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ESPAÑA EN CRISIS/ Moncloa dice que sólo hubo «entorpecimiento» del tráfico / Fenadismer rechaza el preacuerdo de patronales y cargadores / El consumo de combustible bate récord al aumentar un 40% y crea desabastecimiento
Los huelguistas imponen su ley ante la pasividad del Gobierno

MARISA RECUERO / CARMEN LLORENTE

MADRID.- Una huelga paraliza España mientras el Gobierno se sienta a observarla con tranquilidad. Cerca de la mitad de los transportistas consiguieron ayer colapsar las carreteras de las principales ciudades del país en el primer día de paro indefinido convocado en protesta por la subida del precio del gasóleo.

La segunda patronal del transporte de mercancías por carretera, Fenadismer, logró sublevar a miles de autónomos y pequeños empresarios, al tiempo que el Gobierno persistía en negarse, de manera tajante, a implantar una tarifa mínima que evite a los camioneros prestar un servicio por debajo de sus costes.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, tranquilizó a los ciudadanos sobre el desabastecimiento, mientras algunas gasolineras empezaban ya a quedarse sin combustible.

Madrid, Valencia, Valladolid y Bilbao fueron las primeras víctimas de la huelga. Las vías de acceso a estas capitales y el paso fronterizo con Francia y Portugal quedaron cerrados al paso de camiones. Los piquetes se apoderaron de las carreteras y los ciudadanos coparon las gasolineras para llenar el depósito antes de que las estaciones empiecen a quedarse sin combustible.

Con este escenario como telón de fondo, las negociaciones con Fenadismer siguen bloqueadas, pese al intento fallido del Ministerio de Fomento, a última hora de la tarde de ayer, de anunciar un principio de acuerdo con las empresas cargadoras y los transportistas.

El Gobierno está dando «informaciones confusas», advirtió Fenadismer en un comunicado. «Las organizaciones convocantes del paro mantienen su convocatoria hasta que no se atiendan las reivindicaciones para sacar al sector de la crisis económica en la que se encuentra».

A primera hora de la tarde, el director general de Transporte por Carretera, Juan Miguel Sánchez, calificó de un simple «entorpecimiento» el caos circulatorio provocado por el paro. Durante una rueda de prensa celebrada por tarde en La Moncloa, tras una reunión del Comité de Coordinación y Seguimiento de la huelga, Sánchez afirmó que la «intención del Gobierno es asegurar la libre circulación» de los ciudadanos y de los transportistas que no secundan la huelga, informa Juan Emilio Maíllo.

Es más, el director general de Transportes, dependiente del Ministerio de Fomento, celebró que los piquetes «han permitido circular a los vehículos privados» y sus actuaciones sólo se han dirigido a otros transportistas que querían trabajar. «No creo que sea intención de ellos [los huelguistas] el llegar a un extremo» de perjudicar el tráfico, y no habrá «más anomalías, fuera de las interrupciones esporádicas» del tráfico.

Horas antes, Alfredo Pérez Rubalcaba quitaba hierro al asunto y transmitía tranquilidad a los españoles, asegurando que no habrá problemas de abastecimiento. Rubalcaba justificó sus palabras en un dispositivo «excepcional» que protegerá el derecho a «los ciudadanos normales que van por las carreteras», apostilló.

La tarifa mínima que exige el sector se volvió a encontrar ayer con el rechazo de los ministerios de Fomento, Economía y Trabajo, que optaron por ofrecer al sector un paquete de medidas basadas en la reducción y el recorte de impuestos. A esta negativa se sumó también la de la Comisión Nacional de la Competencia. «Estamos preparados para adoptar cualquier medida contra un pacto de tarifas, porque supondría un paso atrás y además va en contra de la ley», afirmó el presidente de la Comisión, dependiente del Ministerio de Economía, Luis Berenguer, informa Cristina Caballero.

Sin duda, llenar el depósito de gasolina se convirtió ayer en toda una aventura. El miedo al desabastecimiento provocó una demanda inusual de combustibles y algunas estaciones tuvieron que poner el cartel de «no hay producto».

