresidenta justificó su decisión por la «alarma social» que produce «el lado repugnante de quienes se enriquecen ilícitamente parapetados en la vida pública» y afirmó que el Gobierno «no tolera ni tolerará jamás procesos corruptos». Pues bien, ningún caso en la historia de la democracia española es más «repugnante» ni produce más «alarma social» que el de Vera. Si la Fiscalía -es decir, el Gobierno en su conjunto- permite que se cometa semejante atropello quedará en evidencia que el felipismo y el zapaterismo tienen más eslabones que la singular trayectoria del ministro Rubalcaba.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2015497.html

El trato de favor a Vera, un escándalo político.

23-08-06
Editorial
EL TRATO DE FAVOR A VERA, UN ESCANDALO POLITICO REVELADOR

Cuando no ha transcurrido ni siquiera un año y medio desde su ingreso en prisión, a pesar de la gravedad de su delito, y aunque no ha mostrado aún señal alguna de arrepentimiento ni la más mínima voluntad de devolver los 645 millones de pesetas que robó de los fondos reservados, Rafael Vera quedará prácticamente en libertad. La Dirección General de Instituciones Penitenciarias -que depende del Ministerio del Interior- ha informado favorablemente sobre la solicitud de la Junta de Tratamiento de la cárcel de Segovia para conceder el tercer grado al ex secretario de Estado de Interior. A todos los efectos, esto supone otorgar la libertad a Vera, ya que el juez no puede actuar de oficio en contra de esta decisión y la Fiscalía ya ha dado sobradas muestras de sumisión al dictado de Moncloa como para generar cualquier esperanza de que vaya a actuar de acuerdo con su obligación.

Es cierto que en la práctica la situación personal de Vera no variará sustancialmente. El tercer grado no hace más que culminar la serie de beneficios que ha ido obteniendo desde que el PSOE recuperó el poder. Y sin embargo este último paso supone a la vez un salto cualitativo y un escándalo político de primera magnitud. Su gravedad no reside en el hecho de que el hombre que se enriqueció a costa del dinero público destinado, entre otras cosas, a la lucha contra ETA vaya finalmente a disfrutar de una amplísima libertad, sino en la absoluta falta de fundamento con la que el Ejecutivo ha adoptado esta decisión.

En primer lugar, resulta absurdo alegar, como motivo para justificar la salida de Vera, la «depresión» que supuestamente le habría aquejado por el hecho de estar solo en un módulo, privilegio que se le otorgó, precisamente, por el importante cargo que había ostentado. Pero mucho más importante aún es la flagrante discriminación, el evidente trato de favor que ha recibido Vera en comparación con otros casos sonados, empezando por el de Luis Roldán, quien por cierto también estaba incomunicado y deprimido. En este sentido, no es difícil llegar a la conclusión de que el silencio de Vera -que, a diferencia del ex director general de la Guardia Civil, nunca llegó a implicar a sus colegas y superiores en los delitos de los que fue acusado- ha sido decisivo a la hora de reducir el cumplimiento de su condena.

A esta desigualdad se añade el ataque frontal que la concesión del tercer grado a Vera supone contra el principio de prevención general positiva. La imposición correcta de las penas es imprescindible para afianzar la vigencia de las leyes. Es un instrumento ejemplarizante esencial. Al beneficiar a Vera en contra de la práctica habitual según la cual el penado debe como mínimo mostrar su voluntad de satisfacer la responsabilidad civil establecida en la sentencia, el Gobierno lanza el nefasto mensaje de que basta con la cercanía o complicidad con el poder para obtener clemencia. En todo caso, resulta significativo que de las cuatro personas que se reunieron en la cárcel de Ocaña durante la tarde del 11 de marzo de 2004, las dos que tenían cuentas pendientes con la Justicia hayan salido beneficiadas por decisiones tomadas por el Gobierno que inesperadamente llegó al poder tras aquellos drámaticos acontecimientos.

lunes, 21 de agosto de 2006

Los 'fontaneros' del comisario Rubio investigados por el chivatazo a ETA



Las nuevas pesquisas ordenadas por Garzón se centran en miembros de la Unidad Central del Apoyo Operativo (UCAO) que intervinieron en la vigilancia del bar Faisán. Los investigadores creen que agentes de esta unidad entregaron a Elosua el móvil por el que se le dio el aviso tras intentar en vano abordarle a la salida de su casa

MADRID.-Fernando Lázaro.

