ETA se jacta de obligar al PSOE a entrar en una negociación política. Garzón reclama a Mesquida notas de "Antza"

ETA se jacta de obligar al PSOE a entrar en una negociación política

Afirma que, «gracias a la presión», participó en un asunto en el que «no quería meterse»

BILBAO.- La dirección de ETA se jactó ante sus militantes de que, «gracias a la presión», el PSOE y el PNV se habían visto obligados a entrar en una «negociación política» en la que, según la banda terrorista, «no querían meterse». ETA, incluso, asegura que hubo un «acuerdo inicial» de estos dos partidos con Batasuna, pacto que resultó insatisfactorio, según documentos de la organización terrorista a los que ha tenido acceso la agencia Vasco Press.

En noviembre del pasado año, cuando PSE, PNV y Batasuna se encontraban todavía manteniendo negociaciones tripartitas en Loyola, la dirección de ETA envió a sus miembros informes sobre la situación del proceso y de las conversaciones que se estaban manteniendo. Estos documentos contienen información genérica, sin entrar en detalles concretos.

La dirección etarra da cuenta a sus activistas de que los tres partidos citados se encontraban desde septiembre «inmersos totalmente en una negociación política tripartita». «En esa negociación política», afirma ETA, «la izquierda abertzale ha estado elaborando con el PSOE y el PNV un nuevo marco jurídico político para Euskal Herria».

La organización terrorista se jacta de haber conseguido llevar al PSE y al PNV a su terreno: «Gracias a la presión han estado obligados a entrar en un terreno en el que no querían meterse». ETA considera que en esa negociación «se ha dado un paso adelante», porque «las piezas fundamentales para un marco democrático están sobre la mesa. Los mínimos políticos de la izquierda abertzale han quedado establecidos ante los otros dos agentes».

La banda habla de la existencia de un «acuerdo inicial», pero sostiene que ese primer pacto no era satisfactorio: «El acuerdo inicial conseguido no responde a los mínimos que son necesarios para edificar un marco democrático», indica la banda.

Desde el mes de septiembre de 2006, los socialistas vascos, el PNV y Batasuna estuvieron manteniendo una serie de conversaciones que tuvieron como escenario la sede de los jesuitas de Loyola.

La organización terrorista, en sus documentos internos, considera que los socialistas y el PNV no habían tenido un comportamiento claro en la mesa de negociaciones y que buscaban «la indefinición en el texto del acuerdo, para condicionar después el desarrollo del proceso a su favor».

En los textos de ETA se insiste varias veces en las acusaciones de indefinición lanzadas contra PNV y PSE, lo que explicaría las exigencias del 15 de noviembre de solicitar compromisos de los dos partidos sobre fechas concretas en las que se aplicarían las dos grandes exigencias tradicionales de la organización terrorista: la unión de Navarra al País Vasco y el referéndum de autodeterminación.

«La respuesta del PSOE ante los mínimos planteados por la izquierda abertzale ha sido negativa. Esa posición negativa ha traído el bloqueo de la negociación política, alejando así las posibilidades de acuerdo».

La organización terrorista sostiene que el proceso estaba bloqueado y que «las condiciones establecidas por el Gobierno español hacen imposible el desarrollo del proceso». ETA aseguraba a sus militantes que, cuando se había puesto sobre la mesa una propuesta concreta para solventar «la división político-institucional de Euskal Herria», se produjo el bloqueo.

A principios de noviembre, ETA advertía de que la situación de bloqueo era la misma que tres meses antes, aunque consideraba que se había aclarado la cuestión que generaba la paralización de la negociación y que no era otra que «el problema de la territorialidad», es decir, de Navarra.

Garzón reclama a Mesquida las notas intervenidas a 'Mikel Antza'

JOAQUIN MANSO

MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha requerido al director general de Policía y Guardia Civil, Joan Mesquida, para que antes del mediodía de mañana viernes le remita un informe elaborado conjuntamente por ambos cuerpos sobre las posibles conexiones de Acción Nacionalista Vasca (ANV) con Batasuna y ETA. Entre otros aspectos, el documento deberá contener las notas intervenidas a Mikel Antza, cuyo contenido fue publicado el pasado martes por EL MUNDO.

La petición del juez especifica 18 puntos concretos a los que el nuevo estudio deberá dar respuesta, referidos a la posible utilización de ANV como instrumento político por la banda terrorista ETA, o al supuesto diseño de las candidaturas de esa formación, y de su estrategia electoral, por la ilegalizada Batasuna. La mayoría de esas cuestiones alude a informaciones que han sido publicadas en prensa.

Garzón había reclamado el día 17, a instancias de Dignidad y Justicia, sendos informes a la Policía, la Guardia Civil y la Ertzaintza. En una providencia fechada ayer, el magistrado da cuenta de la recepción de los escritos del Instituto Armado y de la Comisaría General de Información, pero constata que entre ambos «existen divergencias sobre el objeto del informe».

Por este motivo, se dirige a la Dirección General para que, en 48 horas, le dé traslado de un solo informe conjunto «partiendo de los presentados».

Los primeros puntos los dedica el magistrado a preguntar, de manera directa, «si el partido político ANV ha sido creado por ETA o dirigido por ésta antes de 2001»; «si ANV, después del denominado proyecto Batasuna, ha estado bajo la disciplina de ETA e inserta en la estructura terrorista que ésta dirige», y «si ANV es un instrumento de ETA en la actualidad».

Garzón también requiere que se le informe de si la decisión de ANV de presentarse a las próximas elecciones «ha sido diseñada o planeada, o las listas electorales elaboradas por Batasuna».

El juez cita a 29 personas, entre ellas las que constan como responsables de ANV, y exige conocer si han estado procesados por algún delito de terrorismo o si han sido miembros de Batasuna y, en general, si han existido vínculos entre miembros del Comité Ejecutivo de ANV y cualquier organización ilegalizada del entorno abertzale.

También se refiere el juez a la posible utilización de la sede de ANV en Portugalete como herriko taberna, y a si ha quedado acreditado que la representante de esa formación Maite Ilarduya y el de Batasuna Aitor Aranzabal acordaron la sucesión de la primera sobre la segunda.

Una vez reciba el informe, el magistrado deberá trasladarlo al Ministerio Fiscal y a Dignidad y Justicia para que se pronuncien sobre si de su contenido pueden deducirse bastantes indicios para proceder a la suspensión cautelar de las actividades de ANV. Posteriormente, el juez resolverá.

No sería suficiente con que aparecieran indicios de que ANV es la sucesora de Batasuna, sino que debería acreditarse mínimamente que la primera también podría constituir una asociación ilícita con fines terroristas.

El procedimiento penal no está afectado por los plazos del proceso electoral: es decir, que una hipotética suspensión de ANV podría decidirse aunque ya haya sido proclamada oficialmente su candidatura. Sólo quedaría excluida de los próximos comicios si se especifica así en el auto de suspensión.

Este supuesto no significaría la ilegalización de ANV, que sólo puede decidir el Supremo a petición del Gobierno o de la Fiscalía.