Los empleados de las gasolineras se vieron desbordados por la gran afluencia de clientes. El consumo de gasolina y gasoil se disparó entre un 30% y un 40% este fin de semana, registrando cifras históricas, según aseguró un portavoz de la patronal nacional de estaciones de servicios.

El 40% de las 1.714 gasolineras de Cataluña se quedó sin combustible. En Galicia, la alarma por un posible desabastecimiento provocó que, a media tarde, la mitad de las estaciones de las principales poblaciones agotaran sus existencias. Y una avalancha de conductores en busca de carburante vació los depósitos del 15% de las estaciones de servicio de la Comunidad de Madrid. También faltó el producto algunas gasolineras en Andalucía, País Vasco, Extremadura y la Comunidad Valenciana.

Anoche, varios convoyes cargados de gasolina y custodiados por los Mossos d'Esquadra llegaron a Barcelona para abastecer dos estaciones de servicio de la capital catalana. Fuentes de la policía autonómica confirmaron que hoy de madrugada llegarían 20 camiones más cargados con gasolina al Puerto de Barcelona.

El temor al desabastecimiento por el paro en el transporte se dejó notar también en la afluencia de consumidores a las tiendas. Según fuentes del sector, en las dos últimas jornadas los súper e hipermercados han incrementada la venta de productos de alimentación más de un 20%.

En los grandes mercados centrales de abastos -Mercamadrid, Mercabarna, etc- los pequeños comerciantes también hicieron acopio de frutas, verduras y carne durante el viernes y el sábado pasados, para acumular existencias.

Según los mayoristas, desde hoy caerá la oferta de pescado. Además de la huelga de transportistas, este producto perecedero verá afectada su distribución por el amarre indefinido de la flota en protesta por el alto precio del combustible.

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EDITORIAL
PRIMERO, LOS CIUDADANOS; DESPUES, LOS CAMIONEROS

ESPAÑA
El abogado golpeado en los testículos en el juicio a Ibarretxe será juzgado por alteración del orden

La juez rechaza archivar la causa por alterar el orden contra el dirigente del Foro Ermua agredido. Antonio Aguirre recibió una patada en los testículos de un miembro del PNV cuando acudió a la declaración de Ibarretxe en el TSJPV, pero será juzgado porque la Ertzaintza dice que lo provocó.

PAU BLASI

BILBAO.- El Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao decidió ayer seguir adelante con la causa abierta contra el Foro Ermua y Dignidad y Justicia por los incidentes ocurridos durante una de las comparecencias del lehendakari, Juan José Ibarretxe, en el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), y lo hizo basándose en el atestado realizado por la Ertzaintza, en el que se asegura que los miembros de estos colectivos mantuvieron «constantemente una actitud de provocación con insultos, amenazas e, incluso, conatos de agresión». Por ello, serán juzgados por una falta de desórdenes públicos si no prosperan sus recursos.

Los hechos se remontan al pasado 26 de marzo de 2007, cuando Ibarretxe declaró, por segunda vez, ante el TSJPV por el caso de sus reuniones con Batasuna. Centenares de simpatizantes nacionalistas arroparon al lehendakari en una concentración ante el Palacio de Justicia de Bilbao que concluyó con la agresión de un militante del PNV al miembro del Foro Ermua Antonio Aguirre, abogado de profesión.

Alejandro Aranburu, consejero del PNV del distrito del Casco Viejo propinó una patada en la entrepierna a Aguirre, que tuvo que ser atendido por sanitarios. El juzgado admitió entonces a trámite la denuncia presentada por el Foro Ermua por esta agresión, pero también imputó por desórdenes públicos a Aguirre, a su compañero Iñaki Ezkerra y al presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, basándose en el informe remitido por la Ertzaintza.

En dicho documento, la Policía vasca asegura que los miembros del Foro Ermua y de Dignidad y Justicia mantuvieron una actitud «constante» de insultos y amenazas a los simpatizantes del lehendakari allí congregados, «lo cual alteró el normal transcurrir de la concentración oportunamente comunicada».

La defensa del Foro Ermua solicitó el archivo de la causa, algo que rechazó la juez Yolanda Paredes, en un auto con fecha del jueves conocido ayer y que se basa en el atestado de la Ertzaintza, así como en el informe de la Fiscalía, en el que se solicita que se abra una vista oral para que «se ventilen las cuestiones planteadas».