La investigación para tratar de localizar y detener a los autores del chivatazo a ETA que alertó a la banda de la operación policial contra su entramado financiero sigue dando sorpresas. Ahora, según han revelado a EL MUNDO fuentes policiales, los encargados del esclarecimiento de este caso apuntan hacia los fontaneros de la Comisaría General de Información, a cuyo frente se encuentra el comisario Telesforo Rubio.

Los agentes que trabajan a las órdenes del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón sospechan en concreto de la implicación de funcionarios destinados en la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), un departamento dependiente de la Comisaría General de Información y dedicado a realizar los trabajos más delicados en la lucha antiterrorista.

Los fontaneros son agentes superespecializados, dotados con la tecnología más sofisticada relacionada con las investigaciones policiales. Así, cuando se trata de intervenir algún teléfono, es la UCAO la que se encarga de ello. Esta unidad también es la que coloca los dispositivos de seguimiento en los vehículos investigados y los aparatos de videograbación que controlan todos los movimientos de aquéllos que están siendo investigados.

Y es que esta unidad especializada, conocida como los fontaneros de la Policía, también tuvo una participación muy intensa en las investigaciones de la trama de extorsión de ETA liderada por el presunto integrante de la organización Joseba Elosua, dueño del bar Faisán.

Agentes de esta unidad fueron los que colocaron, hace ya varios años, los dispositivos de videovigilancia en la entrada trasera del establecimiento propiedad de Elosua. También fueron ellos los que colocaron la conocida como chicharra en el interior del vehículo de este sospechoso.

Este dispositivo permitió recoger y grabar las conversaciones que Elosua mantenía en el interior de su coche. Entre ellas, la que mantuvo con su cuñado en la que desveló que había sido alertado por dos policías de que estaba siendo investigado y que había en marcha una operación policial contra ellos.

Fue esta unidad la que, incluso, detectó cómo sus cámaras estaban teniendo interferencias y descubrió que la Ertzaintza también había montado un dispositivo de vigilancia sobre el bar Faisán.

Ahora, los investigadores sospechan que el teléfono utilizado para dar el chivatazo a ETA salió de la UCAO. Incluso, investigan si fue algún funcionario de esta unidad el que se lo entregó en mano al propio etarra.

Porque Elosua cuenta en su conversación con su cuñado, (intervenida por la Comisaría General de Información) cómo un «madero» le entregó un teléfono móvil el pasado mes de mayo y allí, otro «madero» le alertó de que estaba siendo vigilado y que se iba a actuar contra todo su entramado en cuanto se desplazara a Francia para entregar el dinero recaudado del denominado impuesto revolucionario.

Los investigadores rastrearon todas las llamadas realizadas en la zona de influencia donde estaba aquel día Elosua. Hubo dos investigaciones sobre estas llamadas. La primera la realizó la Guardia Civil, que localizó una gran cantidad de números de teléfono pertenecientes a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

La Policía Nacional realizó un segundo informe sobre el seguimiento de estas llamadas, con un margen de horas diferente al de la Guardia Civil. El Instituto Armado presentó un informe al juez instructor con todos los datos obtenidos pero sin aportar ninguna conclusión sobre la procedencia de la llamada.

Posteriormente, el juez encargó las pesquisas a la Policía Nacional, en concreto a un inspector jefe de la Comisaría General de Información, quien está desgranando todas las llamadas realizadas en aquellas fechas a Elosua. Y sus pesquisas ya se centran en la UCAO como la unidad desde la que procede el teléfono utilizado en el chivatazo.

