GUERRA LÍBANO: El Gobierno niega a los muertos la medalla a caídos en acción bélica

EMBOSCADA TERRORISTA / El PP entiende que la concesión de la medalla con distintivo amarillo se debe al empeño de Zapatero de no admitir que los soldados en Afganistán y el Líbano se encuentran en misiones de conflicto
El Gobierno niega a los muertos la medalla a caídos en acción bélica

Les concede la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo destinada a los fallecidos «como consecuencia de actos de servicio que entrañen grave riesgo» El juez Marlaska prohíbe que se incineren los cadáveres

MARISA CRUZ

MADRID. - El ministro de Defensa concedió ayer a título póstumo la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo a los seis soldados fallecidos en atentado terrorista en el Líbano. El color de la condecoración implica que la acción en la que fallecieron los militares españoles no es reconocida como «de guerra». Si fuera así, el distintivo que correspondería a las seis víctimas sería de color rojo.

Las dos últimas ocasiones en las que se concedió la medalla con distintivo amarillo y no rojo fue en las muertes de los soldados Jorge Arnaldo Hernández e Idoia Rodríguez, ambos caídos en Afganistán en atentados terroristas.

El tipo de distintivo ya ha generado polémica en ocasiones anteriores. El Partido Popular entiende que la concesión de la medalla amarilla -que premia las acciones que entrañan grave riesgo- se debe al empeño del Gobierno de Zapatero de no admitir que los soldados, tanto en Afganistán como en el Líbano, se encuentran en misiones de conflicto.

Este reproche saldrá nuevamente a relucir el próximo lunes cuando el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, comparezca ante la Comisión de Defensa del Congreso para explicar las circunstancias de la muerte de los seis soldados y, además, solicite el envío a Afganistán de medio centenar de militares más para llevar a cabo la misión de entrenamiento del Ejército afgano.

Igualmente surgirá la polémica en torno a la falta de medios con la que operan las tropas españolas. Los BMR en los que circulaban los soldados fallecidos no estaban dotados con inhibidores de frecuencia capaces de neutralizar las activaciones de explosivos por telecomando.

El PP, que ya reclamó el distintivo rojo para los últimos fallecidos en Afganistán, considera que lo último que debe el Gobierno es «mostrarse cicatero a la hora de reconocer el honor», en una circunstancia como la actual.

En este punto, los populares también llaman la atención ante el hecho de que el presidente del Gobierno no se haya prestado ni a una mínima intervención pública en relación con la muerte de los seis soldados y que tampoco haya visitado nunca a las tropas destacadas en el Líbano.

En las anteriores ocasiones, Defensa ha argumentado que la concesión del distintivo amarillo se justifica porque «no existe un hecho de armas que permita reconocer la acreditación de su valor [el de los soldados fallecidos] o la acertada dirección y empleo de fuerzas propias».

El Estado Mayor de la Defensa, que es quien propone conceder las distinciones, aplica al pie de la letra la norma y, en consecuencia, considera que la pérdida de la vida a consecuencia de un atentado terrorista, como ha sido el caso de los seis soldados del Líbano, no reúne los requisitos para otorgar la condecoración con distintivo rojo.

Este tipo de distinciones son concedidas por el ministro de Defensa a propuesta del Jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad). Los requisitos para la concesión de este tipo de condecoraciones están recogidos en el artículo 37 del Reglamento General de Recompensas Militares de 1 de agosto de 2003.

Sin embargo, los argumentos oficiales, de llevarse al extremo, deberían implicar la supresión del distintivo rojo que reconoce las «acciones de guerra» ya que, de acuerdo con la filosofía del Ejecutivo, la ONU, por definición, no hace la guerra, y los soldados españoles sólo actúan en misiones en el exterior amparados por resoluciones de Naciones Unidas. De ser así, ningún militar español, al menos mientras este Gobierno se mantenga en el poder, participará en una misión de combate.

Lo que sí ha iniciado ya el Ministerio son los trámites para conceder las indemnizaciones y pensiones que corresponden a los familiares de los seis fallecidos. Ninguna de las víctimas estaba casado ni tenía hijos, por lo que los beneficiarios serán los padres. Cada uno de ellos recibirá la cantidad de 140.000 euros, según el Real Decreto Ley de 5 de noviembre de 2004 sobre indemnizaciones a los participantes en operaciones de paz y seguridad. Igualmente se ha puesto en marcha el mecanismo para que se otorguen las pensiones de hasta 1.230 euros para los progenitores de cada uno de los fallecidos.

