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ZOUGAM, TRASHORRAS Y GNAOUI, UNICOS CONDENADOS POR LOS ATENTADOS
11-M: golpe de gracia del Supremo a aspectos clave de la versión oficial

MARIA PERAL

MADRID.- El Tribunal Supremo ha revocado la condena impuesta por la Audiencia Nacional a cuatro acusados en el sumario del 11-M, ha absuelto parcialmente a otro, ha bajado la pena a cinco más y ha dictado una única condena nueva, la de Antonio Toro, a cuatro años de cárcel.

En una sentencia que rebaja las conclusiones incriminatorias de la Audiencia Nacional -como viene sucediendo en las causas por terrorismo islamista- y que supone un varapalo a la Fiscalía -que fracasa en su única apuesta: lograr la condena de El Egipcio-, el Supremo dibuja un escenario final de las responsabilidades por el 11-M que se reduce a tres únicas condenas por los 192 asesinatos cometidos.

El resto de los condenados no lo son por su implicación en los atentados, que siguen careciendo de autores intelectuales.

La sentencia del Supremo sobre el 11-M aquilata lo que debe considerarse terrorismo. «No basta con establecer que los sospechosos comparten ideas religiosas», dice, sino que son necesarios «hechos verificables y significativos» de que han pasado de las ideas a la acción. Además, advierte que «en cualquier caso», incluso ante masacres como ésta, «los derechos fundamentales deben ser respetados por los poderes públicos».

En esas dos afirmaciones está la clave del resultado del examen que el Supremo ha hecho de la sentencia dictada por la Audiencia Nacional el pasado 31 de octubre.

La primera explica absoluciones como las de Mouhannad Almallah Dabas y Basel Ghalyoun, a quien la Fiscalía llegó a pedir inicialmente 38.654 años de prisión como autor material de los atentados. La segunda afirmación justifica rebajas de pena como la que se ha aplicado a Hamid Ahmidan, que pasa de 23 años de cárcel a 13 porque la Sala ha expulsado del proceso las pruebas que se hallaron en su domicilio, registrado con una autorización del juez Del Olmo que carecía de motivación.

El Tribunal Supremo ha dado una argumentada respuesta a los atentados en una sentencia de 957 folios que ha sido capaz de notificar sólo 15 días después del fin de la vista pública de los recursos. Un doble récord -es la sentencia más extensa de la historia de la Sala Penal y la que se ha dictado en el plazo más breve tratándose de una causa compleja- cuyo mérito principal es atribuible al ponente, Miguel Colmenero.

La Sala, integrada además por su presidente, Juan Saavedra, y por los magistrados Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, ha querido dar «una respuesta razonada en un tiempo razonable» al «atentado terrorista más grave perpetrado en España y uno de los más graves ejecutado en el mundo», como indica la propia resolución.

Se trata de una resolución dictada por unanimidad en la que se ratifican las penas de 11 de los 21 condenados por la Audiencia Nacional, destacadamente a Emilio Suárez Trashorras. El minero asturiano, Jamal Zougam y Otman El Gnaoui quedan como los tres únicos responsables de los 192 asesinatos.

El resto de los condenados por la Audiencia ha visto notablemente alterada su situación tras el examen del Alto Tribunal: cuatro de ellos (Ghalyoun, Dabas, Abdelilah Fadual Akil y Raúl González) han sido absueltos de todos los cargos; a otro (El Gnaoui) se le absuelve del delito de falsedad documental y cinco más (Hasan Haski, Mohamed Larbi Ben Sellam, Hamid Ahmidan, Nasredine Bousbaa y Mahmoud Slimane) ven rebajadas sus penas.

Sólo en un caso, el de Antonio Toro, el Supremo ve una responsabilidad penal que la Audiencia no había establecido. La Sala considera que los hechos declarados probados respecto a Toro -que ofreció dinamita a Rafá Zouhier y le entregó muestras del explosivo y de los detonadores- justifica su condena a cuatro años de prisión por un delito de tráfico de explosivos, aunque, a diferencia de Trashorras, «no puede establecerse que su acción de tráfico llegara a concretarse en una entrega a personas que conociera que tenían finalidades terroristas».

