ETAsuna: El tripartito intuye que la condena a Atutxa es la «antesala» para castigar a Ibarretxe/ ANV apela a la independencia como reclamo electoral

EL DESAFIO NACIONALISTA / Decenas de miles de personas salen a la calle en Bilbao en protesta por el 'caso Atutxa' / La marcha de PNV, EA y EB tuvo el mismo lema que la que se celebró para apoyar al 'lehendakari' frente al juez
El tripartito intuye que la condena a Atutxa es la «antesala» para castigar a Ibarretxe

Este es, en síntesis, el mensaje que ayer trasladaron los representantes del tripartito vasco, que sacaron a la calle en Bilbao a decenas de miles de personas para denunciar las actuaciones judiciales que se han seguido y se siguen contra algunos representantes institucionales vascos.

La manifestación, que únicamente contó con el apoyo explícito de PNV, EA y Ezker Batua, recorrió prácticamente en silencio una de las arterias principales de la capital vizcaína, la Gran Vía, bajo el mismo lema que el empleado en la movilización que se celebró hace casi un año en protesta por la comparecencia del lehendakari ante el instructor de su caso: En defensa de nuestras instituciones.

Al igual que entonces, el nacionalismo gobernante demostró ayer su capacidad de convocatoria para congregar a una multitud -50.000 personas, según la Policía Municipal- que se manifestó tras Juan José Ibarretxe; los tres condenados por el Supremo -Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao-; la presidenta del legislativo vasco, Izaskun Bilbao; los ex lehendakaris Carlos Garaikoetxea y José Antonio Ardanza, y los presidentes de los tres partidos que sostienen el Ejecutivo autonómico. Es decir, los representantes de las principales instituciones vascas y de los partidos que las gobiernan.

El simbolismo empleado para encabezar la manifestación casó a la perfección con el mensaje lanzado por el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, quien volvió a tirar por elevación al afirmar que las resoluciones judiciales constituyen una «intromisión» de las «altas instancias de la Judicatura» en las instituciones vascas y en su capacidad de «hacer política».

Por ello, no dudó en tildar el de ayer como un «día especial» para «las nuevas generaciones», puesto que «tienen que saber cuánto costó recuperar» las actuales instituciones de autogobierno, y el alcance de los conceptos de «democracia», «Estado de Derecho» y de acción política «mediante el diálogo basado en el respeto a los derechos humanos».

Tras la manifestación, y al igual también que hace un año, sus promotores quisieron dejar claro que dicha movilización no buscaba «presionar a los jueces» o «menoscabar su imparcialidad», sino «simplemente justicia».

Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido el 29 de enero de 2007, la marcha de ayer se celebró en respuesta a la resolución del máximo órgano jurisdiccional, el Tribunal Supremo, cuyo plenario condenó a los tres ex miembros de la Mesa de la Cámara el pasado lunes por un delito de desobediencia a este mismo tribunal por no disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak la pasada legislatura.

Esta resolución, a juicio del tripartito, es «grave» por la «humillación personal que persigue; por el «componente de venganza» que encierra; por su «carácter corporativista»; por la «arbitrariedad» que, a su juicio, han empleado los jueces del Supremo -con respecto al caso Botín-, y por «apoyarse en el trabajo de zapa de un sindicato de ultraderecha», en alusión a Manos Limpias, impulsor del caso y de los recursos posteriores.

Sin embargo, lo consideraron «especialmente grave» por «la intromisión, el desafuero y la deslegitimación que supone esta decisión» contra el Parlamento Vasco, cuya independencia «ha sido saboteada por la injerencia de un poder ajeno» a través de la ruptura del principio de separación de poderes.

Pero las críticas no se quedaron ahí. En su opinión, la sentencia del Supremo no es una «casualidad» ni un «hecho aislado», sino «la antesala de una estrategia» moldeada por una parte de la Judicatura y que avanzó con el rechazo, el pasado viernes, del suplicatorio presentado por la defensa del lehendakari para archivar el proceso que se sigue en su contra por reunirse con representantes de la ilegalizada Batasuna.

«Que en vísperas de esta manifestación el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco haga pública esta decisión contra el lehendakari no es casualidad y tiene un claro objetivo que todos podemos intuir», afirmó el portavoz encargado de transmitir el mensaje del tripartito.