La responsable del Juzgado de Instrucción número 3 de Bilbao se opone así a los argumentos del Foro Ermua y abre la puerta a la celebración de un juicio verbal de faltas, aún sin fecha. Cabe, eso sí, la presentación de un recurso de reforma, para lo que da tres días, o de apelación, ante la Audiencia Provincial, para lo que hay cinco.

Los incidentes ocurridos en marzo de 2007 en las puertas del TSJPV originaron un gran revuelo, más aún después de que el autor de la patada a Aguirre, que fue grabado por las cámaras, fuese identificado por el PP como un representante del PNV en un consejo de distrito de Bilbao, nombrado «por el propio alcalde».

La portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkarate, eludió dos días después referirse a este hecho, pero sí que arremetió contra los miembros del Foro Ermua y de Dignidad yJusticia, a los que acusó de contramanifestarse. «¿Quién es el responsable de la crispación? ¿Los que estaban pacíficamente concentrados ante el Palacio de Justicia o quienes anduvieron atrás y adelante a insulto limpio con claro ánimo de provocar?», se preguntó.

Cuatro días tardó el Gobierno vasco en rechazar lo ocurrido, por medio de un comunicado en el que aseguró que no justifica «ningún tipo de agresión». El alcalde de Bilbao, Iñaki Azkuna, y el entonces presidente del PNV, Josu Jon Imaz, si que reprobaron el ataque.

También ayer, el Foro Ermua pidió al TSJPV que aclare si el rechazo expresado en su día a la recusación del magistrado Manuel Díaz de Rábago es extensible a su presencia como presidente de la sala que debe juzgar el caso Ibarretxe.

El pasado 27 de mayo, el presidente del TSJPV, Fernando Ruiz Piñeiro, decidió que los tres magistrados que se encargarán de esta causa serían Antón Subinas, Manuel Díaz de Rábago y Juan Carlos Benito-Butrón. El Foro Ermua anunció entonces también su intención de recusar a Díaz de Rábago. Antes de eso, sin embargo, quiere saber qué alcance tendrá esta medida. No en vano, la sala del 77, creada para resolver este asunto, decidió en su día rechazar la recusación de Díaz de Rábago.

ESPAÑA
Aído anuncia un teléfono para que llamen los maltratadores y «canalicen su agresividad»

Asegura que busca «otro modelo de masculinidad» y da gracias «a los miembros y miembras» de su Comisión

RAFAEL J. ALVAREZ

MADRID.- «Hola, últimamente mi mujer me pone de los nervios y a veces me dan ganas de pegarle un puñetazo. ¿Qué puedo hacer?». Por debajo del ejemplo figurado late la última idea del Gobierno en materia de violencia de género y primera de la ministra de Igualdad en su estreno parlamentario: un teléfono «que ayude a los hombres a canalizar su agresividad en vez de recurrir a la violencia». O sea, la otra cara del 016, el número de las maltratadas.

De momento, el teléfono no tiene número. Pero sí espíritu. «Uno de nuestros objetivos es contribuir con políticas preventivas a otro modelo de masculinidad, desde el que establecer las relaciones de pareja sobre unas nuevas referencias. Vamos a promover el debate sobre los nuevos roles de los hombres en la sociedad del siglo XXI». Bibiana Aído en estado puro.

Después, fuentes de su Ministerio contaron que el teléfono no se dirigirá solo a maltratadores potenciales o de hecho, sino también a «hombres con conflictos, que no saben cómo aceptar los cambios de la sociedad».

Igualdad lleva un mes trabajando en este teléfono y tiene cazado el perfil de muchos hombres que marcan el 016. «Hay hombres que llaman para quejarse de la Ley contra la Violencia de Género o de la sentencia del Constitucional que agrava la pena si la violencia es de hombre a mujer. Muchos dicen que las políticas públicas se dedican a las mujeres y que qué pasa con ellos».

También dicen en el Ministerio que el teléfono podrá servir de «asesoramiento» ante dudas sobre conciliación familiar y laboral o asuntos como los permisos de paternidad, y que será atendido por profesionales de la psicología y trabajadores sociales.