Por lo que se refiere a la falta de inhibidores en los BMR enviados al Líbano, Defensa emitió ayer una nota en la que se explica que la orden para equipar a los vehículos con este sistema de protección se dio sólo una semana después de que la brigada liderada por España en el país de los cedros iniciara sus actividades.

También señala que «tanto el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (Cifas) como la Inteligencia de Finul establecieron que existía la posibilidad de ataque terrorista pero que el riesgo relativo al uso de artefactos explosivos improvisados (IED) no era significativo». Y añade que «en caso de darse alguno, estos servicios de inteligencia coincidieron al afirmar que estaría basado en ataques suicidas más que en activación a distancia».

Los inhibidores sirven para crear una burbuja en torno al vehículo en la que quedan neutralizadas las radiofrecuencias que activan los explosivos a distancia. En ningún caso detectan la presencia de explosivos, como por ejemplo las minas antiguas en el subsuelo y tampoco son eficaces contra los explosivos activados mediante cable.

De acuerdo con las informaciones de los servicios de inteligencia, ninguno de los contingentes nacionales desplegados en Finul ha dotado de inhibidores a sus fuerzas.

La nota también señala que, a diferencia del escenario afgano, «en el Líbano, no se había empleado nunca este tipo de artefactos contra Fuerzas de Finul ni contra el Ejército de Israel».

Pese a ello, Defensa aclara que el pasado 7 de noviembre, con mensaje nº 064252, el Jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Sanz Roldán, ordenó «dotar cuanto antes a los vehículos desplegados en zona de operaciones de medios contra explosivos improvisados, al objeto de aumentar la seguridad de los diferentes contingentes».

La orden para adquirir 70 inhibidores modelo PAGM2 correspondientes a ocho tipos de vehículos se remitió al Jefe del Estado Mayor del Ejército, general Villar Turrau, responsable de la adquisición del material y de la instalación, y éste la transmitió a su División de Logística el 15 de noviembre de 2006. Para que la compra fuera rápida se optó por un procedimiento sin publicidad y se anticipó a modo de señal la cantidad de un millón de euros. La recepción de los equipos comenzó el pasado 29 de mayo y finalizará esta misma semana. Defensa asegura que la instalación se hará de manera inmediata.

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DISTINCIONES MILITARES

Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo. Se concede por acciones, hechos o servicios eficaces en el transcurso de un conflicto armado o de operaciones militares que impliquen o puedan implicar el uso de la fuerza armada, y que conlleven unas dotes militares o de mando significativas. Recientemente, sólo se ha concedido a los ocho agentes del CNI que fueron asesinados el 29 de noviembre de 2003 en Irak.

Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo. Se concede por acciones, hechos o servicios que entrañen grave riesgo y en los casos de lesiones graves o fallecimiento, como consecuencia de actos de servicio, siempre que impliquen una conducta meritoria. Es la que se ha otorgado a los seis fallecidos en el Líbano y, con anterioridad, la recibieron militares desplegados en Afganistán.

Cruz al Mérito Militar con distintivo azul. Se concede por acciones, hechos o servicios que se lleven a cabo en operaciones derivadas de un mandato de las Naciones Unidas o en el marco de otras organizaciones internacionales.

Cruz al Mérito Militar con distintivo blanco. Se concede por méritos, trabajos, acciones, hechos o servicios distinguidos que se efectúen durante la prestación de misiones o servicios que sean encomendados a las Fuerzas Armadas o que estén relacionados con la Defensa y que no se encuentren definidos en las secciones anteriores.

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«Señor Zapatero, luche por la juventud española; cuide de que estos niños tengan todas las medidas de protección; eran niños plenos de vida»...... ¡Viva Esperanza Aguirre!

En su primera aparición desde que dio a luz, la Princesa de Asturias no pudo contener el llanto

MARISA CRUZ

MADRID.- Después de las familias, destrozadas, confundidas y agotadas, el presidente del Gobierno fue quizá quien pasó ayer el trago más amargo. Muchas miradas se concentraban en él. Muchos, desde el silencio, pedían explicaciones, quizá alguna palabra, y algunos también, responsabilidades.

