Editorial: Un Auto Que Avala La Investigación De La Juez y De El Mundo

EDITORIALES DEL DÍA
UN AUTO QUE AVALA LA INVESTIGACIÓN DE LA JUEZ Y DE EL MUNDO

La Audiencia de Madrid avaló ayer en un auto el trabajo de investigación de la juez Gemma Gallego al desestimar los recursos de los imputados y confirmar que los mandos de la Policía Científica tendrán que sentarse en el banquillo.

El auto dictado por tres magistrados de la Audiencia es también una rotunda desautorización de las actuaciones del juez Garzón y del fiscal general del Estado. Hay que recordar que Garzón llegó a dictar un auto de exculpación de los mandos de la Policía Científica antes de inhibirse en un caso en el que no tenía competencias.La Fiscalía de la Audiencia Nacional respaldó las decisiones de Garzón contra los peritos, cuya inocencia ha quedado acreditada por la juez Gallego.

La resolución de la Audiencia de Madrid coincide con todas y cada una de las tesis que ha venido defendiendo este periódico, que siempre sostuvo que había serios indicios de un delito de falsedad documental por parte de los jefes de la Policía Científica.No es cuestión de insistir en la campaña de difamación que sufrió EL MUNDO por decir lo que ahora dicen no ya uno, sino tres jueces.También reivindica la posición del portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, criticada en su día por propios y extraños.

El auto de la Audiencia subraya que es irrelevante entrar a discutir si el informe de los tres peritos que vinculaba a ETA con el ácido bórico era o no un documento oficial. Esa no es la cuestión.

Lo esencial -afirman los tres magistrados- es que sí hay sobrados indicios de que el informe elaborado por Francisco Ramírez a requerimiento de sus superiores y enviado al juez Del Olmo era un documento oficial falso.

El auto señala que hay cuatro indicios de que lo corroboran.El primero es que la UCIE había solicitado «el estudio, análisis e informe pericial» sobre el hallazgo de acido bórico, mientras que en el documento enviado al juez sólo consta «análisis de las muestras». El segundo indicio es que el informe afirma que Ramírez se hizo cargo de las muestras a analizar cuando lo cierto es que fue el perito Manrique. El tercer indicio de falsificación es que el informe indica que fue Ramírez quien realizó los análisis cuando la verdad es que no participó en ellos. Y el cuarto es que el propio Ramírez destruyó el sobre original donde constaba el nombre de Escribano como perito designado y lo sustituyó por otro en el que puso el suyo, alterando a continuación con tipex el libro de registro.

El auto señala que Ramírez tenía la opción de haber enviado al juez el informe original de los peritos, suprimiendo las observaciones con las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe.Pero prefirió simular un nuevo documento, siguiendo las órdenes de Andradas, Mélida y Santano, imputado subsidiariamente de un delito de encubrimiento.

Resulta una paradoja que Santano, comisario general de la Policía Científica, se vea acusado ahora de delitos de falsedad y encubrimiento cuando ha sido el responsable de analizar y custodiar pruebas esenciales en la investigación del 11-M. Hay que recordar que la Policía Científica bajo su mando analizó en 2004 el explosivo hallado en la Kangoo, en la mochila, en las vías del AVE y en el piso de Leganés sin que surgieran los rastros de DNT detectados ahora en sospechosa sintonía con su aparición en los focos de los trenes.

El auto de la Audiencia de Madrid pone en cuestión la fiabilidad de este comisario, que, a buen seguro, a partir de ahora dejará de reír los chistes que han surgido sobre el ácido bórico. Seguimos esperando, por último, que los medios que engañaron a sus lectores rectifiquen en honor a la verdad y para restituir el honor de los peritos injustamente difamados.

Guste o no, fue una muerte en combate

IMPRESIONES
Guste o no, fue una muerte en combate


La muerte de la soldado española Idoia Rodríguez, que perdió la vida en Afganistán al estallar una mina al paso del vehículo que conducía, nos ha vuelto a recordar el peligro al que están expuestas las tropas españolas en aquel país. La trágica pérdida ha enfrentado al Gobierno y al PP sobre la naturaleza de la misión que el Ejército español realiza en Afganistán y también a propósito de la condecoración que merecía la infortunada militar. El presidente Zapatero -que tuvo los reflejos de acudir a recibir el féretro de madrugada en el aeropuerto de Santiago- le impuso la Cruz del Mérito Militar con distintivo amarillo, que se concede por «actos de servicio» en situaciones de «grave riesgo», mientras que Rajoy pidió al Gobierno que le concediera la medalla con distintivo rojo, reservado a los fallecidos en acciones de guerra.Aunque los socialistas han puesto el grito en el cielo por esta petición del PP, basta comprobar cuál es la calificación que concede el alto mando de la OTAN a la muerte de Idoia Rodríguez para saber de qué lado está la razón. La web oficial de la Alianza informa que la militar murió «en el oeste afgano durante operaciones de combate». De lo cual se deduce que le correspondía la medalla con distintivo rojo. Sin embargo, el Gobierno no se la ha concedido porque no quiere reconocer que la misión española en Afganistán ya no es de paz, como dijo ayer la vicepresidenta. Lo mejor sería, tal y como le reclaman tanto el PP como IU, aunque por diversas razones, que el Gobierno acudiera al Parlamento a reconocer y debatir lo que es evidente.

La Policía Científica al banquillo por falsificar el informe 'ETA/11-M'

La Policía Científica al banquillo por falsificar el informe 'ETA/11-M'

MARIA PERAL

MADRID.- La cúpula de la Comisaría General de Policía Científica, encabezada por su jefe, Miguel Angel Santano, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados al existir «indicios sólidos» de que pudo cometer un presunto delito de falsedad documental al alterar un informe pericial incorporado al sumario del 11-M.

Así lo ha declarado la Audiencia Provincial de Madrid en un auto en el que rechaza el recurso que Santano, Pedro Mélida, José Andradas y Francisco Ramírez interpusieron contra la decisión de la juez Gemma Gallego de iniciar la preparación del juicio oral contra los cuatro mandos policiales. La Audiencia ha respaldado a la instructora.

La resolución supone un nuevo espaldarazo a la actuación de la juez instructora, Gemma Gallego -que «cumple escrupulosamente con las exigencias legales y jurisprudenciales», afirma la Audiencia-, en la misma medida en que representa otro varapalo a la Fiscalía y la Abogacía del Estado en este proceso. La posición de ambas en apoyo al recurso de los imputados es desautorizada.

La Sección Tercera de la Audiencia de Madrid, que ha confirmado todas las decisiones de Gallego recurridas en apelación, ha ratificado esta vez el auto por el que, el pasado 10 de enero, la instructora acordó concluir la investigación e iniciar la fase de preparación de juicio oral contra el comisario general de Policía Científica, Miguel Angel Santano; su número dos, el secretario general Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas; y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez.

La juez insistía en la existencia de indicios de falsedad documental y/o falso testimonio en la conducta de los cuatro mandos policiales, a los que se acusa de participar en la alteración del informe elaborado por sus subordinados Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre los 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de un detenido por el 11-M, Hasan Haski, ahora sentado en el banquillo de los acusados de la Casa de Campo.

Los tres peritos a los que Ramírez, el jefe del laboratorio, asignó el informe hicieron constar unas Observaciones en las que recordaban que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.

De tres a seis años

La alteración de ese informe con el fin de que al sumario del 11-M no llegara ninguna referencia a ETA es lo que va a conducir al banquillo a los cuatro principales responsables de la Policía Científica. Tras la resolución de la Audiencia, la juez Gallego tiene vía libre para resolver sobre la apertura de juicio oral, solicitada por varias acusaciones populares, que piden para los cuatro imputados penas de tres a seis años de cárcel. La previsible decisión de Gallego de abrir juicio oral es irrecurrible, por lo que, en la práctica, Santano, Mélida, Andradas y Ramírez tienen ya un pie en el banquillo.

Para la Audiencia, «resulta evidente» que existen «sólidos indicios de la comisión de hechos punibles» en la alteración del informe pericial de Escribano, López y Manrique.

A su juicio, el debate sobre si ese informe inicial era o no un documento oficial es «inane» porque «lo esencial es examinar el informe elaborado por Ramírez», que fue el que se envió al sumario del 11-M.

«En dicho informe», dice la Audiencia, «se contienen una serie de afirmaciones que no se corresponden con la realidad». El auto las enumera:

«Se expresa como objeto del informe el 'análisis de las muestras' cuando, en el oficio de la Unidad Central de Información Exterior (UCIE) exactamente se solicitaba 'estudio, análisis e informe pericial'».

«Se afirma que de las muestras se hizo cargo el facultativo con carné profesional 195, esto es, el imputado Ramírez, cuando lo cierto es que fue Manrique».

«Se expresa que Ramírez procedió a utilizar las técnicas analíticas que permitieron identificar las muestras como ácido bórico, cuando Ramírez ni llevó a cabo personalmente tales técnicas, ni formó parte del equipo que las realizó».

Pero, además, Ramírez «supuestamente destruyó el sobre original de asignación de informes, donde constaba como perito designado Escribano, y confeccionó personalmente un nuevo sobre en el que ya aparecía él como perito». Item más, Ramírez «ordenó al encargado del cuarto de muestras que variara el Libro de Registro de Muestras, tapando con tippex el nombre de Escribano y poniendo el de Ramírez».

La Audiencia contesta el argumento de la Fiscalía y del defensor de los imputados, José Antonio Choclán, de que todas esas actuaciones de Ramírez carecen de relevancia delictiva porque, como jefe del laboratorio, podía hacerlas y, además, eran intrascendentes.

«No es tal el parecer de esta Sala», contesta la Audiencia, que estima, por el contrario, que «las diligencias practicadas no permiten, en modo alguno, asumir las argumentaciones de los recurrentes sobre la atipicidad [penal] de los hechos».

