COSAS DE LA JUSTICIA:«pijo rojo de los 80» toma declaración a un testigo del genocidio tibetano/ Garzón en su laberinto: la memoria contra el presente
El juez Pedraz toma declaración a un testigo del genocidio tibetano
MANUEL MARRACO
MADRID.- Los Juegos Olímpicos no han servido para nada: el Gobierno chino «ha continuado con las matanzas y las torturas» en el Tíbet. Así lo mantuvo ayer ante el juez Santiago Pedraz el director del Centro Tibetano de Derechos Humanos y Democracia del gobierno tibetano en el exilio, Urgen Tenzy.
Su declaración se produce dentro de la querella por delitos de lesa humanidad contra siete políticos y militares chinos, que el magistrado de la Audiencia Nacional admitió a trámite el pasado 5 de agosto, tres días antes del inicio de los Juegos Olímpicos. Esta querella se centra en los enfrentamientos entre las Fuerzas de Seguridad chinas y disidentes tibetanos el pasado mes de marzo, y se suma a la investigación abierta por el juez Ismael Moreno por el supuesto genocidio sobre el pueblo tibetano.
Tenzy explicó ayer que desde marzo han contabilizado un centenar de muertos y en torno a 6.000 detenidos que han sido torturados, aunque subrayó que les resulta muy difícil obtener datos precisos.
Los denunciantes -el Comité de Apoyo al Tíbet, la Casa del Tíbet y Tubten Wahghen Sherpa- entregaron ayer un vídeo al magistrado con imágenes de lo sucedido, y han pedido a Pedraz que se desplace a la zona para comprobar sus denuncias.
Entre los querellados se encuentran los ministros de Defensa y de Seguridad del Estado, así como el secretario del Partido Comunista chino en el Tíbet, Zhang Qingli.
Ayer también estaba prevista la declaración del responsable de seguridad del gobierno tibetano en el exilio, que finalmente no compareció. El próximo miércoles, Pedraz tomará declaración al responsable de Asia de Amnistía Internacional, autor de un informe reciente sobre la situación en el Tíbet. («pijo-rojo de los años 80» )
Garzón en su laberinto: la memoria contra el presenteJAVIER REDONDO
Garzón ha iniciado su enésima noble causa en el tiempo y la forma más adecuados para según quién: con ella permite reabrir llagas sobre el pasado -terreno en el que se desenvuelve con soltura una parte de la clase política e intelectual- y a la vez neutralizar el presente; es decir, su petición coincide con la publicación de la cifra de parados más alta de la década. Por tanto, Garzón no sólo ha creado una cortina de humo, sino que nos ha abierto de par en par la puerta del laberinto en el que tan propensos somos a penetrar provistos casi siempre de las alforjas del revanchismo.
Para llegar a lo esencial marginaremos la fundada sospecha de que la Audiencia Nacional no es competente y demos por sinceras las motivaciones del magistrado. Pensemos inocentemente que no obedece a criterios de oportunidad política y que sólo pretende impulsar la elaboración de un censo de fallecidos y represaliados durante la Guerra Civil y el franquismo, respondiendo así a las demandas de reparación de algunas víctimas y en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. Pasemos por alto que dicha ley le confiere a las distintas administraciones públicas tamaña labor; que Garzón tendría que definir los delitos -incluida su posible prescripción- y encontrar y juzgar a los culpables de ambos bandos.
Emprender causas imposibles tiene una ventaja: el fracaso genera comprensión y está justificado a pesar de los costes. El trabajo iniciado requiere una inversión de recursos humanos y materiales monumental. Bien es cierto que esto no convierte el empeño en superfluo, pero tal vez a Garzón le ha faltado hacer un ejercicio de previsión y evaluación de las posibilidades de concluir con éxito su ingente tarea. La previsión y el realismo están muy relacionados con la responsabilidad.
Con el paso del tiempo y los perfeccionamientos técnicos, los historiadores han acotado las cifras definitivas de muertos, desaparecidos y represaliados. Con todo, resulta imposible afinar el número total, pero más aún identificar a las víctimas. Independientemente de las fuentes utilizadas y el rigor con el que se empleen, las cuentas tienden a ser producto de cálculos rudimentarios, de estimaciones y aproximaciones basadas en censos incompletos o defectuosos.