Además, los agentes ya han llegado a la conclusión de que los autores del soplo trataron de contactar primero con Elosua cuando salía de su casa pero que éste les dio esquinazo. Según las pesquisas, los agentes que dieron el chivatazo pretendían darle la información sobre el dispositivo a Elosua verbalmente, de forma directa, y en las cercanías de su domicilio, sabedores de que alrededor del bar Faisán había un fuerte dispositivo de vigilancia y se hubiera detectado el encuentro.

Una vez frustrado este encuentro en persona, los organizadores del chivatazo decidieron, siempre según la investigación, entregarle un teléfono móvil por medio de un funcionario al que Elosua no conociese. Posteriormente, otro agente le transmitió los datos sobre las investigaciones.

Las decisiones se tuvieron que tomar rápido. Los agentes alertaron a Elosua una vez que supieron que se iba a producir la operación policial. De hecho, el margen con el que alertaron al presunto etarra fue de apenas unas horas.

Sin embargo, lograron su objetivo. La operación policial contra el entramado de ETA tuvo que ser aplazada. En su alerta, los chivatos le dijeron que evitara pasar a Francia con dinero del impuesto revolucionario porque iba a ser detenido. Elosua así lo hizo y la operación quedó frustrada inicialmente.

http://www.elmundo.es/diario/espana/2013828.html

domingo, 20 de agosto de 2006

El franquismo fuimos todos




CARTA DEL DIRECTOR PEDRO J. RAMÍREZ

EL FRANQUISMO FUIMOS TODOS
Cuando un amigo mío le dijo hace un par de meses a Zapatero «¡cómo se nota que eres el primer presidente del Gobierno que no vivió el franquismo y que no asume los valores de la Transición sobre el respeto al pasado!», el presidente se lo tomó como un piropo.
Le contestó que, en efecto, él no podía sentir respeto por una «dictadura atroz» que sumió a España en una «noche oscura» y privó de sus derechos básicos a todos los ciudadanos durante varias generaciones. Mi amigo trató entonces de poner los hechos en su contexto histórico y, palabra arriba, palabra abajo, se produjo el siguiente diálogo platónico:

-Algo de positivo tuvo que tener aquel régimen para que durante tantos años lo apoyaran o al menos lo consintieran los españoles...

-Durante el franquismo no había españoles.

-¡Qué me dices, presidente!

-Que durante el franquismo no había españoles.

-Y si no éramos españoles, ¿qué éramos entonces los que ya vivíamos aquí?

-Apátridas.

-¿Estás diciendo que en España había treinta y pico millones de apátridas?

-Exactamente eso. Sí.

Cuando me contaron la conversación, lo primero que sentí fue un indescriptible estupor: ¿cómo es posible que alguien que ha llegado a primer ministro pueda hacer tabla rasa de la realidad histórica, hasta el extremo de convertir en transparentes a las generaciones que le precedieron? Reflexionando más, pensé que la boutade no dejaba de ser coherente con el radicalismo democrático que Zapatero profesa dentro de la variante del «republicanismo cívico». E incluso que si yo perteneciera a su quinta, y no a la primera generación de la Transición, tal vez también estaría contagiado de ese «negacionismo» del pasado y correría el riesgo de establecer la fecha del nacimiento de Adán en el 6 de diciembre de 1978 en que se aprobó la Constitución.

Más allá de la anécdota queda, en efecto, el gran debate pendiente. No sobre lo que hay que hacer respecto a lo que pasó en España entre 1939 y 1976. (En mi opinión no hay que hacer nada que vaya más allá del reconocimiento de los derechos económicos de quienes fueron discriminados por razones políticas y por eso recurrí hace dos domingos a la más ácida ironía para descalificar el Baile de las Víctimas en que se ha transformado la absurda Ley de la Memoria Histórica). No, el debate es previo y mucho más sustancial: estereotipos ideológicos y prejuicios sentimentales al margen, ¿cuáles fueron los hechos y cuál es su interpretación más razonable?