El Tribunal indica que si el cargo de Ramírez le confería tan amplio poder, «habría bastado con que reprodujera textualmente el informe emitido por los peritos, suprimiendo las observaciones de las que discrepaba y firmándolo en su condición de jefe de laboratorio».

«Sin embargo no lo hizo así, sino que introdujo las variaciones descritas en el informe pericial y además llevó a cabo una serie de actuaciones concretas que, podría inferirse, iban destinadas a dotar de verosimilitud a tales alteraciones», añade.

La Audiencia considera de especial trascendencia la alteración relativa a la persona que se hizo cargo de las muestras de la sustancia intervenida a Haski, «variación que se vio acompañada de la desaparición de la hoja de custodia en la que se reflejaba la cadena de custodia de las muestras». Ramírez, que ha declarado a la juez que actuó tras consultarlo con Mélida, «varió la persona receptora de las muestras y se designó nuevo perito no mediante un procedimiento de reasignación que constara documentalmente, sino acudiendo, al parecer, a las vías de hecho, esto es, rompiendo el sobre original, confeccionando personalmente y a pesar de su condición de jefe de laboratorio uno nuevo y alterando con tippex el Libro de Registro».

La resolución, de la que ha sido ponente la magistrada Pilar Abad, añade que Ramírez, «tampoco realizó ninguna técnica analítica -quizá porque su titulación es la de geólogo y no la de químico- sino que se limitó a reproducir las citadas por los peritos en su informe, suprimiendo tres de ellas -ignoramos por qué razón - y firmando como único perito -contrariamente a la practica constante- el mencionado informe».

Lea el auto íntegro en: http://estaticos.elmundo.es/documentos/2007/02/23/auto.pdf

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CONTRA LOS PERITOS, 'EL MUNDO' Y LA JUEZ

«Fabricar pruebas o el fin que justifica los medios. Los peritos colaboraron en la trama montada por el ex director de la Policía, Agustín Díaz de Mera, y el diario 'EL MUNDO'» El País, 30-9-2006

«...desmonta la veracidad de la información publicada por EL MUNDO [...] empeñados, a toda costa y pasando por encima de cualquier principio de responsabilidad pública y ética, en mantener el 11-M en el centro de la vida pública española...» ABC, 30-9-2006

«...la juez Gemma Gallego, instructora del caso y candidata de los jueces conservadores al CGPJ...» «...admitió una denuncia de la asociación que patrocina Esperanza Aguirre y les abrió diligencias por falsedad». El País, 23-2-2007

La OTAN afirma que la soldado murió en «un acto de combate»

La OTAN afirma que la soldado española Idoia Rodríguez murió en «un acto de combate»

MARISA CRUZ

MADRID.- La OTAN considera que la soldado española Idoia Rodríguez, muerta el pasado miércoles en las inmediaciones de Shindand, en el oEste afgano, perdió la vida durante una «operación de combate». La calificación del hecho aparece brevemente reseñada en la web oficial de la Alianza dentro del apartado dedicado a la misión de la Isaf (Fuerza Internacional de Asistencia para la Seguridad), en la que se da cuenta a diario de las operaciones llevadas a cabo por las tropas aliadas y se anotan las bajas, adjetivándolas según se produzcan en misión de guerra o no.

Así, en el caso de la militar española la anotación aparece fechada en Kabul, donde se encuentra establecido el Cuartel General de la ISAF, al día siguiente de que se produjeran los hechos. La reseña, con el número 2007-121, dice textualmente: «Un soldado de Isaf fue asesinado ayer en el oeste afgano durante operaciones de combate. De acuerdo con la política de la OTAN, Isaf no proporciona la nacionalidad de las bajas antes de que lo hagan las autoridades nacionales».

Otra muerte en Bagram

Pese a que la inscripción no incluye ni la nacionalidad ni el nombre de la militar fallecida, el 21 de febrero en el oeste afgano sólo se produjo la muerte de Idoia Rodríguez. El mismo día, la Alianza da cuenta de otra muerte acontecida en la base aérea de Bagram, al este del país. En este segundo caso, la OTAN apunta que el fallecimiento se produjo en un acto «no de combate».

La calificación de la OTAN viene a sumarse a la polémica política que ha suscitado en España la muerte de la primera mujer militar durante una operación en el exterior. El Partido Popular ve así sus tesis avaladas por la afirmación de la propia Alianza Atlántica, en el sentido de que la misión que llevan a cabo las tropas españolas destacadas en Afganistán no puede calificarse exclusivamente como «humanitaria» y de «reconstrucción», ya que la extrema inseguridad y elevado riesgo que se vive en el país asiático permitirían considerarlo como un «lugar de guerra» en el que los soldados pueden tener que hacer frente en cualquier momento a ataques de la insurgencia talibán.

Esta opinión es compartida por el propio secretario general de la OTAN, Jaap de Hoop Scheffer, quien el jueves aseguró, en una conferencia de prensa ofrecida en Kabul junto al presidente afgano, Hamid Karzai, que, «guste o no, Afganistán es un frente de batalla en la lucha contra aquellas personas que quieren destruir la base de nuestras sociedades».

El debate cobra en la actualidad especial trascendencia porque los propios mandos de la Alianza destacados en Afganistán y los servicios de Inteligencia de los países que conforman la coalición han afirmado que, con vistas a la primavera, las mejores condiciones climáticas favorecerán sin duda una erupción de la violencia talibán. El Ministerio de Defensa español reconoce este riesgo, pero hasta la fecha, y por decisión expresa del presidente del Gobierno, contraviniendo las aspiraciones de la cúpula militar, se ha descartado la posibilidad de reforzar con más efectivos el contingente desplegado en Herat y Qala i Naw, integrado por 690 militares.

El jueves, el líder del PP, Mariano Rajoy, reclamó al presidente Zapatero que explique en sede parlamentaria «la verdad de lo que ocurre en Afganistán», le urgió a dejar de lado «las vaguedades y los disimulos» y a reconocer que los soldados españoles están en «un lugar de guerra» desempeñando una misión «de mucho riesgo».Finalmente no será Zapatero, sino el titular de Defensa, José Antonio Alonso, quien comparezca ante la Comisión correspondiente del Congreso.

El Partido Popular asegura, además, que está dispuesto a votar a favor de un incremento en el número de tropas españolas desplegadas en Afganistán.

El hecho de no reconocer que Idoia Rodríguez murió en misión «de combate» explica el que el Gobierno haya decidido otorgarle a título póstumo la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo y no rojo, como reclamaban los populares y Coalición Canaria.

HOY, a las 17:00h Manifestación AVT contra el asesino De Juana Chaos. Acudirán Acebes, Esperanza, San Gil, Astarloa, Mayor Oreja, Foro de Ermua, CEP

Desde la AVT y el PP se han esforzado en explicar que la concentración de hoy es un homenaje a las 25 víctimas mortales de José Ignacio de Juana Chaos y para pedir al Gobierno que este etarra cumpla íntegramente los tres años de condena que le ha impuesto el Supremo.


Alcaraz envió ayer una carta al Presidente del Tribunal Supremo, Francisco José Hernando, en la que reitera que son esos los objetivos del acto de hoy y critica lo que considera una «campaña de manipulación orquestada por el PSOE y sus medios afines».

La dirigente popular Soraya Sáenz de Santamaría también insistió ayer en este argumento para justificar el apoyo del PP. Al ser preguntada por qué se manifiestan, si el Gobierno ya ha dicho que a ese etarra se le aplicará la ley y que ésta impide que pueda tener beneficios penitenciarios, indicó: «Rubalcaba [ministro del Interior] tiene que decir que De Juana va a cumplir íntegramente los tres años de condena».

En la AVT esperan que miles de personas acudan a Madrid en más de 30 autobuses y en coches particulares desde toda España.

El acto comenzará a las 17.00 horas en la plaza de Colón, con el lema Memoria, dignidad y Justicia. Rendición en mi nombre ¡no! Las víctimas van a tener un protagonismo destacado: tres -dos heridas en atentados por los que ha sido condenado De Juana- hablarán a los asistentes y una treintena más participará en el acto, antes del discurso final de Alcaraz.

Este acto también lo apoyan el Foro Ermua y la Confederación Española de Policía (CEP). Por el contrario, ha sido criticado por el Gobierno, el PSOE y otros partidos, que acusan al PP de «incoherencia» por decir que defiende la independencia de la Justicia y, al mismo tiempo, apoya un acto contra una sentencia.

Acudirán dirigentes del PP tan destacados como Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid; Ignacio Astarloa, diputado y secretario ejecutivo de Libertades Públicas, Seguridad y Justicia; María San Gil, presidenta del partido en el País Vasco, y Jaime Mayor Oreja, eurodiputado y ex ministro del Interior.

De Juana abandona la huelga de hambre días después de la reducción de condena

De Juana abandona la huelga de hambre días después de la reducción de condena

Desde hace una semana, los médicos no le administran la unidosis de alimentación enteral La Audiencia Nacional comunica al 12 de Octubre que el tribunal ya no es responsable del etarra

RAFAEL MOYANO / MANUEL MARRACO

MADRID.- El etarra José Ignacio de Juana Chaos ha abandonado la huelga de hambre que inició el pasado 6 de noviembre y que le mantiene hospitalizado en el 12 de Octubre de Madrid, según informaron ayer fuentes cercanas al preso.

De Juana, que inició la medida de presión para exigir su puesta en libertad inmediata, vio cómo el pasado 12 de febrero el Tribunal Supremo rebajaba su condena de 12 años y siete meses por amenazas terroristas a sólo tres años por amenazas básicas y enaltecimiento del terrorismo.

El etarra, condenado por 25 asesinatos consumados, estaba siendo alimentado contra su voluntad a través de una sonda nasogástrica.Sin embargo, desde hace una semana ya no se le administra la unidosis de alimentación enteral.

