Editorial: ERC VUELVE A INTENTAR ENFRENTAR A CATALUÑA CON ESPAÑA

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ERC VUELVE A INTENTAR ENFRENTAR A CATALUÑA CON ESPAÑA

El nacionalismo radical intentó ayer convertir en un ataque a Cataluña la decisión de la marca deportiva Kelme de rescindir el contrato de patrocinio a Oleguer Presas, jugador del Barcelona.

Oleguer había escrito en la publicación vasca Berria que el Estado se está ensañando con el etarra De Juana Chaos y que éste no ha tenido un tratamiento judicial neutral, asegurando que las instituciones actúan de forma «hipócrita» y tienen «zonas oscuras».

Posteriormente, el jugador afirmó en una comparecencia ante los medios en las instalaciones del club que había pretendido utilizar este caso «para hacer una crítica del Estado de Derecho y para cuestionar la independencia del poder judicial y político».

El primero en recriminar estas palabras fue el propio Joan Laporta, presidente del Barcelona, que manifestó que Oleguer se había equivocado al pronunciar opiniones políticas dentro de las instalaciones del club.

Al día siguiente, Kelme anunció la decisión de rescindir el contrato de esponsorización con Oleguer, alegando que había recibido numerosas protestas y cancelaciones de pedidos de las botas que utiliza este jugador.

La polémica habría terminado a estas alturas si no fuera porque ayer ERC utilizó este caso para acusar de «catalanofobia» a Kelme y a «los poderes mediáticos, políticos y empresariales que están atizando una campaña de difamación» contra el jugador, conocido por sus ideas independentistas.

Nadie ha atizado una campaña de difamación contra Oleguer, que está en su derecho de opinar lo que quiera sobre el trato a De Juana Chaos. Creemos que su artículo es disparatado, pero reconocemos que Oleguer tiene derecho a escribir o manifestarse con entera libertad, como cualquier ciudadano.

Pero el mismo derecho que tiene el jugador azulgrana a expresar sus opiniones, lo tiene Kelme a rescindir su contrato si cree que la imagen de Oleguer perjudica la venta de sus productos. No es la primera vez ni será la última que una marca comercial rescinde un contrato de este tipo.

Resulta patética, por ello, la reacción de ERC, intentando convertir este asunto en una agresión contra Cataluña. ¿Acaso Kelme no habría actuado de la misma forma si Oleguer hubiera nacido en Burgos? Lo que comenzó siendo un hecho anécdotico se ha convertido en un síntoma de la paranoia de ERC, que es la formación con la que se han asociado Zapatero y Montilla en Madrid y en Barcelona. Los dirigentes del nacionalismo radical siempre están buscando un pretexto para enfrentar a Cataluña y España. Ellos son los que agudizan las tensiones para buscar un rédito electoral con un discurso victimista. Basta ya de esta demagogia porque los ciudadanos están hartos.

El Parlamento vasco presiona al Supremo

IMPRESIONES
El Parlamento vasco presiona al Supremo

Tres días antes de que el Tribunal Supremo deba pronunciarse sobre la condena a De Juana Chaos, el Parlamento vasco ha aprobado una enmienda a favor del etarra cuyo contenido es un ejercicio de hipocresía y presión a la Justicia. El texto se aferra a unas desafortunadas declaraciones del hasta ayer ministro de Justicia para asegurar que se han «construido imputaciones» para evitar la excarcelación del preso. Sus autores, PNV, EA y EB, se unen así a la tesis de que De Juana está siendo condenado por un «delito de opinión» y no de amenazas terroristas. En segundo lugar, los nacionalistas vascos exigen «el respeto escrupuloso de los derechos que hacen referencia a personas con enfermedades graves e incurables», cuando es evidente que una huelga no es una enfermedad y lo único que tiene que hacer De Juana para curarse es comer. Su mención de que «la Justicia tiene que priorizar el derecho a la vida» no sólo pretende poner sobre los hombros de los magistrados del Supremo la posible muerte de De Juana, sino apoyar a éste en su chantaje al Estado de Derecho, cuyas estructuras, según el portavoz de EA, «están violentando la legalidad». No deja de ser sangrante que semejante texto del tripartito sea una enmienda a las iniciativas de EHAK y Aralar que piden directamente la libertad de De Juana. Sinceramente, resulta imposible discernir en qué difieren sustncialmente ambos discursos.

Kelme: «Hemos recibido cancelaciones de pedido de botas con su nombre»

«Hemos recibido cancelaciones de pedido de botas con su nombre»

J. J. MARCOS

ELCHE (ALICANTE).- La marca de calzado deportivo Kelme ya había advertido a Oleguer Presas, del FC Barcelona, que si persistía en realizar declaraciones de corte político rescindirían el contrato de patrocinio que mantenían desde hace casi nueve años.

Uno de los propietarios de la empresa afincada en Elche, José Quiles, aseguró a este diario: «Ya se lo habíamos advertido muchas veces».

Benjamín Clarín, consejero delegado de la empresa, afirmó que «estas declaraciones han afectado negativamente a la marca. Hemos recibido cancelaciones de pedidos de las botas de fútbol que llevan el nombre de Oleguer», abundó Clarín.

Aunque el empresario asegura «respetar» las ideas del futbolista, afirma: «Nosotros tenemos que contratar a deportistas y no a políticos». Por ese motivo tomaron la decisión fulminante de rescindir su contrato, tras conocer la defensa que realizó del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos. Quiles rechazó cuantificar el importe del contrato de imagen, pero destacó que era uno de los más importantes que mantiene en vigor la empresa alicantina, que desde el año 2002 vive un importante proceso de reestructuración.

Desde los 18 años

Quiles aseguró sentirse «apenado» por la ruptura de la relación mercantil, pero consideró que «Kelme en ningún caso se puede ver involucrada en estos temas». Asimismo, aseguró sentirse sorprendido por la dura reacción que se había producido en determinados ámbitos de la sociedad catalana por esta decisión, aunque rechazó que teman una pérdida de ventas en esta autonomía. «Igual subimos en otros muchos sitios», añadió.

La vinculación entre el jugador y la empresa ha sido larga. Comenzó cuando el futbolista tenía 18 años y se ha prolongado hasta la actualidad, con 27, tras una sustancial mejora hace dos temporadas. Oleguer siempre se ha caracterizado por sus fuertes convicciones independentistas y su vinculación con movimientos antisistema.

Quiles afirmó: «Queremos deportistas que hagan comentarios alrededor del deporte y que no hablen de otras cosas que no sean deporte. No queremos que alguien que viste y calza Kelme vierta opiniones políticas o enfrentamientos políticos».

Aznar acusa a 'The Times' de dar publicidad a ETA

Aznar acusa a 'The Times' de dar publicidad a ETA

MADRID.- The Times publicó ayer en su sección de Cartas al Director una misiva enviada por José María Aznar en la que el ex presidente del Gobierno español acusa al diario británico de haber hecho «publicidad gratuita» a ETA al ofrecer una entrevista con «el terrorista Ignacio de Juana Chaos». The Times pertenece al grupo de comunicación News Corporation, propiedad del magnate de la prensa Rupert Murdoch y de cuyo consejo de administración es miembro el propio Aznar desde junio de 2006.

A continuación, reproducimos la carta de Aznar publicada ayer:

«Señor: Deseo expresarle mi asombro y mi profundo pesar por la publicación en The Times, un diario de su reputación e influencia, de la entrevista con el terrorista de ETA Ignacio de Juana Chaos. De Juana, que ha decidido voluntariamente iniciar una huelga de hambre, es responsable de la muerte de más de 25 personas, así como de muchos otros delitos. En cualquier caso, su tan cacareado sufrimiento no resiste la comparación con el dolor que él ha causado a las familias de las víctimas.

Siempre he mantenido, tanto en público como en privado, que este tipo de entrevistas es publicidad gratuita para los terroristas y va en favor de su interés más descarado. ETA está considerada en todo el mundo un grupo terrorista, responsable de miles de actos delictivos y de víctimas. Llamar a ETA grupo 'separatista' es como llamar a Al Qaeda grupo religioso.

Este terrorista ha sido condenado por los tribunales españoles de justicia. No hay razón alguna para hablar de 'sentencia política' porque se han limitado estrictamente a la aplicación de la ley.

Para mí y para la inmensa mayoría de la sociedad española, una huelga voluntaria de hambre no constituye un dilema, sino que es sencillamente una opción. Para mí y para la mayoría de los españoles, no se plantea ningún dilema en la decisión de combatir y derrotar al terrorismo, en la aplicación de la ley. Eso es nuestra responsabilidad y nuestro deber. Siempre he trabajado por eso y así lo seguiré haciendo con todo mi esfuerzo».

Pernando Barrena: el Gobierno puede excarcelarlo

Barrena: el Gobierno puede excarcelarlo

BILBAO.- El líder de Batasuna en Navarra, Pernando Barrena, aseguró ayer que el Gobierno «tiene los medios» para excarcelar al preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos, «más allá de lo que decida el Tribunal Supremo», que el próximo lunes analizará el recurso planteado por la defensa del recluso a la condena de 12 años y medio por amenazas terroristas. También advirtió de que, si el terrorista fallece, se puede crear «un panorama bastante negro».

«Creo que, en estos momentos, la presión política es imprescindible. Pase lo que pase el lunes, el Gobierno de España, si quiere o tiene voluntad para ello, tiene los medios y las medidas para hacerlo, y si esto no ocurre, el panorama que se pueda crear será bastante negro para todos», aseguró en declaraciones a Euskadi Irratia recogidas por Europa Press.

Asimismo, afirmó que la foto aparecida en The Times de De Juana «ha mostrado bastante claramente, en Europa y en todo el mundo, hasta dónde llega el deseo de venganza del Estado».

