EDITORIALES: Primero, los ciudadanos; después, los camioneros/ Bibiana Aido y las 'miembras'

EDITORIALES DEL DÍA
PRIMERO, LOS CIUDADANOS; DESPUES, LOS CAMIONEROS

La huelga del transporte por carretera provocó ayer un grave colapso circulatorio en ciudades como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Valladolid y Cádiz, mientras cientos de camiones bloqueaban las fronteras de Irún y La Junquera.

En las próximas horas sabremos si está justificada la afirmación del ministro de Interior de que no habrá problemas de desabastecimiento de productos básicos, pero lo cierto es que el Gobierno no ha querido o no ha podido atajar la violencia utilizada por piquetes de transportistas que, en un abusivo ejercicio del derecho a la huelga, han cortado carreteras y accesos a las grandes ciudades.

Resulta intolerable que los transportistas, por muy difícil que sea su situación, tomen por rehenes a millones de ciudadanos, a los que se les está provocando un grave perjuicio al restringir su libertad de desplazamiento.

Todos tenemos problemas y todos soportamos el alza del precio del crudo, por lo que resulta inaceptable que piquetes violentos impidieran ayer la distribución de todo tipo de mercancías, incluidos los medios impresos, lo cual no sólo atenta contra la libertad de expresión sino que además es un delito, lo mismo que ejercer la coacción contra cualquier persona que pretenda desplazarse o causar daños a sus bienes.

Lo que está sucediendo en las carreteras españoles pone en evidencia la necesidad de una Ley de Huelga que impida estos abusos. Ahí tienen el PSOE y el PP una magnífica ocasión para materializar ese consenso que ahora pregonan, cumpliendo el mandato constitucional pendiente.

Lo ideal sería que las negociaciones entre el Ministerio de Fomento y los huelguistas pudieran terminar en un rápido acuerdo, pero lamentablemente ayer se demostró lo alejadas que están las posiciones de ambas partes.

Los transportistas piden cuatro cosas: un precio mínimo obligatorio de servicio, una cláusula automática de revisión de sus tarifas en función de la variación de los combustibles, la eliminación del céntimo sanitario y ayudas económicas y fiscales.

Fenadismer, la patronal del sector, argumentaba ayer en la mesa de negociación que el incremento del precio del gasóleo en un año ha aumentado el coste de un camión medio en 16.000 euros anuales en combustible. Tiene sentido, por ello, buscar mecanismos para trasladar de forma rápida ese coste adicional a los precios finales. También son factibles ayudas económicas como desgravaciones fiscales que amortigüen el brutal impacto del alza del crudo. Pero no es posible establecer un sistema de precios regulados ni tampoco poner topes a la fiscalidad del gasóleo, lo cual ha sido desestimado ya por la UE.

Cualquier conflicto se puede solucionar si las dos partes tienen voluntad de acuerdo. Y éste no es una excepción. Si cabe reprochar algo al Gobierno es su tardanza en sentarse a dialogar con los transportistas. Pero éstos no deben abusar de su posición de fuerza porque corren el serio riesgo de que la opinión pública se ponga en su contra si persisten en hacer la vida imposible a los ciudadanos, cuyos derechos son el primer bien a preservar.

BIBIANA AIDO Y LAS 'MIEMBRAS'

La primera comparecencia de la ministra de Igualdad, Bibiana Aído, en el Congreso de los Diputados puso ayer de manifiesto el carácter artificioso y ridículo de un departamento sustentado, principalmente, en mero voluntarismo. Que Bibiana Aído expusiera propuestas típicas de los ámbitos laboral, empresarial, sanitario, educativo y de asuntos sociales para llenar de contenido su cartera evidencia la transversalidad inherente a las políticas de igualdad, cuyos objetivos deben implicar toda la acción del Gobierno. Pero también muestra la naturaleza altilocuente de un Ministerio en el que las grandes pretensiones contrastan con la trivialidad, e incluso la nadería, de las medidas escogidas para lograr los fines previstos.

Llamó mucho la atención que la ministra reseñara como uno de sus principales objetivos «contribuir con políticas preventivas a otro modelo de masculinidad». Y más aún que su propuesta estrella para acabar con la violencia de género sea poner en marcha «un teléfono para que los hombres con problemas de agresividad hacia las mujeres aprendan a canalizarla sin recurrir a la violencia». La ministra pretende hacer ingeniería social y modificar el «modelo de masculinidad» vigente, del que se derivaría -a su entender- el complejo y execrable fenómeno de la violencia de género, con una especie de teléfono para maltratadores. Ni al socialista Gila se le hubiera ocurrido tan disparatada idea en sus geniales diálogos, porque tal engendro sólo es posible desde la más obtusa obsesión por filtrar todo desde una óptica de género. De ahí el disparate semántico en que incurrió la ministra cuando se dirigió a los «miembros y miembras» de la Comisión de Igualdad, superando incluso la famosa alocución de Carmen Romero a los «jóvenes y jóvenas».