Por ejemplo, Gabriel Jackson empezó sus investigaciones hablando de 400.000 muertos, cantidad que luego redujo a la mitad. El apéndice de su trabajo no tiene desperdicio y nos muestra la magnitud del desafío: parte de un censo de 1942 elaborado por el médico Jesús Villar Salinas (800.000 muertos), de los datos ofrecidos por el general Rojo (100.000 muertos y represaliados del bando republicano) y los aportados por el Ministerio de Justicia tras la instrucción de la Causa General en 1943 (85.940 en la zona nacional). Cuenta las bajas de las más importantes batallas (Ebro, Teruel y Brunete...) con datos de periódicos como el Times y concluye que cinco bajas suponen una muerte. A partir de ahí tira de calculadora y aporta su cifra, en la que incluye fallecidos por enfermedad o desnutrición.
Payne lo explica muy bien: en la guerra murieron 246.668 personas, pero no todas a causa de ella. Los trabajos actuales hablan de alrededor de 120.000 muertos en la contienda -repartidos a partes iguales en ambos bandos- y 50.000 durante la represión, cuyos años más duros fueron entre 1939 y 1943, tiempo en el que se aplicaron sin fisuras las leyes de Responsabilidades Políticas y de Represión del Comunismo y la Masonería.
En definitiva, que los historiadores acometan este arduo trabajo, con toda la minuciosidad que puedan y con la colaboración de los poderes públicos, tal como establece la Ley de Memoria Histórica, resulta mucho más eficaz y mucho más saludable, sobre todo porque evita trasladar un debate historiográfico al ámbito político, donde ya fue amortizado con la Ley de Amnistía de 1977.
Javier Redondo es profesor de Ciencia Política de la Universidad Carlos III de Madrid y autor de "Así llegó España a la Guerra Civil" y "Los últimos días de la Guerra" , publicados por La Esfera de los Libros.
'Caso Mari Luz': un «cúmulo de desatenciones», no sólo del juez
El instructor del expediente a Tirado denuncia la «actitud pasiva» del fiscal y de la Junta de Andalucía y la «caótica» situación del Juzgado
MARIA PERAL
MADRID.- «Lo más que puede reprochársele» al magistrado Rafael Tirado es «no haber prestado mayor atención» a la sección del Juzgado que debía encargarse de ejecutar una condena impuesta en 2005 al pederasta Santiago del Valle. Pero su responsabilidad en que esa ejecución estuviera paralizada durante dos años y dos meses -con Del Valle libre para asesinar, presuntamente, a la niña Mari Luz Cortés- no se extiende a que hubiera debido controlar las 600 ejecutorias pendientes porque la situación del Juzgado y la «caótica» falta de funcionarios lo impedían.
Así lo afirma el instructor del expediente disciplinario abierto por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) al juez de Sevilla Rafael Tirado, al que correspondía ejecutar una antigua condena impuesta a Del Valle por abusos sexuales a su hija y que fue firme en diciembre de 2005. El cumplimiento de la pena no fue activado hasta el pasado marzo, una vez que el pederasta ya había sido detenido por la muerte de la pequeña de Huelva.
La propuesta de resolución elevada al CGPJ por el instructor, Wenceslao Olea -que, como adelantó EL MUNDO, pide 1.500 euros de multa para Tirado- descarta que el juez incurriera en una falta muy grave.
Tirado inició con rapidez la ejecución de la condena en enero de 2006, ordenando el ingreso en prisión de Del Valle. De esta forma, el asunto «no dependía de resolución alguna del titular del Juzgado», al que «no consta» que se le fuera dando cuenta del estado de la ejecutoria.
«La diligencia que le era exigible», señala Olea, «tan sólo podría haber llevado a una mera indicación u orden a la secretaria judicial, que es quien debía ejecutar lo que por el magistrado ya se había ordenado».
El instructor constata la «actitud pasiva» del fiscal y de la Junta de Andalucía, que, pese a haber ejercido la acusación contra del Valle, se desentendieron de la ejecución del fallo. Hubo, así, un «cúmulo de desatención» que, a juicio del instructor, debe ser tenido en cuenta a la hora de calificar la falta del juez.