Zapatero se mostró tranquilo, sentado en la primera fila, junto a la Princesa de Asturias y al Heredero de la Corona. El sol caía implacable, como las lágrimas de Letizia, vestida de riguroso luto. Sólo el gemido de algunas madres, exhaustas, con los ojos ya secos, rompía el silencio de la enorme explanada de la Base Príncipe de la Brigada Paracaidista.

Seis ataúdes en fila. Seis jóvenes que se vieron envueltos, como dijo el arzobispo castrense, «en las fauces de la violencia». Todos eran muy jóvenes, casi niños. Todos murieron en acto de servicio, desempeñando, como reza el ideario de los legionarios, la misión de mayor esfuerzo y fatiga, porque es también la de más alto honor.

El funeral de Estado comenzó a las 12.30 horas con la llegada de los Príncipes de Asturias, en representación de los Reyes, que se encuentran de viaje oficial en China. Ha sido éste el primer funeral oficial presidido por el Heredero de la Corona y la primera aparición en público de la Princesa desde que dio a luz a finales de abril a su segunda hija.

En la sede de la Brigada Paracaidista ya esperaban todos los altos cargos de la nación: el presidente del Gobierno, nueve ministros, la cúpula militar, el presidente del Congreso, el líder del primer partido de la oposición, la presidenta de la Comunidad de Madrid y el alcalde, los portavoces de los grupos parlamentarios, los miembros de la Comisión de Defensa, una nutrida representación del Ministerio de Exteriores, el embajador de EEUU, el encargado de negocios de la embajada de Colombia, el Defensor del Pueblo y un larguísimo etcétera.

La presencia de medios de comunicación también era masiva. Incluso la cadena Al Jazeera estaba acreditada para cubrir el acto fúnebre, que duró hora y media.

Los Príncipes acudieron de inmediato hacia la carpa bajo la que estaban instalados los familiares de los fallecidos. Uno a uno, fueron estrechando manos, besando mejillas y prodigando palabras de consuelo. Desde el primer momento se vio a Letizia muy afectada. A todas luces la mañana, esta vez luminosa, le traía al recuerdo aquella otra de lluvia incesante en la que despidió a su hermana menor.

El momento más emotivo se produjo cuando, tras el toque de oración, los legionarios entonaron La muerte no es el final. A la Princesa le temblaba la barbilla y las lágrimas rodaban por sus mejillas. Los féretros fueron retirados al son de la marcha fúnebre, seguidos por los familiares y las dos tribunas empezaron a dispersarse.

Fue entonces cuando la madre del cabo Méndez, destinado en la misión del Líbano, se acercó al presidente del Gobierno y le espetó: «Señor Zapatero, luche por la juventud española; cuide de que estos niños tengan todas las medidas de protección; eran niños plenos de vida». Y así, durante muchos minutos, repitiendo, de una u otra forma, el mismo mensaje.

Zapatero escuchaba acompañado de la vicepresidenta primera. Ninguno de los dos hablaba. Sólo atendían el reproche de la mujer, que incluso llegó a gritar en la cara del presidente: «¡Viva Esperanza Aguirre!». Después, el jefe del Gobierno y todos sus ministros abandonaron el lugar.

LOS FAMILIARES RECIBEN LOS RESTOS DE JUAN EDISON EN CANARIAS.

Amigos y familiares de Juan Edison Posada, uno de los tres soldados colombianos fallecidos en el Líbano, recibieron ayer sus restos mortales en la base aérea de Gando (Las Palmas). El avión de las Fuerzas Aéreas prosiguió su camino a Bogotá para trasladar los restos mortales de Jefferson Vargas Moya, el único de los tres militares que será enterrado en Colombia.

El PP dice que no hará lo que el PSOE hizo con el Yak-42

Zaplana: «Ni hoy ni nunca haré responsable de estas muertes al presidente del Gobierno ni al ministro de Defensa»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- El PP exigirá explicaciones políticas, pero no hará de la tragedia del Líbano un Yak-42 contra el Gobierno socialista. Esto fue, al menos, lo que ayer prometió su portavoz en el Congreso, Eduardo Zaplana, quien, de regreso de los funerales por los seis soldados muertos, reflejó el «difícil equilibrio» que el principal partido de la oposición se ve obligado a observar entre el respeto al luto y el deber de ejercer la oposición.