Salvo en lo que respecta a Toro, las acusaciones no han obtenido respaldo a sus tesis en la fase de casación. Ninguno de los tres acusados de ser los inductores de los atentados (Rabei Osman El Sayed, Haski y Yusef Belhadj) ha sido condenado. Las acusaciones tampoco han logrado agravar la implicación de Zouhier.

Especialmente relevante es el fracaso de la Fiscalía en su único empeño en la fase de casación. Tras renunciar a sostener la inmensa mayoría de las tesis de la fiscal Olga Sánchez -premiada con el ascenso a la Fiscalía del Supremo tras su actuación en el proceso del 11-M-, el Ministerio Público solicitó al Alto Tribunal que condenase a 10 años de cárcel a Rabei Osman, El Egipcio, como integrante de la célula terrorista de Madrid.

El Supremo da la razón a la Fiscalía en que la Audiencia se equivocó al aplicar el principio non bis in idem (que prohíbe una doble condena por los mismos hechos), ya que Osman está condenado por terrorista en Italia, pero ese fallo aún no es firme.

Sin embargo, la sentencia de la que fue ponente el presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, no contiene ni una descripción de los hechos delictivos supuestamente cometidos por Osman ni una valoración de las pruebas que pudieran existir en su contra. En esas condiciones, dice el Supremo, no es posible imponerle condena alguna.

El Tribunal no tiene dudas de que «al menos algunas» de las personas que se suicidaron en el piso de Leganés participaron en los atentados y afirma de manera expresa su «dependencia ideológica de Al Qaeda». Sin embargo, «no aparece relación alguna de carácter jerárquico con otros grupos o con otros dirigentes de esa organización», añade, lo que permite establecer que «la célula que operaba en Madrid, en la medida en que ha sido identificada, no dependía jerárquicamente de otra» y puede considerarse un grupo terrorista «independiente».

elmundo.es Especial 11-M, masacre en Madrid: Lea el fallo íntegro del Supremo. Vídeo: Los nuevos absueltos salen de prisión.

EDITORIAL
EL SUPREMO PONE EN EVIDENCIA EL FRACASO DEL ESTADO DE DERECHO AL INVESTIGAR EL 11-M

ESPAÑA
Solbes ofrece a todas las CCAA los mismos impuestos que el Estatut da a Cataluña

C. SEGOVIA

MADRID.- El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, gana tiempo. Ayer tenía que presentar lo que debía ser la solución al llamado sudoku de la financiación autonómica, pero lo único que concretó es que está dispuesto a ceder a todas las comunidades autónomas «en torno» al 50% de la gestión de los grandes impuestos. Es decir, lo que obligaba el Estatut. Solbes difundió ayer un documento llamado Bases para la reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas en el que se compromete a entregar hasta el 50% de la gestión del Impuesto sobre las Personas Físicas (IRPF), Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y los llamados Impuestos Especiales, como los que gravan el alcohol y el tabaco.

La extensión del poder sobre impuestos favorece a las comunidades más prósperas, porque son las que tienen más capacidad recaudatoria. Si esta medida no está equilibrada por un refuerzo de los mecanismos de solidaridad, pueden ampliarse las diferencias de renta en el país. Solbes no aclaró ayer cómo se logrará evitar este fenómeno.

El anterior Gobierno del Partido Popular cedió ya el 33% del IRPF, el 35% del IVA y el 45% de los Impuestos Especiales, y el Estatut reclama llegar al 50% e incluso al 58% en los Impuestos Especiales. El secretario de Estado de Hacienda, Carlos Ocaña, dijo que la intención es cumplir el Estatut.

La filosofía que intenta imprimir Solbes es que las comunidades autónomas sean más corresponsables y, al tener más gestión y capacidad normativa sobre los impuestos, se autofinancien más sin recurrir a Madrid. El vicepresidente señaló que «el Gobierno puede aportar recursos adicionales» para intentar cuadrar el sudoku de este nuevo modelo. Pero advirtió que el margen puede ser limitado por la actual situación económica y presupuestaria.