Los organizadores volvieron a erigirse en los representantes del pueblo vasco -la suma de sus escaños en el Parlamento autonómico no alcanza la mayoría absoluta- para aventurar que éste sabrá dar una «respuesta adecuada» a estas muestras de «politización y utilización inaceptable de la Justicia». Por último, aseguraron que el pueblo vasco «exige respeto» a sus representantes políticos, es decir, «a quienes sólo el diálogo y la acción política respetuosa con los derechos humanos dignifican» las instituciones vascas, «representativas de la voluntad de autogobierno».

La lectura del comunicado constituyó el punto y final del acto, incluso a pesar de que inicialmente estaba previsto que los tres condenados agradecieran el apoyo de los asistentes de manera pública. Sin embargo, únicamente Ezker Batua distribuyó la intervención que tenía previsto realizar su parlamentaria Kontxi Bilbao, en la cual ésta lamenta que el Supremo les condenara por «defender» las instituciones y la «autonomía del Parlamento Vasco».

La todavía miembro del legislativo vasco -su condena previsiblemente le obligará a abandonar el escaño- afirmó que tanto ella como sus compañeros de partido actuarían hoy «igual» que cuando el Supremo ordenó la disolución de Sozialista Abertzaleak, y agradeció a los representantes políticos del PSE-EE, del PP y de PCTV que, pese a no haber acudido a la marcha le trasladaron «en privado» su «solidaridad».

elmundo.es Especial: Vídeo y álbum con imágenes de la manifestación.

En defensa del Tribunal Supremo

ENRIQUE LOPEZ

La manifestación convocada por PNV, EA y EB para expresar su protesta por la condena decretada por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo al que fue presidente de la Asamblea vasca, Juan María Atutxa, así como otros dos miembros de la Mesa, se produjo bajo el lema En defensa de nuestras instituciones y de nuestro autogobierno, asegurando que no iba en contra de los jueces.

La condena se produce por un delito de desobediencia, al negarse el presidente de la Cámara vasca y los miembros de la Mesa a disolver el grupo parlamentario de la antigua Batasuna, tras su ilegalización, algo que reprodujo, sin dificultad alguna, en el Parlamento navarro incluso antes de la misma. En una democracia, el derecho de libertad de expresión acoge el de la crítica a resoluciones judiciales y por ello es plenamente lícito criticarlas, e incluso mostrar pública protesta.

Esta manifestación tiene como antecedente otra celebrada el 29 de enero de 2007, bajo un lema similar, para protestar contra la imputación del presidente Ibarretxe, siendo la nota diferencial que en aquel caso, además, se exigía el archivo de la causa y en esta «tan sólo» se ha protestado por una resolución judicial ya adoptada. Bien es cierto que quizá, se podía haber esperado a conocer los argumentos de la resolución judicial, que está siendo redactada en estos días. Además, hubiera sido deseable que la manifestación no se viera envuelta de algunas descalificaciones e, incluso, insultos a los jueces, cuestionando su independencia y profesionalidad, como por ejemplo se hace en una reciente nota de prensa del Gobierno vasco con referencia a la Sala que está conociendo del encausamiento del presidente autonómico. Tampoco se debe olvidar que este tema está pendiente de juicio. En cualquier caso, siempre es mejor una manifestación que una querella.

A la manifestación acudió todo el Gobierno vasco, deduciéndose de su lema que el motivo de la protesta es considerar que la citada resolución judicial afecta a alguna de las instituciones vascas o al autogobierno. Al margen de la opinión que se tenga de la manifestación y de su oportunidad, me surge una obligación personal, puesto que en este acto no represento a nadie ni a nada, mas que a un humilde magistrado, miembro del órgano de gobierno de los jueces, tal cual es salir al paso de esta idea y mostrar no sólo mi máximo respeto a la Sala Segunda del Tribunal Supremo, sino, además, mi más profunda admiración por su excelente trabajo.

La misión de un tribunal es resolver conflictos, es juzgar aquello que se le presenta y lo hace de conformidad con unos hechos declarados probados y con el sustento legal previo, nada más ni nada menos. Pretender que el cumplimento de esta importante misión puede comprometer institución o autogobierno alguno es querer huir de la realidad, tratar de parapetar responsabilidades y problemas personales detrás de las instituciones, las cuales se merecen todo el respeto del mundo al estar siempre por encima de quienes las ocupan; los que tenemos responsabilidades públicas sabemos que siempre estamos por debajo de las instituciones en las que ejercemos.

