LA GARZONADA: «Una de las maniobras más indecorosas y torpes de ZP y su Gobierno, consistente en combatir la crisis económica con propaganda y circo»

EL REVES DE LA TRAMA
Un espectáculo

Por JUSTINO SINOVA

¿Podemos suponer que el magistrado Baltasar Garzón ignora que fueron amnistiados los delitos que ocasionaron el drama de los desaparecidos que quiere investigar a gran escala? Sería una temeridad: no, no ignora la ley de octubre de 1977 que concedió amnistía para los «actos de intencionalidad política cualquiera que fuese su resultado» realizados antes de diciembre de 1976. En aquella fecha nuestro juez estudiaba Derecho y estaba a tres años de ganar la oposición que finalmente le llevó a la Audiencia Nacional, y es seguro que hasta aprendió de memoria esa ley que cimentó la reconciliación de los españoles para la Transición.

¿Podemos suponer entonces que Garzón desconoce que no puede actuar sobre los delitos perpetrados a consecuencia -como dice en su auto- del «Alzamiento Nacional, la Guerra Civil y la posguerra bajo el mandato del nuevo régimen»? Sería otra temeridad: no, seguro que no desconoce que la investigación de esos delitos, de no haber sido amnistiados, incumbiría a los jueces de los lugares donde ocurrieron, argumento que sostuvo el fiscal Carlos Bautista en escrito que le envió.

¿Por qué entonces ha organizado lo que este diario ha llamado acertadamente una «causa general» para perseguir tales delitos originados en el franquismo (aunque el bando republicano también los causó en la República y la guerra, y deberían entrar lógicamente en el ámbito de la operación)? No debemos caer en el juicio de las intenciones, campo propio del protagonista, pero sí podemos percibir los efectos de la acción y comprobar que ha causado estos dos bien evidentes: ha vuelto a situar al personaje del juez en la tormenta mediática, de la que llevaba un tiempo ausente, y ha ofrecido motivos para distraer la atención del público.

El resultado importante es el segundo (el primero tiene un alcance limitado) pues entronca con una de las maniobras más indecorosas y torpes de Zapatero y su Gobierno, consistente en combatir la crisis económica con la propaganda y el circo. El terremoto de Garzón -que agita ministerios, ayuntamientos, archivos, parroquias...- podría enmarcarse en el espectáculo circense en el momento crucial de la reanudación de la vida rutinaria tras las vacaciones, cuando la crisis causa ya estragos en el empleo, en las familias y en las empresas.

Es un espectáculo de tintes macabros el propósito de negar la crisis. ¡Si incluso el Inem va a entrar en déficit por el aumento acongojante del paro! Hasta ahora ha aplicado al drama económico propaganda basada en azucarados mensajes y asuntos polémicos para discutir. La recurrente exhumación de la reforma de la ley del aborto cumple ese objetivo. Y la justa contra los delitos amnistiados, también.

El empeño es en gran parte innecesario: muchísimos datos que pide el juez están en los archivos públicos -por lo general muy bien organizados, lo digo por experiencia- al alcance de quien quiera investigar en ellos. Y hay buenos libros con información valiosísima sobre las víctimas. He aquí un ejemplo: el de Antonio Montero, obispo ya jubilado, Historia de la persecución religiosa en España, de 1961, ofrece 114 páginas con nombres de víctimas, de muchas de las cuales aporta minuciosos datos. Nadie ha desmontado su información en casi medio siglo. Pero, claro, son víctimas «eclesiásticas», para algunos víctimas de segunda, aunque padecieron como las que más.

La recuperación polémica sobre el pasado atenta contra la reconciliación y contra el principio de la concordia, que es una virtud de la que se sirve la democracia. Agitar pasiones puede arreglar algunos problemas al poder, pero es una maniobra insolidaria. Desde luego, para eso no se elige a los políticos. Ni eso se espera de los jueces.

REVISION JUDICIAL AL FRANQUISMO / El ministro del Interior defiende facilitar que «hijos y nietos sepan dónde están enterrados padres y abuelos» / El PNV apoya al juez y UPyD dice que se ocupa más de los muertos que de los vivos
Gobierno y PSOE apoyan a Garzón para reabrir las tumbas del franquismo

Rubalcaba cree que el juez no trata de ahondar heridas, «sino de cerrarlas» - El dirigente socialista Antonio Hernando ve injustas las críticas al instructor

MANUEL SANCHEZ

MADRID.- Sin complejos y sin doble lenguaje. Sin dudas y con convencimiento. El Gobierno y el PSOE apoyan abiertamente la iniciativa del magistrado de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, para que continúe con el proceso iniciado de reabrir las tumbas del franquismo.