Patxi López defiende al colectivo Ahotsak, que no condena la violencia

Patxi López defiende al colectivo Ahotsak, que no condena la violencia

O. TORRES

VITORIA.- El secretario general del Partido de los Socialistas de Euskadi (PSE-EE), Patxi López, defendió ayer en el Parlamento vasco el trabajo de Ahotsak -grupo formado por mujeres de todos los partidos menos del PP-, pese a que no ha condenado ni el terrorismo ni el último atentado de ETA. Pidió respeto para este colectivo, «porque su voluntad es avanzar hacia la paz», afirmó.

El líder de los socialistas vascos señaló que esas mujeres «suman sus voluntades en pos de una iniciativa para avanzar en el camino de la paz y la reconciliación», un objetivo, según dijo, explicitado por sus impulsoras.

Pidió «respeto a su iniciativa» y que no sean «utilizadas ni manipuladas por unos y otros», aunque también afirmó que el «desmarque» de algunas de sus integrantes del documento conocido ayer, en referencia a mujeres de Batasuna, resta credibilidad a la iniciativa.

Patxi López intervino en el Parlamento vasco para rechazar, en nombre de su partido, una moción presentada por el PP en la que se recuerda que el lehendakari había considerado a este colectivo referencia de la acción política en el país en el último debate sobre Política General y le invitan a alejarse de los que «no asumen el mínimo ético de condenar el terrorismo, dar la espalda a las víctimas y asumir los objetivos de ETA-Batasuna».

Los socialistas vascos se sumaron al tripartito -PNV, EA y EB-, PCTV y Aralar, para rechazar esa moción de los populares, un día después de que se hiciera público el último documento pactado, en el que se aboga por «un proceso de paz sin víctimas, sin amenazas, sin atentados, sin bombas», que fue rechazado unas horas después por las integrantes de Batasuna en ese colectivo, Jone Goirizelaia y Joana Regueiro, y por la vicesecretaria general del sindicato abertzale LAB, Ainhoa Etxaide.

Patxi López aseguró que cualquier colectivo que apueste por la paz «tiene que rechazar con claridad y sin ambigüedades la violencia y el terrorismo para ser creíble». Lo dijo justo en una jornada conflictiva para Ahotsak, en la que alguna de sus integrantes no dudó en hablar de crisis.

Fuentes próximas al núcleo duro de ese colectivo aseguraron que el texto en el que se aboga por reconstruir el proceso de paz «sin bombas» fue redactado, lo mismo que el documento fundacional, con la presencia de miembros de la izquierda abertzale, que en ese momento no plantearon objeciones.

Esas mismas fuentes reconocieron que ese texto no contaba con la aprobación definitiva de las representantes radicales del grupo.

PNV, PSE y PP coinciden hoy en Bilbao en una manifestación

PNV, PSE y PP coinciden hoy en Bilbao en una manifestación

MARCOS IRIARTE

BILBAO.- Hace sólo unas semanas parecía algo imposible pero esta tarde populares, socialistas y todo el espectro del nacionalismo democrático, menos Aralar, compartirán pancarta en Bilbao convocados por Gesto por la Paz como respuesta al salvaje atentado perpetrado por ETA en el aeropuerto de Barajas.

Después de que la manifestación que el pasado 13 de enero promovió el lehendakari, Juan José Ibarretxe, no consiguiera atraer al PP vasco e hiciera falta una rectificación de última hora del lema inicial para que no descolgara también el PSE, y tras el amago de la ilegalizada Batasuna de acudir a la misma, todos los partidos del Parlamento vasco, excepto el Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Aralar, saldrán hoy a la calle en una respuesta casi unitaria contra ETA.

La convocatoria parte de Gesto por la Paz y el lema no deja lugar a engaños: Es nuestro derecho: paz y libertad. ETA ez. La plataforma cívica realizó ayer un llamamiento a todos los ciudadanos para secundar esta iniciativa con la que se pretende exigir, en completo silencio y fuera de debates partidistas, el cese definitivo de la banda terrorista.

Todos los grupos que conforman el Gobierno vasco -PNV, EA y EB- y populares y socialistas han mostrado ya su adhesión a la manifestación que partirá a las 17.30 horas desde la plaza del Sagrado Corazón para terminar ante el Ayuntamiento, donde se leerá un comunicado.

Que Gesto por la Paz era la plataforma idónea para promover una manifestación de este tipo tras el brutal atentado que costó la vida a Diego Armando Estacio y Carlos Alonso Palate el pasado 30 de diciembre, fue la tesis planteada desde un principio. Es más, el presidente del PNV, Josu Jon Imaz, había iniciado contactos con esta plataforma en esta dirección tras el atentado, antes de conocer la intención del lehendakari de convocar, de forma unilateral, la manifestación del pasado día 13.

Pero el lehendakari obvió esta recomendación del presidente de su partido y, sólo un día después de que éste se hubiera pronunciado públicamente en favor de una cita consensuada, anunció su intención de promover una marcha bajo el lema: Por la paz y el diálogo.

El PCTV, ausente de una condena a ETA

El PCTV, ausente de una condena a ETA

VITORIA.- Los grupos del tripartito vasco, además de PSE y PP, condenaron ayer en el Parlamento autonómico «los planes diseñados por ETA para impulsar actos vandálicos y de sabotaje» con el fin de retrasar o paralizar las obras de la Y ferroviaria vasca. EHAK no participó en la votación de este punto y Aralar se abstuvo.

La Audiencia considera terrorista al 'comando Dixan' pero dice que no disponía de explosivos

La Audiencia considera terrorista al 'comando Dixan' pero dice que no disponía de explosivos

Rechaza el informe del FBI que afirmaba que poseían productos para fabricar napalm casero Impone a cinco de los seis acusados 13 años de cárcel por pertenecer a la célula y por falsificación

MANUEL MARRACO

MADRID.- Detrás de los productos Dixan había un comando terrorista. Así lo ha establecido la Audiencia Nacional en una sentencia en la que condena a 13 años de prisión a cinco argelinos detenidos en Cataluña en la operación Lago. El sexto procesado ha quedado absuelto.

Los arrestos se produjeron en enero de 2003, después de que, tras la desarticulación de un comando terrorista en Francia, se deshicieran de unas sustancias químicas que les valieron el mote de comando Dixan. Pero también de otro material que, junto con lo incautado en sus domicilios, sus declaraciones policiales y judiciales y su relación con otros terroristas en Francia ha bastado para considerarlos un grupo terrorista.

El tribunal ha condenado a cada uno de ellos a 10 años como miembros de la célula y a otros tres por falsificación de documentos, tal y como pedía el fiscal Pedro Rubira. Por el contrario, les absuelve del delito de tenencia de explosivos y de conspiración para atentar contra la base militar de Rota.

La Sala rechaza como prueba el informe pericial empleado por el FBI para afirmar que tenían material para fabricar napalm casero. Además de no tenerlo en cuenta porque la defensa no pudo participar en esa pericial, los magistrados resaltan que de lo declarado en el juicio por el perito estadounidense no se llega a esa conclusión. Igualmente rechaza por irregular un segundo informe del FBI que concluía que el material electrónico incautado era el empleado habitualmente por Al Qaeda. Entre ese material se encontraba un teléfono móvil preparado para activar explosivos.

La Sala, compuesta por Javier Gómez Bermúdez, Clara Bayarri y Manuela Fernández Prado, acoge así los argumentos de los dos abogados de la defensa, Sebastiá y Benet Salellas. El fiscal pedía otros nueve años de prisión por la tenencia de explosivos.

La Sala enumera los objetivos del grupo que incluían tanto la «captación de seguidores entre la población musulmana en España» como «estar disponibles y preparados para pasar a la acción».

El origen de la célula se sitúa en la provincia argelina de Chlef, donde tres de los condenados -Mohamed Tahraoui, Djamel Boudjetia y Mohamed Amine Benaboura- «luchaban contra el Ejército y el GIA» como miembros del grupo guerrillero salafista llamado Forkane. Según la sentencia, los tres se refugiaron en España, «donde se reagruparon, constituyendo una célula u organización terrorista en la que se integraron los otros dos condenados, los hermanos Ali y Souhil Kaouka».

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Detenidos por Irak

MADRID.- 'Absolución del comando Dixan'. Tras esta pancarta posaba el pasado 31 de octubre, frente a la sede de la Audiencia Nacional, el diputado de ERC Joan Puig, uno de los múltiples respaldos políticos que desde su detención han encontrado los seis procesados. Poco antes, en la sala de juicio, el presidente del tribunal había tenido que expulsar a varias personas que repartieron octavillas en las que se afirmaba que los acusados fueron convertidos en «terroristas islamistas por Aznar para justificar su apoyo a Bush en la Guerra de Irak y justificar la participación española en ella».

La campaña de apoyo a los procesados arreció después de que los primeros informes periciales determinaron la inocuidad de la sustancias químicas de las que se deshicieron los acusados. Se trataba del producto denominado 'finish care', empleado para el cuidado de piscinas y similares. Eso llevó al juez de la Audiencia Nacional Guillermo Ruiz Polanco a ponerles en libertad. La suerte de los detenidos en la 'operación Lago' cambió con la expulsión de Ruiz Polanco de la Audiencia. Baltasar Garzón se hizo cargo de la causa y, dos semanas después del 11-M, los encarceló de nuevo basándose en el informe en el que el FBI afirmaba que estaban en disposición de fabricar napalm casero.