Enrique López es el portavoz del Consejo General del Poder Judicial

EL DESAFIO NACIONALISTA / La estrategia de la izquierda 'abertzale'
ANV apela a la independencia como reclamo electoral a la espera de su ilegalización

«La mayoría de la sociedad ya no soporta este estado de excepción», advierten desde la formación

O. TORRES

VITORIA.- Los augurios de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, sobre la ilegalización de ANV no parecen haber hecho mella en la voluntad de sus dirigentes, que ayer celebraron en Vitoria un acto político para presentar a sus candidatos por Alava. En este mitin, el cabeza de lista para el Congreso, Aitor Bezares, aseguró que la izquierda abertzale estará en las próximas elecciones y que las urnas «se llenarán de votos por la independencia» el 9 de marzo pese al «fantasma» de la ilegalización. «No nos escondemos. Tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir», aseguran desde la izquierda abertzale.

La reclamación de la independencia para Euskal Herria -concepto que integra al País Vasco, Navarra y tres territorios en Francia- fue el principal motivo inspirador del acto político, en el que participó un millar de personas, y que fue autorizado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón contra el criterio de la Fiscalía del Estado.

«Estamos a las puertas de un cambio político porque la mayoría de la sociedad ya no soporta el estado de excepción que nos quieren imponer», aseguró Bezares, que consideró fracasado el modelo estatutario «pactado por el PNV con los herederos del franquismo».

En la única intervención de la tarde, el candidato de ANV aseguró que el momento histórico que vive Euskal Herria también lo es «de riesgos» porque PNV y PSOE pretenden perpetuar el actual estado de las cosas para proteger «sus negocios», mientras la única propuesta válida es la presentada en el pabellón Anaitasuna.

Bezares hizo referencia a la «autonomía a cuatro» que presentó el año pasado Batasuna como «la única que puede abrir las puertas a la independencia». Para el todavía candidato de ANV, a la espera de las acciones que pueda adoptar el Supremo sobre la ilegalización de esta formación política, el PNV no explica qué meta persigue con la consulta de Ibarretxe.

La manifestación que en esos momentos se celebraba en Bilbao convocada por el tripartito en una pretendida defensa de las instituciones vascas sólo es, para ANV, un intento de los partidos del Gobierno vasco por «defender el actual marco» institucional.

No hubo en esta ocasión ningún reconocimiento explícito a los etarras, como el expresado por la alcaldesa de Hernani, Marian Beitialarrangoitia el 12 de enero en Pamplona, aunque ésta fue muy aplaudida cuando apareció en un vídeo. Sus palabras -«Maite zaituztegu (Os queremos)»- formaron parte del homenaje a los presos alaveses.

Bezares también lamentó que la Ertzaintza «pusiera la alfombra roja a Aznar» para que el ex presidente del Gobierno pudiera visitar el viernes el ayuntamiento guipuzcoano de Lizarza, y culpó de ello al PNV.

Los nacionalistas fueron el principal objetivo de las críticas abertzales tanto en la manifestación que precedió al mitin -con gritos de «PNV español»- como ya en éste, en los distintos vídeos que recordaron el pacto del Estatuto.

EL DESAFIO NACIONALISTA
Las asociaciones de jueces creen que la marcha utilizó a los ciudadanos

O. TORRES

VITORIA. - Las asociaciones de jueces criticaron ayer la convocatoria de la manifestación que recorrió las calles de Bilbao por su efecto deslegitimador del poder judicial y por transmitir la idea de que la judicatura actúa sujeta a razones políticas. Con notables diferencias sobre la intención última de los convocantes, los portavoces tanto de Jueces para la Democracia (JpD), Jaime Tapia, como de la Asociación profesional de la Magistratura (APM), Antonio García, expresaron a este periódico su disconformidad con esta cita.

Según Tapia, planteamientos como el defendido por el tripartito en el manifiesto con el que llamaban a la marcha «minusvaloran el papel del poder judicial e introducen una tensión institucional no deseable», mientras García lo consideró una «pura y dura proclama demagógica», impropia de quienes ejercen responsabilidades políticas. Uno y otro aseguraron que los ciudadanos habían sido utilizados.