La información no ha sido confirmada por el Hospital ni por el Ministerio del Interior. En el centro médico, para evitar las filtraciones sobre el estado de salud de De Juana que se han producido a lo largo de su convalecencia, se ha restringido el acceso a su información clínica al mínimo número posible de personas.

Las instrucciones sobre cómo actuar con De Juana ya no provienen de la Audiencia Nacional. Cuando los médicos de la unidad de Nutrición Clínica del 12 de Octubre se pusieron hace unos días en contacto con el tribunal para solicitarles instrucciones, la respuesta de la Sección Primera fue que ellos ya no tenían nada que decir. «Este tribunal no es competente para resolver sobre dicha solicitud», indica la providencia.

Desde el 14 de febrero, al día siguiente de que el Supremo comunicara a la Audiencia el fallo del caso De Juana, el etarra ha pasado a depender de Instituciones Penitenciarias, es decir, del Ministerio del Interior. Hasta entonces, era el tribunal que le había condenado -la Sección Primera de la Audiencia- el responsable de mantener o modificar su situación procesal.

Según la información remitida la semana pasada por la Sección Primera al centro penitenciario de Aranjuez, De Juana liquidará la condena el 2 de agosto de 2008.

Una vez en manos de Instituciones Penitenciarias, la Junta de Tratamiento de la prisión de Aranjuez podría clasificar a De Juana en tercer grado. Si el Departamento dirigido por Mercedes Gallizo acepta la propuesta -que no es vinculante-, supondría la excarcelación de De Juana.

El Reglamento Penitenciario establece que «la clasificación en tercer grado se aplicará a los internos que, por sus circunstancias personales y familiares, estén capacitados para llevar a cabo un régimen de vida en semilibertad».

La clasificación en tercer grado es un requisito indispensable para que el interno pueda acceder a la libertad condicional.Para que el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria pueda acordar la medida, deben concurrir al menos otras dos circunstancias: que el recluso haya observado buena conducta y que exista un pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, y que haya extinguido las tres cuartas partes de la condena impuesta.En el caso de De Juana, esto no sucedería hasta el 2 de noviembre de 2007.

Carod negociará con el Comité Olímpico Internacional que Cataluña participe en los Juegos con selecciones propias

Carod negociará con el CIO que Cataluña participe en los Juegos

Propondrá a Rogge alguna fórmula que aún no se ha concretado La Generalitat descarta acudir a Pekín bajo la bandera de Andorra

LEONOR MAYOR / Enviada especial

ANANTAPUR (LA INDIA).- El hecho de que Josep Lluís Carod-Rovira haya renunciado a los símbolos identitarios durante su viaje a La India no significa que el vicepresidente de la Generalitat haya tirado la toalla en relación a las viejas y reiteradas reivindicaciones del nacionalismo catalán. Carod se propone resucitar de inmediato uno de los sueños del independentismo: conseguir que Cataluña tenga selecciones deportivas propias.

Con esta intención, se reunirá el próximo 13 de marzo con el presidente del Comité Internacional Olímpico (CIO), Jacques Rogge, en Lausana. Durante la entrevista, Carod expondrá alguna fórmula, que todavía no se ha concretado, para lograr que Cataluña pueda participar en los Juegos Olímpicos con un equipo propio, lo que sería un primer paso para, con posterioridad, lograr el reconocimiento de las selecciones catalanas en diversas especialidades deportivas.

El vicepresidente, que anunció este proyecto ayer durante su estancia en Anantapur donde se encuentra de viaje oficial, no quiso detallar el contenido de su propuesta, pero sí avanzó que la Generalitat ha descartado que Cataluña concurra a los próximos Juegos, que se celebrarán el año que viene en Pekín (China), formando equipo conjunto con Andorra, una idea que propuso el líder de CiU, Artur Mas, en una campaña electoral y que el Govern cree que llevaría al «ridículo».

El actual tripartito tampoco recuperará la propuesta del que fuera conseller en cap Josep Bargalló consistente en que algunos jugadores lleven dos distintivos al mismo tiempo, el español y el catalán. La idea de Carod, según fuentes cercanas al vicepresidente, es la de explorar soluciones junto a Rogge, con quien podrá reunirse gracias a la labor de intermediación de Juan Antonio Samaranch, ex presidente del CIO.

Ayer terminó el primer viaje oficial de Carod a la India, pero en su agenda ya hay muchas otras citas en el extranjero. Además del encuentro con Rogge en Lausana, a principios de junio se trasladará a Londres para impulsar la creación de un centro de cultura catalana, con la colaboración del hispanista Paul Preston en la London School of Economics. Y, a primeros de mayo, irá a Stuttgart (Alemania) para participar en una nueva reunión de los Cuatro Motores, una organización de regiones europeas de la que forma parte Cataluña y que estos días se ha reunido en La India.

Carod, que es el nuevo responsable de la política exterior de la Generalitat, quiere imponer cierta cautela en sus salidas al exterior para evitar el ruido identitario. Por eso, ha diseñado un plan de ruta que no incluye los lugares fetiche del independentismo.Por ejemplo, Escocia y sus ínfulas separatistas quedarán fuera del camino del vicepresidente. Lo mismo ocurrirá con Quebec y sus referéndums secesionistas.

El vicepresidente sí irá a Finlandia, donde fomentará acuerdos económicos entre empresarios catalanes y fineses y estudiará el sistema educativo del país.

El alcalde, del PNV, 'secuestra' a siete concejales del PP en Guecho

El alcalde, del PNV, 'secuestra' a siete concejales del PP en Guecho

DIEGO ARTOLA

GUECHO (VIZCAYA).- Siete concejales del PP de Guecho se plantean denunciar por secuestro al alcalde de la localidad, el peneuvista Iñaki Zarraoa, y a agentes de la Policía Municipal después de que éstos los dejaran encerrados en el interior del Ayuntamiento la pasada medianoche. A la 1.30 horas, los populares aprovecharon «que agentes de policía entraron por una puerta trasera para quitar una pancarta que habíamos colgado en la fachada para salir con ellos cuando abandonaban el consistorio», explicó la portavoz del PP, Marisa Arrúe.

Lo que comenzó como un un encierro voluntario en el Salón de Plenos, a las 13.15 horas, con intención de mantenerlo hasta la medianoche, tras la enésima negativa de la alcaldía a debatir las propuestas de los populares, acabó en la imposibilidad de abandonar el edificio. Pasadas las 0.00 horas, los agentes municipales que vigilaban a los concejales del PP se marcharon del edificio con instrucciones del alcalde de dejarlos encerrados en el interior hasta la mañana de hoy sábado.

«Lo denunciaremos»

Marisa Arrúe, también diputada en Madrid, declaraba, desde el Salón de Plenos, que «los representantes de más de 16.000 guechotarras han sido secuestrados por el alcalde». Y añadió: «La Policía municipal tiene orden de no abrirnos la puerta, estamos retenidos a la fuerza y lo denunciaremos». La orden del alcalde de encerrarlos, «es la mejor demostración de que en este Ayuntamiento no existe democracia», dijo. Al exterior del Ayuntamiento se acercaron simpatizantes del PP.

El PP de Guecho se encerró en el Ayuntamiento por la decisión del tripartito municipal (PNV, EA y EB) de rechazar todas sus propuestas sin debatirlas, lo que desde octubre ha supuesto el rechazo de 33 mociones. El alcalde retiró la palabra a Arrúe cuando anunciaba la medida, y desalojó el edificio restringiendo el contacto con los concejales del PP, que, además, sólo fueron autorizados a ir a los aseos, bajo amenaza de ser expulsados de la Casa Consistorial.

La coalición de centroizquierda italiana renuncia a la ley de parejas de hecho

CRISIS DE GOBIERNO / El abandono del texto es el tributo que pagará Romano Prodi para poder volver a ocupar el cargo de primer ministro / El ala radical de la izquierda también acepta que siga la misión en Afganistán
La coalición de centroizquierda italiana renuncia a la ley de parejas de hecho


IRENE HDEZ. VELASCO / Corresponsal

ROMA.- Todo en la vida tiene un precio. Y la coalición de centro-izquierda que lidera Romano Prodi está dispuesta a desembolsarlo a fin de regresar al poder. El tributo que pagará Il Professore para volver a ocupar el cargo de primer ministro italiano (una posibilidad que se da prácticamente por segura) tiene un nombre: parejas de hecho.

A pesar de que el pasado día 8 el Consejo de Ministros aprobó un proyecto de ley que concede tímidos derechos a las uniones heterosexuales y homosexuales que cohabitan en Italia, es muy difícil que ese texto llegue a hacerse realidad. La coalición que lidera Prodi trató el jueves de poner fin a sus diferencias internas y aprobó un programa con los 12 puntos que recogen sus objetivos políticos fundamentales, y donde hay una ausencia clamorosa: la ley de parejas de hecho. El punto número nueve del pacto -donde aparecen las políticas de familia- sólo habla de ampliar las ayudas económicas y de aumentar el número de guarderías. Ni una palabra de los DICO, las siglas por las que se conoce en Italia al proyecto de ley de derechos y deberes para las personas que conviven de manera estable.

«Desde este momento, los DICO se convierten en una cuestión parlamentaria, que no hipoteca ni pone en discusión al Gobierno como tal», anunciaba exultante Clemente Mastella, ministro de Justicia, líder del partido democristiano Udeur y uno de los pocos miembros de la coalición de centro-izquierda que se oponía abiertamente a la aprobación de una ley de parejas de hecho. Así las cosas, el medio millón de personas que conviven en el país transalpino se han convertido en las grandes víctimas de la crisis de Gobierno desatada en Italia el pasado miércoles, cuando Il Professore se vio obligado a dimitir tras perder en el Senado una votación sobre política exterior.

