ECONOMÍA: El Gobierno quiere pagar 1.050 € a los que se borren de las listas del paro y se apunten al limbo de los cursillos

CAMBIO DE CICLO / La propuesta tendría un coste de 201 millones de euros / Se contratarán 1.500 orientadores de empleo para que haya servicios personalizados / Mayores de 45 años e inmigrantes, los más beneficiados
El Gobierno quiere pagar 1.050 euros a los parados por asistir a cursos y la mudanza si cambian de ciudad

PASCUAL GARCIA

MADRID.- El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha remitido a los agentes sociales -patronal y sindicatos - su plan de choque contra el desempleo. Entre las propuestas del recientemente revalidado Ejecutivo socialista en las urnas figura la de aprobar una ayuda de 350 euros al mes durante un periodo máximo de tres meses, a aquellos nuevos parados que no tengan cobertura de desempleo.

El objeto de esta nueva prestación sería reforzar y facilitar su dedicación, tanto a la búsqueda de empleo como a la formación de estos nuevos parados, cuando sea necesario, compensando, de esta manera, los gastos originados durante este proceso.

La propuesta del Gobierno, según fuentes de la negociación, se dirige, de manera especial, a los trabajadores con graves problemas de empleabilidad, especialmente por razones de edad, con el objeto de facilitar el esfuerzo de reciclaje profesional y lograr, de esta manera, su reinserción en el mercado de trabajo. También el colectivo de inmigrantes en paro sin cobertura se beneficiaría de la medida.

En cualquier caso, de la ayuda quedan excluidos los beneficiarios de prestaciones y aquellos que cuenten con rentas superiores al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), que se utiliza como referente a la hora de acceder a las ayudas públicas y que, en la actualidad, está situado en 465,92 euros.

Esta es una de las propuestas del documento que el Gobierno ha remitido a patronal y sindicatos y cuyo coste global superaría, según los cálculos del Ministerio de Trabajo, los 201 millones de euros.

La partida económica que acompaña la propuesta del Ejecutivo también está detallada en la propuesta que Caldera ha hecho llegar a patronal y sindicatos. En total, el Gobierno propone destinar 201,32 millones de euros a un conjunto de medidas que, precisa el Ejecutivo, tienen un carácter coyuntural, que se aprobarán en 2008 y que, a final del ejercicio, se tendrán que evaluar y, en su caso, si fuera necesario, prolongar.

La mayor porción de la partida corresponderá a un crédito extraordinario de 150 millones de euros para la dotación de las medidas de formación e inserción. Este crédito deberá ser gestionado por las comunidades autónomas, que tendrán que justificar haber realizado el gasto de los fondos distribuidos en esta materia en la Conferencia Sectorial para 2008.

La propuesta destina otros 49 millones de euros a la contratación de 1.500 orientadores en las oficinas de empleo, que serán los encargados de apoyar y orientar las carreras profesionales y opciones de reciclaje y búsqueda de empleo de las personas que han perdido su ocupación laboral.

La propuesta de Trabajo también plantea que se facilitará la movilidad geográfica para potenciar y estimular la contratación de trabajadores que, fruto de estas medidas, deban cambiar de residencia. El programa contempla, por ejemplo, ayudas para hacer frente a los gastos de traslado y establecimiento, incluyendo desplazamientos, transporte de mobiliario y enseres, además de alojamiento y guardería. El texto no precisa, en este caso, la cuantía de las ayudas que favorecerán, fundamentalmente, a trabajadores inmigrantes.

Además, según ha sabido este diario, a través de las políticas públicas se va a potenciar el programa de promoción de empleo autónomo, estimulando, cuando sea posible, el establecimiento por cuenta propia de los trabajadores desempleados, especialmente en el supuesto de los mayores de 45 años. Este programa específico para los autónomos incluiría ayudas por establecimiento, subvenciones financieras para préstamos, subvenciones para asistencia técnica y para formación.

El anexo del documento remitido a los agentes sociales determina un catálogo de ocupaciones que, en determinados ámbitos territoriales, requieren mano de obra que, con adecuada información y formación, podrían suponer oportunidades de empleo para los nuevos desempleados.