Teniendo en cuenta que a finales de este año se cumple el 30 aniversario del referéndum sobre la Ley para la Reforma Política que puso término al franquismo, un año después de la muerte del dictador, parece que ha llegado el momento de mirar al pasado con ese margen de objetividad que establece la distancia, pero contando aún con el testimonio y la memoria de los millones y millones de españoles que no sólo pasaban por allí sino que -por mucho que le moleste a Zapatero- tuvieron conciencia de su pertenencia a un proyecto nacional, a pesar del franquismo e incluso a causa del franquismo.

El maniqueísmo con que el Partido Socialista y sobre todo sus aliados nacionalistas han traído al primer plano la cuestión acrecienta, paradójicamente, el sentido de la oportunidad. Ha llegado la hora de la sinceridad, de la confesión de culpa colectiva hasta donde haya lugar, pero también de la explicación y hasta de la reivindicación de algunos aspectos de una época que en todo caso debe ser considerada no tanto la antítesis como la antesala de la zaherida España constitucional de hoy.

Se trata de que todas las cartas queden boca arriba, en un ejercicio de honestidad intelectual equivalente al que Max Ophuls realizó a comienzos de los 70 -o sea tras un intervalo temporal muy parecido- respecto a la Francia de Vichy con ese documental río titulado Le chagrin et la pitié que tanto fascinó entonces a Woody Allen.

No habrá que ahorrar ni grandes dosis de «tristeza» ni unas cuantas cucharadas de «piedad» para digerir desde la perspectiva actual cuanto tuvo de bochornoso un régimen implacablemente opresor y cruel en sus primeros años, que luego fue ablandando su yugo y no desapareció sin protagonizar nuevos estertores sangrientos. Pero la prueba de que el franquismo fue mucho menos criminal que otras experiencias totalitarias alumbradas casi de forma contemporánea y que evolucionó con el tiempo hacia un sistema político aceptable para una parte muy significativa de la población es el ordenado tránsito legal que se produjo hacia la democracia, con un presidente del Gobierno que había sido Secretario General del Movimiento y bajo el factor de continuidad encarnado en la figura del Rey Juan Carlos.

Es verdad que la jura de la Carta Magna y sobre todo su legitimidad de ejercicio como rey constitucional han transfigurado la percepción popular del personaje, pero ni Petain pudo testar en nadie, ni el almirante Doenitz dispuso de una oportunidad así. Mientras en esos casos la mera asociación con un pasado repugnante excluía toda posibilidad de proyección política e incluía tremendas responsabilidades penales, ni en 1976 ni ahora las fotos del Príncipe de España con Su Excelencia el Generalísimo le escandalizan a casi nadie. Podrá alegarse con cinismo que la Historia la escriben los vencedores, podrá aducirse con fatalismo que sólo mediante tal componenda se pudo sortear el obstáculo que suponía el Ejército franquista erigido en poder fáctico, pero también que el balance que los españoles que hace 30 años eran ya adultos hacían -y siguen haciendo- de la Dictadura era -y sigue siendo- una ambivalente suma de luces y sombras.

Así va quedando reflejado, día tras día, en la macroencuesta que EL MUNDO viene publicando, sin rubor ni auto restricción alguna, desde el pasado 18 de julio. Fue lo primero que se nos ocurrió tras conocer el comentario de Zapatero sobre los «treinta y pico millones de apátridas»: preguntemos a los ciudadanos cuál es hoy su percepción sobre todos los aspectos básicos de la historia del franquismo y segmentemos sus respuestas por edades. El resultado está siendo extraordinariamente interesante e incluso en algunos aspectos fascinante.