Pero todo eso lo supieron ayer los periodistas en los pasillos, no los diputados en los asientos. Y es que la ministra circunscribió el teléfono a los hombres que tienen o generan problemas con su agresividad y su violencia. Y pese a lo lacónico del mensaje ministerial, ni un solo diputado o diputada quiso saber más sobre el teléfono, que empezó a ocupar los informativos vespertinos de radio, televisión e internet mientras la Comisión de Igualdad se ocupaba de otras cosas.

Todo pasó ayer, cuando Bibiana Aído recibió el bautismo del Congreso de los Diputados, que, a juzgar por sus referencias verbales, debería llamarse y de las Diputadas. Porque, aunque Mercé Pigem (CiU) la acusó después de haber hecho un discurso «poco ideológico», lo cierto es que la responsable de este Ministerio nuevo y sorprendente pronunció «Consejo de Ministros y Ministras», «miembros y miembras» y «los y las» a lo largo de su tarde de alternativa en el ruedo de los leones parlamentarios.

Si hubiera que resumir el tuétano de su futuro habría que decir transversalidad. Aído quiere y promete un Ministerio que «unifique las políticas de igualdad e influya en todos los ministerios». Así que todo lo que haga tendrá que pasar por los semáforos verdes de sus colegas de Consejo de Ministros y Ministras.

Por ejemplo, sus tres ejes fundamentales de legislatura, según confesión propia: los desarrollos de la Ley contra la Violencia de Género y de la de Igualdad y el nacimiento de la Ley Integral de Igualdad de Trato, de la que ayer dio muy pocas pistas, pero que «ofrecerá un enfoque global» para erradicar la discriminación por religión, discapacidad, sexo, edad, orientación sexual u origen racial.

También comprometió su mandato a la aprobación de un plan integral contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual y un plan de igualdad de oportunidades.

En la columna de la lucha contra la violencia doméstica, uno de los andamiajes del Ministerio de Igualdad, Aído habló de más campañas de sensibilización -este mes comenzará una dirigida a los hombres-, más recursos en materia de sanidad, justicia, medicina forense y empleo para las víctimas y más «respuesta profesional» a través de la formación continuada. Anunció un «monumento» en honor a las víctimas y un plan de empleo específico para maltratadas.

Y entre las noticias con dato dentro, dijo que la Conferencia de Presidentes sobre Violencia de Género se celebrará en septiembre.

elmundo.es Vídeo: Vea la intervención de la ministra.

EDITORIAL
BIBIANA AIDO Y LAS 'MIEMBRAS'

HUMOR GRAFICO
Gallego & Rey
Ricardo

+ NOTICIAS
CRISIS EN EL PP/ Fraga declara que el ex ministro «vio que perdía» / Soria dice que «hay evidencia empírica de que es posible reunir los avales» / El 'aparato' se ufana de su victoria y los críticos afean a Rajoy su campaña
Los barones del PP aseguran que Costa no se presenta porque Rajoy le ganaría

Los barones del PP y el propio entorno de Mariano Rajoy convirtieron ayer en una victoria la decisión de Juan Costa de no presentar su candidatura alternativa a la presidencia del partido.

CARMEN REMIREZ DE GANUZA

MADRID.- Los barones del PP y el propio entorno de Mariano Rajoy convirtieron ayer en una victoria la decisión de Juan Costa de no presentar su candidatura alternativa a la presidencia del partido.

Tras haber alentado verbalmente a los críticos a presentarse al congreso de Valencia, al tiempo que pilotaban una campaña de bloqueo con la inédita recogida de avales en pro de la candidatura oficial, los dirigentes territoriales y el aparato de Génova reaccionaron al unísono para reprochar al ex ministro sus «excusas» de mal perdedor.

Unos a cara descubierta y otros en bambalinas, todos sacaron pecho. «Lo que se ha demostrado», decía a este diario un hombre muy próximo a Rajoy, «es que Juan no tenía tropa detrás y su retirada ha sido un tanto deshonrosa». «No se presenta porque ha visto que la piscina estaba vacía», decía otra fuente del aparato a Servimedia.