La izquierda italiana ha tenido que tragar saliva, plegarse a los deseos del Vaticano y claudicar con una de sus principales reivindicaciones. Todo, para conseguir atraer a sus filas a algunos senadores que ahora mismo militan en la oposición, que se oponen a la aprobación de una ley de parejas de hecho y que Prodi necesita desesperadamente para poder gobernar con un poso de estabilidad, dada la minúscula mayoría con la que ahora mismo cuenta en la Cámara Alta.

Pero, dentro de la izquierda, el ala radical ha sido la que más concesiones ha tenido que hacer: además de renunciar a aprobar una ley de parejas de hecho, también ha tenido que transigir con que Italia mantenga su misión en Afganistán. Se apunta así una victoria EEUU, que había presionado a Roma para que mantuviera su misión en territorio afgano.

Anoche se daba prácticamente por sentada la vuelta de Prodi al poder, al haber aceptado al menos cinco senadores de la oposición unirse a las filas del centro-izquierda. Pero, para lograrlo y aceptar regresar al Gobierno, Prodi exigió a los suyos una serie de condiciones. El jueves por la noche, reunió a los líderes de todos los partidos que componen la coalición de centro-izquierda que salió vencedora en las elecciones generales de abril y les puso sobre la mesa un programa con los 12 puntos que para él son prioritarios e innegociables. El primero: «Respeto a los compromisos internacionales, incluida la misión en Afganistán».

Aquejada del síndrome de culpabilidad y ante la posibilidad de nuevas elecciones y el regreso de Silvio Berlusconi al poder, el ala más extremista de la coalición bajó la cabeza y aceptó las exigencias del aún primer ministro. Y no sólo en lo que respecta a Afganistán. También ha cedido en otras cuestiones, como son la realización de la línea ferroviaria de Alta Velocidad (a la que siempre se ha opuesto por motivos medioambientales) o la reforma de las pensiones. También ha aceptado que, en caso de que haya distintas opiniones dentro de la coalición, el primer ministro tiene la autoridad necesaria para decidir el camino a seguir. Y, por supuesto, ha renunciado a los DICO, el proyecto de ley que no aparece entre los 12 puntos del Prodi-bis.

Un Prodi-bis que ayer -al concluir las consultas con representantes políticos mantenidas por Giorgio Napolitano, el presidente de la República, para estudiar cómo superar la crisis- adquiría grandes visos de realidad. Y más, a juzgar por las optimistas declaraciones de algunos pesos pesados de la coalición de centro-izquierda.«No estamos hablamos de un Prodi-bis, sino de la vuelta del Prodi 1», decía el viceprimer ministro y responsable de Cultura, Francesco Rutelli. «Prodi ha dejado claros los aspectos fundamentales que deben caracterizar el relanzamiento de las acciones del Gobierno.Y sobre esa base se puede volver a partir», indicaba Massimo D'Alema, el otro viceprimer ministro y a la sazón ministro de Exteriores.

Royal 'resucita' a Jospin, su gran rival, para relanzar su campaña

Royal 'resucita' a Jospin, su gran rival, para relanzar su campaña

La candidata a la Presidencia de Francia asegura que la reaparición del ex primer ministro es «la mejor forma para unir a la familia socialista»

RUBÉN AMON / Corresponsal

PARIS.- Ségolène Royal ha decidido rodearse de un estado mayor de elefantes, aunque esta maniobra corporativa a beneficio electoral sorprende por la incorporación in extremis de un mamut jubilado.Nada menos que Lionel Jospin, ex primer ministro socialista, víctima de Jean-Marie Le Pen en las presidenciales de 2002 y autor de unos versos alejandrinos que sirvieron para calificar a Ségo en los términos de fútil, hueca y demagoga.

La destinataria de las ofensas ha preferido recurrir a un proceso de amnesia selectiva. Entiende que Lionel Jospin hace falta en la carrera al Elíseo y que puede aportar, indistintamente, sabiduría, experiencia y sentido común. «Me siento muy honrada por el hecho de que Jospin haya decidido sumarse a nuestro proyecto. Es la mejor forma de beneficiarse de la diversidad de los talentos y de unir a la familia socialista», explicaba ayer la candidata para dar contenidos al llamado «pacto presidencial».

La fórmula identifica al dream team socialista. No sólo por los galones de Jospin, sino también porque Royal se ha rodeado de 13 apóstoles con enorme predicamento en el partido. Los hay rojos conversos como Laurent Fabius; economistas reputados como Dominique Strauss-Kahn; rostros carismáticos como Bernard Kouchner y dandys crepusculares como Jack Lang.

El problema radica ahora en que la estrategia conciliadora de Ségo arroja dos situaciones inquietantes. Se suponía, en primer lugar, que los barones socialistas estaban con ella. Y se daba por hecho, igualmente, que las distancias de Madame Royal con los elefantes respondían al propósito de presentarse como un producto político nuevo, desprovisto de naftalina, ajeno a la endogamia del Partido Socialista en estos últimos años de paciente oposición. No es exactamente así. Puede que la idea de arroparse en el consejo de ancianos redunde electoralmente en nombre de la unidad y del voto útil, pero también resulta posible que la identificación entre el partido y la candidata ahuyente a los electores de menor vocación socialista. La segunda hipótesis ha disparado el ingenio y el sarcasmo de los rivales en la carrera al trono de Jacques Chirac. Empezando por el acuartelamiento de Nicolas Sarkozy (UMP), cuyo portavoz, Xavier Bertrand, decía ayer irónicamente que «la parada de elefantes» era un paso de gigante hacia atrás. «Menuda reorganización. Se recurre a los de siempre y se vuelve a empezar. Ya sabíamos que Ségolène había vuelto a las ideas de Jospin. Sólo faltaba que también se trajera al ex primer ministro en persona».

La resurrección del antiguo rival de Royal implica una reconciliación que parecía imposible hace dos meses. Fue Jospin quien recomendó no votar a Ségo en los comicios internos del Partido Socialista.También fue él quien lideraba una corriente de escepticismo y de distanciamiento político cuando se produjo la investidura oficial y triunfal de la candidata. La familia ha vuelto a reunirse en la foto. Y la hija de Le Pen, Marine, arquitecta en la sombra del Frente Nacional, lamenta despiadadamente que este arcaísmo pueda estropear el charme de Ségo.

El experto bursátil: Disciplina.

EL EXPERTO
GERARDO ORTEGA

Por primera vez en mucho tiempo hemos asistido durante esta semana a correcciones de cierto calado en la renta variable. Este hecho, lejos de ser en sí mismo razón suficiente como para dar por finalizado el tramo alcista, supone un primer toque de atención a los inversores, devolviéndoles a la verdadera realidad de los mercados de renta variable, donde históricamente subidas sostenidas han convivido y conviven con correcciones proporcionales.

A uno y otro lado del Atlántico dicho movimiento dura ya en los principales índices de renta variable 9 meses de alzas ininterrumpidas, suponiendo para el caso español 4.194 puntos de escalada alcista.

Con la renta variable ocurre como con la vivienda, ha subido mucho pero... sigue subiendo. Cierto es que existe una fuerte divergencia entre los índices tecnológicos y los tradicionales, como es cierta la incapacidad del Nasdaq 100 para corroborar las señales de continuidad alcista de Nasdaq Composite en las últimas jornadas. Si miramos a los indicadores chartistas objetivamente, la situación asusta. Pero no es menos cierto que hoy por hoy no hay señales de vuelta a la baja en los precios, que son los que reflejan las expectativas de todos los partícipes del mercado.Así que, ¿por qué no podríamos asistir a un rally alcista por el lado de la tecnología si esas divergencias de las que hablamos se resuelven?

Disciplina en sus inversiones, eso si les aconsejamos y, como se suele decir, hasta el rabo todo es toro pues mientras no se demuestre lo contrario, todo sigue estando como estaba, es decir, alcista.

Gerardo Ortega es gestor ejecutivo de la agencia de valores Alpha Finanzas

Editorial: TC. La Iglesia Decide Quién Propaga Su Fe

EDITORIALES DEL DÍA
LA IGLESIA DECIDE QUIÉN PROPAGA SU FE

El Tribunal Constitucional ha fallado a favor de la Iglesia católica al decidir que debe ser ella y no el Estado la que determine el contenido de la asignatura de Religión y designe o destituya a los profesores que la imparten determinando su «idoneidad».

La sentencia tiene lugar después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias plantease en 2002 que los acuerdos entre el Estado y la Santa Sede en lo que respecta al régimen laboral de los profesores de Religión católica podían ser inconstitucionales.Al tribunal canario había recurrido la profesora María del Carmen Galayo, cuyo contrato no fue renovado por el hecho de que estaba separada y vivía con otro hombre que no era su marido.

Aunque el TC no se ha pronunciado sobre el caso particular de esta profesora, la argumentación de su sentencia apoya sin lugar a dudas las tesis de la Iglesia: dice que son las confesiones las que han de determinar «la idoneidad» de los profesores, no sólo en función de sus «conocimientos dogmáticos», sino también por «su conducta», «en la medida en que el testimonio personal supone para la comunidad religiosa un componente definitorio de su credo». El Tribunal entiende que la capacitación para impartir la enseñanza religiosa «puede, con toda probabilidad, implicar un conjunto de exigencias que desborden las limitaciones propias de una empresa», comenzando por algo tan evidente como que se comparta la fe. La idoneidad podría implicar asímismo que los profesores den «testimonio de su vida cristiana».

Por mucho que pueda debatirse sobre los casos particulares, la posición del TC refleja una indudable coherencia con el carácter confesional de la asignatura de Religión católica. Si fuese una materia más, sería obligatoria y se impartiría dentro del horario lectivo. Pero ese mismo carácter confesional que la convierte en optativa y extracurricular es también el que exige, por lógica, que sea la jerarquía eclesial correspondiente la que ejerza el control tanto sobre lo que se propaga como sobre quién lo hace.