En otros términos, intenta que el nuevo modelo no tenga apenas coste presupuestario para el Estado y fuerce a las comunidades autónomas a subir sus propios impuestos para mejorar su financiación. En posible alusión al Gobierno de la Comunidad de Madrid, Solbes señaló que «no es lícito pedir dinero al Estado y, al mismo tiempo, bajar impuestos». No mencionó que él hizo lo mismo en la negociación con la Unión Europea sobre el reparto de los fondos de cohesión.

Pero el vicepresidente no adelantó cuál será la clave de reparto del dinero más allá que mantener la actual. Calificó el modelo acordado en la etapa del PP como «bueno de partida» y dijo que el problema que tiene es que no reconoce la población. Pero si ésta se actualiza, se puede mantener lo demás, es decir, los criterios de reparto en función de la población matizados por la dispersión geográfica, el envejecimiento y la insularidad.

El vicepresidente pronosticó que «ninguna comunidad perderá», pero también reconoció que «alguna ganará más que otra». Aludió especialmente «a las que más han aumentado población».

No garantizó que vaya a atender lo que reclama la Generalitat de que la solidaridad -una palabra que Solbes no mencionó- no haga descender a Cataluña en el ranking de renta per cápita. Ni tampoco que los servicios públicos en los que haya igualdad entre los españoles se vayan a limitar a Sanidad, Educación y Servicios Sociales, como reclaman también en Barcelona. Con su movimiento de ayer pareció intentar cumplir el trámite, previsto en el Estatut, de presentar una base de acuerdo antes del 9 de agosto, para iniciar la negociación en serio en otoño. «Será larga y difícil», auguró Solbes.

Su antecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, acusó al vicepresidente de «hacer una maniobra de distracción». «El PP está decepcionado, ya que tras tres años de discusión el Gobierno sólo ha sido capaz de ofrecer un modelo con imprecisiones y generalidades para intentar contentar a todos y no contentar a nadie», afirmó.

Por su parte, el vicepresidente del Gobierno autonómico madrileño, Ignacio González, acusó al Ejecutivo central de haber maltratado a la región en las inversiones, de modo que se han dejado de crear más de 22.000 empleos. El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, se expresó así tras reunirse con Ocaña: «Si para cubrir las necesidades que tienen asignadas las comunidades y financiar esos servicios a la población adicional hay que recargar con impuestos a todas las comunidades, no aceptaremos el modelo».

ESPAÑA
Rubalcaba dice a la AVT que no puede evitar que De Juana sea vecino de víctimas de ETA

FERNANDO LAZARO

MADRID.- No hay manera. El Gobierno no encuentra vías legales para evitar que, a partir del próximo 2 de agosto, el asesino de ETA José Ignacio de Juana Chaos viva cerca de al menos cinco víctimas de su organización terrorista. Y así se lo transmitió ayer el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a las asociaciones de víctimas con las que mantuvo su primer encuentro tras las elecciones generales. El ministro se reunió, entre otros, con la junta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).

«No se nos ocurre ninguna medida legal. No queremos engañar a nadie ni crear falsas expectativas», remarcó el titular de Interior tras valorar de forma muy positiva sus reuniones con la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) y la Federación de Asociaciones Autonómicas de Víctimas del Terrorismo (Faavt).

La AVT pidió a Rubalcaba que el Ejecutivo aprobara un Real Decreto por vía de urgencia que permitiera evitar de forma «retroactiva» que los asesinos pudieran convivir cerca de sus víctimas. Quería una modificaciónq ue se aplicara de forma inmediata y que pusiera fin a la polémica sobre De Juana.

El presidente de la AVT puso como ejemplo el Real Decreto aprobado por el Ejecutivo con el que se codificará la identidad de las mujeres que aborten. Rubalcaba explicó que ese Real Decreto no tendría cobertura legal y que no se puede aplicar nuevas medidas restrictivas a penados.

El ministro explicó con detalle cómo el actual Código Penal, en su artículo 48, ya recoge medidas de alejamiento que se pueden aplicar a los terroristas. Recordó que desde 2005 hay muchos condenados de ETA que han sido sancionados también con medidas de alejamiento cuando cumplan su condena de cárcel, como es el caso de los etarras que acabaron con la vida de Miguel Angel Blanco, Fernando Buesa o Fernando Múgica, entre otros. Dejó entrever que no es necesaria ninguna reforma más del Código Penal, una posible reforma apuntada ya por el portavoz socialista en el Congreso José Antonio Alonso y reclamada desde las filas populares. El texto actual «es un texto muy acabado», indicó el ministro tras recordar que De Juana fue ajusticiado por el antiguo Código Penal.