Astarloa: «Un ministro para confrontar y para enterrar el Pacto»

Astarloa: «Un ministro para confrontar y para enterrar el Pacto»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- «Un ministro para la confrontación con el Poder Judicial y para multiplicar la división; una provocación más de Zapatero, no ya al PP, sino al mundo de la Justicia, al que viene a echarle un pulso; un ejemplo de la política-bronca para tapar el fracaso de una gestión marcada por la territorialización de la Justicia, el 'reequilibrio ideológico' en los órganos de Gobierno, la ausencia de reformas y la «ingeniería» jurídica tras la tregua de ETA, que les ha hecho ir de revolcón en revolcón en los tribunales; y un aviso de las peores expectativas para la renovación del CGPJ».

Ninguno de estos contundentes reproches al nuevo titular de Justicia, fue ayer, en boca de Ignacio Astarloa, tan trágico como la última de sus sentencias. Y es que «lo más grave» de este nombramiento, según el dirigente popular, es que, además, «viene a enterrar el Pacto Antiterrorista y la Ley de Partidos».

Astarloa advirtió ayer que el nuevo ministro «se ha opuesto» públicamente a las medidas acordadas en su día por los propios socialistas junto al PP contra ETA y en aplicación de la Ley de Partidos. «Hay pocas personas en España que hayan entendido peor la Ley de Partidos», afirmó, en referencia a Fernández Bermejo.

El secretario ejecutivo del PP advirtió también que se acercan las elecciones municipales y contrastó la oposición de Bermejo -cuando era fiscal ante la Sala del 61- a promover la ilegalización del PCTV, con el actual «clamor en España para que ni el PCTV ni otros partidos durmientes o plataformas electorales se conviertan de manera fraudulenta en el partido de ETA».

Reunión aplazada

Así, anunció que el PP hace extensivas al nuevo ministro todas las exigencias expresadas por escrito a Zapatero, en forma de proposiciones no de ley, para que inste al fiscal Cándido Conde Pumpido a cambiar de política, rectificando casos tan concretos como la petición de archivo del caso Egunkaria, o el nulo impedimento de los actos públicos de la ilegal Batasuna.

«Hemos exigido al presidente del Gobierno que ordene al fiscal que deje de ser el defensor de las tesis de ETA y pase a ser el defensor de las víctimas», llegó a afirmar ayer Astarloa, quien destacó la jerarquía del ministro de Justicia sobre el fiscal y receló de la «esquizofrenia» que suponen las declaradas intenciones de Zapatero de buscar la unidad con el PP en materia antiterrorista con la personalidad de su ministro.

Claro que el escepticismo de Astarloa sobre la reunión del Pacto Antiterrorista fue ayer mayor que nunca. Criticó al ministro Rubalcaba por faltar a su «compromiso» y aplazar la reunión preparatoria del Pacto, y aseguró que, «desde luego, que no ha habido ningún problema de agenda», tal como se dijo.

Los 'populares' estudian recurrir al Supremo el posible relevo del magistrado

Los 'populares' estudian recurrir al Supremo el posible relevo del magistrado

C. R. G.

MADRID.- Todavía no se han sentado en torno a una mesa para intercambiar papeles y analizar todas las salidas jurídicas. Dicen los populares que hay que esperar a que el relevo del magistrado del Tribunal Constitucional, Pablo Pérez Tremps, se consume: Una circunstancia que, pese a la falta de noticias, dan por segura. Pero después, y con carácter inmediato, eso sí, los miembros de la dirección se pondrán manos a la obra para poner trabas políticas y legales a lo que -si se produce la dimisión- parece un hecho irreversible.

De momento, la cúpula del PP se plantea presentar un recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo. Las fuentes consultadas admiten, incluso, haber empezado a estudiar las posibles motivaciones del recurso.

Siempre en fase embrionaria, su planteamiento es que «la continuidad» de los magistrados dentro del Tribunal Constitucional -estipulada en la Ley Orgánica por un período de tiempo objetivo que excede del propio mandato del Gobierno o las instituciones que los nombran-, es «la garantía de su independencia judicial».

Según las fuentes consultadas, hay margen en el ordenamiento jurídico para que los magistrados de la Sala III del Supremo enjuicien, en su caso, la legalidad o ilegalidad de un acto administrativo del Gobierno como el que supondría el relevo de Tremps tras una eventual dimisión por causas, además, no tasadas.

Más allá de lo jurídico, la batalla de los populares iría encaminada a convencer de que el relevo «no justificado en Derecho» de este magistrado, sería un precedente que convertiría a los miembros del Tribunal en «comisarios políticos».

El 'caso Mogán' amenaza con salpicar al Gobierno canario

El 'caso Mogán' amenaza con salpicar al Gobierno canario

LAS PALMAS.- El juez de la operación Góndola, José Alexis Negrín, ha remitido al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) una pieza separada de esta causa, lo que podría suponer que afecta a una persona aforada, en este caso, miembros del Gobierno regional o un diputado.

Fuentes del TSJC reconocieron ayer a Efe la existencia de ese auto, si bien dijeron desconocer a qué personas afectaría, debido a que el juez ha declarado el secreto de sumario.

La operación Góndola, sobre posible corrupción urbanística y otros delitos electorales en Mogán, ha arrojado nueve detenidos, entre ellos, el alcalde, Francisco González, y la teniente de alcalde Onalia Bueno, ambos del PP, aunque están en libertad con cargos y sin fianza.

Horas después de la decisión del juez Negrín, el presidente del PP en Canarias, José Manuel Soria, consideró «una grave irresponsabilidad» que desde el TSJC haya alguien que «pueda estar filtrando cuestiones sobre actuaciones que no conocemos del presidente del Gobierno canario», Adán Martín.

El Gobierno de Canarias, a través de un comunicado, se muestra seguro de que las investigaciones judiciales exonerarán a los miembros del Ejecutivo regional. La nota destaca que la aparición de los nombres de Martín; del director de su gabinete, Salvador Iglesias, y del consejero de Medio Ambiente y Ordenación Territorial, Domingo Berriel, en las averiguaciones judiciales puede ser un «mero indicio circunstancial que, una vez investigado, demostrará la legalidad y honestidad de las actuaciones del Gobierno de Canarias».

'The Economist' augura un futuro incierto a la economía española

'The Economist' augura un futuro incierto a la economía española

LONDRES.- La economía española está «imparable», con grandes compras en Europa en el sector de la energía, los servicios y las infraestructuras. Así lo asegura el semanario The Economist en un reportaje sobre la economía en Europa. No obstante, la publicación británica pone sobre la mesa la incertidumbre que rodea al futuro económico del país y se pregunta qué pasará con España cuando pinche su boom inmobiliario y bancario.

España emerge como el halcón de los negocios y crece al «impresionante» ritmo del 3,8% anual en la última década por circunstancias como las «generosas ayudas» de la Unión Europea desde que se integró en 1986 y el buen momento de la construcción, las propiedades inmobiliarias y la banca, según la información del citado semanario.

No obstante, el reportaje predice que cuando esta bonanza «explote», las alegrías de hoy se transformarán en penas. «Ahora los británicos llaman por teléfono, viajan en metro, vuelan desde aeropuertos, se toman unas tapas, tiran de la cadena del inodoro o realizan operaciones financieras por cortesía de alguna empresa española», señala la publicación británica.

Pero la revista se pregunta si los «conquistadores» españoles se han endeudado y han pagado demasiado por las empresas adquiridas o si su nueva cartera de empresas, «muchas de ellas británicas con beneficios estables», los salvará de «lo peor» cuando la situación se tuerza

La banca teme una corrección

La banca teme una corrección

MADRID.- Morgan Stanley prevé una posible corrección a corto plazo en los mercados de renta variable, aunque aprecia signos suficientemente claros como para confiar en la continuidad del actual ciclo alcista.

El banco de inversión considera que los últimos movimientos alcistas no son sostenibles y que por eso, puede haber una corrección que les permitiría volver a entrar en renta variable con fuerza. En cualquier caso, Morgan Stanley confía en que el mercado de activos bursátiles es aún el «activo más atractivo», gracias a la fortaleza empresarial y al aumento previsto de las operaciones corporativas de fusiones y adquisiciones, que esperan sea un «revulsivo» para los mercados en 2007. Asimismo, la firma recomienda la inversión en empresas tecnológicas y materias primas.

El responsable de renta variable para inversores institucionales de Morgan Stanley, Francisco Fernández Silva, dijo que el actual tramo alcista se mantiene desde hace casi cuatro años con rentabilidades medias anuales en torno al 8,5%, pero recordó que la media de los anteriores periodos alcistas supera los seis años y las ganancias, hasta el 22%. Fernández Silva señaló que el vértigo a medio plazo «no se debería tener en cuenta como riesgo fundamental», informa Europa Press.

Chávez compra la mayor eléctrica de Venezuela

JAIME LOPEZ. Especial para EL MUNDO

CARACAS.- Venezuela dio ayer su primer paso hacia el socialismo económico propuesto por Hugo Chávez. Un mes después de anunciar la nacionalización de distintas empresas estratégicas, el Gobierno bolivariano y el presidente de Electricidad de Caracas (EDC), Paul Hanraham, firmaron un acuerdo para la venta de acciones de la corporación estadounidense AES [propietaria de la eléctrica] al Estado venezolano.

El memorando de entendimiento estipula el pago de 739 millones dólares (568,5 millones de euros) por el 82,14% del capital de la compañía. EDC ha sido valorada en 900 millones de dólares (692,3 millones de euros). El ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, expresó que el Ejecutivo espera la transferencia antes de 30 días y resaltó que Petróleos de Venezuela (PDVSA) será la encargará de adquirir los títulos.

