Trama asturiana: Ocho guardias civiles de Gijón aportan nuevas sospechas de corrupción en su Comandancia/ Prisiones: Un preso medió como negociador

Ocho guardias civiles de Gijón aportan nuevas sospechas de corrupción en su Comandancia

Los agentes, de la Policía Judicial, declaran sobre posibles casos de extorsión y tráfico de drogas

FERNANDO LAZARO

MADRID.- El pasado mes de octubre, ocho agentes de la Guardia Civil destinados en la Comandancia de Gijón prestaron testimonio ante sus superiores. Y todos corroboraron las sospechas -apuntadas por su entonces comandante, Gonzalo Moreno- de corrupción interna entre agentes allí destinados.

En un escrito enviado al director general de la Policía y de la Guardia Civil, este mando -que se defiende de su destitución- aporta al menos ocho testimonios de agentes destinados en Gijón que corroboran las sospechas de casos de corrupción interna en el Instituto Armado.

Los agentes prestaron declaración en el expediente informativo abierto sobre esta destitución, argumentada por sus superiores en la pérdida de confianza en el comandante Gonzalo Moreno, que fue relevado cuando estaba inmerso en la investigación interna sobre estos casos de corrupción.

La mayoría de los ocho agentes trabaja en la Unidad Orgánica de Policía Judicial, donde se presume que pueden existir casos de narcotráfico y de extorsión que pueden implicar a miembros de esta unidad. Entre estos agentes hay dos suboficiales: dos sargentos, uno de Policía Judicial y otro del Servicio Fiscal.

Las declaraciones de los agentes, además de avalar la investigación iniciada por el comandante Gonzalo Moreno, corroboran también las declaraciones prestadas por dos testigos civiles ante el Juzgado de Instrucción de Gijón, que tiene abierto un sumario sobre estas actividades delictivas cometidas presuntamente por miembros de esta Comandancia.

El comandante informó a su superior, el teniente coronel Martínez Raposo, por conducto reglamentario, en tiempo y hora y en reiteradas ocasiones, sobre sus investigaciones. Martínez Raposo argumentó que le había destituido por no mantenerle al corriente de sus actuaciones operativas. El comandante Moreno le remitió todos los datos por escrito y en un sobre cerrado, según explicaron a este periódico fuentes cercanas a la investigación.

Las declaraciones prestadas el pasado mes de octubre por estos agentes apuntan a la implicación en actividades delictivas de, al menos, tres miembros de la Policía Judicial; algunos con más detalles que otros, pero todos acumulando indicios y sospechas sobre ellos. Este periódico ya informó de que dos testigos civiles habían denunciado también esta posible corrupción. Fundamentalmente, centraban sus acusaciones en varios agentes que, siempre según sus testimonios, se dedicaban, entre otras actividades, a extorsionar en clubes de alterne de la zona.

Tanto estos testigos como los guardias que declararon apuntan a que los sospechosos cobraban por proteger a clubes de alterne de la zona de Asturias. Así, los que se negaban a pagar (lo cifran en 900 euros mensuales) se encontraban con controles en las entradas de sus locales, en los que los clientes eran identificados.

Pero, además, señalaban que los sospechosos de corrupción también facilitaban drogas a, al menos, una prostituta que trabajaba en uno de esos locales de alterne. Esta, según las denuncias, se encargaría de distribuirla o de venderla entre el resto de mujeres.

Además, según la declaración de uno de los sargentos, dos guardias civiles «se hacían pasar por inspectores de Extranjería de la Policía Nacional con el objeto de poder manipular y obtener beneficios de las chicas que se dedican a ejercer la prostitución en diferentes clubes de la provincia, hasta el punto de que en una de las ocasiones fueron interceptados por el Grupo de Extranjería de la Policía Nacional». Fueron puestos en libertad tras acreditar su condición de guardias civiles, con la advertencia de que la próxima vez serían conducidos ante la autoridad judicial.

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Pendiente del Ministerio del Interior

Es el Ministerio del Interior el que debe pronunciar la última palabra. Y, más en concreto, la Secretaría de Estado de Seguridad. Hasta allí han llegado los recursos planteados por el que fuera número dos de la Comandancia de Gijón, el comandante Gonzalo Moreno, contra la decisión del teniente coronel Martínez Raposo de destituirle en el cargo.

Este oficial argumentó la pérdida de confianza en su número dos. En su escrito, defendió que el comandante actuaba a espaldas de él y no le informaba puntualmente de las operaciones que realizaba. La queja venía, en concreto, por una operación realizada por la Comandancia de Gijón contra una trama que se dedicaba a la venta de ropa falsificada. La iniciativa mereció la felicitación del director general de la Policía y de la Guardia Civil. Entre los detenidos en aquella ocasión estaba la mujer de un guardia civil que murió cuando estaba siendo investigado por la unidad de Asuntos Internos del Instituto Armado.

Uno de los agentes que ha prestado declaración en el expediente del comandante, en concreto un sargento, narra la ocasión en que intentó comunicar al teniente coronel sus sospechas: «El jefe me dice que somos de segunda división, que lo que tenemos que hacer son operaciones de menudeo». «Tengo más información sobre lo que ha sucedido en esta Comandancia que, por mi seguridad y por la de mis fuentes, no me atrevo a contar de momento».

Un preso medió en el motín tras rechazar los reclusos a los negociadores profesionales

Los sindicatos culpan a la directora de Instituciones Penitenciarias de la mala gestión de la crisis

GUILLERMO RUIZ

VALENCIA.- Fue un recluso ajeno al motín que se organizó ayer en el centro penitenciario Valencia II el que actuó de mediador entre los presos que se amotinaron y secuestraron a tres funcionarios durante 12 horas, y los agentes que acudieron hasta la prisión para poner fin a la rebelión.

El cabecilla del motín, Pedro M. R., de 29 años, pidió que el mediador fuera este recluso. El improvisado negociador llevó el peso de las conversaciones entre las 18.00 horas de anteayer, cuando los cuatro presidiarios comenzaron a organizar la trifulca, hasta las 6.00 de la mañana de ayer, momento en que los reos liberaron al tercer y último funcionario.

La amistad de este mediador con los raptores motivó que el penado fuera el comunicador en aquellos delicados momentos que estaban fraguándose en el módulo de aislamiento.

Pedro M. R. no quiso que intervinieran durante toda la noche los 30 especialistas en negociación de la Unidad Especial de Intervención (UEI) de la Guardia Civil, que llegaron desde Madrid para desbaratar el motín.

Sólo a última hora, el cabecilla permitió que intervinieran los negociadores profesionales. Acompañada de tres de estos mediadores, la juez de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Picassent que se desplazó hasta la prisión se acercó a los presos, que aún mantenían retenido a un funcionario, se identificó y les leyó un documento en el que certificaba que serían trasladados a otras cárceles si aceptaban deponer su actitud. Además, la juez les garantizó su integridad física.

El escrito fue firmado por la magistrada y les fue entregado a los reclusos, que decidieron concluir el cautiverio del último rehén.

Los sindicatos de prisiones Acaip, UGT-PV, CCOO PV y CSI-CSIF criticaron ayer «la mala gestión» de la negociación y responsabilizaron a la dirección del centro penitenciario y a la directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo. Asimismo, advirtieron de que esta actuación podría desencadenar episodios similares «porque los presos están crecidos», informa Europa Press.

www.elmundo.es Vídeo: Vea las imágenes de la prisión tras el motín.