Lo más notorio de todo es que quienes no lo vivieron tienen una opinión mucho más horrible del franquismo que quienes lo vivieron. Así mientras en el segmento de entre 18 y 29 años apenas un 10% piensa que ese régimen «fue bueno para España», entre los mayores de 45 el porcentaje se triplica y entre los mayores de 65 casi se cuadruplica, hasta poco menos que igualar a los que opinan lo contrario. ¿Nostalgia del género de que «todo tiempo pasado fue mejor» o más bien contraposición entre la narrativa en boga de lo ocurrido y la experiencia empírica de quienes recuerdan lo que de verdad les ocurrió?

Las respuestas a la pregunta sobre «en qué época hubiera preferido que transcurriera la mayor parte de su vida» parecen indicar que estamos ante la segunda opción. Dentro del bloque de mayores de 65 años un 46,5% contestó que «en una época como la del franquismo» y sólo un 28,1% que «en una época como la de la Segunda República». Sin embargo, en el segmento entre 45 y 64 años la preferencia por el franquismo se redujo a sólo tres puntos, en el segmento entre 30 y 44 años las tornas se invirtieron claramente y al llegar a los menores de 30 nos encontramos con que un abrumador 65% optó por la turbulenta Segunda República, en una proporción de más de tres a uno sobre la demasiado estable dictadura.

El aspa casi perfecta que formaría en un eje de coordenadas la representación gráfica de estas respuestas es la mejor instantánea de la evolución de los valores políticos y de la cultura cívica en la España del cambio de siglo. Incluso permitiría sustentar la paradoja de que uno de los más genuinos méritos del régimen de Franco fue crear las condiciones sociológicas para que las nuevas generaciones pudieran detestarlo y repudiarlo sin ambages. Pero también indica que empieza a existir una historia oficial de lo que fue el corazón de nuestro siglo XX, basada en la superposición tópica de algunos clichés que son fruto del amplio margen de maniobra moral del que disfrutamos los españoles de hoy.

Es imposible, por supuesto, que las nuevas generaciones sientan las urgencias, necesidades e ilusiones de sus padres y sus abuelos. Por eso resulta tan disparatado pretender reavivar en sus conciencias los viejos rescoldos de los odios fratricidas. Pero ha llegado, en cambio, el momento adecuado de hacer una completa auditoría de la distancia que hay entre lo que muchos creen que sucedió y lo que en realidad sucedió. Por eso EL MUNDO ha abierto la segunda fase de su macroencuesta preguntando a toda página: «¿Y a usted qué le han contado?».

La pregunta es inocente, incluso ingenua. Yo no guardo ningún tambor de hojalata que de repente pueda ponerse a tocar solo en el armario. Ni tuve una beca de la organización sindical, ni trabajé en la Prensa del Movimiento, ni me dieron un cargo en la televisión de Arias Navarro. Por no ser, no fui ni de la OJE porque me espantaban las acampadas y prefería ir a otro sitio a jugar al futbolín. Ningún familiar mío tuvo cargo público alguno o relación directa con el franquismo. Jamás estreché la mano al Dictador y cuando viví en Estados Unidos me di cuenta de que mi forma de sentirme español incluía avergonzarme de nuestro sistema político.

Pero esa modalidad del patriotismo -si ZP me permite utilizar el término- tampoco fue mucho más lejos porque, si bien yo no me encuadraría entre el 76,4% de españoles que confiesa que no hizo absolutamente «nada» para contribuir a que concluyera el franquismo, tampoco podría salirme del redil de ese 11% -una carrera ante los grises por aquí, un artículo en una revista crítica por allá- que admite que hizo «poco» para acelerar su defunción.

La suma de estas dos magnitudes sí que requiere explicaciones sinceras. ¿Cómo es posible que un 87% de españoles nos quedáramos con los brazos cruzados, sobre todo cuando menos del 36% vincula la duración del régimen a la represión? ¿Es que estábamos de acuerdo -yo desde luego no- con una ecuación que limitaba las libertades a cambio de paz, prosperidad y orden o es que había una inercia histórica que justificaba extremar la prudencia e incluso la resignación con tal de no volver a las andadas?