No obstante, a requerimiento de las víctimas, el ministro aseguró que el Ejecutivo continuará estudiando posibles fórmulas para impedir la cercanía de De Juana a las víctimas y dejó abierta a las asociaciones la posibilidad de recibir cualquier propuesta encaminada a ello. Dejó claro que su preocupación y sensación en este caso es la misma que las de las víctimas del terrorismo. Casquero calificó de «prueba de fuego» la actitud que mantenga el Gobierno en el caso De Juana para constatar el compromiso del Gobierno con las víctimas del terrorismo. El ministro dejó como única puerta abierta para actuar contra el asesino de ETA el procedimiento abierto por la Fiscalía de la Audiencia Nacional ante un posible delito de alzamiento de bienes, en el caso de la compra de su piso de San Sebastián.

El PP toma nuevo tono en la lucha antiterrorista pero no olvida lo pasado en la anterior legislatura y advierte de que estará vigilante. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, fue clara y tajante en Cuenca. Exigió al Gobierno que «actúe con contundencia, tome las medidas que tiene que tomar y no ceda a ningún tipo de chantaje, como pasó en otras ocasiones», en relación a la huelga de hambre anunciada por De Juana. Y es que la anterior huelga de hambre del asesino, en plena tregua, supuso que el Ministerio del Interior le concediera el tercer grado penitenciario atenuado, lo que se visualizó con el etarra dando paseos por San Sebastián.

En relación a la nueva huelga de De Juana Chaos, condenado por el asesinato de 25 personas, «no tenemos que preocuparnos tanto, porque este señor terminará mintiendo, como hizo la vez pasada, y tomando jamón de york por las noches, y no le pasará nada». Por otro lado, aconsejó al etarra que «si se siente presionado socialmente, que le pregunte a víctimas del terrorismo como Pilar Elías cómo se aguanta la presión, teniendo bajo su casa el negocio del etarra que mató a su marido».

elmundo.es Especial: ETA, la dictadura del terror

El Rey visita a Adolfo Suárez

La Casa del Rey y la familia del duque de Suárez prepararon una visita de carácter familiar en el domicilio del ex presidente para preservar su intimidad

MARISA CRUZ

MADRID.- Los Reyes de España visitaron ayer a mediodía al primer presidente de la democracia, Adolfo Suárez, en su domicilio privado de La Florida (Madrid), para hacerle entrega personalmente de las insignias del Toisón de Oro que le fue concedido el año pasado.

La Casa del Rey y la familia del duque de Suárez habían acordado que la entrega tendría un carácter estrictamente privado y familiar para preservar la intimidad del ex presidente, aquejado desde hace años de una grave enfermedad degenerativa.

Fuentes de La Zarzuela han calificado la visita, en la que también han estado presentes varios miembros de la familia del duque de Suárez, como «cariñosa y entrañable».

Del encuentro entre el Monarca y quien fuera su primer presidente de Gobierno quedará como constancia una única foto tomada por el propio hijo de Suárez, Adolfo Suárez Illana. En la instantánea aparecen Don Juan Carlos y Suárez de espaldas paseando reposadamente por el jardín.

El Rey siempre ha tenido una estrecha relación con Suárez, con quien compartió los momentos iniciales y más difíciles de la Transición. Don Juan Carlos ha estado en todo momento informado del estado de salud del político y ha mantenido un contacto continuo con su familia.

Adolfo Suárez fue nombrado presidente por el Rey siete meses después de la muerte de Franco. Con él se inició el diálogo con todas las fuerzas políticas para empezar a construir la democracia. Bajo su mandato se legalizó el Partido Comunista, se convocaron las primeras elecciones libres, se firmaron los Pactos de La Moncloa y se redactó la Constitución.

Presentó su dimisión en enero de 1981, pero todavía como presidente en funciones hubo de superar, un mes más tarde, el intento de golpe de Estado del 23-F. Todos estos avatares fueron los que le unieron para siempre al Rey.