La responsabilidad de la Junta de Andalucía aparece por partida doble: no sólo se olvidó de la ejecución de la condena, sino que permitió que la sección del Juzgado encargada del asunto estuviera casi seis meses sin cubrir «no ya por personal idóneo, sino por ningún funcionario», nombrando luego a un interino sin experiencia que de nuevo dejó la plaza vacante debido a un permiso por matrimonio.
La funcionaria encargada -«a destiempo»- de la ejecutoria describió gráficamente al instructor la situación de esa sección: «Había expedientes hasta en la silla, no podía ni sentarme».
[El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, dijo ayer que le parece «adecuado» el criterio del fiscal de que se sancione a Tirado por una falta muy grave. Justicia dirige un expediente contra la secretaria sólo por falta grave]
12.000 millones de euros en sus manosLa Abogacía del Estado, que dirige Joaquín de Fuentes, intervino durante 2007 en 293.000 procedimientos judiciales en los que la cuantía litigiosa en juego ascendía a 12.000 millones. Según la Memoria presentada ayer, tuvo éxito en el 80 % de los casos.
EL REVES DE LA TRAMA
Un mal servicio al Estado
Por JUSTINO SINOVA
Se han cumplido este verano los dos años de vigencia del nuevo Estatuto de Cataluña -ley orgánica de 19 de julio de 2006 que entro en vigor el 9 de agosto- sin que los magistrados del Tribunal Constitucional hayan tenido tiempo de fallar sobre los siete recursos de inconstitucionalidad, siete, que les fueron presentados: uno del Partido Popular, otro del Defensor del Pueblo y cinco de las comunidades de Aragón, Baleares, La Rioja, Murcia y Valencia. Esto, con todo, puede empeorar, pues podría ocurrir que el Estatuto surcara y concluyera su tercer año triunfal sin que tampoco el Alto Tribunal se pronunciara, que será todo lo jerárquicamente alto que se quiera pero que es tan lento y padece tan abundantes presiones externas e internas que es lo más parecido a una institución alarmantemente ineficaz.
El problema sería pasable, y hasta disculpable, a la vista de la agitada historia del TC si no estuviera en juego la aplicación de una ley presuntamente inconstitucional en materias básicas de la convivencia de los españoles, que van desde el terreno de los principios -el Estatuto se apropia de la palabra nación para aplicársela a Cataluña con el impudor además de citar la Constitución- al capítulo de la gestión política ordinaria, pues coloca a la Generalitat al nivel del Estado, en un plano de bilateralidad. El Estatuto se está aplicando día a día, lo cual es lógico, es lo que hay que hacer con una ley vigente, pero eso engorda también día a día el problema que estallará cuando el Tribunal, si alguna vez despierta de su sopor, suspenda algunos de sus artículos.
El TC ha tenido una agitada y controvertible trayectoria, no por culpa sólo de sus magistrados, o al menos no por culpa de todos sus magistrados, sino a consecuencia de las batallas políticas que se han librado sobre su tejado y que le han empujado a dictar sentencias polémicas, dudosas y hasta inconcebibles, como, cito de memoria, la de la televisión privada -en la que hacía depender el ejercicio de un derecho fundamental de una decisión política-, la de la Loapa, la de la expropiación de Rumasa o la de la Ley del Aborto. En el caso del Estatuto de Cataluña, la presión le ha llegado de forma incisiva desde el actual Gobierno, que no quiere la inconstitucionalidad de una promesa alegre de Zapatero a la clase política catalana y que arbitró una solución forzada para prolongar el mandato de la presidenta, María Emilia Casas, tras una crispada conversación con la vicepresidenta Fernández de la Vega que las cámaras pudieron grabar a distancia.
El problema puede complicarse si el Gobierno y la oposición acuerdan sustituir ahora a los cuatro magistrados que han cumplido su mandato y a un quinto fallecido, pues el nuevo pleno del Tribunal necesitará largos meses para estudiar de nuevo el caso. O sea, estamos ante una alternativa paralizadora: si se retrasa más la renovación del tribunal, lo que implica no cumplir la ley correspondiente, puede que el asunto siga durmiendo como hasta ahora, y si se renueva se abrirá un plazo indeterminado que aplazará las sentencias sobre los recursos a no se sabe cuándo. En definitiva, o mal o peor.
