Las clínicas de aborto de Morín delinquian

Las clínicas de aborto de Morín no hacían test psiquiátricos

La juez afirma que vulneró este reconocimiento previo que exige la Ley - En sus centros se practicaron 2.780 interrupciones el año pasado

XIANA SICCARDI

BARCELONA.- Las mujeres que acudían a abortar a las clínicas TCB y Ginemedex -ambas propiedad del doctor Carlos Morín-, y Emecé, actualmente de otro accionista, no fueron sometidas a ningún tipo de examen psicológico, tal y como marca la ley. Esto es lo que se desprende de las declaraciones de centenares de mujeres que acudieron a sus clínicas para interrumpir su embarazo, estando algunas de ellas en avanzado estado de gestación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 33 de Barcelona, encargada de investigar el caso de las clínicas abortistas, levantó ayer parte del secreto de sumario. Sólo se mantendrá en el Juzgado la parte relativa a las identidades de las mujeres que abortaron y tuvieron que acudir a declarar, en calidad de imputadas, siendo ésta «la única manera de garantizar sus eventuales derechos de defensa». A este respecto, la juez afirma que quien opte por revelar las identidades de estas mujeres podría ser acusado, incluso, de un delito de revelación de secretos.

En el auto en el que anuncia que levanta el secreto de sumario, la juez explica que, de las dos clínicas de Morín, fueron intervenidos «casi la totalidad» de los historiales clínicos de mujeres que abortaron en ellas durante 2007; concretamente 2.780 historias. Sostiene, además, que «se pudo verificar la veracidad» de las sospechas de la Guardia Civil después de intervenir los teléfonos de lo sospechosos, analizar el material incautado e interrogar a las mujeres afectadas.

Métodos empleados

A medida que la Guardia Civil les iba tomando declaración para conocer los métodos que se empleaban para realizar los abortos, «se pudo verificar que las mujeres corroboraban lo que, hasta la fecha, venían apuntando todos los indicios; esto es, que el aborto les era practicado sin más requisito que su mera solicitud, sin que siquiera fueran sometidas al más somero examen psicológico por parte de ninguno de los dos psiquiatras» de las clínicas, en alusión a Fernando Javier C. V. y Pascual Javier R. M.

Según la juez, ambos estaban contratados por el doctor Morín «para que extendieran informes psiquiátricos con los que dar cobertura y apariencia de legalidad a su actividad abortiva». La ley exige que, en los casos en los que se ha superado el plazo máximo permitido para abortar, un informe psicológico realizado por un profesional debe acreditar que, de seguir con el embarazo, la madre sufriría daños físicos o psicológicos. Añade, también, que las mujeres interrogadas confirmaron que «no habían sido visitadas por psiquiatra alguno y ni siquiera informadas de la necesidad de someterse a examen psiquiátrico».

El escrito de la juez también relata la confianza que todas las mujeres depositaron en las clínicas del doctor Morín. Tanto es así, que «creían actuar bajo la legalidad vigente al haber acudido a una clínica reconocida oficialmente para la práctica de interrupciones de embarazo».

El ginecólogo Carlos Morín salió en libertad con cargos a finales de enero después de haber pasado dos meses en prisión desde el 30 de noviembre. El caso de presuntos abortos ilegales fue destapado en un reportaje de la televisión pública danesa, en el que Morín afirmaba que podía hacer abortos a mujeres de muy avanzado estado de gestación. La asociación e-cristians presentó una denuncia, y comenzó la investigación.