Ayer, el primer presidente de la democracia recibió la visita y el cariño de uno de sus mejores amigos.

HUMOR GRAFICO
Gallego & Rey
Ricardo

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POR LA LENGUA COMUN
El PP presenta en cada autonomía mociones a favor del Manifiesto

Los 'populares' articulan una proposición no de ley por «el uso y defensa de la lengua común» Sánchez-Camacho se desmarca del Manifiesto

JUAN SANCHEZ

GUADALMAR (MALAGA).- El PP se afana en la articulación de una proposición no de ley por «el uso y la defensa de la lengua común», que pretende tener lista durante el próximo mes de septiembre para presentarla tras el inicio del nuevo curso político en los distintos parlamentos autonómicos.

Lo desveló ayer el secretario general de Política Territorial del PP, Javier Arenas, en el transcurso de la primera reunión de portavoces en los parlamentos y asambleas autonómicas que ayer se celebró en Guadalmar (Málaga), y en la que, entre los acuerdos adoptados, se alcanzó el de defender «el derecho a usar el castellano sin ser discriminado».

Con esta iniciativa, que sigue la misma estela del Manifiesto por la Lengua Común promovido por un grupo de intelectuales, los populares pretenden instar al Gobierno central a que, «haciendo uso de sus obligaciones constitucionales, garantice que todos los ciudadanos tengan derecho a utilizar y estudiar en castellano durante todas las etapas del sistema educativo».

Pero además, con su proposición, los populares persiguen hacer fuerza en las propias asambleas autonómicas. Piden, en este sentido, que se «remuevan todos los obstáculos» que impiden que la lengua española, en las comunidades autónomas que tienen lengua cooficial, se mantenga como «instrumento de libertad y solidaridad al servicio de las personas», es decir, que sea «un vehículo de entendimiento y nunca una fuente de desigualdades».

El PP aboga por que el Ejecutivo establezca «normas de general cumplimiento» que «faciliten el acceso a la función pública sin discriminación por razón de lengua». Según trasladó Arenas, la declaración del PP también incluye la exigencia al Gobierno de que «garantice el acceso a la lengua española en favor de los españoles que viven en el exterior y de sus hijos».

Durante la primera reunión de portavoces parlamentarios, que se repetirá dentro de tres meses en Castilla y León, los populares ultimaron así el documento que alude de forma reiterada a la Constitución para dejar claro que ésta advierte, entre otras cosas, que «todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte del territorio» nacional.

Desde el PP lamentan que, pese al valor y la claridad de estos principios, «la lengua común de todos los españoles está siendo relegada, cuando no arrinconada, en algunas comunidades autónomas» que «vienen practicando políticas lingüísticas excluyentes que dificultan el conocimiento y el uso del castellano».

Los populares apelaron a los españoles que «no entienden que se pierda tiempo y dinero público en no garantizar los derechos de todos los españoles, en perjuicio de la lengua castellana».

Sea como sea, el mismo día en que Arenas hacía pública su iniciativa para toda España, el PP de Cataluña protagonizaba un público desmarque. Al viejo estilo de Josep Piqué -si no con mayor contundencia-, la recién nombrada presidenta regional de la formación, Alicia Sánchez-Camacho, declaraba a La Vanguardia que ella no firmará el Manifiesto por la Lengua Común en defensa del castellano. Argumentó que «no es necesario», ya que en Cataluña «conviven con normalidad las dos lenguas». Con ello dejó claro que no se siente vinculada por la adhesión al Manifiesto por parte del presidente nacional de su partido, Mariano Rajoy, o la de otros dirigentes, como Soraya Sáenz de Santamaría o Alberto Ruiz-Gallardón. «Yo he defendido, defiendo y defenderé el derecho a usar y a aprender el castellano en Cataluña», declaró, «pero no firmaré el Manifiesto, no es necesario». La senadora, que no tiene escaño en el Parlamento catalán, comprometía así la decisión de los populares sobre la proposición no de ley en Cataluña. Sólo por la tarde, a través de un comunicado, Sánchez-Camacho se adhirió a la iniciativa del PP en toda España, que previamente había suscrito la portavoz popular en el Parlamento catalán.