Lo menos que se puede decir de la gestión del Constitucional sobre esta ley es que está haciendo un mal servicio al Estado. Yo creo que el TC está en las horas más bajas de su historia. Lo primero que necesita la institución es que los políticos quiten las manos de ella, pero su recuperación sólo puede venir en serio de la gestión de sus magistrados en una defensa decidida, radical y rápida de la Constitución. Lo malo es que eso hoy parece mucho pedir.
REACCIONES A LA INICIATIVA DE GARZON
Manuel Fraga: «Del otro lado [el bando republicano] hubo muchas barrabasadas, como es absolutamente obvio [...] Muchos se fueron a México, hicieron muchísimo dinero y no han tenido que dar cuenta de hechos muchísimo más graves».
Pepiño Blanco. «Es un derecho sagrado de cualquier familia poder enterrar dignamente a sus muertos. Lo inhumano es mirar a otro lado ante el sufrimiento». Gaspar Llamazares. «Garzón ha sabido poner de relieve aspectos positivos y demostrar las insuficiencias de la ley».
Esteban González Pons. «Los escasos medios [de la Justicia] deberían destinarse a perseguir a vivos peligrosos y no a muertos que ya no están».
Enrique López. «No se puede aplicar delito de lesa humanidad a hechos anteriores a 1948».
VOX POPULI Un radical que está de acuerdo con Garzón. El ministro de Justicia considera «una buena iniciativa» la decisión de Garzón de pedir a diversas instituciones la lista de desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, a pesar de que las asociaciones judiciales creen que es inviable. Bermejo, caracterizado por su radicalismo izquierdista, está en su salsa, cuando también el Gobierno saca su lado más radical. La Asociación para la Memoria Histórica cifra en 50.000 el número de desaparecidos Pese a la ardua labor llevada a cabo por esta asociación, su trabajo sólo ha servido para identificar al 0,01% de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo. En opinión de Macías, la iniciativa puesta en marcha por el juez Garzón es un buen paso para avanzar en una tarea que hasta ahora recaía en la iniciativa de asociaciones particulares. Según el vicepresidente de la ARMH, el Estado «tiene herramientas suficientes para llevar a cabo una investigación de este tipo» que lleve a unos resultados «más o menos válidos». Sobre la decisión del juez Garzón, también se pronunció ayer el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, quien valoró positivamente que se haga un «esfuerzo» en este sentido y aseguró que su Departamento ofrecerá «todo el apoyo que se merece», informa Servimedia. «Es una buena iniciativa que exista ese censo, es una buena forma de poner las cosas en su sitio para que todos aquellos que no han tenido la oportunidad de tener la tranquilidad de que sus seres queridos estén identificados sepan dónde están», sentenció Bermejo. En todo el territorio español existen diversas asociaciones privadas que trabajan desde hace años por iniciativa propia en la búsqueda de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. Ayer, la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica (AGEMHA) presentó los resultados de su parte en un trabajo que, junto a otras tres organizaciones, está realizando desde el año 2004 para elaborar un mapa de fosas en Andalucía por encargo de la Junta. Cuando todos los informes estén concluidos, el Gobierno autonómico se encargará de recopilar los datos en un documento. La labor de AGEMHA en este trabajo se ha centrado en las provincias de Málaga, Almería y Jaén y los resultados se han recopilado en un informe de 1.500 folios, que será remitido al juez Garzón para que lo incorpore a su investigación, según informó ayer en rueda de prensa el presidente de la asociación, Manuel Velasco. En cuatro años de trabajo, ha localizado un total de 118 fosas comunes y ha identificado a 8.608 fusilados. posted by e-pesimo | 10:00
M. FDEZ. BERMEJO
DAVID SANZ EZQUERRO
MADRID.- La iniciativa emprendida por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón encaminada a elaborar un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo supone un reto superlativo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), una organización que trabaja desde el año 2000 en la búsqueda y exhumación de fosas comunes por todo el país, calcula que son más de 50.000 las personas desaparecidas en esas dos épocas de la Historia española.
En los dos últimos años, la ARMH ha conseguido exhumar e identificar a un centenar de desaparecidos, cuyos restos han sido entregados a sus familiares. Desde que comenzó su labor, hace ocho años, esta organización ha abierto 120 fosas comunes y ha conseguido identificar a 1.250 personas, según los datos facilitados a este diario por su vicepresidente, Santiago Macías. 
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