Una mezcla de frivolidad y candidez calculada, muy propia del zapaterismo, subyace así como guía de un planteamiento y una propuesta política esperpéntica. La ministra considera la violencia un atributo de la masculinidad que es necesario eliminar. Una visión por otro lado lógica después de que el Tribunal Constitucional haya convalidado la disparidad de penas en la violencia de género, en función de que el agresor sea un hombre o una mujer. Tras su espectacular y elocuente videoconferencia con la actriz Nicole Kidman, Bibiana Aído confirmó ayer el fuste sintético del Ministerio de Igualdad con un discurso y unas propuestas de cartón piedra.

Nos cuentan que... la ministra de Fomento, Magdalena Alvarez, fue una de las personalidades que pasaron ayer delante los piquetes de los transportistas sin que ellos lo supieran. La máxima responsable de la negociación con los camioneros acudió al acto de celebración del 15º aniversario de la empresa Indra, situada en la localidad madrileña de Alcobendas, a la que se accede desde la A-1, ayer colapsada por los piquetes. El Rey Juan Carlos, que presidió el acto, también vio en directo la movilización -o mejor, la inmovilización- de los transportistas y no fue ajeno a los comentarios jocosos dirigidos a Maleni sobre cuándo se arreglará el asunto. También asistieron, encomendándose a chóferes o motoristas, políticos como Miguel Sebastián, Rajoy o Esperanza Aguirre y empresarios como Florentino Pérez o Antonio Brufau. Todos sufrieron el atasco monumental. El presidente de Indra, Javier Monzón, tuvo que empezar el acto pidiendo disculpas por haberlo organizado en su sede.

El grave error de concepto del Constitucional

El Tribunal Constitucional escuchó ayer las explicaciones de su presidenta, María Emilia Casas, sobre su conversación con una abogada que había perdido la custodia de su hija y que le pedía asesoramiento. Los magistrados, con la excepción de Jorge Rodríguez Zapata, acordaron expresar su apoyo a Casas mediante un comunicado. La nota emitida reitera su «confianza» en la presidenta y agradece públicamente su «transparencia» en este asunto. No estamos de acuerdo con esta valoración de los magistrados por cuanto, a nuestro entender, la conducta de María Emilia Casas fue imprudente al prestar consejo jurídico a la abogada. Pero lo que resulta inaceptable en el comunicado es la referencia de que el propio Tribunal es el «único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros». Una cosa es que ésa sea la pretensión que late en la Ley del Tribunal Constitucional y otra que los demás partícipes de la sociedad política y civil -desde los partidos a los medios de comunicación- tengamos que plegarnos a esas ínfulas. En una democracia, cualquiera puede opinar sobre el comportamiento institucional de un alto cargo. Por último, la nota asegura que el Constitucional «continuará con normalidad el estudio y la resolución de los asuntos que tiene en su agenda», lo que hay que interpretar cómo que se propone dictar fallo sobre el recurso del PP contra el Estatuto de Cataluña. Ya va siendo hora.

Los barones ningunean a Costa

Tanto Manuel Fraga -de forma explícita- como otros barones que respaldan a Mariano Rajoy -Núñez Feijóo y Daniel Sirera- coincidieron ayer en que si Juan Costa ha decidido no presentar su candidatura a la Presidencia del PP en el congreso de Valencia no es por la dificultad de encontrar avales, sino porque el ex ministro se dio cuenta de que iba a perder. Conscientes de que la falta de democracia interna planeará sobre la celebración del congreso y la ya segura elección de Rajoy como presidente del partido, los barones y el aparato del PP intentan hacer creer que Juan Costa o cualquier otro podría haber logrado los avales necesarios y que si no hay más candidatos es porque no quieren perder frente a Rajoy. Pero todos ellos saben que no es verdad porque son los propios barones los que han acaparado los documentos firmados por los compromisarios. La inmensa mayoría de los avales están custodiados ya en la sede central o en las provinciales. Mariano Rajoy se ha blindado así frente a cualquier alternativa. Sin embargo, el hecho de que tras el intenso debate interno que se ha producido en el PP sólo se pueda presentar un candidato a la Presidencia es profundamente negativo para el partido. El mensaje que se traslada a la opinión pública es el de una formación política cuyas normas de funcionamiento son verticales y no permiten la participación de los militantes en la elección del líder.