Aunque la muerte de Franco me pilló haciendo la mili, estoy dispuesto a digerir mi treinta millonésima ración de culpa colectiva, siempre y cuando aquí no se escaquee nadie. Tan insoportable no debía ser en todo caso la situación cuando sólo el 7,3% de los españoles de hoy -el 4,6% de los mayores de 65 años- aprueba el asesinato de Carrero Blanco. Es obvio que un porcentaje muy superior de alemanes desearía que el coronel Von Stauffenberg no hubiera fallado en su atentado contra Hitler.

Viví como reportero la etapa del «Arias, ya estoy curado» -tan similar al intervalo que acaba de abrirse en Cuba- y me alegré de la muerte de Franco, no en términos personales, pero sí políticos. El mismo pasmo que como entomólogo me producían entonces los actos de adhesión inquebrantable del Movimiento Organización, me lo producen ahora las iniciativas demonizadoras de todo un tiempo y todo un país, por supuesto mucho más conexos con la España de hoy que esa falazmente idealizada Segunda República que primero lo arrojó todo por la borda y después se tiró ella sola al precipicio.

¿Y si al final resultara que los interminables 40 años de la oprobiosa no hubieran sido en el fondo sino una larga travesía del desierto encaminada hacia un único destino posible, una especie de mastodóntico puente de ojos agrietados tendido entre el guerracivilismo y la reconciliación, una fastidiosa pero útil sucesión de anteprólogos, prólogos y preámbulos a lo que hemos bautizado como la Transición?

No adelantemos acontecimientos, pero si yo fuera descendiente de uno de estos 300 soldados británicos condenados y fusilados hace 90 años durante la batalla del Somme bajo acusaciones de deserción o supuesta cobardía ante el enemigo, no me importaría nada que el Gobierno británico cumpliera o no su propósito de otorgarles ahora -lo del Baile de las Víctimas parece ser contagioso- un estéril perdón retrospectivo. Me encantaría en cambio que alguien me contara con exactitud sus vidas.

http://www.elmundo.es/diario/opinion/2013564.html

LA RESPUESTA DE ZAPATERO EVIDENCIA UN PULSO ENTRE ETA Y EL GOBIERNO




LA RESPUESTA DE ZAPATERO EVIDENCIA UN PULSO ENTRE ETA Y EL GOBIERNO


EDITORIAL
Aunque la reacción inicial del Gobierno sobre el comunicado de ETA fue minimizar su trascendencia, tanto la magnitud de la amenaza y el chantaje lanzados por la banda terrorista como la justificada alarma social que ha provocado obligaron a Zapatero a responder al emplazamiento de los terroristas y de Batasuna durante un mitin en Las Palmas. Y de la respuesta del presidente del Gobierno -con gesto duro y en términos más concretos de lo que en él es habitual- se deduce, efectivamente, que el mal llamado proceso de paz se ha convertido en un pulso entre ETA y el Gobierno.
Zapatero aseguró que lo único que está en «crisis total y definitiva», en referencia explícita al contenido del comunicado, es «la violencia, quien ampara la violencia y quien se queda detrás de la violencia». El presidente del Gobierno respondió a la banda y a Batasuna que «el único camino que vamos a transitar para llegar a la paz es el de la legalidad, en todos y cada uno de sus principios, empezando por la Ley de Partidos».

Las palabras de Zapatero, igual que el comunicado de ETA, indican que el principal caballo de batalla de los proetarras en este momento no es la negociación con el Gobierno para tratar sobre las medidas de reinserción o la situación de los presos a cambio de que ETA renuncie definitivamente a la violencia, sino la legalización de Batasuna. Los plazos, en efecto, apuran, puesto que si la formación ilegalizada quiere presentarse a las elecciones municipales de mayo, ha de estar inscrita en el registro de partidos a finales de año.