Rajoy pide que Zapatero admita que en Afganistán participamos en una guerra

PORTADA
Rajoy pide que Zapatero admita que en Afganistán participamos en una guerra

«No disimule, no diga que las tropas van en misión humanitaria, porque no es así»

Propone que la soldado Idoia Rodríguez sea condecorada con la cruz con distintivo rojo, propia de las acciones bélicas

URGENTE	El avión con los restos mortales de la soldado española Idoia Rodríguez llega a España Un avión militar con los restos mortales de la soldado Idoia Rodríguez ha aterrizado a las 03,18 horas en el aeropuerto coruñés de Lavacolla.

JOSÉ LUIS CABRERO / ISABEL MUNERA

ZAMORA / MADRID.- El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, exigió ayer al Gobierno, en una comida mitin en Coreses (Zamora) ante 700 personas, que cuente «la verdad de lo que ocurre en Afganistán», al tiempo que exigió al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que deje «las vaguedades, que no disimule y que no transmita la sensación de que tiene mala conciencia por algo».

Rajoy recordó que el Partido Popular apoyó al Gobierno en su decisión de enviar tropas españolas a este país y que continuará haciéndolo, pero le exigió al presidente que no mienta sobre lo que está ocurriendo en Afganistán, «un lugar de guerra» donde los soldados españoles están desempeñando «una misión de mucho riesgo», precisó el líder popular.

«Si usted cree que las tropas españolas deben estar en Afganistán, dígalo, defiéndalo, pero con claridad y personalidad, no disimule, no diga que van en misión humanitaria, porque no es así, van a una guerra y los españoles tienen derecho a saber dónde van sus soldados», agregó Rajoy.

El líder popular quiso dejar claras también las contradicciones en las que el Gobierno socialista ha incurrido con respecto al conflicto en Afganistán. Primero, el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, dijo que había que mandar más tropas, comentó Rajoy, y luego Zapatero lo rectificó durante una reunión de la OTAN para decir que no se iba a aumentar el número de soldados en la zona.

Rajoy pidió la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para que exponga cuáles son «sus planes de futuro» con respecto a Afganistán, y ofreció su apoyo incondicional siempre y cuando se hable claro de los riesgos y del peligro real que acecha a las tropas españolas. «Yo le voy a apoyar, como siempre ha hecho el PP», afirmó Rajoy, pero antes el Gobierno tiene que decirle la verdad a la sociedad, «decirle que vamos a un lugar en guerra donde muere gente». Así, recordó que en Afganistán ya han muerto 19 soldados españoles, una cifra trágica que contrasta con el «disimulo» con el que el Ejecutivo trata el asunto. «En Afganistán estamos en guerra, pero para defender la libertad, los Derechos Humanos, el modelo de vida occidental y la democracia, por eso, yo he votado a favor y me gustaría que [Zapatero] hablara con la misma claridad que yo lo hago», insistió el presidente popular.

Asimismo, pidió al Ejecutivo que le conceda la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo a la soldado Idoia Rodríguez Buján, fallecida el miércoles en un atentado contra las tropas españolas en Afganistán, una distinción superior a la que, según anunció el Ministerio de Defensa, se le va a conceder, la Cruz al Mérito Militar con distintivo amarillo. «Creo que el Gobierno debería tener en cuenta esta petición porque es una petición de justicia», subrayó.

Desde las filas socialistas, la petición del líder popular fue vista como un acto de oportunismo. El portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Defensa del Congreso, Jesús Cuadrado, afirmó que está «absolutamente fuera de lugar» discutir sobre la condecoración que se debe imponer a la soldado fallecida, porque la decisión parte del Estado Mayor de la Defensa.

En declaraciones a Europa Press, Cuadrado aseguró que el PP, con su petición de la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, intenta equiparar «el trabajo de Naciones Unidas» que realizan los militares españoles en Afganistán con «el despropósito que supuso la Guerra de Irak».

Sin embargo, la reclamación de una condecoración mayor para la soldado fallecida no sólo vino de las filas populares. El portavoz de Coalición Canaria en la Comisión de Defensa del Congreso, Luis Mardones, reclamó también la Cruz al Mérito Militar con distintivo rojo, ya que «murió de uniforme en un vehículo militar en un territorio hostil».

La guerra por las condecoraciones también llegó a los partidos catalanes. CiU y ERC mostraron su acuerdo con la decisión adoptada por el Ministerio de Defensa.

Mientras, Izquierda Unida, que siempre ha mostrado su rechazo a la presencia de las tropas españolas en Afganistán, evitó pronunciarse sobre esta cuestión para no entrar en polémicas sobre la naturaleza de la condecoración, y registró ayer en el Congreso una petición para que comparezca el presidente del Gobierno.

Quien sí comparecerá en el Congreso por petición propia será el ministro de Defensa, José Antonio Alonso, quien, en una entrevista en Televisión Española, volvió a defender la presencia española en Afganistán, porque «es un foco de radicalismo y fundamentalismo que hay que contener». Se trata, insistió Alonso, de una «misión decente y noble, destinada a ayudar a un país que lo necesita mucho por deber cívico y también por conveniencia política». «Una misión que no es caprichosa ni arbitraria y que ha mejorado las condiciones del país», agregó.

Vocales del PSOE en el CGPJ intentaron lograr la entrada de un juez afín en la 'Sala del 61'

Vocales del PSOE en el CGPJ intentaron lograr la entrada de un juez afín en la 'Sala del 61'

Pretendían que se integre en el Tribunal encargado de Batasuna el magistrado Luciano Varela, amigo de la vicepresidenta Fernández de la Vega, pese a no corresponderle según el criterio legal

MARIA PERAL

MADRID.- Vocales propuestos por el PSOE e IU en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intentaron el pasado miércoles que el presidente de la institución, Francisco Hernando, diera luz verde a la entrada del magistrado Luciano Varela en la Sala del 61 del Tribunal Supremo pese a no corresponderle acceder a esa Sala, que se encarga de los procesos de ilegalización de los partidos políticos y de la ejecución del fallo sobre Batasuna.

Varela, perteneciente a la llamada izquierda judicial, fue elegido el 31 de enero por el CGPJ nuevo magistrado de la Sala Penal del Supremo a iniciativa de los vocales propuestos por el PSOE. El sector minoritario pensaba que le tocaba a él pasar a integrar la Sala del 61 porque su elección se produjo después de la de Manuel Marchena, designado ese mismo día magistrado de la Sala Penal como candidato de los vocales propuestos por el PP.

En el Gobierno también se creía que Varela -muy amigo de la vicepresidenta, Teresa Fernández de la Vega- se incorporaría a la Sala del 61 en un momento clave por tres motivos: porque se aproxima la cita electoral de mayo, en la que corresponde al Supremo determinar si alguna de las listas que concurran pretende suceder a la ilegal Batasuna; porque el Ejecutivo teme que la Sala del 61 acometa esa tarea de oficio, aunque no lo insten ni el fiscal ni el abogado del Estado, y porque Varela sustituiría a Juan Ramón Berdugo, hasta ahora el magistrado más moderno de la Sala Penal y adscrito al sector conservador.

La alarma saltó en los vocales del sector minoritario cuando, desde instancias ajenas al Consejo, se les hizo llegar el oficio enviado al BOE, que debe publicar los nombramientos de Varela y Marchena como nuevos magistrados del Supremo. En ese oficio se incluye una referencia al artículo 347 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual los juristas que accedan al Alto Tribunal por el llamado quinto turno (caso de Marchena, que es fiscal) «se incorporarán al escalafón de la carrera judicial ocupando el último puesto de la categoría de magistrado del Supremo» y con una antigüedad de 15 años.

Es este precepto el que impide que Varela, con 32 años de antigüedad en la carrera judicial, acceda a la Sala del 61, ya que corresponde a Marchena «ocupar el último puesto» del escalafón del Supremo.

Un nutrido grupo de vocales de la minoría con el vicepresidente, Fernando Salinas, a la cabeza, reclamaron el miércoles a Hernando una reunión urgente. Con la copia del oficio enviado al BOE en la mano, Salinas exigió saber por qué se «impedía» la entrada de Varela en la Sala del 61 y llegó a hacer acusaciones de que se estaba «manipulando» y «alterando» la composición de esa Sala. Otro vocal, Luis Aguiar, dijo que estaban «dispuestos a ir a los tribunales».

Hernando rechazó de plano las acusaciones de «manipulación» y les indicó que no es el presidente del Consejo, sino el secretario general, el que se ocupa de la tramitación burocrática de los nombramientos. Ello le llevó a convocar otra reunión, celebrada ayer, en la que el secretario general, Celso Rodríguez Padrón, explicó ampliamente a los vocales los criterios legales que han regido el orden de los nombramientos y que se han aplicado en casos precedentes. Así ha sucedido con la Sala Social, en la que en octubre entraron dos magistrados de carrera y una jurista, Rosa Virolés. Pese a que el último magistrado elegido por el CGPJ fue José Manuel López (de la conservadora APM), es Virolés la que ha pasado a integrar la Sala del 61.

Fuentes del sector minoritario dijeron que su pretensión era que «Hernando simplemente nos diera información» sobre lo que creían que era «una irregularidad», en referencia a la entrada de Marchena en la Sala que se ocupa de Batasuna.

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LA 'SALA DEL 61'

Se llama así porque está regulada en el artículo 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Está integrada por 16 miembros: El presidente del Tribunal Supremo (TS): Francisco Hernando.

Los cinco presidentes de Sala del TS (Civil, Penal, Contencioso-Administrativo, Social y Militar): Juan Antonio Xiol, Juan Saavedra, Ramón Trillo, Joaquín Samper y Angel Calderón.