El listado elaborado por el Ministerio de Trabajo considera que existen alternativas a las actividades más afectadas por el desempleo. Así, se proponen hasta ocho alternativas para el personal administrativo y de ventas del sector inmobiliario, otras 20 (ver gráfico) para los trabajadores cualificados del sector de la construcción y, por último, otras nueve para el sector de más difícil reciclaje, los trabajadores no cualificados de la construcción, a los que se propone recolocaciones en actividades como reponedores de hipermercados y tiendas, reciclaje de residuos, limpieza y mantenimiento de fachadas, actividades ganaderas, forestales y de mantenimiento del medio natural, hostelería, despacho de alimentos perecederos, industria cárnica o actividades relacionadas con las personas dependientes.

El documento será consensuado con la patronal y los sindicatos

MADRID.- El Gobierno remitió a patronal y sindicatos su propuesta de plan de choque contra el desempleo en plena campaña electoral con la intención de poner en marcha, cuanto antes, este paquete de medidas urgentes. Sin embargo, el calendario electoral hizo imposible recoger, en tiempo y forma, no sólo las propuestas de los agentes sociales, sino coordinar las medidas con las comunidades autónomas, que serán las que, de facto, las apliquen en el marco de la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales.

En cualquier caso, la propuesta del Gobierno supone una ampliación coyuntural de derechos, mientras persista la desaceleración en la creación de empleo.

Hasta la fecha, era necesario haber cotizado un periodo mínimo de 360 días dentro de los seis años anteriores a la situación legal de desempleo para tener derecho a cuatro meses de prestación por desempleo. El periodo de cotización determina el alcance de la prestación, que va de los 120 días al que tienen derecho los que han cotizado entre 360 y 539 días a los 720 días del que disfrutan los que cotizaron, al menos, 2.160 días.

La legislación laboral determina también que, durante los 180 primeros días, la prestación representará el 70% de la base reguladora y que, a partir del día 181, la cuantía será el 60% de la base reguladora. El tope mínimo de la prestación está vinculado a la condición familiar del afectado. Así, cuando el trabajador no tenga hijos a su cargo, cobrará el 80% del IPREM mensual vigente (465,92 euros en 2007), cantidad que se eleva hasta 623,16 euros cuando tenga, al menos, un hijo a su cargo.

El tope máximo para los parados sin hijos se sitúa en 1.019 euros al mes, en 1.164 para los parados con un hijo y en 1.310 para los desempleados con dos o más hijos a su cargo.

Además, la legislación vigente dispone que, una vez agotada la prestación contributiva, y si se han cumplido 45 años en la fecha de agotamiento de la prestación, se podrá percibir, durante seis meses, un subsidio que no podrá superar el 80% del IPREM, esto es, 399,36 euros al mes.

Fuentes del Gobierno informaron a EL MUNDO de que convocará de inmediato una reunión con los agentes sociales para escuchar sus propuestas.

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GABRIEL TRINDADE

BARCELONA.- El PP de Cataluña criticó ayer la actuación de la Generalitat en materia de vivienda por el Decreto de aval-alquiler aprobado el pasado martes. La diputada del PP en el Parlmament, Angels Olano, señaló que la Generalitat está cometiendo «intrusismo» en el sector privado y añadió que las medidas que dicho decreto propone son más competencia de los tribunales que del Gobierno Autonómico. «El Govern debe actuar como administración y no como un juzgado», afirmó.

La diputada del PP reclamó más «seguridad jurídica» en el mercado de alquiler, con juicios rápidos y un «registro de morosos». Olano también sostuvo que la vía utilizada por la Generalitat es confusa porque reclama requisitos que ya están incluidos en la legislación actual y se utiliza la garantía de aval-alquiler como si el Gobierno Autonómico fuera una «empresa de seguros» o una «inmobilaria» .

La Secretaria de Políticas Institucionales de UGT de Cataluña, Eva Granados, dijo que el decreto de alquiler es ineficaz pese a que los objetivos fijados sean «buenos». Granados, criticó en declaraciones a EL MUNDO que «durante el proceso judicial indispensable para acogerse al decreto, el propietario no recibirá ningún ingreso y, este tipo de procesos judiciales, pueden alargarse varios meses».