Batasuna y el PSOE se culpan mutuamente del bloqueo del proceso. Los dirigentes de Batasuna reiteraron ayer que no aceptan la condición de cumplir la Ley de Partidos para volver a la legalidad y el portavoz de los socialistas vascos -en consonancia con Zapatero- acusó a los proetarras de poner en peligro la consecución de la paz al negarse a respetar las leyes. Da la sensación de que unos y otros están, como dijo ayer Jaime Mayor Oreja, en «un tira y afloja» relacionado, sin duda, con lo tratado en las conversaciones que han venido manteniendo en los últimos años, sobre las que ni el Gobierno ni el PSOE quieren aclarar nada. Precisamente ayer, Mariano Rajoy emplazó a Zapatero a dejar claro que no aceptará el «chantaje» de los terroristas. Aún cuando podía haberse pronunciado en términos más duros, el presidente del Gobierno sí respondió a ETA ayer -no así otras veces- de forma adecuada. La opinión pública española vería con muy buenos ojos la vuelta al consenso con el PP en el Pacto Antiterrorista.

Rajoy teme un pacto «inmoral» sobre Navarra



Rajoy teme un pacto «inmoral» sobre Navarra

RIBADUMIA (PONTEVEDRA).- El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró ayer tener «sospechas fundadas» de que el PSOE prepara una «inmoralidad atroz» contra los intereses de los navarros. Se trataría de una coalición poselectoral de los socialistas con aquellos partidos que quieren que Navarra pase a formar parte del País Vasco.
En una entrevista concedida a Europa Press, el líder de los populares afirmó tener «sospechas muy fundadas» de que se está urdiendo algo en contra de la voluntad y los intereses de los navarros: «Para disipar esas sospechas, bastaría con que el presidente del Gobierno dijera que después de las elecciones al Parlamento de Navarra, el PSOE no haría ninguna coalición con aquellos partidos que quieren que Navarra deje de ser Navarra y pase a formar parte del País Vasco, que son PNV, EA, Batasuna, Batzarre, Aralar».

«Si Zapatero -advirtió- nos dice que el PSOE no se coaligará con estos partidos, estaríamos todos mucho más tranquilos, porque sería una inmoralidad atroz que el PSOE llegara a un acuerdo. Sería el primer paso para la integración de Navarra en el País Vasco».

Rajoy también se refirió a la posible legalización de Batasuna para que ésta se presente a las próximas elecciones autonómicas y municipales de 2007. «ETA quiere la autodeterminación, la independencia, que los presos salgan a la calle. Quiere todo. Pero lo que más desea ahora es que Batasuna se presente a las elecciones, aunque la Ley de Partidos, que impedía eso, fue el golpe más eficaz en la lucha contra ETA en toda la historia de la lucha contra el terrorismo».

Aseguró que la legalización sería «un error descomunal y una enorme barbaridad» permitir que lo que más daño le hace a ETA pueda ahora quedar liquidado porque, a su juicio, «tendríamos dos ETA: una que seguirá pegando tiros y otra que ya sería legal y que estaría en las instituciones y para negociar tendría el apoyo de otra ETA que estaría detrás con las pistolas».

«Es un disparate y un suicidio del Estado que no se puede aceptar de ninguna manera», concluyó.

Por ello, exigió a José Luis Rodríguez Zapatero que «explique con la máxima urgencia» qué es lo que «ha acordado con ETA» y si tiene compromisos con la banda, porque «cada vez que ETA-Batasuna habla, los españoles tenemos más dudas sobre las actuaciones del presidente del Gobierno».

Respecto al comunicado de la banda terrorista, Rajoy considera que es un «nuevo chantaje» al conjunto de la sociedad española. «Una nueva muestra de que ETA sigue haciendo lo que ha hecho siempre: chantajear, amedrentar y coaccionar a los españoles», aseguró el dirigente popular, quien reiteró que «ETA quiere, una vez más, imponer sus condiciones a través del chantaje». En su opinión, el Gobierno «debe dejar claro que no lo aceptará y debe recuperar la política de firmeza democrática en la lucha contra ETA recogida en el Pacto por las Libertades».

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