Corrupción socialista: 'CASO ASTAPA' / Encabezó la lista socialista en 2007, después de que dirigentes del partido convocaran en Sevilla a los dos edi

'CASO ASTAPA' / Encabezó la lista socialista en 2007, después de que dirigentes del partido convocaran en Sevilla a los dos ediles que tiraron de la manta para decirles que sabían que habían hablado con la Policía y Anticorrupción
El PSOE mantuvo a Barrientos en sus listas tras conocer las denuncias

ANTONIO RUBIO

ESTEPONA (MALAGA).- Meses después de que tiraran de la manta en el caso Astapa y denunciaran ante la Policía y la Fiscalía Anticorrupción las irregularidades en el Ayuntamiento de Estepona, los concejales socialistas David Valadez y Cristina Alarcón fueron llamados a capítulo a Sevilla por dirigentes del partido.

Allí, les dijeron que sabían lo que habían hecho y, a continuación, los convencieron para que se presentaran a las elecciones municipales de mayo de 2007, a pesar de que ellos no querían hacerlo en compañía de Antonio Barrientos, el alcalde y candidato, ahora encarcelado.

Su denuncia fue casi el inicio de una operación que ya está entrando en la segunda fase, después de que hayan declarado los principales implicados. La juez Isabel Conejo ha dado orden de intervenir las cuentas y propiedades a nivel nacional de los imputados, y los agentes de la Udef (Unidad de Delincuencia Económica y Financiera) tienen vía libre para rastrear las propiedades del alcalde y los demás concejales que están implicados en la trama de corrupción urbanística de Estepona. En total, hay 26 imputados: cinco en la cárcel y el resto, en libertad bajo fianza.

En esta segunda fase también cobrarán especial relevancia judicial las escuchas e intervenciones telefónicas que se han realizado durante los casi dos años que ha durado la operación.

EL MUNDO ha podido saber que hay dos niveles de escuchas, las directas y las de referencia. En las primeras, los políticos municipales aparecen hablando en primera persona con los empresarios o sus intermediarios. Ahí se concreta, con cierta claridad, los porcentajes o prebendas a recibir por los concejales, el alcalde y altos cargos del Ayuntamiento de Estepona a cambio de los favores realizados a los promotores inmobiliarios.

En las segundas, las escuchas de referencia, aparecen nombres y cargos tanto a nivel autonómico como de ámbito nacional. Las personas que intervienen directamente en las conversaciones hablan de terceros y los califican de amigos con los que se puede contar para superar dificultades administrativas a nivel autonómico y obtener rentabilidades muy interesantes.

Entre estos nombres de referencia hay cargos y profesiones de toda índole. Un obispo, un alto dirigente del PSOE a nivel nacional, empresarios de altos vuelos y representantes de una importante caja de ahorro.

Ahora, la juez Isabel Conejo, con la ayuda de los agentes de la Udef, el apoyo del fiscal anticorrupción Juan Carlos López Caballero y las declaraciones de los imputados tiene que darle forma jurídica a todo el material que ha conseguido la Udyco (Unidad contra la Delincuencia y el Crimen Organizado), tanto de escuchas telefónicas como fotográfico. Este periódico tiene constancia de que los agentes policiales han logrado plasmar gráficamente y en vídeo encuentros entre los políticos municipales y altos cargos del Ayuntamiento y los intermediarios de los promotores inmobiliarios.

También hay conversaciones del ya ex alcalde de Estepona -presentó la dimisión el día 20- Antonio Barrientos, donde se jacta de tener varios pisos y cuentas corrientes, así como amigos muy importantes en la prensa y, en especial, en un determinado grupo mediático de ámbito nacional e internacional. La locuacidad del ex primer edil al teléfono era de tal calibre que incluso indica a sus interlocutores la gran amistad que le unía con altos cargos del PSOE de Sevilla y de Madrid.