Siguiendo con las críticas, tanto UGT como CC.OO lamentaron que el consejero de Medio Ambiente y Vivienda, Francesc Baltasar, haya incumplido parte del Pacto Nacional de Vivienda al no haber tenido en cuenta la opinión del Consejo de Trabajo Económico y Social de Cataluña (CTESC) como se tenía acordado. El responsable de Políticas de Vivienda de Cataluña, Xavier Becerra, afirmó que aunque su organización no ve mal el decreto, «el govern ha pasado totalmente de la opinión de los actores sociales».

El Decreto de aval-alquiler establece una garantía de pago durante seis meses a los propietarios de una vivienda en situación de morosidad. Para acogerse a esta media, los propietarios deben tener una sentencia judicial de desahucio por impago, a parte de otros documentos, que puedan respaldar a su acusación. Otro de los requisitos para poder acogerse al polémico decreto es que la renta mensual de alquiler no podrá superar los 1.500 euros en Barcelona o los 1.200 en el resto de Cataluña. Asimismo, la consejería de Medio Ambiente y Vivienda podrá actualizar los límites de las rentas exigidas en función de los indicadores que se dispongan sobre las rentas medias de los contratos de alquiler.

Según datos de la Generalitat de Cataluña del 2007, el precio medio de alquiler en territorio catalán fue de unos 859 euros. En ese mismo año, se formalizaron 60.000 contratos de alquiler y se instaron cerca de 6.500 procesos judiciales por impago, lo que representa un total del 1,8%.

LAS REACCIONES

UGT. «El decreto de aval-alquiler aprobado ayer por el gobierno de la Generalitat es inútil e ineficaz. El propietario no obtendrá ningún ingreso además del tiempo y los recursos que significa afrontar el proceso »

CCOO. «La Generalitat debe detectar los pisos vacíos e informar a los propietarios sobre el decreto además de proponerles poner pisos en las redes de alquiler».

PP. «La Generalitat debe actuar como administración y no como juzgado. Para garantizar el pago de los alquileres se deben agotar todas las vías legales».

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EL EXPERTO
El optimismo de la Fed, según se mire
ALBERTO ROLDAN NAVARRO

Estaban las bolsas deprimidas, retomando su senda bajista, y de repente nos encontramos con la acción concertada de los bancos centrales liderados por la Reserva Federal (Fed), acudiendo al rescate del crédito americano.

Perfecto. Las bolsas, encantadas de que los organismos intervengan, tomaron nota y subieron con alegría. El martes el Ibex registró la cuarta mayor subida desde el estallido de la crisis del crédito (empecemos ya, por favor, a olvidar esa cansina coletilla del subprime). Hay que recordar que la mayor revalorización diaria en mucho tiempo, nada menos que un 7%, la registramos en un movimiento similar tras otro anuncio inesperado de la Fed el día 24 de enero, cuando recortó los tipos de referencia en 75 puntos básicos.

¿Qué intento decir con esto? Que estas medidas son transitorias en cuanto a su efecto en la renta variable. Está claro que los mercados de crédito necesitan de acciones de este tipo, pero ¿hasta qué punto la renta variable se beneficia de ello? Si medimos la reacción del Ibex tras el rebote del 24 de enero, estamos tan sólo un 0,2% por encima de ese nivel. En mi opinión, muy posiblemente volveremos a los niveles de antes del martes replicando ese mismo movimiento de ida y vuelta. Por tanto, la pinta es de seguir bajando.

Es de esperar, por tanto, que los mercados no vayan a interpretar esto como una medida salvadora. Las intervenciones hay que enmarcarlas en un contexto crítico para el crédito, que requiere de medidas contundentes, pero es que la renta variable vive su particular travesía del desierto.

Alberto Roldán Navarro es director de Análisis de Renta variable de Inverseguros.

LA CIFRA DEL DIA / 269
ESPAÑA, SEXTO PAIS EN GESTION DE FONDOS
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DESDE EL PARQUE