Sin embargo, desde la trinchera de los críticos, ayer agazapados, el comentario era otro: «¿Para qué quiere un candidato más de los 600 avales que necesita para presentarse?, ¿para qué quiere no ya 2.000, que son los que tiene Rajoy, sino 601?», se preguntaba un importante dirigente en activo. «Sólo hay una respuesta: para impedir, pese a lo que se diga, otras candidaturas».

«Es muy poco elegante y, desde luego, muy cínico», decía un parlamentario sobre la reacción de Génova y las baronías, «afearle la conducta a quien no se le ha dado una oportunidad». «Y no se le ha dado», añadía, «porque quien está en el poder y tenía el 20% de los avales se ha dedicado durante estos meses a hacer una campaña interna desde el aparato para forzar lealtades hasta el punto de rendir, ayer mismo, las últimas posiciones de las Nuevas Generaciones del partido».

Ayer, tres fuentes solventes del partido aseguraron a este diario que el presidente de las juventudes del PP, Nacho Uriarte, había sido presionado por los colaboradores de Rajoy, José María Lassalle y Paco Villar, para asegurarse la entrega de avales del domingo en Murcia. Sin embargo, Uriarte lo negó a este diario.

Del lado de las baronías, el presidente de Murcia, Ramón Luis Valcárcel, declaró que el debate sobre los avales se le antoja «algo artificial» y que no encuentra sentido a quienes lo critican, ya que «es el mismo sistema de elección de congresos anteriores». En el mismo sentido se pronunció el canario José Manuel Soria: «Hay experiencia y evidencia empírica que demuestra que es posible recabar esos avales», enfatizó.

Sin embargo, del lado de las derrotadas filas populares, se insistía ayer en el argumento de que, si bien los estatutos marcaban un porcentaje de avales del 20% para dar una mínima solvencia al candidato, nunca se habían utilizado para recabar apoyos públicos y excluyentes previos al propio congreso. De hecho, insistían, nunca se habían recogido avales antes de la aprobación de la ponencia.

Gustavo de Arístegui, Eugenio Nasarre, Ana Torme y Vicente Martínez Pujalte se atrevieron a hacer declaraciones amables hacia Juan Costa. El propio Javier Arenas, desde Andalucía, fue cordial en sus palabras: «En estos momentos hay una mayoría que respalda a Rajoy y Juan Costa es una persona que ha hecho aportaciones muy correctas y en muy buen tono, aunque yo discrepe de algunas de ellas», afirmó.

Pero ayer, sin duda, las voces dominantes aplaudieron sin disimulo el autodescarte del ex ministro. El primero, Manuel Fraga, quien no se limitó a decir que «hace bien en no presentarse», sino que añadió: «El vio que perdía». Tras Fraga, y del lado de las baronías, el más diáfano fue el presidente del PP de Cataluña, Daniel Sirera, quien fue protagonista de un desayuno del Foro Nueva Economía en Madrid al que acudieron muchos dirigentes del PP y el propio Rajoy, ayer silente. Dijo Sirera que las dificultades expresadas por Costa para reunir los avales «pueden ser excusas». Una palabra que fue repetida por el diputado y portavoz de la comisión de Fomento, Andrés Ayala: «Es más una excusa que una razón», declaró a Europa Press.

El ahora candidato a la presidencia regional en el congreso de julio en Barcelona presumió, en su caso, de rivalizar con otros dos candidatos y declaró que las reglas internas del PP son «absolutamente democráticas». Así, el hombre al que el aparato de Génova colocó como sustituto de Josep Piqué y que ahora se batirá el cobre con Alberto Fernández Díaz y Montserrat Nebrera añadió que «lo primero que hay que hacer es anunciar que te quieres presentar y, a partir de ahí, buscar apoyos».

Además, Sirera se permitió ironizar con el cambio de actitud de los antiguos colaboradores de Rajoy, ahora convertidos en sus críticos: «No entiendo cómo dos semanas o un mes después pueden pensar que esa persona no es la que necesita el proyecto político que en este momento representa Rajoy», apuntó.