El resto del paquete accionarial, aproximadamente el 17,8%, está repartido entre los trabajadores de la empresa de electricidad, jubilados y pequeños inversionistas de las Bolsas de Caracas. El ejecutivo bolivariano preservará los derechos de los 100.000 accionistas minoritarios de la compañía, quienes pueden optar por conservar sus papeles o vendérselos al Estado. Hanrahan destacó la grata experiencia de la estadounidense AES en el país.

Por otra parte, el presidente de Bolivia, Evo Morales, anunció también ayer que firmará un decreto para nacionalizar la metalúrgica Vinto, controlada por la multinacional suiza Glencore. La metalúrgica fue comprada en 2005 por Glencore a través de la adquisición de la Compañía Minera del Sur.

Editorial: ¿SIGNOS DE INVOLUCIÓN EN EL GOBIERNO DE ZAPATERO?

Editorial
¿SIGNOS DE INVOLUCION ENEL GOBIERNO DE ZAPATERO?


españoles continuan sin reponerse de la nefasta valoración que les merece el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo como nuevo ministro de Justicia. El daño ya está hecho y pronto se verán las consecuencias porque este hombre acostumbra a actuar como un elefante en una cacharrería.

La cuestión que plantea su designación es si Zapatero ha optado por romper todos los puentes con el PP y va hacia una política de confrontación con el partido de Rajoy, orquestando un frente común con las formaciones nacionalistas que le apoyan.

El PP advirtió ayer que el nombramiento de este fiscal «ultra» es un intento de «amedrentar» a los jueces y a la sociedad, mientras que los socios nacionalistas del Gobierno aplaudieron la decisión de Zapatero. Sorprendente por no decir increíble la reacción de Joseba Azkarraga, consejero de Interior del Gobierno vasco, que señaló que será «un buen ministro» quien calificó de «acto de hipocresía colectiva» la investigación y el juicio de los GAL por los que él tanto bregó en su día como diputado de EA.

Falta poco más de un año para agotar la legislatura y da la impresión de que Zapatero ha ido radicalizándose al prescindir de Bono y López Aguilar y sustituirles por Rubalcaba y por un Fernández Bermejo, del cual sólo se puede esperar un comportamiento sectario y hostil hacia la oposición.

No hace falta darle ningún margen al nuevo ministro de Justicia. Su pasado es elocuente. Por ello, cabe pensar que va a dedicar todos sus esfuerzos a someter a la judicatura a un mayor control del Gobierno, lo cual pasa por colocar a magistrados afines en los altos tribunales y acometer reformas legislativas que vayan en esa dirección. Una de las iniciativas que pretende impulsar el nuevo ministro -lo ha defendido públicamente- es la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para desplazar del juez a los fiscales -sometidos a un criterio jerárquico- la responsabilidad de la instrucción.

Otro de los asuntos que preocupa mucho al PSOE es el recurso de inconstitucionalidad contra el Estatuto catalán. Para lograr que el Constitucional no invalide el Estatuto, el Gobierno necesita que Pérez Tremps dimita y relevarle por otro magistrado afín. Fernández Bermejo es la persona ideal para llevar a cabo esta operación que provocaría la deslegitimación del Constitucional.

El hecho es que el nombramiento de Fernández Bermejo contradice el discurso de Zapatero de una democracia deliberativa con respeto a la independencia del poder judicial, un concepto en el que no cree este fiscal, más proclive a los métodos del ex ministro Corcuera y su famosa patada a la puerta.

Fernández Bermejo es un producto del felipismo, lo mismo que la actuación de Conde-Pumpido como fiscal general del Estado puede terminar recordando -como siga por este camino- a las de Eligio Hernández, Leopoldo Torres o Javier Moscoso en aquella oscura etapa.

Todo ello suscita la duda sobre si el socialismo de rostro humano preconizado por Zapatero está involucionando hacia un nuevo felipismo que patrimonializa las instituciones para destruir al adversario, con la ayuda de unos nacionalistas siempre dispuestos a sacar tajada de su debilidad política.

Editorial: DE JUANA Y SUS PRIVILEGIOS

EDITORIAL: DE JUANA Y SUS PRIVILEGIOS

El retrato pormenorizado que los sindicatos de la Policía hacen de la custodia que se está dando a De Juana Chaos, merece una intervención inmediata del Gobierno que corrija la esperpéntica situación actual y también una explicación exhaustiva del Ministerio del Interior. Presencia permanente de su novia, visitas de grupos, absoluta libertad de movimiento para sus acompañantes, nada de cacheos, ridículo control de acceso, ventana al exterior, disponibilidad de café, revistas y periódicos, ausencia de cámaras de vigilancia... El propio Sindicato Unificado de Policía (SUP), mayoritario en el sector y próximo al PSOE, no duda en calificar de «privilegiada» la estancia del etarra en el hospital Doce de Octubre de Madrid.

Esa relajación en las medidas de seguridad que, según los sindicatos, permitiría incluso «una fácil fuga», es lo que hizo posible fotografiar al etarra en su cama y recoger sus respuestas para The Times sin ningún problema. La intención del entorno del etarra era clara: presentarle como un mártir y dañar la imagen de España. El diario británico cumplió con su deber de informar, pero las autoridades penitenciarias hicieron dejación del suyo de vigilar al terrorista.

El trato de favor que se concede a De Juana supone, además, un agravio comparativo respecto de otros presos que no han cometido ni de lejos delitos de la gravedad que los que él ha perpetrado.

La situación es tan anómala que el SUP entiende que han de derivarse «consecuencias políticas en forma de dimisiones o ceses». Y va más allá al advertir que los gobernantes «parecen vivir en una especie de inopia» que les lleva a desconocer el sentir de «la gente de la calle», con «un desprecio casi absoluto a la sensibilidad de las víctimas, de sus familiares y de los policías que custodian al etarra». No podemos sino suscribir cada palabra.

Por otra parte, la coartada que sigue buscando Batasuna para hacer campaña de sus reivindicaciones políticas fuera de nuestras fronteras a costa de De Juana ha sufrido un duro revés de manos de Amnistía Internacional. La formación abertzale se había dirigido a la organización humanitaria para que iniciase acciones en favor del terrorista. Sin embargo, ésta se ha negado a intervenir argumentando que ni el etarra es un preso político, ni se han vulnerado sus derechos, ni ampara a quienes recurren a la violencia. Esta declaración desactiva de raíz iniciativas como la que hoy propondrá el Partido Comunista de las Tierras Vascas en el Parlamento de Vitoria, por la que pretende que una delegación de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara visite a De Juana para vigilar que se garantizan «sus derechos», unos derechos que, a la vista de los hechos, para sí los quisiera el resto de la población penitenciaria.

Los sindicatos de la Policía denuncian el trato de privilegio que recibe De Juana

Los sindicatos de la Policía denuncian el trato de privilegio que recibe De Juana

La CEP dice que su novia le hizo las fotos porque entra y sale cuando quiere y ni siquiera la cachean El SUP, de tendencia progresista, afirma que «los gobernantes parecen vivir una especie de inopia y en un desprecio casi absoluto a las víctimas»

FERNANDO LAZARO

MADRID.- Los sindicatos policiales salieron al paso ayer de las sospechas sobre la actuación de los agentes que se encargan de la custodia del preso de ETA autor de 25 asesinatos, José Ignacio de Juana Chaos. Los sindicatos mayoritarios SUP y CEP denuncian un trato de privilegio por parte del Gobierno hacia el etarra que está en huelga de hambre desde el pasado 7 de noviembre en el hospital 12 de Octubre de Madrid.

Tanto el Sindicato Unificado de la Policía como la Confederación Española de Policía aseguran por escrito que este interno disfruta de un trato de favor. Ambas organizaciones remitieron ayer a los medios detallados informes sobre la situación penitenciaria de De Juana en la que destacan varias irregularidades.

El SUP considera que desde el ámbito penitenciario hay un «régimen de privilegio» para este preso y responsabiliza de ello al Ministerio del Interior. Este sindicato ha elaborado su informe tras el anuncio del Departamento de Rubalcaba de que había encargado una investigación interna a Prisiones para averiguar las circunstancias en que se produjo la entrevista y la foto publicadas en el diario The Times.

Dirigentes del SUP visitaron las instalaciones el pasado miércoles para comprobar las condiciones laborales de los funcionarios policiales.

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, declaró que tenía que haber «consecuencias» por la citada entrevista periodística. Tanto el SUP como la CEP defienden la actuación de los agentes encargados de la vigilancia del preso. «La vicepresidenta del Gobierno no puede amenazar a nadie con consecuencias que deben comenzar porque ella misma asuma el estado de la situación y dimita, acompañada de todos los responsables de Instituciones Penitenciarias y del Ministerio del Interior que han hecho posible esta situación», reclama el SUP en su escrito.

Según este sindicato, el «régimen de privilegio» en el que pasa De Juana su estancia en el hospital representa, por parte de los «gobernantes», «un desprecio casi absoluto a la sensibilidad de las víctimas, de sus familiares y de los policías que custodian al etarra, compañeros de algunos de los asesinados por el criminal, que contemplan día a día cómo a este asesino se le da un trato notablemente mejor que el que se da a otros presos que lo son por crímenes infinitamente menos graves», añade la nota del sindicato.

Ambos sindicatos denuncian también importantes deficiencias en los sistemas de seguridad de los recintos del hospital 12 de Octubre habilitados para los presos enfermos.

En concreto, el SUP asegura que, a diferencia de otros reclusos enfermos, el etarra está acompañado permanentemente por su novia y que a ésta no se la ha sometido a ningún cacheo en profundidad porque no hay mujeres policía destinadas en el módulo.