Fuentes de la dirección del PSOE indicaron a EL MUNDO que, desde el respeto a la independencia judicial, los socialistas no pueden oponerse, más bien aplaudir, que muchas familias españolas puedan tener la posibilidad de enterrar a sus muertos, víctimas de la Guerra Civil.

Dichas fuentes aseguraron que es una evidencia que los fallecidos de uno y otro bando no fueron tratados por igual, que en el deseo de muchos españoles está saber dónde están sus familiares y que, respetando escrupulosamente la legalidad, no se atenta contra nadie abriendo este proceso.

Quien más claro lo dijo fue un miembro del Gobierno, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Para uno de los pesos pesados del Ejecutivo, la iniciativa del juez Garzón de elaborar un censo con los muertos y desaparecidos en la Guerra Civil y los primeros años del franquismo no trata de reabrir heridas, sino «cerrarlas», y aseguró que no comprende cómo eso puede «molestar» a alguien.

Rubalcaba, en declaraciones en Punto Radio, respondió de esta manera a las palabras del presidente del PP, Mariano Rajoy, quien al ser preguntado por la decisión de Garzón se manifestó a favor de no «reabrir las heridas del pasado».

«Creo que es bastante sensato y hay que comprenderlo», afirmó con ironía el ministro sobre las declaraciones de Rajoy. Y añadió: «Pero no entiendo qué nos debe llevar a no facilitar que nietos o hijos sepan definitivamente dónde están enterrados sus padres o abuelos».

Para Rubalcaba, garantizar a una persona «que los restos de sus seres queridos están definitivamente enterrados» significa «dar un derecho a las familias», para que puedan «empezar el duelo». «Esa es nuestra cultura y la gente lo entiende así», insistió.

Si Rubalcaba fue muy claro, menos dudas aún tuvo el secretario general de Ciudades y Política Municipal del PSOE, Antonio Hernando.

El dirigente socialista y miembro de la Ejecutiva Federal calificó ayer de «injustas y desmedidas» las críticas que está recibiendo el juez Garzón desde el Partido Popular por su iniciativa de pedir información sobre los desaparecidos en la Guerra Civil.

En declaraciones a los medios de comunicación, Hernando afirmó que «comprende perfectamente» a todas esas personas que quieren saber dónde están enterrados sus seres queridos.

El político socialista indicó que no se puede admitir que, incluso, «algunos dirigentes populares hayan acusado al juez de prevaricación, lo que es una barbaridad».

Hernando añadió que «lo que pretenden muchas asociaciones y muchas personas es saber dónde están sus seres queridos, no quieren ninguna contraprestación», afirmó.

El responsable socialista señaló que desconoce «a dónde va a llegar el proceso iniciado por la Audiencia Nacional, y si al final se podrá admitir la demanda que han presentado. Lo que sí comprendo es a las familias», concluyó.

Las opiniones del Gobierno y del PSOE son compartidas, en esta ocasión, por el PNV, quien ayer salió en defensa del juez de la Audiencia Nacional.

Emilio Olabarría, portavoz de los nacionalistas vascos en la Comisión de Justicia del Congreso, mostró su total rechazo a las «virulentas críticas» hacia la decisión de Garzón, y recordó que la represión ejercida por otras dictaduras sí ha sido investigada y declarada delito contra la Humanidad.

Olabarría, en declaraciones a Europa Press, defendió la actuación del juez Garzón, máxime cuando hasta el momento no ha realizado ninguna imputación, sino que sólo está practicando diligencias previas.

«No sé por qué en este caso se han levantado voces contra una investigación previa de algo que sí podría ser calificado jurídicamente como un delito imprescriptible contra la Humanidad», señaló. Por todo ello, Olabarría defendió que Garzón esté reclamando datos.

Por contra, el dirigente de UPyD Carlos Martínez reprochó ayer al magistrado de la Audiencia Nacional su investigación y que, en su opinión, «parezca empeñado en hacer justicia más para los muertos que para los vivos», afirmó.

REVISION JUDICIAL AL FRANQUISMO
Ibarra sospecha del juez: «Se apunta a un bombardeo»

El ex presidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra aseguró ayer que la iniciativa de censar a las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura le parece «muy bien», pero que «el que la haga Garzón está sospechosamente mal». Ibarra explicó que «nunca» se ha fiado del magistrado. «Casi siempre se apunta a un bombardeo» y ahora, añadió, «ha dicho: éste es mi momento, voy a por el Nobel». Otro socialista, el diputado por Córdoba Juan Luis Rascón dijo ayer que cree que Garzón «no es competente» para esta investigación.