Igualmente irónico, aunque menos explícito, se mostró el gallego Alberto Núñez Feijóo. Coincidió con Sirera en afirmar que los avales «no han sido el problema». «El problema es que Juan Costa ha decidido no presentarse y probablemente él sepa exactamente por qué», declaró, antes de puntualizar que las críticas «sin alternativa son unas críticas incompletas». «Valoro, admiro y respeto a Juan Costa, pero creo que, cuando uno tiene una crítica, lo lógico es que presente una alternativa, y, si la crítica no tiene alternativa, no es más que un comentario y una opinión, siempre respetable», afirmó, para confirmar a continuación que, ahora sí, entregará los avales de los compromisarios gallegos a Rajoy.

Feijóo prometió que, en la ponencia de los Estatutos, harán «un enorme esfuerzo para seguir mejorando la democracia interna del partido». Sin embargo, las fuentes consultadas en el PP advirtieron a este diario de que el propósito del aparato es que los congresos regionales de Baleares, País Vasco y Cataluña se celebren con las reglas vigentes.

EL PARTIDO OPINA

Manuel Fraga: «Hace bien en no presentarse». «No puedo negar que él vio que perdía».

Alberto Núñez Feijóo: «No es un problema de avales. Valoro, admiro y respeto a Costa, pero, cuando uno tiene una crítica, lo lógico es que presente una alternativa. Y si no, no es más que una opinión respetable».

Javier Arenas: «En este momento hay una mayoría muy amplia que respalda a Rajoy. Costa ha hecho aportaciones muy correctas aunque yo discrepe de ellas».

José Manuel Soria: «Hay evidencias empíricas que demuestran que es posible recabar esos avales frente a la candidatura oficial. En 1999 hubo una dirección regional que no sólo los recabó, sino que finalmente ganamos».

Eugenio Nasarre: «Es una decisión sensata y prudente».

Gustavo de Arístegui: «Por higiene democrática» [me hubiera gustado que hubiera otra candidatura, pero] «no había muchas posibilidades ni para Costa ni para otros».

ESPAÑA
El TC apoya a Casas y dice que continúe pese a su diálogo con una imputada

La presidenta no puso su cargo a disposición de los magistrados, que no le hicieron ningún reproche - Sólo Rodríguez-Zapata se apartó de la mayoría para no 'contaminarse' ante eventuales denuncias

MARIA PERAL

MADRID.- El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) acordó ayer reiterar su confianza en la presidenta, María Emilia Casas, al tiempo que anunció que la institución «continuará con normalidad» con los asuntos que tiene sobre la mesa, destacadamente el Estatuto de Cataluña.

Con ese acuerdo, adoptado por nueve votos a favor y uno en contra, el TC intenta dar por zanjado el episodio de la interceptación de una conversación telefónica que Casas mantuvo hace más de un año con una abogada que le pidió ayuda por los problemas que tenía con su ex marido por la custodia de una hija. Casas desconocía que la mujer estaba siendo investigada por haber encargado a un sicario el asesinato de su ex cónyuge, imputación por la que tenía su teléfono intervenido y por la que finalmente fue detenida y encarcelada el pasado mayo.

Los magistrados coincidieron en la «desmesura» con la que se ha abordado la cuestión, que ha sido utilizada para poner en entredicho la aptitud de Casas para desempeñar el cargo y la propia capacidad del Tribunal para hacer frente a los delicados asuntos que tiene pendientes, el primero de los cuales es el Estatut.

El acuerdo, tomado tras un debate que se prolongó mañana y tarde, intenta desmentir ambas especies. Redactado por el magistrado Vicente Conde -al que algunos medios llegaron a atribuir hace meses una operación ¡para defenestrar a Casas!-, el texto cierra filas en torno a la presidenta («le agradecemos la transparencia de su comunicación», «le reiteramos la confianza», «no debe sentirse afectada en su legitimidad») y reafirma la capacidad del TC para hacer sus deberes.

Al comienzo de la reunión, María Emilia Casas dio una explicación de su comportamiento. Lo hizo en los términos ya publicados sobre la mediación de una antigua amiga de la familia que ruega ayuda para la hija del fontanero de la comunidad. En ningún momento mencionó el término dimisión ni puso su cargo, tácita o expresamente, a disposición del Pleno. Cuando terminó su intervención, no se ausentó. Escuchó las valoraciones de los magistrados y presenció la redacción del acuerdo, aunque no lo votó.