«Está acompañado las 24 horas del día por una mujer. Por orden escrita impartida al personal de la custodia, tiene absoluta libertad de movimientos y entra y sale de la habitación, del módulo de seguridad y del propio hospital cada vez que lo desea». Atribuye esta autorización al Ministerio del Interior. «Tal régimen de acompañamiento sólo se ha autorizado a otros presos en caso de enfermedad terminal y por periodos máximos de tres o cuatro días; cuando se preveía que la muerte era inminente». De Juana comenzó la huelga de hambre el 7 de noviembre. Hasta el día 24 de ese mismo mes no fue trasladado al 12 de Octubre. La novia comenzó a disfrutar de este estatus especial el día 25. A día de hoy, no hay ningún informe médico que advierta del riesgo de muerte inminente del etarra.

En cuanto al régimen de visitas de este interno, el principal sindicato de la Policía también denuncia un trato de favor por parte de la Administración. «Contrariamente al régimen de visitas a otros presos, a quienes se les permite ser visitados por un máximo de dos personas a la vez, De Juana ha recibido visitas autorizadas de grupos de tres y de cuatro personas».

Uno de los puntos en los que ambos sindicatos coinciden es en el tratamiento hacia la novia del preso. Ambos denuncian que ésta no es cacheada. El SUP advierte de que los agentes de custodia disponen únicamente de un detector de metales manual, «que ni siquiera permite la graduación del nivel de detección».

La CEP recuerda que la primera vez que la novia acudió al hospital sí fue cacheada, tras solicitar la presencia de una agente de policía femenina. Después, los abogados del etarra presentaron una queja por este registro, pese a que es la obligación de los funcionarios. «Acto seguido, el dispositivo de seguridad policial que efectúa la custodia recibió la llamada telefónica de sus superiores indicándoles 'que no volvieran a practicar un cacheo con desnudo integral a la novia del etarra. A partir de ese momento sólo se le pasaría la raqueta' (detectar manual de seguridad). Orden que quedó reflejada en el libro de incidencias del servicio de custodia hospitalario», indica la nota de la CEP.

Las denuncias realizadas por los sindicatos han provocado un profundo malestar en el seno del Ministerio del Interior, en general, y en la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, en particular.

Además, el SUP denuncia que el módulo penitenciario del 12 de Octubre «no reúne las mínimas condiciones de seguridad». Según el sindicato, «se ubica en un mastodóntico centro sanitario plagado de laberínticos pasillos y visitados por varios miles de personas las 24 horas del día».

Sobre las habitaciones, dice que «tienen idénticas características y equipamientos que las de cualquier otra habitación del centro, excepción hecha de unas rejas colocadas interiormente de forma horizontal que permitirían una fácil fuga y, como se ha demostrado en varias ocasiones, facilitan el suicidio de los custodiados por el sistema del ahorcamiento, mediante el simple corte de una jira de las sábanas».

Las lámparas, los enchufes y demás medios de equipamiento básico de las habitaciones son idénticas a las de cualquier otra habitación, «con el agravante de que en el suelo existen tapajuntas metálicos susceptibles de utilizarse tanto para autolesionarse como para agredir a los funcionarios de la custodia», denuncia el SUP.

La novia del terrorista, en el punto de mira

La novia del terrorista, en el punto de mira

La CEP afirma que fue ella la que tomó las fotos / Denuncia que las cámaras de seguridad no funcionan desde 2002

F. L.

MADRID.- La Confederación Española de Policía (CEP) ha puesto nombre y apellido a quien se presume que realizó la fotografía del etarra José Ignacio de Juana Chaos.

Cuando aún no ha finalizado la interminable investigación interna abierta por el Ministerio del Interior, en una nota, la CEP sospecha que la autora de la polémica fotografía fue la propia novia del etarra.

Explica que tras la prohibición de los mandos policiales a cachearla integralmente, todo «discurrió sin novedad», explica el sindicato, hasta el pasado día 31 de enero. «Recibió la visita autorizada judicialmente de la Comitiva de Intelectuales del País Vasco. Sólo se permitió el acceso a la habitación a Luis Egía, Asier Serrano y Laura Mintegi. Posteriormente, el 1 de febrero, se autorizó la visita de su novia, Jone Eizmendi Menterola, a la que se le pasó la raqueta (detector de metales manual). Cumpliendo con las órdenes de la superioridad no se les practica un cacheo integral a ninguno (la mayoría de las cámaras digitales, al no tener componentes metálicos, no se detectan)», indica en su nota el sindicato.

Es tras estas visitas cuando aparecen las fotografías de De Juana publicadas. En una de ellas, se observa de perfil a una mujer «de una estatura y complexión determinada que coincide perfectamente con la de Jone Eizmendi Menterola». «Por tanto, desde la CEP, entendemos que las fotografías fueron realizadas por la novia del etarra el único día que Jone visitó la habitación. La entrevista fue realizada mediante preguntas escritas y respondidas por escrito por el terrorista en un papel», añade la nota de la CEP.

Este sindicato, al igual que el SUP, denuncia graves deficiencias en los sistemas de seguridad de la habitación en la que está cumpliendo condena el etarra. Asegura que el módulo del 12 de Octubre no cuenta con arcos detectores de metales. Asimismo, señala que el módulo «dispone de un sistema de cámaras de vídeo exteriores, estropeado desde 2002 y hasta la aparición en prensa de las fotos de De Juana. Es curioso observar cómo en la habitación de control de acceso al módulo, los policías tienen dos terminales de televisión apagados constantemente porque las cámaras no funcionan».

Por estos motivos, el sindicato policial concluye: «No se puede realizar una protección total en el módulo de reclusos del Hospital 12 de Octubre de Madrid en tanto en cuanto no se permite el cacheo integral de los visitantes; con los medios autorizados no se detecta la entrada de cámaras digitales. Además, es imposible, cuando las cámaras del circuito cerrado del módulo están estropeadas desde 2002 hasta el día de los hechos».

Amnistía Internacional descarta conceder al etarra la condición de 'preso de conciencia'

Amnistía Internacional descarta conceder al etarra la condición de 'preso de conciencia'

Recuerda que está condenado por 25 asesinatos y no entra a valorar la pena de 12 años que se le impuso por los dos artículos publicados en 'Gara'

ROBERTO L. DE CALLE

BILBAO.- Amnistía Internacional (AI) ha excluido de sus «preocupaciones» el caso del preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos, en huelga de hambre desde hace 96 días, y ni siquiera ha contemplado la posibilidad de adoptarlo como «preso de conciencia», debido a su participación en varios atentados que costaron la vida a 25 personas.

A pesar de que «ninguna organización o particular» aparentemente vinculados con la izquierda abertzale se han dirigido a AI para abogar por que se investigue la situación de De Juana, sus responsables en Londres han remitido una carta a todos los que se han interesado por este caso, de una forma u otra, para dejar claras varias premisas.

La responsable de Campañas e Investigación de este organismo, Eva Suárez, explicó ayer a este diario que De Juana no se encuadra en ninguno de los supuestos que investiga Amnistía Internacional. En primer lugar, rechaza que el etarra pueda ser considerado preso de conciencia, término acuñado por este mismo organismo, puesto que, para ello, sería necesario que el recluso no hubiera utilizado ni abogado de manera previa por el uso de la violencia.

En la misiva, AI explica que, muy al contrario, De Juana está condenado desde 1987 por varios atentados en los que fallecieron 25 personas, aunque no entra a valorar si los dos artículos de opinión que publicó en Gara y por los que fue condenado a 12 años forman parte de aquella condición. De hecho, Amnistía Internacional destaca que sigue el caso «con interés», pero elude comentar la condena a la espera de que se pronuncie el próximo lunes el Tribunal Supremo, que verá un recurso de súplica del reo.

En segundo lugar, el organismo sentencia que la huelga de hambre es una opción «individual» que, en sí misma, no constituye una conculcación de los derechos humanos, y dice carecer de una «posición» concreta y general ante «la decisión propia» de un preso que rehúsa ingerir alimentos.

Tampoco se opone a la alimentación forzosa, impuesta a De Juana por la Audiencia Nacional y denunciada por los colectivos de apoyo a los presos de la banda, salvo en el caso de que ésta implique la práctica de malos tratos hacia el recluso; una situación que, según recalca Suárez, se repite en la prisión estadounidense de Guantánamo. Pero, también en este caso, «no vemos indicios de que existan tales malos tratos».

A continuación, Amnistía Internacional descarta solicitar que se imponga un arresto domiciliario al preso etarra en lugar de la prisión preventiva en la que se encuentra. Según su explicación, las convenciones internacionales de derechos humanos no contemplan esta medida penitenciaria, aunque el organismo sí recalca su postura en favor de que los presos cumplan sus condenas, «en lo posible», en prisiones situadas a una «distancia razonable» de sus residencias habituales, tal y como indica «el principio 20º del Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión».

El desmarque de Amnistía Internacional de este caso no constituye una derrota como tal para el entorno radical, porque su pronunciamiento no había sido promovido por éste, aunque supone un severo varapalo en la pretensión de la izquierda abertzale de internacionalizar todo lo relativo a la supuesta conculcación de derechos de sus militantes a manos del Estado español.

La propia Amnistía Internacional ha constatado, según recalca Suárez, una notable tendencia «a la baja» de las denuncias de torturas y malos tratos cursadas por los detenidos relacionados con delitos de terrorismo en España.

La Audiencia reconoce defectos en el Pleno sobre De Juana pero vuelve a rechazar su libertad

La Audiencia reconoce defectos en el Pleno sobre De Juana pero vuelve a rechazar su libertad

MANUEL MARRACO

MADRID.- La Audiencia Nacional reconoció ayer que hubo irregularidades en la manera en la que el caso De Juana se envió a Pleno del tribunal, pero rechazó por unanimidad anular el auto en el que acordó mantenerle en prisión provisional.