Hay que recordar, como ya reveló EL MUNDO por primera vez el pasado día 19, que los primeros que tiraron de la manta de la corrupción en Estepona fueron dos dirigentes del PSOE del Consistorio. Los dos militantes socialistas realizaron una primera denuncia en 2006, después de que se destapara la operación Malaya de Marbella, ante el comisario jefe de la Policía Judicial y el jefe de la Udef.

A continuación, los dos cargos socialistas elevaron su denuncia policial a categoría judicial. Y presentaron y documentaron ante el fiscal anticorrupción de Málaga, Juan Carlos López Caballero, todas las irregularidades que se venían cometiendo en convenios municipales en Estepona.

El fiscal ofreció a los dos cargos municipales socialistas la posibilidad de convertirse en testigos protegidos por la trascendencia de la trama de corrupción inmobiliaria que estaban descubriendo. Ellos no se negaron a esa posibilidad y contestaron: «Nos lo pensaremos».

Desde el primer momento de la denuncia, el nombre de los dos militantes socialistas se había mantenido en secreto por seguridad y entre los investigadores policiales y judiciales siempre se hablaba de ellos en clave, pero finalmente sus nombres han salido a la luz pública. Son David Valadez, ex portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Estepona, y Cristina Alarcón, ambos concejales en la actualidad en el municipio.

Los dos militantes socialistas aportaron al fiscal López Caballero exhaustiva documentación sobre cada una de las irregularidades que se venían cometiendo en el Ayuntamiento y, en especial, en la Concejalía de Urbanismo. Se da la circunstancia de que la coordinadora de este área municipal es la abogada Patricia Rojo, hija del presidente del Senado, Javier Rojo.

Las fuentes judiciales y policiales consultadas por este periódico están convencidas de que la coordinadora de Urbanismo será llamada próximamente a declarar ante la juez Isabel Conejo. La fase más intensa de investigación y escuchas policiales en la operación Astapa coincidió con una baja maternal de la abogada Patricia Rojo en la Concejalía de Urbanismo.

Esas mismas escuchas telefónicas dejaron de ser activas el pasado febrero, un mes antes de las elecciones generales. Las partes involucradas en la operación (Fiscalía, juez y Policía) consideraron que ya era hora de pasar a otra fase -a pesar de que estaban «saliendo cosas importantes»-, en la que se pudiera analizar, transcribir y documentar todo el material que se había recopilado durante varios meses de trabajo.

Antes de las elecciones municipales de mayo de 2007, los dos denunciantes socialistas fueron llamados a Sevilla por la dirección del PSOE de Andalucía. Allí se les comunicó que sabían lo que habían dicho ante la Fiscalía Anticorrupción de Málaga y la Policía.

Valadez y Alarcón pensaron, por un momento, que la Policía o la Fiscalía los habían delatado ante el propio PSOE y pidieron cuentas a los representantes de estos organismos. Pero ni la Fiscalía ni la Policía fueron los informadores del PSOE.

En Sevilla, Valadez y Alarcón manifestaron que no estaban dispuestos a presentarse a las municipales con Antonio Barrientos como número uno de los socialistas al Consistorio, pero finalmente fueron convencidos por sus dirigentes, terminaron presentándose a las municipales y salieron elegidos concejales por Estepona, mientras Barrientos conseguía la Alcaldía.

David Valadez y Cristina Alarcón aún no han ratificado su denuncia ante la juez Isabel Conejo y serán llamados a declarar en los próximos días para confirmar ante la instructora sus aportaciones al caso. Ambos rechazarán, probablemente, la propuesta del fiscal López Caballero para que se conviertan en testigos protegidos, porque de esa forma los abogados de los imputados no podrán argumentar que los dos concejales «tenían enemistad manifiesta con sus compañeros de Consistorio».

En estos momentos, las aportaciones policiales y fiscales al caso Astapa serían suficientes para continuar con el sumario judicial, aunque Valadez y Alarcón no confirmaran ante la juez la denuncia que ya hicieron ante el fiscal anticorrupción.

