Investigan posibles irregularidades en la detención de etarras

Investigan posibles irregularidades en la detención de etarras

Un juzgado de San Sebastián indaga si las diligencias de la detención del comando que pretendía atentar en Chamartín fueron alteradas

FERNANDO LAZARO

MADRID.- El caso no está cerrado. Ni mucho menos. El Juzgado de Instrucción número 2 de San Sebastián ha abierto diligencias para tratar de esclarecer si hubo graves irregularidades en la desarticulación de un comando etarra. Irregularidades que ya fueron denunciadas ante los máximos responsables del Ministerio del Interior, de la Secretaría de Estado de Seguridad y de la Dirección General de la Policía hace más de un año por un agente de la lucha antiterrorista sin que se obtuviera ninguna respuesta esclarecedora. Todos los escritos fueron remitidos con acuse de recibo.

La denuncia llegó a la Audiencia Nacional, instancia donde se juzgó y condenó a los integrantes de ese comando etarra, y acabó en los juzgados de San Sebastián, localidad donde se produjo la actuación policial ahora investigada.

Los hechos fueron denunciados ante sus superiores por uno de los agentes policiales de la lucha antiterrorista que intervino directamente en la detención de algunos de los integrantes etarras de ese comando.

En concreto, se trata de la posible falsificación de datos de las diligencias policiales enviadas a la Audiencia Nacional sobre la detención que en 2003 realizó la Policía Nacional, en plenas Navidades, de los dos etarras cuando trataban de perpetrar un gran atentado en la estación de Chamartín, en Madrid. Se trata de los ya condenados en firme por el Supremo Garikoitz Arruarte Santa Cruz y Gorka Lorán Lafourcade, penados por la Audiencia Nacional a más de 2.500 años de prisión. El agente de San Sebastián elevó su denuncia a todas las instancias superiores. Este periódico tuvo acceso a estas denuncias internas.

En ellas detallaba que su firma había sido «falsificada» en la comparecencia donde se trasladó a Gorka Lorán como detenido. Según su escrito, sin su visto bueno, alguien firmó en su nombre el momento en el que el sospechoso, en diciembre de 2003, fue ingresado en la comisaría donostiarra.

Pero apunta más. Este agente aseguró también que el traslado de Gorka Lorán Lafourcade a la Casa de Socorro para el reconocimiento médico fue realizado por él mismo y otro compañero. Sin embargo, este hecho no figura tampoco en las diligencias policiales que fueron enviadas al juez, según su denuncia.

Por último, detalló que en la detención de Garikoitz Arruarte «se oculta la participación de una tercera persona, el único miembro de la Unidad Provincial de Información que allí se encontraba y que señala al operativo de seguridad ciudadana quién era el individuo al que había que identificar y, en su caso, proceder a su detención».

Al parecer, según su versión, las diligencias fueron alteradas para incluir a algún agente que, a la postre, fue condecorado con una medalla al mérito policial con distintivo rojo, lo que supone un incremento salarial de por vida superior al 15% del sueldo bruto. Este agente apenas llevaba unos meses destinado en la capital guipuzcoana.

Se habla de favores a los amigos. Se habla de que durante años han pasado situaciones similares a ésta, en las que, presuntamente, se han incluido en diligencias a personas que no han participado en operaciones para que puedan ser condecoradas. Pero ésta es la primera ocasión en la que un funcionario policial, de los servicios antiterroristas, lo pone negro sobre blanco.

Y se da la circunstancia de que estas denuncias afectan a una de las operaciones antiterroristas contra ETA más polémicas de los últimos años. Los detalles de las intenciones de los terroristas fueron los primeros que estuvieron sobre la mesa de los responsables policiales a la hora de analizar los atentados del 11-M. Fue un indicio más para que el Gobierno anterior apuntara inicialmente a la autoría de ETA. Ese cambio de papeles no sólo se produjo en las diligencias policiales. Aquellos funcionarios que, según la denuncia, no participaron directamente en las operaciones, ratificaron sus actuaciones ante el juez instructor de la Audiencia Nacional.

Fue el 24 de diciembre de 2003 cuando la Policía Nacional detuvo a los dos etarras no fichados cuando pretendían atentar ese mismo día en la madrileña estación de Chamartín con casi 50 kilos de explosivos.