Los magistrados más antiguos de cada Sala: Román García Varela, Enrique Bacigalupo, Fernando Ledesma, Aurelio Desdentado y José Luis Calvo.

Los magistrados más modernos de cada Sala: Antonio Salas, Juan Ramón Berdugo, Manuel Martín Timón, Rosa María Virolés y Javier Juliani.

Editorial: LA LAMENTABLE E IMPOPULAR FRACTURA DE LA POLITICA ANTITERRORISTA

EDITORIALES DEL DÍA
LA LAMENTABLE E IMPOPULAR FRACTURA DE LA POLITICA ANTITERRORISTA

El primer barómetro del año realizado por el CIS permite sacar una conclusión un tanto paradójica; crece fuertemente la preocupación de los españoles por el terrorismo pero ello no tiene consecuencias electorales, ya que la intención de voto permanece casi igual a la de hace cuatro meses.

Según el CIS, el terrorismo vuelve a ser la principal inquietud de los ciudadanos, lo que no sucedía desde marzo de 2004. Como consecuencia del atentado de Barajas a finales de año, hay un 44,9% de españoles que sitúa el terrorismo como principal problema, por delante del paro y la inmigración. En diciembre, semanas antes de que estallara el coche bomba en la T-4, ese porcentaje era de solamente el 27,1%.

Esa subida de casi 18 puntos en dos meses apenas ha tenido impacto sobre el mapa electoral, ya que el PSOE sigue aventajando al PP en 1,2 puntos en intención de voto, dos décimas menos que en octubre, la última fecha en la que el CIS realizó un sondeo de esta naturaleza.

Ello demuestra que el terrorismo es una preocupación de fondo de los españoles al margen de sus convicciones ideológicas y, sobre todo, que los atentados de ETA no se traducen en un cambio significativo del voto. La percepción que tienen los ciudadanos de que el terrorismo es un asunto de Estado que sobrepasa la pugna de los partidos choca con la prosaica realidad de un PSOE y un PP enfrentados en la política frente a ETA.

Ayer, los dos grandes partidos volvieron a reunirse para constatar las abismales diferencias que les separan y fueron incapaces de ponerse de acuerdo en la convocatoria del Pacto Antiterrorista. Tras ese encuentro, el PP anunció que renuncia a acudir a nuevas reuniones ante la falta de propuestas concretas del Gobierno, que es a quien en definitiva corresponde convocar el Pacto.

Como suele ser habitual, PSOE y PP se culparon mutuamente del fracaso de esta iniciativa, pero lo cierto es que ambos deseaban probablemente el desenlace que refleja que, en estos momentos, no hay ninguna posibilidad de acuerdo en la estrategia antiterrorista.

Rajoy ya ha explicado en numerosas ocasiones «las líneas rojas» que el Gobierno jamás debe atravesar en una negociación con ETA, que se resumen en que no se puede pagar un precio político por la paz.

Rodríguez Zapatero ha sido mucho más ambiguo y siempre ha dejado un resquicio abierto a la vuelta al diálogo con la banda terrorista, aunque insistiendo que ello requiere el cese total de la violencia. Pero el principal obstáculo que impide al PSOE volver al espíritu del Pacto Antiterrorista es su deseo de sacar adelante un acuerdo con todas las fuerzas políticas, incluidos partidos nacionalistas como PNV y ERC.

A nadie se le escapa que ese propósito de un macropacto es incompatible con un acuerdo con el PP, que tiene una visión radicalmente antagónica a la de los nacionalistas en esta materia. Por tanto, el planteamiento de Zapatero cierra cualquier posibilidad de entendimiento con el PP. El presidente del Gobierno es el principal responsable -aunque no el único- de este desencuentro que la mayor parte de los ciudadanos percibe como nefasto para acabar con el terrorismo.

Editorial: REACCIONAR AL DESAFÍO IRANÍ

EDITORIAL
REACCIONAR AL DESAFIO IRANI

Irán ha mantenido su desafío al Consejo de Seguridad de la ONU al ignorar el periodo de gracia de 60 días concedido para que suspendiese todas sus actividades de enriquecimiento de uranio. No es una sorpresa. Según el informe del Organismo Internacional de Energía Atómica encabezado por Mohamed El Baradei, la República Islámica no sólo no ha detenido su programa, tal y como le instaba la resolución 1.737 impuesta el pasado mes de diciembre, sino que además lo ha expandido para alcanzar niveles de producción industrial.

Los términos del conflicto permanecen por tanto inalterados: Occidente teme un Irán en posesión de armas nucleares y éste asegura que el enriquecimiento de uranio es un «derecho inalienable» que va a utilizar sólo con fines civiles.

Sin embargo, es evidente que la credibilidad de un país que lleva veinte años mintiendo sobre sus actividades nucleares no puede ser muy elevada. Irán quiere la bomba y es sólo cuestión de tiempo que la tenga. El Baradei, siempre entre los optimistas, cree que no se debería exagerar el riesgo cuando hacen falta por lo menos 10 años para que se desarrolle el armamento nuclear. Otros, como el Instituto de Estudios Estratégicos en Londres, estiman ese plazo entre dos y tres años. En cualquiera de los dos casos, un Irán con bomba atómica es una pesadilla con la que nadie quiere toparse.

Ahora mismo, todos los ojos están puestos de nuevo en EEUU y en la posibilidad de que responda al desafío iraní con una nueva guerra. Puede que el recuerdo de Irak lleve a muchos a pensar que la Administración Bush no se anda con rodeos a la hora de imponer sus términos. Sin embargo, es precisamente la crisis iraquí la que permite prever que esta vez las cosas serán diferentes, y sólo un ataque a las tropas estadounidenses en Oriente Medio que pudiera ser vinculado con Irán supondría una provocación suficiente.

La pelota no está en el tejado de George W. Bush, sino en el de la ONU. La confianza en las soluciones diplomáticas es muy loable, pero el pulso sólo se puede mantener cuando las amenazas resultan creíbles. El Consejo de Seguridad estableció que si Irán no cumplía con la resolución de diciembre aumentarían las sanciones, y eso es lo que debe ocurrir ahora.

El terrorismo vuelve a ser el principal problema pero PP y PSOE no consiguen ni reunir el Pacto

El terrorismo vuelve a ser el principal problema pero PP y PSOE no consiguen ni reunir el Pacto

FERNANDO GAREA

MADRID.- El terrorismo ha vuelto a ser el principal problema para los ciudadanos por primera vez desde el 11-M, es decir, en toda la legislatura, según el CIS. Sin embargo, los dos principales partidos no son capaces de ponerse de acuerdo ni para reunir el Pacto Antiterrorista.

Tanto que el PP se plantó ayer, se levantó de la mesa y anunció que no acudirá a más reuniones con el PSOE para preparar ese Pacto.

Las reuniones supuestamente preparatorias de la Comisión de Seguimiento del Pacto Antiterrorista eran un diálogo de sordos, pero ninguno de los dos quería ser el que rompiera y el que se levantara de la mesa.

Así era hasta ayer, cuando el PP unilateralmente dio por terminados los encuentros. Se celebraba la segunda reunión previa y los populares decidieron que sería la última y, por tanto, no habrá reunión del Pacto Antiterrorista próximamente. Es la primera vez que uno de los dos partidos da formalmente un portazo como éste.

La explicación del PP es que los socialistas siguen sin presentar ninguna propuesta concreta, que no quieren más que una foto y que no tiene sentido alargar eternamente esta situación por interés estratégico de Zapatero.

Bandera electoral

El PSOE considera que la decisión del PP muestra que no hay voluntad de acuerdo, que el principal partido de la oposición ya ha elegido hacer bandera política y electoral del terrorismo y que no contempla más acuerdo que aceptar tal cual sus propuestas.

Ayer volvieron a reunirse, por parte del PSOE, Diego López Garrido y Antonio Hernando y, por parte del PP, Eduardo Zaplana e Ignacio Astarloa. Estuvieron poco más de una hora, como ya hicieron hace justo una semana. El objetivo era allanar el camino y cocinar acuerdos para una futura reunión del Pacto, a la que se comprometió hace más de un mes el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, desde la tribuna del Congreso. Cuando el Pacto funcionaba realmente y los dos partidos tenían voluntad de acuerdo siempre se hacía así y a las reuniones todo llegaba totalmente cocinado.

Ayer, los socialistas propusieron desarrollar en la Comisión de Seguimiento cuatro apartados: medidas operativas contra ETA, previa explicación del ministro del Interior sobre la situación de la lucha antiterrorista; aislar internacionalmente a los violentos, con una actuación conjunta en instituciones europeas; posibilidades de ampliación del Pacto hacia otros grupos y aplicación de la Ley de Partidos.

En este último punto, los socialistas aseguran que propusieron al PP que se discuta en el Pacto una estrategia común para evitar un fraude con subterfugios que pretendan colar listas en las elecciones municipales y forales del 27 de mayo.

Los socialistas plantearon que dentro de una semana haya una nueva reunión preparatoria con papeles de cada parte sobre la aplicación de la Ley de Partidos.

Para el PP, ninguna de estas propuestas supone concreción alguna y, por tanto, prefieren levantarse de la mesa de las reuniones preparatorias.

Los populares contraatacaron en la reunión poniendo sobre la mesa dos propuestas: el cumplimiento de la pena íntegra por parte de Ignacio de Juana Chaos y la ilegalización del PCTV.

De lo primero los socialistas insistieron en que es decisión del Gobierno. No fueron más allá porque el Ejecutivo ya ha decidido que no actuará para que haya cumplimiento íntegro e intentará convertir la decisión política en técnica, aplicando estrictamente la recomendación de reclasificación de la Junta de Tratamiento de la prisión a la que pertenece el etarra.