REVISION JUDICIAL AL FRANQUISMO / El análisis
Cifras controvertidas

DAVID SOLAR

A punto de concluir la Guerra Civil, Franco llegó a decir que «la horda marxista» había asesinado a 470.000 españoles.

Terminada la contienda, tratando tanto de corroborar las auténticas cifras del terror desplegado en la zona republicana como de disponer de una astronómica cifra de víctimas del terror rojo, con indudable fuerza propagandística, en el Ministerio de Justicia se instruyó la Causa General, que en 1943 publicó sus conclusiones en la obra titulada La Dominación Roja en España, cuyas conclusiones elevaban la cifra de «los asesinatos debidamente investigados a 85.940, sin incluir, como es consiguiente, las bajas y víctimas de guerra».

Aunque políticamente mediatizada, con escasos medios y profusión de duplicaciones (muertos que aparecían en dos o más provincias) fue aquél el primer intento de contabilizar el terror de uno de los bandos, pues entre los vencedores tal cosa no había ocurrido: según el propio Franco, el Alzamiento impartía una «serena justicia» atemperada por la piedad.

Habrían de pasar muchos años hasta que, en 1974, un año antes de la muerte de Franco, un historiador muy conservador, Ricardo de la Cierva, reconocía que el Régimen había fusilado a 8.000 enemigos en la posguerra.

Durante la Transición se multiplicaron las investigaciones. En 1977, el general y concienzudo investigador histórico Ramón Salas Larrazábal publicó la primera obra de investigación seria sobre los muertos de la guerra, que ascenderían a un total de 271.444. De ellos, 142.239 habrían perecido en acciones bélicas; el resto «fueron debidos a las represalias contra los enemigos o a la represión de una justicia implacable, porcentaje escalofriante que indica bien a las claras lo extenso de las denominadas operaciones de limpieza en la retaguardia de ambas zonas».

Esa cifra señalada contemplaba las víctimas de la represión del bando republicano en 72.344 y las del franquista en 57.662. A estas últimas, el general añadía otras 22.716 muertes, debidas a ejecuciones judiciales en la posguerra, «desde el 1 de enero de 1939 hasta el 31 de diciembre de 1959, año en que se extingue totalmente la represión».

Según esta investigación, entre la guerra y la posguerra los sublevados y el franquismo habían ocasionado la muerte a 80.378 personas.

Los historiadores no han negado honestidad a este concienzudo trabajo, pero sí la metodología y los medios utilizados: registros civiles, consultados indirectamente a través del Instituto Nacional de Estadística y proyecciones demográficas sin datos fidedignos.

Ante la desaparición de registros, la sistemática ocultación de datos, la clandestinidad de las muertes, la duplicación estadística y los obstáculos políticos y administrativos para alcanzar la verdad de lo ocurrido, el trabajo de una investigación globalizada fue imposible.

Durante la Transición, sin embargo, se fue abriendo camino la verdad: en buena parte de las provincias y comarcas españolas se han realizado o se hallan en marcha investigaciones minuciosas, con frecuencia materia de trabajos universitarios o tesis doctorales, comprobando desde las inhumaciones en los cementerios a las ausencias registradas en cada pueblo una vez terminada la guerra.

A estas alturas, aún no se ha completado tan ímproba investigación de todo el territorio nacional y, tampoco se han reunido las investigaciones parciales para buscar un total científicamente aceptable.

La última gran recopilación que conozco fue la dirigida por el catedrático de Historia Contemporánea de la UNED de Madrid Santos Juliá, que publicó con la colaboración de cuatro notables especialistas Víctimas de la Guerra Civil (Temas de hoy, 1999).

La obra disminuye a unas 50.000 personas el volumen de la represión republicana, investigada en todas las zonas que estuvieron bajo su autoridad, mientras que eleva el de los sublevados y el del Régimen entre 1936 y 1939, y sólo en 24 provincias totalmente investigadas, a 72.527.

A falta de los datos de las 25 provincias restantes, los historiadores no pueden ir más lejos, pero en sus conclusiones aventuran: «Si en la mitad de las provincias ya se conocen 72.527 fusilamientos (guerra y posguerra), habría que pensar en el doble para la totalidad de España».

