Estas medidas, sin embargo, no han impedido que los etarras detenidos hayan denunciado, a través de su abogada y de Askatasuna -organización ilegal creada para la defensa de los reclusos de la banda terrorista-, haber sufrido brutales torturas durante los interrogatorios. Un médico forense consultado por este periódico asegura que los tres presuntos terroristas por él examinados -entre los que se encuentra uno de los que sostiene haber recibido un trato más vejatorio-, se encontraban en perfecto estado de salud y no expresaron queja alguna en su presencia. El resto de los profesionales médicos asignados a este caso no han podido ser localizados. El resto de los profesionales médicos asignados a este caso no han podido ser localizados.
Sergio Lezcano, que asegura que fue violado, explicó con detalle cómo lo captó ETA, cómo la banda le pidió que pasara a ser responsable de propaganda de Batasuna y cómo, en el desempeño de esta función cobraba sueldos de 1.060 euros de esta formación y de 2.450 del PCTV.
Los detenidos por su relación con ETA, una vez abandonan los juzgados, suelen realizar denuncias en las que aseguran haber sido objeto de agresiones a lo largo de los interrogatorios. De hecho, en su día fueron interceptados manuales internos de la banda en los que se recogía la directriz de realizar este tipo de acusaciones de manera sistemática, se ajustasen o no a la realidad. Sin embargo, en los últimos dos o tres años habían remitido notablemente.
La denuncia realizada por la letrada de Joseba Lerín ante los micrófonos de Info7 Irratia y por Askatasuna ha tenido más repercusión y, al tiempo que arrecia la preocupación por un atentado, Batasuna lo interpretó oportunamente como «una manifestación más de la violencia legal con la que responde el Gobierno de Zapatero ante su falta de voluntad para encauzar el proceso por vías democráticas».
Según denunció Askatasuna, Sergio García Lezcano relató cómo, «tras bajarle los pantalones y los calzoncillos, le metieron un palo por el ano y otro más grueso». Según la versión del detenido, tras el arresto le llevaron al cuartel de Intxaurrondo y, «con la excusa de que se les había roto la llave de la esposas, se las quitaron con una sierra y tuvo que ser llevado al hospital». Askatasuna añadió que Lezcano tenía, además, «una marca en la cintura del tamaño de un melón y no puede andar».
Unai Lamariano habría denunciado que no le dejaron dormir en ningún momento. Y Joseba González Pavón que le dieron golpes en la cabeza y que se le obligó a permanecer en pie un día entero.
Estos tres presuntos etarras fueron los últimos en declarar ante el juez. Uno de los forenses que les atendió aseguró a este periódico que mostraron su perfecta disposición a comparecer ante el magistrado instructor, que no notó nada raro y que fueron observados médicamente una vez más antes de la declaración y varias por los forenses de guardia y por el asignado al juzgado.
Otro de los presuntos etarras sostiene que sufrió golpes a la altura del hombro que lo dejaron bloqueado, uno más que le obligaron a chupar sus vómitos, un tercero que se le impidió dormir, e Itziar Agirre asegura que la desnudaron y le realizaron tocamientos. Este periódico no pudo localizar ayer a los forenses que les atendieron.
Fuentes de la Guardia Civil recuerdan a este respecto que el sistema de control establecido por el magistrado para garantizar la integridad de los arrestados es una deferencia que no es aplicada a los delincuentes comunes e incluye que el médico realice las revisiones en una habitación a solas con el detenido.
Horas y días
En las diligencias redactadas por este Cuerpo y aportadas al Juzgado constan las horas y los días en las que los forenses visitaron a los arrestados en las dependencias de la Dirección General. Así, el día 29, la revisión se produjo a las 12.45; el día 30 a las 0.15 y a las 16 horas; el 31, a las 14.20 y a las 16.15 y el día 1, a las 10.15 y a las 16.15. Los detenidos fueron entregados en la Audiencia a las 9.00 horas del día siguiente.
Antes del traslado a Madrid, uno de los arrestados se dolió de una pierna tras el registro de su casa y recibió cuidados en un centro sanitario de Vitoria. Lerín también solicitó una revisión en dos ocasiones en el Clínico de Madrid. Regresaron a las instalaciones policiales sin mayor repercusión. Las fuentes consultadas indican que los informes de estas visitas fueron remitidos a la Audiencia y pueden ser consultados como parte del sumario.
Destacan la coincidencia de que quien denuncia las vejaciones más escandalosas sea Sergio Lezcano, el único miembro del comando que mantuvo sus declaraciones ante el juez y que realizó las manifestaciones más comprometedoras al vincular a ETA con Batasuna, con el PCTV y con ASB.
Fuentes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional manifestaron ayer que se trata de una operación antiterrorista muy importante y que no es sorprendente que «los detenidos hayan recurrido a la táctica habitual de la denuncia de torturas, que es lo que suele suceder sin que luego se confirme», informa María Peral.