Sobre el PCTV, los socialistas aseguraron que el Congreso ya acordó el martes por mayoría que no puede instarse a su ilegalización por falta de pruebas y por ausencia de hechos nuevos desde su presentación a las autonómicas vascas. Añaden que fue el partido de Mariano Rajoy el que decidió que se votara en el Pleno y, por tanto, no puede cambiarse ese acuerdo de la Cámara con un pacto entre los dos. Y argumentan que los populares deberían haber aceptado discutir de forma reservada esas cuestiones, sin propuestas unilaterales que someter a votación, como se ha hecho siempre.

El PP considera inasumibles estas posiciones del PSOE y el Gobierno y, por este motivo, considera que no tiene sentido seguir celebrando reuniones como la de ayer.

Los socialistas añaden que el PP sólo acepta un acuerdo basado en sus propuestas y explican que fueron precisamente los populares los que pidieron que hubiera reuniones preparatorias antes de convocar la Comisión de Seguimiento del Pacto.

El PSOE dice públicamente que seguirá intentando el acuerdo y ahora debe decidir qué hace y si busca un acuerdo con el resto de partidos. El Gobierno en las últimas semanas se inclinaba por aparcar el supuesto pacto escrito entre todos los grupos parlamentarios del que habló Zapatero el 15 de enero en el Congreso.

Los populares aseguran que seguirán defendiendo las proposiciones no de ley en martes sucesivos, hasta el final del presente periodo de sesiones.

Según el CIS, el terrorismo es lo que más preocupa a los españoles, mientras el principal partido de la oposición estará mañana por octava vez en una manifestación en Madrid contra la política del Gobierno.

El atentado de la T-4 resitúa al terrorismo como primer problema

El atentado de la T-4 resitúa al terrorismo como primer problema

El PP se encuentra a 1,2 puntos del PSOE IU logra su mejor resultado (6,5%) y Llamazares sigue como número dos tras Rodríguez Zapatero.

AGUSTIN YANEL

MADRID.- El atentado cometido por ETA en el aparcamiento del aeropuerto de Madrid-Barajas el pasado 30 de diciembre ha hecho que el terrorismo vuelva a ser para la ciudadanía, después de casi tres años, el principal problema que existe en España, según una encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Esta encuesta fue realizada durante los 10 últimos días del pasado mes de enero, cuando las noticias sobre ese atentado ocupaban un lugar muy destacado en los periódicos y en los espacios informativos de radio y televisión.

Pero ese atentado -con el que ETA rompió unilateralmente la declaración de «alto el fuego permanente» que había anunciado en marzo pasado- no parece haber influido en el electorado a la hora de votar: en unas elecciones generales, el PSOE obtendría ahora un 38,8% y el PP un 37,6%, lo que supone una ventaja de 1,2 puntos de los socialistas sobre los populares.

El PSOE pierde 0,5 puntos respecto a la encuesta del CIS del pasado octubre, y el PP baja 0,3 puntos. La distancia entre ambos era entonces de 1,4 puntos a favor de los socialistas y baja dos décimas, con lo que se mantiene el empate técnico de esos partidos. Es la diferencia más pequeña que ha habido entre las dos formaciones desde las elecciones de marzo de 2004.

La gran triunfadora en esta encuesta es Izquierda Unida, a la que el CIS vaticina un 6,5% de votos. Este dato representa no sólo un incremento de 1,4 puntos respecto al sondeo de octubre pasado, sino que es el mejor resultado atribuido desde los anteriores comicios a la formación que lidera Gaspar Llamazares, ya que su máxima expectativa fue del 5,4% en abril de 2006 e incluso bajó al 4,9% hace un año. También llega a su mejor expectativa en intención directa de voto -lo que responden los encuestados sin que los expertos del CIS tengan en cuenta otros factores-, ya que un 4,6% dice que votará a IU.

Llamazares tiene otro motivo para estar satisfecho por esta encuesta. José Luis Rodríguez Zapatero es, una vez más, el político mejor considerado por las personas a las que ha consultado el CIS y obtiene la máxima nota (4,93 puntos), pero Llamazares sigue aumentando su puntuación y se sitúa por tercera vez en segundo lugar (4,32), por encima de Josep Antoni Duran Lleida (CiU), Paulino Rivero (CC), Mariano Rajoy (3,69), Josu Jon Imaz (PNV) y Josep Lluís Carod-Rovira (ERC).

De todos ellos, el único dirigente político que pierde puntuación, aunque muy escasa, es el presidente del PP, Mariano Rajoy, cuya nota desciende dos décimas respecto a la encuesta de octubre.

Rajoy tiene otro dato negativo para él: inspira poca o ninguna confianza al 77,1% y mucha o bastante al 18%, frente al 59,7% y al 35,8% que responde eso mismo sobre Rodríguez Zapatero.

Una vez más, la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, es la que mejor nota obtiene de todo el Gobierno. También obtienen un aprobado el vicepresidente segundo y ministro de Economía y Hacienda, Pedro Solbes, y los titulares de Defensa, José Antonio Alonso, e Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. Joan Clos, de Industria, y María Antonia Trujillo, de Vivienda, ocupan los dos últimos lugares de la lista.

La política inspira desconfianza, indiferencia y aburrimiento

La política inspira desconfianza, indiferencia y aburrimiento

A. Y.

MADRID.- La crispación política que se vive en España se refleja en la encuesta del CIS con la opinión muy negativa que tienen las personas consultadas sobre los políticos.

Dos de cada tres (68,9%) consideran que, «esté quien esté en el poder, siempre busca sus intereses personales».

El principal sentimiento que la política inspira en la ciudadanía es la desconfianza (32,6%), seguida por la indiferencia (18,2%) y el aburrimiento (16,5%). Incluso a un 8,5% le provoca irritación. Sólo un 1,9% siente entusiasmo, un 7,3% piensa en compromiso y a un 10,8% le produce interés.

Aunque un 60,8% afirma que el voto es la única manera que existe de poder influir en lo que hace el Gobierno, un mayoritario 70% cree que la clase política no se preocupa de lo que piensa la ciudadanía.

Tal vez por ese desencanto son mayoría, aunque por poco margen (53%), quienes piensan que es mejor no meterse en política.

En coherencia con esas respuestas críticas con la clase política, son mayoría quienes responden que hablan raramente o nunca de política con sus amigos (59,4%), con sus familiares (58,4%) o con sus compañeros de trabajo o de estudios (45,7%).

La mala opinión que tienen sobre la política se refleja también en que es lo que menos importancia tiene para las personas encuestadas (obtiene una nota de 4,2 en una escala de 0 a 10), detrás de la familia, el trabajo, los amigos, el tiempo libre, las asociaciones y clubes y la religión.

PSE y PNV reprochan al PP el debate para ilegalizar el PCTV

PSE y PNV reprochan al PP el debate para ilegalizar el PCTV

ROBERTO L. DE CALLE

VITORIA.- El PP se volvió ayer a quedar solo en su defensa de la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV), y lo hizo pese a poner sobre la mesa las seis ocasiones en que, desde octubre de 2005, la formación abertzale ha «eludido» condenar la violencia.

El parlamentario del PP Carlos Urquijo vio cómo todos los portavoces desdeñaban su iniciativa y se limitaban a emitir una breve réplica desde sus escaños, y en un único turno. Tan sólo el portavoz del PSE, José Antonio Pastor (que fue, precisamente, quien anunció la semana pasada que boicotearía las iniciativas populares en materia antiterrorista), rompió esta tónica para intervenir en dos ocasiones, pero únicamente para reprochar a Urquijo su pretensión de utilizar el debate como «arma electoral».

El parlamentario del PP inició su intervención recordando los principios contemplados en la Ley de Partidos para proceder a la ilegalización de una formación política; a continuación, esgrimió un informe de la Guardia Civil que concluía con que se había producido una «absorción de facto del PCTV por parte de Batasuna», y que el Grupo Parlamentario se había convertido en un «apéndice» de la formación ilegalizada. «El PCTV es un muñeco en manos de un siniestro ventrílocuo, que es ETA-Batasuna», sentenció el parlamentario popular.

Urquijo enumeró seis sesiones (octubre de 2005, marzo, mayo, junio y octubre de 2006, y la reunión de la Diputación Permanente del pasado 19 de enero) en las que la formación abertzale «eludió» condenar la violencia.

Pero su intervención recibió el menoscabo del resto de los grupos.

PNV.

El jeltzale José Antonio Rubalkaba le echó en cara que el objeto de su iniciativa era «incordiar», puesto que el mismo artículo 11.1 de la Ley de Partidos señala a los protagonistas de un eventual proceso de ilegalización, entre los que no se encuentra el Parlamento vasco, y le respondió: «El PNV les dice lisa y llanamente 'no'».

PSE.

El socialista José Antonio Pastor optó por recoger la intervención de Natividad Rodríguez en el acto del pasado martes en memoria de su esposo, Fernando Buesa, en el que afirmaba que la banda es la única responsable de la violencia y que la «desunión» de los partidos le favorece, y pidió al PP que asuma su discurso, que reproduce «mejor que nadie» el sentir del PSE. Pastor reclamó a este partido un «ejercicio de dignidad» y que retire su iniciativa, porque su único objetivo -según dijo- es «menoscabar» al Gobierno de la nación.

El CGPJ niega la falta de legitimación que le atribuye el sectario Bermejo

El CGPJ niega la falta de legitimación que le atribuye Bermejo

El portavoz del Consejo General del Poder Judicial, Enrique López, defendió ayer la «plena legalidad, legitimidad y origen democrático» del órgano de gobierno de los jueces tras las palabras del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien afirmó que el CGPJ, «en su composición actual», carece de legitimidad por haber superado su mandato de cinco años.