REVISION JUDICIAL AL FRANQUISMO
Los obispos darán una respuesta a Garzón tras estudiar su solicitud

MADRID.- La Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguró ayer que los obispos estudian el requerimiento del juez de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, sobre la elaboración de listados y datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil. Ese fue el anuncio que realizaron los obispos apenas un día después de recibir la controvertida reclamación del magistrado.

El estudio del requerimiento judicial dirigido por Silverio Nieto, responsable del Servicio Jurídico Civil del Episcopado, llevará a los obispos a dar una obligada respuesta formal al juez aunque, previsiblemente, no será una respuesta pública -según explicaron a Europa Press fuentes del Episcopado-, dado el ámbito jurídico de la cuestión y la polémica que desde su inicio ha despertado.

El juez de la Audiencia instó a la Conferencia en su escrito a comunicar a la totalidad de las parroquias de España que permitan el acceso a la Policía Judicial para que ésta identifique a posibles víctimas desaparecidas a partir del «alzamiento nacional» a través de los libros de difuntos de los que dispongan.

En caso de llegar a realizarse, el trabajo de los investigadores promete ser exhaustivo dado que en nuestro país hay en estos momentos 22.700 parroquias canónicamente erigidas sin contar ermitas y otros lugares de culto que pudieran verse aludidos.

REVISION JUDICIAL AL FRANQUISMO / Los apoyos
La Xunta trasladará a Garzón por iniciativa propia documentación sobre represaliados

Una asociación andaluza que interpuso una denuncia por 57 desapariciones enviará al juez un censo con los nombres de 22.252 asesinados

MADRID.- El paso dado por el juez Baltasar Garzón para elaborar un gran censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo ha movilizado a distintos organismos públicos, entidades privadas y hasta ciudadanos particulares que se han mostrado dispuestos a colaborar en la investigación del magistrado.

La Consellería de Cultura de la Xunta comunicó ayer que enviará «de inmediato» al juez un censo de víctimas en la Guerra Civil con datos de más de 14.600 personas -entre las que se encuentran 3.588 fallecidos-, y un mapa de más de 300 «lugares de represión», que incluye 26 fosas y 11 puntos de la costa gallega donde se arrojaron cadáveres.

La conselleira de Cultura, Anxela Bugallo, señaló ayer que los datos son fruto de un trabajo de investigación «riguroso», titulado Las víctimas, los nombres, las voces, los lugares, en el que su departamento implicó a las tres universidades gallegas. La dirigente del BNG informó, asimismo, de que hay contactos con el Instituto de Medicina Legal para que colabore en próximas fases de este proyecto, informa Europa Press.

El magistrado de la Audiencia Nacional hizo pública el pasado lunes una providencia en la que solicitaba a diversas instituciones una ingente cantidad de datos para elaborar un censo de desaparecidos durante el franquismo, a raíz de varias denuncias presentadas en la Audiencia.

Entre las instituciones requeridas por el juez no se encontraba la Administración gallega, que, no obstante, ha decidido colaborar con la investigación del juez por iniciativa propia, al igual que hiciera un día antes la Generalitat de Cataluña.

El juez Garzón dio un plazo de 15 días a las asociaciones que solicitan una investigación sobre las víctimas de la Guerra Civil para que aporten una relación sistemática de personas desaparecidas y su ubicación.

La Asociación Andaluza Memoria Histórica, que interpuso una denuncia por 57 desapariciones en Sevilla, Cádiz y Huelva, comunicó ayer que remitirá al magistrado un listado con «22.252 personas que fueron asesinadas durante la represión franquista». Además de esta lista, que está incluida en la base de datos de la web www.todoslosnombres.org, la asociación presentará al juez libros de historiadores y diversos informes.

También las asociaciones de la Memoria Histórica de Castilla y León señalaron ayer que aportarán a la investigación de Garzón pruebas relativas a más de 13.000 casos de fusilados, desaparecidos y represaliados por la dictadura en las nueve provincias de esta comunidad, informa Miguel Angel Vergaz.

Una de las principales fuentes de información en Castilla y León parte de Valladolid, donde la Asociación de la Memoria Histórica de esta provincia remitirá al juez 6.000 fichas en las que constan distintos sumarios. En manos de Garzón ya obra la documentación enviada por esta asociación relativa a 27 exhumaciones.

También han expresado su disposición a colaborar con la investigación personas a título particular, como el historiador onubense Manuel Alonso Albarracín, quien ofreció ayer al juez su archivo personal, en el que cuenta con casi un centenar de nombres de represaliados.