El pasado 24 de enero, la mayoría de los magistrados de la Audiencia pidió que el asunto, que había recaído en la Sección Primera, fuera examinado por todos los miembros de la Sala, que resolvió al día siguiente. El Pleno volvió a reunirse ayer para estudiar el recurso de súplica presentado por la defensa de De Juana. Ésta alegaba tanto defectos en la forma en la que los jueces adoptaron la resolución como en el fondo del asunto: la decisión de no aceptar la prisión domiciliaria o la libertad.

Según fuentes de la Audiencia, el debate de ayer fue «largo y denso». Concluyó con el rechazo unánime de la nulidad, mientras que la ratificación de la prisión provisional se adoptó por la misma mayoría que el 25 de enero (12 votos frente a cuatro).

El pasado martes, la Fiscalía de la Audiencia respaldó los argumentos que apuntaban a la nulidad de la decisión y que habían llevado al letrado del etarra a alegar la vulneración del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y que la resolución se había dictado «con manifiesta falta de jurisdicción y de competencia».

A juicio del fiscal Fernando Burgos, «el Pleno de la Sala de lo Penal omitió comunicar a las partes del proceso, y sobre todo a la defensa, la convocatoria y composición del Pleno». Según indica, «el incumplimiento de las normas orgánicas que obligan a ello puede adquirir trascendencia jurídica en el proceso si acarrea de forma efectiva la imposibilidad de emplear los recursos procesales habilitados para garantizar la imparcialidad del tribunal, como pieza imprescindible del derecho a un proceso justo y con todas las garantías». Sobre el fondo de la cuestión, Burgos volvió a mostrarse partidario del traslado de De Juana a su domicilio bajo vigilancia médica y policial, aunque añadió que «respeta y acata en todo caso» el auto del Pleno de la Sala.

El abogado del etarra coincidió con los magistrados de la Sección Primera -partidarios de la prisión domiciliaria- al explicar en su recurso que «lo relevante a la hora de adoptar la decisión es la situación objetiva de riesgo para la vida y no la causa de la misma». Es decir, que no había que tener en cuenta que el riesgo lo originaba la decisión libre de De Juana.

«Las víctimas no eran vascas»

«Las víctimas no eran vascas»

ELENA. P. IRIARTE

VITORIA.- Después de criticar largamente la sentencia del Tribunal Supremo que considera organización terrorista a Segi, el Consejo de la Juventud de Euskal Herria, organización que integra a colectivos juveniles de Euskadi, Navarra y el País Vasco francés, eludió, ayer, en el Parlamento vasco, pronunciarse sobre el atentado de ETA en Barajas con la excusa de que «las víctimas no eran vascas».

Su portavoz, Alex Marañón, respondía así al requerimiento de la portavoz del PNV, Gema González de Txabarri, que le había pedido que, junto a los de Segi, defendiera «los derechos de todos» y denunciara la vulneración del «derecho a la vida» producida el día 30 de diciembre en el aeropuerto madrileño.

La respuesta fue concluyente. El colectivo trabaja «en Euskal Herria y por los derechos de la juventud de Euskal Herria», y el citado hecho sucedió «en Madrid y las víctimas no eran vascas».

El representante del colectivo, miembro también de la asociación de estudiantes Ikasle Abertzaleak, abundó en su explicación argumentando que si valoraran este atentado, también tendrían que pronunciarse sobre «lo que ocurre en Francia o cualquier otro lugar». «Y eso nos crearía un problema», añadió.

Estas declaraciones fueron la guinda de una Comisión que desde el principio estuvo rodeada por la polémica al intentar evitar el PP que comparecieran los representantes de una organización «controlada por Segi», con el «único objetivo» de utilizar la Cámara como «correa de transmisión para sus fines».

El portavoz popular, Borja Semper, denunció además que una de las comparecientes era miembro del colectivo ilegalizado: Aitziber Pérez Blanco, detenida en 2002 por su presunta vinculación a Segi y absuelta en 2005 por falta de pruebas.

La propuesta del PP contó con el respaldo del PSE, pero no consiguió la mayoría al votar a favor de la comparecencia el PNV, EA y el PCTV. Los populares abandonaron la Comisión para no «escuchar las penas» de quienes «nos amenazan a diario».

Los representantes del Consejo de la Juventud consideraron que la sentencia de Segi supone una «infracción de derechos» y denunciaron que se tache de «terrorista» a quien «sólo defiende un proyecto, unas opiniones».

El Consejo de la Juventud incluye entre sus miembros a Segi, pero también a los grupos juveniles del PNV (EGI) y EA (Gazte Abertzaleak), entre otro centenar de asociaciones.

Kelme rompe con Oleguer por sus declaraciones sobre De Juana Chaos

Kelme rompe con Oleguer por sus declaraciones sobre De Juana Chaos

ELCHE (ALICANTE).- La empresa de ropa y equipamientos deportivos Kelme anunció ayer que ha rescindido el contrato de patrocinio que le vinculaba con el jugador del FC Barcelona Oleguer Presas por «las recientes declaraciones» efectuadas en torno al preso de ETA José Ignacio de Juana Chaos. / EFE

El PP rechaza al ministro «ultra» de Justicia y le reta a promover la ilegalización del PCTV

El PP rechaza al ministro «ultra» de Justicia y le reta a promover la ilegalización del PCTV

Zaplana cree que el nombramiento pretende «amedrentar» a los jueces, al PP y a la sociedad El ex ministro Michavila dice que se ha optado por el «más radical de la extrema izquierda judicial»

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- No es que no les haya gustado. Ni siquiera se trata de que les haya escandalizado. En realidad, el nombramiento de Mariano Fernández Bermejo al frente del Ministerio de Justicia ha horrorizado a los populares. Y es que a los hombres de Rajoy ya no les quedan adjetivos para ilustrar la creciente alarma política con que vienen recibiendo las más recientes decisiones del Gobierno Zapatero en relación con la Justicia.

Sin acabar de reponerse de la sorpresa que les supuso la reacción del Ejecutivo y de sus socios a la recusación de Pablo Pérez Tremps -en la dirección del PP dan por hecha la dimisión del magistrado y la decisión de la presidenta del Tribunal Constitucional (TC) de aceptarla: «Sólo están manejando los tiempos», aseguran- los populares recibieron el nombramiento de Bermejo como una «reacción» frente a los últimos reveses judiciales en el proceso de paz y en el Estatut (De Juana, TC...) y como un aviso a navegantes especialmente dirigido al PP.

«Si había que buscar un fiscal para nombrarle ministro de Justicia contra el PP, era éste», declaró en primer lugar el número dos del partido, Angel Acebes, el primero en criticar su «animadversión y sectarismo contra el PP» y en lamentar la «mala noticia» que su nombramiento representa «para la Justicia».

«Olvídense ustedes de unidades», fue el mensaje «dirigido a amedrentar a muchos» que el portavoz del Grupo, Eduardo Zaplana, advirtió en este nombramiento de Zapatero, «porque ponemos a la persona más radical que se puede poner al frente de la Justicia». «No hacían falta estas formas tan evidentes», ironizó, «de demostrar lo que se ha evidenciado en la legislatura: que el PSOE y el Gobierno no quieren la unidad».

Según Zaplana, el nuevo ministro es «una persona que ha ejercido de ultra del Partido Socialista, y lo que menos falta hace en estos momentos en el Gobierno, en la política española y mucho menos al frente de la Justicia, con los tiempos que estamos viviendo, son ultras».

Por su parte, el ex ministro de Justicia del PP y el más conocido antagonista de Bermejo, José María Michavila, no se quedó atrás. Aseguró que Zapatero ha elegido en el hombre que desde la Fiscalía de Madrid se querelló contra él -siendo titular de Justicia-, «al más radical de la extrema izquierda judicial».

En su opinión, este nombramiento «es una reacción furibunda frente a los conflictos que ha creado el Gobierno contra los jueces que quieren defender la unidad de España y luchar contra ETA con la ley, antes que una estrategia premeditada de la que Zapatero carece».

Michavila insistía ayer en este sentido en el precedente de la designación de Miguel Sebastián como candidato socialista a la alcaldía de Madrid, y en el propio anuncio hecho público semanas atrás por Zapatero de que elegiría a una mujer como sucesora de Juan Fernando López Aguilar.

Sea como sea, el portavoz del Grupo Popular descartó cualquier improvisación por parte de Zapatero. Zaplana insistió en que el presidente del Gobierno ha elegido a Bermejo para «amedrentar» y lanzar «un mensaje inequívoco a los jueces, al PP y al conjunto de la sociedad española: 'Cuidado, que voy'».

En esta misma línea abundó Michavila al añadir que el nuevo ministro «no viene a solucionar los problemas de los ciudadanos con la Justicia, sino a enfrentarse a jueces y fiscales». El diputado, no obstante, lanzó a Bermejo en nombre de su partido un reto político de cara al futuro más inmediato. Tras recordar que desde la Fiscalía del Supremo se opuso en su día a promover la ilegalización del PCTV, le emplazó a que la promueva ahora, desde el Gobierno.

El CGPJ pide a Bermejo «prudencia» y le dice que no espere que podrá «controlar a los jueces»

El CGPJ pide a Bermejo «prudencia» y le dice que no espere que podrá «controlar a los jueces»

MARIA PERAL

MADRID.- El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, manifestó ayer que espera que el nuevo ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, desarrolle su actuación con «las dosis de prudencia» que son «tan necesarias para la Justicia».

López añadió que confía en que el nuevo titular de Justicia se conduzca en términos de «cooperación y colaboración leal» con el órgano de gobierno de los jueces.