Los agentes de la Udef se encuentran en la actualidad en la fase de estudio exhaustivo de todos los ordenadores, discos, CD y demás material técnico incautado a los imputados, con el fin de determinar hasta dónde llegaba la trama de Estepona. A través de esa documentación se podrá acreditar si era una corrupción política de ámbito local, autonómico o nacional, si el sistema funcionaba a nivel particular o de partido y a cuántos millones de euros pudo ascender el dinero desembolsado por los empresarios y promotores inmobiliarios

'OPERACION ASTAPA'
«La juez se maneja como si hubiera instruido 10 casos como éste»

ANTONIO RUBIO

ESTEPONA.- Isabel Conejo no lleva mucho tiempo en la carrera judicial, menos de un año, y éste es su primer juzgado, pero los que han estado trabajando codo a codo con ella califican su labor de «excelente».

Desde que el 'caso Astapa' llegó al Juzgado de Instrucción número 1 de Estepona, se llevó con el máximo sigilo y secreto. Sólo una persona sabía lo que estaba pasando: la juez Isabel Conejo.

Ella misma redactaba los autos de autorización de intervenciones telefónicas y demás documentación judicial para que el caso no se estancara y no se filtrara.

Cuando los agentes policiales que estaban a cargo de la investigación se presentaban ante la juez para informarle de cómo iban las pesquisas, no se identificaban ante los funcionarios como tales. Tan sólo decían que eran unos «señores de Madrid». Y esos «señores de Madrid», para sorpresa de los propios funcionarios judiciales, se tiraban horas dentro del despacho de la titular.

Cuando el pasado 17 de junio comenzaron los registros, los funcionarios fueron los primeros sorprendidos, porque no estaban al tanto de lo que ocurría en el Juzgado número 1.

Todos los agentes policiales están sorprendidos, gratamente, de la sapiencia y ritmo que ha sabido imponer la inexperta juez Isabel Conejo al sumario. «Se maneja como si llevara 10 años en la carrera y hubiera instruido otros 10 casos como éste», manifestó a EL MUNDO uno de los investigadores de la Policía.

La magistrada Conejo eligió Estepona -para sorpresa de sus compañeros de carrera- como primer destino, a pesar de que sabía que la Costa del Sol era un territorio difícil y conflictivo.

El próximo paso de la juez será dar con el paradero del dinero de la corrupción y es muy posible que intervenga alguna empresa o sociedad, como ya ocurrió en el año 2006 en la 'operación Malaya'.

'CASO ASTAPA' / Las relaciones del alcalde
La cordial visita de Magdalena Alvarez

La ministra se desplazó en 2004 desde Sevilla a Estepona en helicóptero para intervenir en unas jornadas / Barrientos ordenó arrancar una farola para que aterrizara la aeronave.

ANTONIO RUBIO

ESTEPONA (MALAGA).- Primera semana de julio de 2004. Estepona se encuentra en fiestas y, además, se celebra un congreso sobre periodismo. Uno de los ponentes es la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, que se desplaza desde Sevilla hasta la ciudad de la Costa de Sol en un helicóptero de las Fuerzas Aéreas Españolas. Antonio Barrientos, alcalde de Estepona, recibe a la ministra. Días antes, había dado las órdenes oportunas para que los operarios municipales arrancaran una farola y otros elementos del mobiliario urbano cercano al Palacio de Congreso para que el helicóptero no tuviera ningún problema al aterrizar.

La distancia en carretera desde Sevilla a Estepona es, aproximadamente, de unas dos horas. La ministra llegó a Estepona a las 12.00 horas y la conferencia era a las 14.00. Para hacer tiempo, Magdalena Alvarez, acompañada del entonces alcalde, se dio una vuelta por la Feria. Su intervención, finalmente, empezó a las 14.30 horas.