Por su parte, los representantes de PSE y PP fueron igualmente críticos. El portavoz del PSE, Rodolfo Ares, consideró que la manifestación constituye una «terrible equivocación», que busca la confrontación y «jugar al victimismo». A su vez, el portavoz del PP en el Parlamento Vasco, Leopoldo Barreda, aseguró que la marcha de ayer en Bilbao es consecuencia de un «comportamiento antidemocrático» que buscar «presionar a los jueces».

PRECAMPAÑA ELECTORAL / Las propuestas
El PSOE evita en su programa el compromiso tajante de no volver a negociar con los etarras

Se limita a incluir que tras la ruptura del alto el fuego «no hay ninguna expectativa de diálogo»

MANUEL SANCHEZ. MARISA CRUZ

MADRID. - El Partido Socialista ha decidido definitivamente mantener la ambigüedad calculada que ha predicado Zapatero en los últimos meses y ha optado por no incluir en su programa electoral el compromiso claro de no aceptar ningún tipo de diálogo con ETA salvo que la banda declare previamente su disolución.

El último pulso en favor de un mensaje tajante lo lanzó ayer, en la Conferencia Política del partido, el secretario general de los socialistas extremeños, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, pero su intento se saldó con un pequeño premio de consolación que implica sólo matizar ligeramente al alza el texto original. De esta manera, en el programa del PSOE los españoles leerán lo mismo que le han escuchado decir a Zapatero en docenas de ocasiones: «Tras la ruptura del alto el fuego no hay ninguna expectativa de diálogo». Y, además, que «desde el Gobierno de la Nación, el PSOE se compromete a poner todos los instrumentos a su alcance y a desarrollar el máximo esfuerzo para conseguir acabar con ETA, buscando para ello la máxima coordinación con el primer partido de la oposición y el resto de las fuerzas políticas democráticas».

Lo que en ningún caso recoge el programa es la propuesta del histórico barón que planteaba el compromiso ante la ciudadanía de «no aceptar ningún tipo de diálogo con la banda terrorista, cualquiera que sean las circunstancias, salvo que el procedimiento venga avalado por el primer partido de la oposición al que se le reconoce capacidad de veto en esta materia».

Y añadía: «En todo caso, será condición necesaria la declaración pública de la banda de que se disuelve definitivamente como organización terrorista». En definitiva, el texto del programa parece vaticinar que en la campaña se reabrirá el debate sobre la verdadera intención del PSOE en relación con la política antiterrorista, e inevitablemente desde el PP volverán a suscitarse las dudas sobre lo que hará Zapatero si vuelve a percibir una mínima voluntad por parte de la banda.

A la vista del interés que suscitaba la demanda de Rodríguez Ibarra, el secretario general de los socialistas vascos, Patxi López, explicó ante los periodistas el alcance de los retoques aceptados por el partido. Para López, la redacción definitiva que recoge el programa pone de manifiesto «la responsabilidad de la que siempre ha hecho gala el PSOE»; además «evita que ETA se convierta en protagonista del debate» y se demuestra «que los socialistas entienden como nadie el valor de la unidad en este asunto», tal y como se señala, precisó, el primer punto del Pacto por las Libertades y contra el Terrorismo.

En su opinión, el texto final es sobre todo «insistente en tender la mano al primer partido de la oposición», aunque ni por asomo habla de la posibilidad de darle «derecho de veto» ante la hipótesis de un nuevo diálogo con ETA.

Desde el inicio mismo de la Conferencia Política, los discursos de José Blanco, María Teresa Fernández de la Vega y Manuel Chaves ya vaticinaban que no habría concesiones de ningún tipo al PP, al que se acusó de ser el «partido del miedo», el «profeta de las siete plagas» y de «utilizar el terrorismo para debilitar al Gobierno en lugar de colaborar para debilitar a los terroristas».

Sin embargo, a diferencia de otras conferencias y congresos pasados del PSOE, en éste, propuestas sonoras y aparentemente a contracorriente como la de Ibarra no han durado más que unos minutos. Pérez Rubalcaba, Caldera y López fueron los encargados de desactivarla, previa conversación con el presidente.

Zapatero demostró ayer que el partido entero está detrás de su filosofía. La guerra de familias, los viejos ismos, las corrientes disidentes y levantiscas han desaparecido.