«Habrá que investigar caso por caso por si hubiese indicios reales o si, por el contrario, se trata de acusaciones cuyo objetivo es neutralizar las declaraciones policiales que han hecho», añadieron. Según la Fiscalía, «no podemos anular la eficacia de una operación por alusiones a malos tratos; únicamente si se demuestra que hay algún caso, habría que actuar en consecuencia para que interviniese el juez competente».
Goirizelaia habla de una «estrategia del Estado»
BILBAO.- La portavoz de la izquierda abertzale Jone Goirizelaia dijo ayer que los jueces no deberían ampararse «en unas declaraciones obtenidas bajo tortura», en relación a las informaciones que apuntan a que uno de los etarras detenidos el pasado fin de semana por su presunta pertenencia al comando Donosti de ETA era responsable de propaganda de Abertzalen Sozialista Batasuna. A su juicio, esas prácticas vejatorias formarían parte de una «estrategia del Estado».
Goirizelaia denunció que «una vez más se ha utilizado la incomunicación», lo que, a su entender, posibilita que «estas personas, estando fuera del control judicial, sean torturadas de una manera, como parece ser que han explicado a sus abogados, salvaje», informa Vasco Press.
Además, añadió que «es algo que ya se ha visto en otras ocasiones: utilizar declaraciones obtenidas bajo tortura con vulneración de derechos fundamentales dentro de una estrategia del Estado en el marco de la ilegalización», subrayando que «eso entra dentro de la estrategia. Parece ser que a nadie se le duelen prendas para utilizar cualquier cosa para conseguir el objetivo».
«Una vez más, se vuelve a utilizar a la Audiencia Nacional, se vuelve a utilizar la tortura, se vuelve a utilizar la incomunicación para ponerla en las manos, en el interés del Estado», indicó.
La portavoz de la izquierda abertzale pidió que se abran diligencias para investigar si han existido las torturas y, si es así, «depurar las responsabilidades».
«La imaginación no tiene límites»
El Gobierno del PP aportó, en la única denuncia por acusar de falsas torturas, un manual en el que ETA anima a hacerlo
JOAQUIN MANSO
MADRID.- «Denunciar a cuantos txakurras podáis, aquí la imaginación no tiene límites y podéis desarrollarla sin miedo, nunca os van a represaliar por una denuncia falsa». Un documento intervenido al comando Araba de ETA en 1998 explica así las directrices que tienen que seguir cuando sean detenidos.
«Con la denuncia de torturas se pretende crear vías para que organismos internacionales se interesen por el problema de la falta de libertad de nuestro pueblo, crear tensiones y contradicciones entre los partidos democráticos y desgastar al enemigo militar», continúa el texto. Y precisa: «Hablar de interrogatorios, golpes, bolsa, bañera, potro, tortura psicológica... Aquí vale todo».
Este manual fue aportado por Interior el 10 de marzo de 2003, cuando era dirigido por Angel Acebes, en la única denuncia que hasta ahora han presentado las Administraciones Públicas por acusar falsamente de torturas. La acción penal se dirigía contra el director del diario abertzale Egunkaria, Martxelo Otamendi, y otros tres directivos de ese medio de comunicación, a quienes se acusaba de los «delitos de injurias, calumnias, denuncias falsas y obstrucción a la Justicia, todos ellos con fines terroristas, y de un delito de colaboración con banda armada». Interior fundamentaba éste último en que las declaraciones de los denunciados en las que habían alegado torturas suponían seguir la estrategia que ETA proponía en el documento citado, y compartir sus objetivos.
Egunkaria fue clausurado el 21 de febrero de 2003. Otamendi fue detenido esa madrugada por la Guardia Civil y permaneció arrestado cinco días. Cuando salió de prisión relató que le pusieron una pistola en la sien y que le cubrieron en dos ocasiones la cabeza con una bolsa de plástico para provocarle una sensación de ahogamiento. Tras casi un mes narrando su desgracia a los medios que le dieron cobertura, denunció al Instituto Armado en los juzgados de Plaza de Castilla, ya después de que el Gobierno del PP hubiese tomado la iniciativa contra él.
Las declaraciones de Otamendi desataron una importante tormenta política. Destacados dirigentes del PNV, como Iñaki Anasagasti, Joseba Azkarraga o Juan María Atutxa dieron pábulo a sus palabras; Otegi llamó al Rey «jefe de los torturadores», por lo que en 2005 fue condenado a un año de cárcel por el Supremo, y Pasqual Maragall estuvo a punto de provocar la primera quiebra del Pacto Antiterrorista cuando aseguró que «su opinión personal» era que Otamendi «dice la verdad». El PSOE le obligó a rectificar.
La denuncia del Gobierno fue archivada provisionalmente hasta que se resolviese la que interpuso Otamendi. El 26 de febrero de 2004, la juez Carmen Valcárcel abandonó la instrucción de la causa por torturas al entender que no existían indicios de las mismas, pero la de Interior nunca se reactivó.
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