La ministra de Fomento dio una conferencia sobre Poder político y periodismo. Alabó, entre otras cosas, el «fotoperiodismo» y recalcó «la importancia de lo que puede suponer una foto a la hora de informar».

La dirigente del PSOE andaluz fue aún más lejos cuando hizo alusión a la «famosa foto de las Azores» de Bush, Blair y Aznar, y dijo que el fotógrafo «captó la cercanía que había entre España y Estados Unidos en la Guerra de Irak». La ministra Alvarez, durante toda su estancia en Estepona, siempre se mantuvo cercana y acompañada por el alcalde, Antonio Barrientos.

Se da la circunstancia de que la conferencia inaugural de las jornadas corrió a cargo del entonces ministro de Defensa, José Bono, que también es amigo de Antonio Barrientos.

El ya ex alcalde intentó convertir Estepona en la ciudad del periodismo y cada año organizaba unas jornadas a las que acudían periodistas nacionales e internacionales. Algunos de esos periodistas que asistieron a los congresos han reconocido a EL MUNDO que «los organizadores pagaban espléndidamente y lo hacían en metálico y en sobres en blanco». Es decir, que algunos de la Prensa también cobraron de la caja b del Ayuntamiento.

'CASO ASTAPA' / Las relaciones del alcalde
Los ediles imputados no han dimitido

JOSE CARLOS VILLANUEVA / MARGA GARCIA

SEVILLA/MALAGA.- El PSOE no las tiene todas consigo acerca de cuál será finalmente la decisión de sus ediles implicados en la 'operación Astapa': si entregarán o no sus actas de concejal para que el partido mantenga su actual mayoría en el Ayuntamiento de Estepona.

Como quiera que las dudas son enormes, la dirección socialista está pensando en la posibilidad de mantener el Gobierno local, aun perdiendo al alcalde y a otros cuatro de sus 11 ediles, apoyándose, como hasta ahora, en el Partido Andalucista, IU y el independiente Estepona 2007.

El alcalde, Antonio Barrientos, cuyo expediente de expulsión del PSOE está ya resuelto, formalizó ayer en el registro del Ayuntamiento su dimisión como regidor, pero su escrito no refleja que deje de ser concejal.

No se han pronunciado aún sobre una posible dimisión los otros cuatro ediles implicados: el delegado de Economía y Hacienda y portavoz municipal, Francisco Zamorano; la titular de Playas, Marisa Rodríguez, y las responsables de Educación y de Cultura, Mariví López y Asunción López, en libertad bajo fianza.

Sus expedientes de expulsión del PSOE no están definitivamente resueltos y, de momento, los cuatro acudieron ayer a sus delegaciones, donde desempeñaron sus tareas de gestión habituales.

Si finalmente estos concejales socialistas no renuncian a sus puestos, el Gobierno local, aun con dos concejales del PA, uno de IU y un independiente, no alcanzaría la mayoría absoluta de la corporación -sumarían 10 concejales de 25-, pero, incluso así, el PSOE intentará seguir gobernando.

'CASO ASTAPA' / Las relaciones del alcalde
El PSOE dice que no tenía «prueba» de denuncias

J. CARO ROMERO

SEVILLA.- La dirección regional del PSOE andaluz aseguró ayer que no tenía «constancia documental» o «prueba alguna» de denuncias realizadas hace dos años acerca de las presuntas irregularidades que se estaban produciendo en el Ayuntamiento de Estepona.

«Si hubiera sido así, les puedo asegurar que nos habríamos ahorrado muchos problemas; pero no hemos tenido nunca constancia documental alguna que pudiera llevarnos a la decisión de no respaldar en su momento la candidatura de Barrientos», afirmó el responsable de Organización, Luis Pizarro, que explicó que el partido sólo interviene a partir de la existencia de «pruebas, no sobre manifestaciones» y que tampoco tiene «medios» para averiguar por su cuenta estos delitos.