Al día siguiente de que Mariano Rajoy devolviera al tejado del PSOE la pelota del envío de soldados españoles a «la guerra» y de que exigiera la comparecencia de Zapatero en el Parlamento como «principal responsable de la política de Defensa», su portavoz en el Congreso puso algunos paños fríos a la temperatura ambiente.

Zaplana dijo a los medios de comunicación que su Grupo aguardará a que el presidente del Gobierno solicite comparecer en el Congreso a iniciativa propia, en tanto se sustancia la propia intervención del ministro de Defensa, José Antonio Alonso, ya anunciada.

Pero, sobre todo, lanzó un regalo envenenado al Gobierno al asegurar que, a diferencia de lo que su partido hizo en la oposición con el accidente del Yak-42, en el que murieron 17 militares en un vuelo de regreso de Afganistán en precarias condiciones, los populares no esgrimirán estas muertes como arma arrojadiza sobre el Ejecutivo.

«Ni hoy ni nunca haré responsable al presidente del Gobierno ni al ministro de Defensa de estas muertes. No vamos a utilizar jamás las mismas formas que utilizó el PSOE. Pueden estar tranquilos», afirmó, antes de criticar veladamente a sus adversarios por «ponerse la venda antes de la herida» con sus declaraciones de estos días en contra del PP.

Zaplana añadió, en este sentido, que le daría «vergüenza» utilizar frases como las que, en relación a la Guerra de Irak, pronunció en julio de 2003 Jesús Caldera, como portavoz del PSOE. El dirigente socialista declaró en aquella fecha que los soldados enviados «corren riesgos» y que, si se producen bajas, el PSOE recordará que la responsabilidad es de Aznar. «¿Qué ocurrirá cuando nuestros soldados sean atacados y vuelvan a España en féretros?», se preguntó.

El portavoz popular aprovechó también ayer la oportunidad de tirar de hemeroteca en contra del propio Zapatero. «Tampoco diré», afirmó, «que una misión, la que sea, eleva el riesgo y el peligro de España», afirmó en alusión a la intervención del presidente del Gobierno el 13 de diciembre de 2004, en la Comisión de Investigación del 11-M. «Desde el punto de vista objetivo, la participación en Irak elevó el riesgo de un atentado terrorista islamista radical en España y el Gobierno considera que ese riesgo continúa alto» fueron literalmente las palabras de Zapatero.

«Cree el ladrón que todos son de su condición, y no todos somos de su misma condición», enfatizó Zaplana en rueda de prensa, al tiempo que, no obstante y sobre todo, repudiaba la posición del ex ministro de Defensa José Bono en la bronca política y parlamentaria generada tras la tragedia del Yak-42. Recordó, en este sentido, que «a algunos se les llenó la boca hablando de los medios de los que disponían los soldados españoles». Y añadió que el «honor con el que han muerto nuestros soldados se echa en falta en declaraciones del Gobierno socialista».

Pero el que los populares hicieran ayer explícita renuncia a culpabilizar al Gobierno de las muertes de los soldados, en absoluto significa que no vayan -desde hoy mismo, en la sesión de control, y de la mano del propio Rajoy- a hacer de la seguridad de las tropas en el exterior un arma de oposición política.

Zaplana recordó ayer el compromiso adquirido por Alonso ante el Parlamento el 7 de septiembre de 2006. «En su comparecencia se había comprometido a que tendrían los mejores medios para su protección», dijo, antes de apostillar: «Fuimos los primeros que nos fuimos de Irak, somos los primeros en enviar desde entonces tropas a todas partes y somos los últimos en obtener información del Gobierno a través del Parlamento, incumpliendo así la Ley de Defensa».

Y es que, pese a la obligación que dicha ley dicta al Gobierno de informar al menos una vez al año sobre las misiones en el exterior, el último en cumplirla fue Bono, en marzo de 2006.

Marlaska abre una investigación y prohíbe incinerar los cuerpos

MANUEL MARRACO

MADRID.- Las noticias que llegan del Líbano indican que los soldados españoles murieron en un ataque «terrorista»; la ley española establece que este tipo de delitos es de jurisdicción universal y que el tribunal competente es la Audiencia Nacional. Así que hay que abrir una investigación.

Ése es el razonamiento seguido por el juez Fernando Grande-Marlaska, que ayer dictó un auto en el que abre esa investigación y adopta una medida de carácter inmediato: que los cadáveres de los seis fallecidos no sean incinerados, por si fuera necesario realizar una segunda autopsia. La decisión no impide el traslado a su país de los cuerpos de uno de los militares de origen colombiano.

