El Gobierno, en evidencia en su intento de controlar la 'Sala del 61'

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El Gobierno, en evidencia en su intento de controlar la 'Sala del 61'

El Gobierno ha orquestado una maniobra de distracción para ocultar su fracaso al intentar colocar al magistrado Luciano Varela, amigo de la vicepresidenta De la Vega, en la llamada Sala del 61 del Tribunal Supremo. Esta instancia se encarga de los procesos de ilegalización de los partidos. El Gobierno está convencido de que la Sala del 61 podría actuar de oficio si Batasuna se presenta a las próximas elecciones. Por ello, pretendió saltarse el artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para colocar a un juez de confianza. El citado artículo establece que los juristas de reconocido prestigio -es decir, los que no sean jueces de carrera- que entren en el Alto Tribunal serán los últimos en su escalafón y, por tanto, los que accedan a la Sala del 61. En esta situación, se encuentra el fiscal Manuel Marchena, recientemente nombrado magistrado de la Sala Penal, y no el juez Varela, que tiene 32 años de servicio en la judicatura. La minoría socialista del Consejo del Poder Judicial pretendió bloquear la designación de Marchena para la Sala del 61, pero fracasó. Ahora el Gobierno intenta dar la vuelta a la historia y acusa al presidente del Supremo, Francisco José Hernando, de haber cambiado la composición de la Sala del 61 hace dos años. Alega que entonces ordenó retrasar dos nombramientos para que fuera el magistrado Antonio Salas quien formara parte de la misma. La acusación es una pura falsedad, ya que Hernando no tuvo nada que ver con la composición de la Sala del 61 ni en esa ocasión ni en ésta. En 2005, fueron el propio Salas y su compañero Seijas los que pidieron que se retrasara su toma de posesión en el Supremo por tener que atender causas pendientes. El propio secretario del Consejo lo ha explicado reiteradamente. Nadie cuestionó entonces la limpieza del procedimiento. El Gobierno ha resucitado esta vieja historia -con la complicidad de los medios afines- para tapar su vergonzosa e indigna maniobra que ha quedado al descubierto.

Hernando: el CGPJ «quedó satisfecho» con la explicación sobre la 'Sala del 61'

MADRID.- El presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Francisco Hernando, dijo ayer que el órgano de gobierno de los jueces «quedó satisfecho» con las explicaciones que tanto él como el secretario general de la institución, Celso Rodríguez Padrón, han dado sobre la conformación de la llamada Sala del 61 del Tribunal Supremo, encargada de los procesos de ilegalización de los partidos políticos y de las listas electorales que pretendan suceder a un partido ilegal, como Batasuna.

La composición de la Sala del 61 ha sido puesta en cuestión por los vocales promovidos por el PSOE al CGPJ, que sostenían que correspondía acceder a ese tribunal a un magistrado propuesto por ellos, Luciano Varela, en lugar de al jurista Manuel Marchena (propuesto por el sector mayoritario), al que legalmente corresponde.

Los consejeros de procedencia socialista rescataron un precedente ocurrido en 2005 en el que, según ellos, el criterio legal no se aplicó. En aquella ocasión, fueron nombrados magistrados del Supremo cuatro nuevos miembros, dos jueces y dos juristas. En lugar de acceder a la Sala del 61 un jurista, se incorporó uno de los jueces, Antonio Salas.

Un extenso informe pedido al secretario general ha puesto de manifiesto que Hernando no tuvo intervención alguna en la conformación de la Sala del 61 y que fue el deseo de atender las peticiones de los dos jueces promovidos al Supremo lo que determinó la incorporación de Salas.

En su informe, Rodríguez Padrón explica que, mientras que los dos juristas se mostraron dispuestos a tomar posesión de inmediato, los dos jueces (José Antonio Seijas y Salas) pidieron un tiempo para incorporarse al Supremo para terminar sentencias pendientes en sus anteriores destinos. Ello hizo que los decretos de nombramiento de los juristas precedieran a los de los jueces.

Hernando, que presidió ayer la entrega de despachos a 30 nuevos magistrados, manifestó a Efe y Europa Press que el Pleno del CGPJ «quedó satisfecho» el miércoles con las explicaciones dadas y consideró que «no hay nada más que hablar». Preguntado qué hará si se pide su comparecencia parlamentaria, manifestó que «cuando sea, ya lo veremos».