Para el portavoz del CGPJ, las afirmaciones del ministro son «inoportunas, improcedentes, desafortunadas y carentes de fundamento legal», informa Europa Press. Explicó que el deber de los miembros del CGPJ es seguir desarrollando sus funciones hasta que el nuevo Consejo sea elegido. Así lo establece el artículo 115.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual «el Consejo saliente continuará en funciones hasta la toma de posesión del nuevo Consejo».

López afirmó que la permanencia del actual CGPJ no responde al interés propio de los vocales, «sino al hecho de que los partidos todavía no hayan adoptado un acuerdo».

No obstante, desdramatizó la situación recordando que todos los consejos anteriores estuvieron varios meses pendientes de renovación.

López se mostró esperanzado en que las intervenciones del ministro dejen de centrarse en el CGPJ y lo hagan en cuestiones como los planes de modernización de la Justicia y la implantación de la nueva oficina judicial, que han sufrido «un parón» de dos años.

El portavoz del grupo minoritario, Juan Carlos Campo, manifestó, por su parte, que las afirmaciones de Bermejo «no son el debate». «Lo verdaderamente esencial es que se produzca la renovación del Consejo».

Campo añadió que la situación de un CGPJ en funciones «debe ser transitoria y durar lo menos posible». Aunque la ley no establece limitación alguna en el ejercicio de las competencias propias del Consejo cuando se encuentra en funciones, «no parece razonable», dijo, que «comprometamos al nuevo Consejo con decisiones de hondo calado como la aprobación de los presupuestos o de determinados proyectos».

Otra huelga de hambre de un etarra

Huelga de hambre de un etarra en Francia para no ser extraditado

Jesús Mari Zabala comenzó el ayuno el 16 de febrero y debe ser entregado a España el próximo 8 de marzo tras cumplir su condena

RUBÉN AMON. Corresponsal

PARIS.- La huelga de hambre de José Ignacio de Juana Chaos ha tenido un efecto contagioso en la prisión francesa de Saint Martin de Re. Es allí donde el preso etarra Jesús Mari Zabala se niega a comer porque teme ser extraditado a territorio español en los primeros días de marzo.

La protesta comenzó el 16 de febrero, aunque trascendió ayer a iniciativa de los portavoces de Askatasuna, sobrenombre del colectivo de apoyo a los militantes de ETA. Las mismas fuentes también han justificado la conducta rebelde de Jesús Mari Zabala porque la extradición a Madrid «negaría su derecho a vivir libremente en Euskal Herria».

La versión victimista tendría mayor credibilidad si no fuera porque Jesús Mari Zabala, de 47 años y apodado Smeril, representa a una de las principales personalidades en el aparato logístico de ETA. Fue arrestado en Bayona (sur de Francia) en 2000, procesado dos años más tarde en París y condenado a nueve años de cárcel en la sede del Tribunal Correccional.

Los magistrados consideraron probado que el acusado en cuestión había incurrido en un delito de asociación de malhechores con fines terroristas, aunque Zabala aprovechó la última vista para decir que «la lucha armada estaría en vigor hasta que se encuentre una solución política».

Ahora tiene pendiente resolver su generoso expediente judicial en territorio español. Tanto por su precocidad en el aparato político-militar de la banda como por su posición pujante en la actividad terrorista desde 1982.

Dos años más tarde se refugió en suelo francés, aunque las autoridades locales le urgieron a abandonar el país en 1985. Desde entonces consiguió mimetizarse en la clandestinidad, fue condenado en rebeldía a tres años de cárcel y terminó en las redes de una operación policial, en septiembre de 2000, que sirvió para descomponer el aparato logístico de ETA.

De hecho, el arresto de Jesús Mari Zabala se produjo junto al de José Luis Turrillas, Peputo; Angel Picabea Uralde, Atxuri, e Ignacio Santesteban Goikoetxea, todos ellos sorprendidos in fraganti con armas de fuego, explosivos, detonadores, matrículas y documentación falsa.

La extradición de Jesús Mari Zabala a España se produciría normalmente el 8 de marzo. Sin embargo, el terrorista pretende deteriorar su salud con una huelga de hambre para evitar el traslado y hacer verosímil el comunicado infantil que ayer divulgó desde Bilbao el colectivo Askatasuna: «El preso se encuentra en peligro de ser entregado a España».

En España, mientras tanto, tres internos de la cárcel de Perogordo (Segovia) iniciaron el pasado 16 de febrero una huelga de hambre en protesta por el fallo del Tribunal Supremo que rebaja de 12 a tres años la condena a De Juana Chaos. Dos de los tres internos pertenecen a la organización de ultraderecha Alianza Nacional y el tercero carece de vinculaciones políticas. Dos de ellos cumplen una condena de tres años por tenencia ilícita de armas.

En un comunicado remitido a Efe por Alianza Nacional, se asegura que la huelga de hambre tiene como objeto «denunciar ante la ciudadanía española la interpretación y la aplicación que de la ley hacen los tribunales, la Fiscalía y los partidos políticos a favor de los presos etarras».

Nace en Madrid la Red Europea de Víctimas, avalada por la UE

Nace en Madrid la Red Europea de Víctimas, avalada por la UE

FERNANDO LAZARO

MADRID.- Se trata de la iniciativa más importante a nivel europeo para las víctimas del terrorismo, una amplia red en la que participará una gran parte de las asociaciones de víctimas. Esta nueva plataforma cuenta con el completo respaldo de la Unión Europea. Será en Madrid donde inicie su camino la primera Red Europea de Víctimas del Terrorismo, en la que se han integrado ya diversas organizaciones, entre ellas la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Según informó en un comunicado esta asociación, que es la gran precursora de esta iniciativa a nivel europeo, la Red contará con el apoyo institucional y financiero de la Unión Europea. De hecho, el 80% del presupuesto de lo que será la primera red internacional de víctimas del terror será financiado por la Dirección General de Justicia, Libertad y Seguridad de la UE.

El proyecto, añade la nota, nace con el objetivo de unificar, coordinar y mejorar la asistencia y ayuda a todas las víctimas de atentados terroristas en todo el territorio de la Unión Europea. El primer acto oficial de la Red Europea de Víctimas de Terrorismo tendrá lugar en Madrid, el próximo 11 de marzo, aniversario de los atentados del 11-M y Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo.

En ese evento, que llevará el lema La voz de las víctimas, se escucharán los testimonios de 14 víctimas del terrorismo procedentes de toda Europa, que compartirán sus experiencias con la ciudadanía. Los promotores quieren dar voz a personas desconocidas, caras anónimas, que expliquen sus vivencias, cómo el terrorismo les rompió la vida y cómo han logrado salir adelante. Los organizadores esperan contar con la presencia de representantes y dirigentes europeos, además de autoridades nacionales y una representación de embajadores.

Como actuaciones inmediatas, la Red elaborará un listado de expertos a nivel europeo en materia de asistencia médica, psicológica, legal y social a las víctimas del terrorismo y a sus familiares.

Se pretende de esta forma que cuando se produzca un atentado en cualquier lugar de la Unión, se disponga de los nombres de aquellos expertos de la zona, que puedan dispensar la ayuda mas rápida y eficaz a las víctimas.

En la Red ya se han integrado formalmente por parte española, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y el Observatorio Internacional de Víctimas del Terrorismo, además de las organizaciones británicas 7th July Assistance Centre, British Red Cross o Children for Peace, la francesa SOS Attentats y la holandesa IMPACT. También han apostado por esta iniciativa asociaciones italianas. Desde Irlanda, organizaciones de afectados por el terrorismo ya han trasladado también su intención de sumarse a esta red.

«No es preciso que la cacheen»

«No es preciso que la cacheen»

MADRID.- El presidente del PP, Mariano Rajoy, acusó ayer al ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, de «mentir» después de que anteayer afirmara que el Gobierno no está dando ningún trato de favor a los familiares del preso etarra José Ignacio de Juana Chaos.

Rajoy pidió explicaciones sobre el parte oficial de incidencias del Hospital 12 de Octubre -donde se encuentra De Juana- que dice: «Nos comunica el subinspector del turno que, por orden de la superioridad, a la compañera sentimental del detenido de la habitación 110-1, cuando vaya a visitarle, no es preciso que la cachee ninguna compañera y que solamente le pasemos el detector de metales».

Por otro lado, el letrado Iñigo Iruin, encargado de la defensa en el juicio por el sumario 18/98, aseguró ayer que, aunque «fuera cierto» que los abogados de De Juana Chaos tomaron las fotografías del reo publicadas por 'The Times', no habrían hecho nada ilegal ni punible. Aseveró que su conducta no podría «ser sancionada de ninguna manera».

Iruin confesó que aún no ha podido hablar con los abogados del reo, y dijo que Rubalcaba reveló que los letrados del etarra tomaron las fotos porque «se le ha atacado y, lógicamente, tiene que buscar una salida a esa situación».

El fiscal pide unir al 11-M el informe de la 'operación Pipol' sobre Goma 2 ECO

El fiscal pide unir al 11-M el informe de la 'operación Pipol' sobre Goma 2 ECO

MADRID.- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al tribunal del 11-M que incorpore al sumario un informe de la Policía Científica en el que consta que el explosivo que se intervino en 2001 en la operación Pipol era Goma 2 tipo ECO, según informa Efe.

La Audiencia Provincial de Asturias condenó el pasado 31 de enero a José Emilio Suárez Trashorras y a Antonio Toro, procesado por el 11-M, a 10 años de prisión por sendos delitos de tenencia y tráfico de explosivos y contra la salud pública. La sentencia consideró probado que ambos se dedicaban ya en 2001 a vender drogas y explosivos.

Por otra parte, el fiscal antidroga de Asturias, José Perals, ha solicitado hoy prisión provisional para Suárez Trashorras, imputado en el 11-M alegando su «peligrosidad, riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración delictiva», según informa Patricia del Gallo. El fiscal había solicitado además prisión provisional para Toro.