En el mismo escrito, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 3 solicita informes sobre lo ocurrido a los ministerios de Defensa y de Asuntos Exteriores y ha recabado la información que pudiera haber obtenido hasta el momento el Juzgado Togado Militar.

El magistrado ha acordado estas medidas de oficio, es decir, sin que se lo haya solicitado la Fiscalía o haya habido denuncia previa. Fuentes de la Audiencia Nacional indican que Grande-Marlaska se encontraba de guardia y fueron las noticias de prensa las que le impulsaron a actuar.

A diferencia de lo ocurrido en el caso del Yak-42, el juez no ha abierto una vía para investigar un delito cometido por españoles en el extranjero. Es decir, que no contempla que la ausencia de medidas de seguridad como el inhibidor de frecuencia pueda tener ninguna repercusión penal.

Ayer, la Asociación de Familiares de víctimas del Yak-42 pidió al juez «una explicación» de por qué ha decidido investigar de oficio el atentado del Líbano tras haber «impedido» que se llevara a cabo en el caso del accidente aéreo ocurrido en Turquía en 2003.

Por su parte, la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) informó ayer de que solicitará al juez su personación como acusación popular en el caso, según informa Europa Press.

Precedentes

Se trata de la segunda vez en estos años que la Audiencia Nacional investiga un atentado contra españoles en el extranjero. En diciembre de 2003, el juez Fernando Andreu solicitó las autopsias realizadas a los siete agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) asesinados el 29 de noviembre de ese mismo año en la localidad iraquí de Latifiya.

Finalmente, el magistrado decretó en febrero de 2004 el archivo provisional de las diligencias ante el hecho de que «el fallecimiento de los miembros de las Fuerzas Armadas españolas en Irak se produjo como consecuencia de un ataque armado cometido por un grupo de personas, cuya identidad por el momento se desconoce, y que está siendo investigado por las autoridades de las Fuerzas de la Coalición desplegadas en la zona», según informa Europa Press.

El alcance de la jurisdicción universal ha provocado sucesivas correcciones del Tribunal Supremo a la Audiencia Nacional y del Tribunal Constitucional al Supremo. En todos los casos, para ampliar sucesivamente su margen. El Constitucional ha acabado estableciendo que no es necesario que los hechos tengan algún tipo de conexión con intereses españoles. Aplicado al caso actual, de acuerdo con el Constitucional ni siquiera sería necesario que los soldados fallecidos fueran españoles, o colombianos incorporados al Ejército español.

Zapatero tardará tres días en hablar del atentado, y porque le preguntan

FERNANDO GAREA

MADRID.- El presidente del Gobierno hablará hoy en público, tres días después, del asesinato de seis militares españoles en el Líbano y lo hará sólo porque Mariano Rajoy ha cambiado su pregunta y le interpelará sobre este asunto en el Congreso de los Diputados.

Fuentes oficiales de La Moncloa explican que José Luis Rodríguez Zapatero no ha considerado necesario hacer una declaración pública sobre el atentado. Añaden que el presidente considera que ya hizo una declaración pública el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, en nombre del resto del Gobierno.

Esas fuentes de La Moncloa aseguran que el presidente del Gobierno ha trabajado desde el momento del atentado para contactar con el secretario general de la ONU y el presidente de Líbano, entre otros, y para atender las llamadas de solidaridad de líderes internacionales.

Para Rajoy, es «deleznable»

En una entrevista en Popular TV recogida por Europa Press, Rajoy calificó de «verdaderamente deleznable» que el presidente aún «no haya dicho una sola palabra tres días después» del atentado».

Zapatero estuvo la pasada madrugada cuando llegaron los cadáveres a España y, a mediodía, en el funeral que presidió el Príncipe de Asturias.

Antes de que el presidente del Gobierno hable hoy en público de la muerte de los seis militares, ya lo hizo ayer el colombiano. Alvaro Uribe lamento la muerte de seis soldados del contingente español de la Finul, tres de ellos colombianos, informa Efe, y dijo que era «un hecho luctuoso que el heroico pueblo de Colombia ofrenda a la paz del mundo, a la lucha contra el terrorismo», dijo Uribe, adelantándose a Zapatero.