En relación con las afirmaciones atribuidas a miembros del Gobierno en el sentido de que con el nombramiento de Fernández Bermejo se quiere «dar una señal de autoridad al mundo judicial en una situación convulsa», el portavoz del CGPJ manifestó que «ningún ministro puede creer que a los jueces se les puede meter en cintura. Nadie puede pretender, ni esperar, que los jueces se sometan al Gobierno».

El vocal del sector minoritario Juan Carlos Campo pidió a Fernández Bermejo que «culmine los proyectos puestos en marcha, que van a permitir mejorar la eficacia de la Justicia». Campo señaló que está «convencido» de que el nuevo ministro «sabrá aglutinar a los distintos operadores de la Justicia» y que «va a haber una fluida relación» con el CGPJ.

Las asociaciones judiciales han manifestado que, al margen del perfil de Fernández Bermejo, esperarán a ver sus obras para juzgarle.

Antonio García, portavoz de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, indicó que la trayectoria de Fernández Bermejo, «que es algo que se valora cuando se nombra a cualquier persona para un puesto», «en principio no es la mejor porque ha hecho manifestaciones que, desde el punto de vista jurídico, comprometen su imparcialidad e independencia al colocar su ideología por encima de la ley». No obstante, «su trayectoria como fiscal no le invalida como ministro». «Lo que esperamos», añadió, «es que nos escuche no por cortesía o educación, sino con una mínima capacidad receptiva».

Juan Pedro Quintana, portavoz de Francisco de Vitoria, dijo que su asociación tiene confianza en que el ministro «se esfuerce en buscar el consenso». «Es absolutamente inconveniente un perfil autoritario», opinó. «Las relaciones del Gobierno con los jueces son delicadas y cualquier ministro que no tenga cintura ni capacidad de diálogo para aglutinar sensibilidades lo tiene muy complicado».

A su parecer, «si alguien piensa que es posible meter en cintura a los jueces es que no conoce el sistema. La independencia de los jueces está por encima de la voluntad de cualquier Gobierno».

Jaime Tapia, portavoz de Jueces para la Democracia, opinó que Fernández Bermejo «en absoluto es de extrema izquierda» y es una persona «con capacidad y preparación» para ser ministro de Justicia

Un dirigente de ERC acusa al PP de inspirar un golpe de Estado encubierto

Un dirigente de ERC acusa al PP de inspirar un golpe de Estado encubierto

DANIEL G. SASTRE / CAROL ALVAREZ

BARCELONA.- La recusación del magistrado del Tribunal Constitucional (TC) Pablo Pérez Tremps sigue provocando airadas proclamas a lado y lado del arco parlamentario catalán. Ayer le tocó terciar al segundo teniente de alcalde del Ayuntamiento de Barcelona y candidato de ERC a la alcaldía, Jordi Portabella: dijo que «el PP está inspirando un golpe de Estado encubierto».

El concejal republicano apoyó sus apreciaciones en varios hechos. Además de la recusación de Pérez Tremps, que se produjo a petición del PP, Portabella detectó intenciones golpistas en «cómo acaban algunas manifestaciones», como la del pasado sábado en Madrid, «con el himno de España», o en el caso de la huelga de hambre del etarra José Ignacio de Juana Chaos: «Se niega el diálogo, que es la pieza clave de cohesión social para resolver conflictos, y se deja a una persona moribunda en la cárcel para que se muera».

Portabella quiso ver en «toda esta secuencia de cosas» algo que va más allá del rifirrafe político habitual. En su opinión, por ejemplo, la recusación de Pérez Tremps supone la última de varias «maniobras orquestadas para que haya una pérdida de la mayoría en el TC».

De «recusación política» calificó ayer la juez decana de Barcelona, María Sanahuja, la decisión de apartar al magistrado Pérez Tremps de la deliberación y resolución del recurso presentado por el Partido Popular contra el Estatuto de Cataluña.

Para Sanahuja, detrás de la recusación hay motivos «políticos y no profesionales». «No entiendo por qué Pérez Tremps, que hizo un trabajo de investigación, no puede intervenir, cuando otros (los que ahora se alegran de que haya sido recusado) tienen muchas cosas que esconder de su pasado que quizás les incapacitan mucho más para interpretar la Constitución, en la que en su día no creyeron», agregó.

La juez decana de Barcelona también lamentó la crispación generada por el PP, «que ha provocado que cuando decimos en el resto de España que somos catalanes nos miren muy extraño».

Por su parte, Artur Mas, el líder de CiU solicitó la celebración de un Pleno parlamentario extraordinario en Cataluña dedicado únicamente al autogobierno tras los últimos acontecimientos. El presidente de la federación nacionalista se quejó de que el tripartito «ha desertado» en la defensa de las competencias de Cataluña y en el desarrollo del Estatut, y planteó «cambios en la Constitución» si el TC acaba tumbando el texto catalán. Los partidos que sostienen al tripartito pidieron a CiU que apoye al Ejecutivo en estos momentos «difíciles».

Los peritos del 11-M también examinarán muestras de Titadyn

Los peritos del 11-M también examinarán muestras de Titadyn

El tribunal podrá comparar su composición con los restos de los focos

MADRID.- El tribunal del 11-M ha aceptado que los peritos también analicen tres muestras de explosivo tipo Titadyn, habitualmente empleado por ETA. La propuesta partió de un perito propuesto por la defensa de uno de los procesados y fue trasladada al tribunal con el respaldo unánime del resto de expertos que están realizando de manera conjunta la nueva pericial sobre explosivos acordada por el tribunal.

El pasado martes, la Sección Segunda de la Audiencia Nacional recibió un fax procedente de la Comisaría General de Policía Científica solicitando «autorización para la realización de una prueba y obtención de muestra patrón sobre explosivo Titadyn, en relación con la prueba que en dichas dependencias se está realizando».

El auto dictado a continuación por la Sala -compuesta por Alfonso Guevara, Fernando García Nicolás y Javier Gómez Bermúdez- indica que, «estimando unánimemente los peritos que sería útil ampliar la prueba pericial acordada por el Tribunal [...] al análisis de la dinamita de nombre comercial Titadyn, el tribunal acuerda que se proceda a la práctica de dicha pericial».

«Para ello», prosigue el escrito del día 6, «se solicitará al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio la importación de las tres muestras patrón que son necesarias desde los fabricantes ubicados en Francia».

La Policía Científica también ha trasladado a la Audiencia su impresión de que, dado que las pruebas iniciadas el martes de la semana pasada se están realizando a buen ritmo, no habrá problemas para completar la pericial antes de las del próximo martes, fecha límite marcada por la Sala.

El tribunal también ha recibido un escrito de la Fiscalía proponiendo un orden de interrogatorio para los acusados que no había sido incluido en el escrito de acusación. Este último recogía el listado de procesados en el orden en el que fueron detenidos, comenzando por el marroquí Jamal Zougam.

La nueva propuesta de la Fiscalía para el próximo día 15 fija el criterio manejado desde hace varias semanas por el Ministerio Público: seguir un orden «lógico» que comience con los supuestos autores intelectuales de la masacre. A estos les seguirían los presuntos autores materiales, concluyendo con los procesados más alejados del núcleo duro del grupo terrorista. El orden final del interrogatorio es potestad de la Sala. Aunque puede ser modificado en cualquier momento, habitualmente se sigue el solicitado por el Ministerio Fiscal.

Así, los tres primeros en declarar serían Rabei Osman el Sayed, Mohamed el Egipcio, Yusef Belhadj y Hasan Haski. Le seguirían los tres acusados de colocar bombas en los trenes: Jamal Zougam, Basel Ghalyoun y Abdelmajid Bouchar. Los siguientes serían otros presuntos integrantes de la célula del 11-M, siempre según la acusación formulada por el Ministerio Público: Mouhanad Almallah Dabas, Fouad Morabit, Otman Gnaoui, Rachid Aglif, Abdelilah Fadual Akil, Mohamed Bouharrat, Saed Harrak y Mohamed Larbi ben Sellam.

A continuación llegaría el turno de los más alejados del núcleo terrorista: Hamid Ahmidan, Mohamed y Brahim Moussaten, Mamoud Slimane Aoun, Nasredine Bousba y el confidente marroquí Rafá Zouhier. Los interrogatorios se cerrarían con los nueve acusados de pertenecer a la trama asturiana que presuntamente proporcionó la dinamita: José Emilio Suárez Trashorras, Antonio Toro, Emilio Llano, Iván Granados, Sergio Alvarez Sánchez, Raúl González Peláez, Antonio Iván Reis Palicio y Javier González Díaz y Carmen Toro.

La autopsia de Erika Ortiz Rocasolano

Llevaba más de 12 horas muerta cuando se halló su cadáver

LUIS. F. DURAN

MADRID.- La autopsia practicada al cadáver de Erika Ortiz Rocasolano, de 31 años, ha determinado que falleció sobre las 23.00 horas del pasado martes día 6, según fuentes judiciales. Así lo determinó por escrito el forense del juzgado número 12 de Madrid. Su cuerpo sin vida era hallado unas 12 horas después, en su casa del barrio de Valdebernardo. Fue descubierto por su actual pareja sentimental.

Sin embargo, los investigadores calcularon en un principio que Erika podría llevar más de un día muerta.

El informe forense especifica que la muerte se produjo por una parada cardiorrespiratoria. El cuerpo no presentaba ningún signo de violencia. Con todo, han enviado una muestra de tejidos al Instituto de Toxicología para descubrir qué causó su muerte.

Las primeras investigaciones policiales apuntaron que Erika murió por una ingestión masiva de pastillas. De hecho en la habitación donde se halló su cuerpo se descubrió un bote vacío. También se encontraron varias notas escritas a mano que estaban dirigidas a su familia.