No hubo censuras ni críticas al comportamiento de Casas. Ni siquiera una leve referencia a su supuesta imprudencia por llamar desde su móvil a una desconocida cuyos asuntos pueden acabar en el Constitucional.

El Pleno, que ha hablado después del Supremo (la Sala Penal archivó el pasado jueves las actuaciones sobre Casas), defiende que es el «único órgano constitucionalmente competente para la valoración de los comportamientos institucionales de sus miembros», referencia con la que pretende salir al paso de las iniciativas que algunos partidos como el PP vienen barajando para llevar este affaire al Parlamento.

El acuerdo añade que el Tribunal «ha oído su relato [de Casas], agradeciéndole la transparencia de su comunicación y reiterándole su confianza».

Añade que el Pleno del Constitucional «expresa a la presidenta su apreciación de que ni ella ni el Tribunal deben sentirse afectados en sus respectivas legitimidades para el cumplimiento de las funciones que constitucionalmente tienen encomendadas» y «manifiesta su decisión de continuar con normalidad en el estudio y resolución de los asuntos que en este momento tiene en su agenda».

Este relevante inciso se refiere al Estatuto de Cataluña. Según las fuentes consultadas por este periódico, es un empeño de muchos magistrados -incluida la presidenta- sacar adelante la sentencia del Estatut, haciendo frente al reto histórico de resolver la cuestión más compleja de todas las que se han sometido al Tribunal.

El acuerdo no fue unánime, como le hubiera gustado a Casas. El magistrado Jorge Rodríguez-Zapata no se pronunció sobre las explicaciones de la presidenta al considerar que «con arreglo a la propia jurisprudencia del Tribunal, ello supondría una toma de postura que me contaminaría en el futuro ante eventuales actuaciones que exigieran un pronunciamiento jurisdiccional o gubernativo de este Tribunal». Rodríguez-Zapata se refiere a posibles denuncias que en cualquier momento pueden llegar al TC (de hecho, el Supremo ha recibido una querella contra Casas, y el Consejo General del Poder Judicial, una denuncia). Pero en su solitaria disidencia también late el recuerdo de que ningún magistrado salió en apoyo del fallecido Roberto García-Calvo cuando fue objeto de un ataque político y mediático parecido.

El comisario Santano volverá a sentarse hoy en el banquillo

MARIA PERAL

MADRID.- La Sección 15 de la Audiencia de Madrid reanudará hoy el juicio contra los mandos de la Comisaría General de Policía Científica acusados de la falsificación de un informe pericial enviado al sumario del 11-M.

El comisario Miguel Angel Santano; su número dos, Pedro Mélida; el jefe de la Unidad Central de Análisis, José Andradas, y el jefe del Laboratorio Toxicológico, Francisco Ramírez se volverán a sentar en el banquillo que ya ocuparon el 12 de febrero. En esa fecha, la Audiencia suspendió la vista oral al considerar «absolutamente imprescindible» conocer los términos de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo sobre el caso Atutxa.

En esa sentencia, el Alto Tribunal reinterpretó la doctrina Botín, que permitió exonerar al presidente del Banco Santander porque sólo le acusaba la acción popular y no lo hicieron ni el fiscal ni la acusación particular. Con la sentencia sobre Atutxa, el Supremo estableció que esa cláusula de cierre que impide abrir el juicio oral únicamente opera cuando se produce la convergencia interés público-interés privado, pero no en otros supuestos.

La Audiencia de Madrid ha reservado para el juicio contra la cúpula de la Policía Científica toda esta semana y un día de la siguiente, por lo que es previsible que acuerde la continuación del juicio y desestime la petición de la defensa, de la Abogacía del Estado y del fiscal para que se aplique a este caso la doctrina Botín.

Las tres acusaciones populares que mantienen vivo este proceso (la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, la Asociación Víctimas del Terrorismo y el sindicato Manos Limpias) sostienen que los acusados alteraron un informe elaborado por los peritos Manuel Escribano, Isabel López y Pedro Manrique sobre 1,3 kilos de ácido bórico encontrados en la vivienda de Hasan Haski, condenado en el juicio del 11-M. En concreto, hicieron desaparecer la referencia a que esa misma sustancia fue hallada en un piso franco de ETA.