Editorial: EL PEOR MINISTRO POSIBLE, Fernández Bermejo

EDITORIALES DEL DÍA
EL PEOR MINISTRO POSIBLE

De todos los candidatos que podían optar a ser ministro de Justicia, Zapatero eligió, sin duda, al peor de ellos. Díficil imaginar otra persona más sectaria, desprestigiada y partidista que Mariano Fernández Bermejo.

Ya lo dijimos en junio de 2004 cuando Conde-Pumpido decidió promocionarle a fiscal de Sala del Supremo contra el criterio de sus compañeros del Consejo Fiscal, que recomendaron a Fernando Herrero, mucho mejor cualificado para el cargo.

El único mérito que Mariano Fernández Bermejo ha contraído a lo largo de su carrera -y en eso no hay quien le supere- es la trayectoria de servilismo hacia el PSOE, al que profesa una ciega obediencia, como ha demostrado de forma reiterada.

Fernández Bermejo es el fiscal que ordenó la detención preventiva de Mariano Rubio para hacerle un favor a Felipe González. Es el fiscal que, en 2003, afirmó que, «tras luchar contra los padres» en la Guerra Civil, «ahora nos toca luchar contra los hijos», en referencia a los actuales dirigentes del PP. Es el fiscal que argumentó que no había motivos para ilegalizar al PCTV. Y es el fiscal que en 1998, cuando Barrionuevo y Vera habían sido condenados por el Supremo, declaró que la persecución y el enjuiciamiento de los GAL fue «un acto de hipocresía colectiva».

En su discurso ante el Comité Federal días después de su victoria electoral, Zapatero aseguró que había llegado la hora de «los fiscales independientes». Fernández Bermejo, que se enzarzó en una querella con el último ministro de Justicia del PP, nunca lo ha sido ni lo ha pretendido porque siempre ha antepuesto sus ideas socialistas a sus obligaciones como fiscal.

Será imposible de ahora en adelante creer que Zapatero pretende regenerar la Justicia y acabar con el partidismo que la está carcomiendo. De Fernández Bermejo se puede esperar todo menos un mínimo de ecuanimidad y de respeto a la ley. El de ayer fue un día negro para la Justicia.

Rosa Díez detonante del sectario acoso socialista a Telemadrid

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Nos cuentan que...
la campaña contra Telemadrid, lanzada a tres meses de las elecciones autonómicas por José Blanco y que agitó el propio Zapatero en un mitin celebrado el sábado en Leganés, tiene, entre uno de sus detonantes, el nombre de una destacada socialista: Rosa Díez.

Antes de que el secretario de Organización del PSOE anunciara que ningún miembro de la dirección acudiría a la cadena, este partido ya había advertido que sus representantes sólo participarían en programas de debate si no estaba la eurodiputada, cuya presencia, por lo que se ve, resulta muy incómoda para sus propios compañeros. Evidentemente, el canal que dirige Manuel Soriano -acostumbrado ya a este tipo de peripecias- no se prestó al apaño. El caso es que, tras la advertencia de Blanco, Sánchez Dragó se quedó en su Diario de la Noche sin la entrevista que había concertado con la ministra Cristina Narbona.

Pese al boicot socialista, Madrid opina, programa presentado por Ernesto Sáenz de Buruaga (y que se emite los martes a partir de las 22:ooh) , está teniendo una gran acogida entre los telespectadores, con cuotas de pantalla superiores al 12%, un más que meritorio balance para un espacio de debate.
Y eso pese a que en la campaña de desprestigio a la que se quiere someter a Telemadrid también han entrado a saco los sindicatos y los confidenciales ligados al Partido Socialista.

Los antisistema de la Generalitat amenazan al Tribunal Constitucional

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Carod y Saura presionan al Constitucional

Josep Lluís Carod-Rovira, líder de ERC, advirtió ayer que, si el Constitucional invalida el Estatuto catalán, «se demostrará que Cataluña no cabe en España». En la misma línea amenazante, Joan Saura, consejero de Interior de la Generalitat, aseguró que «si el Constitucional rebaja, limita o degrada» el contenido del Estatuto, Cataluña entraría «en una situación imprevisible» y España «tendría un problema grande». Las manifestaciones de uno y otro son una meridiana advertencia a los magistrados del Constitucional, a los que transmiten el mensaje de que, si no convalidan la legalidad del Estatuto, serán responsables de un enfrentamiento de Cataluña con el resto del Estado. Sus palabras también pueden ser interpretadas como un aviso a Zapatero. Carod y Saura demuestran que no entienden el principio de separación de poderes, que es la base de cualquier democracia.

Batasuna propone una autonomía «entre el País Vasco y Navarra, transitoriamente dentro del Estado español»

Batasuna propone una autonomía «entre el País Vasco y Navarra dentro del Estado español»

XABIER GARMENDIA / E. P. IRIARTE

SAN SEBASTIAN / VITORIA.- Frente a las continuas apelaciones de los partidos políticos vascos para que se desmarque de la violencia, Batasuna presentó ayer una propuesta «novedosa» para reivindicar la unión del País Vasco y de Navarra en «una autonomía política dentro del Estado español» y con «capacidad de decidir» sobre su independencia. Esta fórmula permitiría, a su juicio, resolver el «conflicto político con el Estado español».

Arnaldo Otegi, en nombre de la comisión negociadora de Batasuna, dio a conocer ayer en medio de una importante expectación la propuesta que la izquierda abertzale considera viable para superar «los nudos de la territorialidad y el derecho a decidir», cuestiones que «han alimentado y alimentan permanentemente el conflicto político».

Batasuna plantea «la construcción de un marco jurídico y político para los territorios de Alava, Guipúzcoa, Vizcaya y Navarra, entendiendo que ese camino se debe construir teniendo en cuenta y partiendo de la actual realidad político institucional», pese a que la izquierda abertzale considera que la actual realidad «no es consecuencia de la voluntad democrática de los vascos». El portavoz de la formación ilegalizada apuntó que el referido marco político se debiera constituir «dentro del Estado español en términos de autonomía política». Ese marco político «depositaría en la ciudadanía de los cuatro territorios la capacidad de decidir libremente su futuro político e institucional», de modo que se garantice que «todos los proyectos políticos, incluido el independentista, puedan ser no sólo defendidos, sino materializados, si ése es el deseo mayoritario de la ciudadanía expresado en términos pacíficos y democráticos». Otegi destacó que la concreción de la nueva «autonomía política» podría efectuarse «rechazando los viejos esquemas anexionistas, integracionistas o particionistas» y «con la aprobación mayoritaria de la ciudadanía tanto de la Comunidad Autónoma Vasca como de la Comunidad navarra».

A preguntas de los periodistas, el líder de Batasuna aclaró que no renuncia a los territorios vascos franceses, pero que la propuesta entregada ayer a los medios de comunicación en un documento está dirigida al Gobierno español. «Seríamos unos insensatos si le planteáramos al Estado español una solución al problema de los territorios vascos en Francia», aparte de que aseguró que al país vecino se le presentó otra propuesta similar para convertir las tres provincias vasco francesas en una autonomía. «Nosotros somos independentistas y aspiramos a construir un Estado de siete territorios. Ésta es una etapa que debería permitir construir un escenario donde el conjunto de ciudadanos del conjunto del país podamos optar a la creación de un Estado independiente». Reconoció que la izquierda abertzale no se ha planteado la posibilidad de que las Cortes Generales españolas tuvieran que dar el visto bueno al nuevo marco autonómico, que calificó de «transición», aunque admitió que éste, «evidentemente, tendrá que tener un necesario recorrido en términos jurídicos y políticos que probablemente pasará también por una negociación con el Estado para ver de qué manera se implementa en el ordenamiento jurídico». El dirigente de Batasuna señaló que la propuesta hecha pública ayer no había sido explicada a los partidos políticos, pero que será la que defenderá su formación a partir de ahora en unas hipotéticas conversaciones para lograr un acuerdo político en el País Vasco. Otegi solicitó al resto de partidos un pronunciamiento sobre el planteamiento de su grupo y que «digan cuál es el suyo».

En relación a la negativa del PSOE a dialogar con la izquierda abertzale tras el atentado mortal de ETA en Barajas, señaló que es una postura «legítima pero muy poco constructiva» porque, desde su perspectiva, «los obstáculos deben ser superados por medio del diálogo político». «Todo el mundo puede poner encima de la mesa una lista de agravios para no hablar, nosotros la más extensa, pero no lo queremos hacer porque de lo que se trata es de debatir, de acordar y de dialogar», finalizó Otegi.

La propuesta planteada ayer por Batasuna no es tan novedosa como pudiera parecer. El 1 de julio de 1990, la predecesora de la formación ilegalizada, Herri Batasuna, presentaba en el velódromo de Anoeta de San Sebastián una iniciativa denominada Estatuto Nacional de Autonomía, cuyo objetivo, como ahora, era la «superación del conflicto». El texto, presentado ante varios miles de simpatizantes, se configuraba como «alternativa» al Estatuto de Gernika y pretendía «un nuevo marco político» para Alava, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra que se constituirían como «autonomía política», y debería ser refrendado mayoritariamente por los ciudadanos de los cuatro territorios.

El acuerdo depositaría en la ciudadanía vasca y navarra «la capacidad de decidir libremente su futuro político e institucional». Con ello, HB consideraba que quedaría «garantizado» que todos los proyectos políticos pudieran ser «defendidos». Su materialización dependería del «deseo mayoritario de la ciudadanía expresado en términos pacíficos y democráticos». Entre los posibles proyectos, HB mencionaba en un lugar destacado la independencia del nuevo ente territorial.