CHARLOTADAS DE GARZÓN: Garzón reconoce que es incompetente/ El CGPJ le retira el "pasaporte"
JUICIO AL FRANQUISMO / Se inhibe en favor de los jueces de los lugares donde han aparecido restos de desaparecidos / Declara extinguida por fallecimiento la responsabilidad penal de Franco y otros dirigentes
Garzón reconoce que no es competente para investigar el franquismo después de intentar abrir 25 fosas
MANUEL MARRACO
MADRID.- Al final, Franco estaba muerto y Garzón no era competente. Así lo reconoce el propio magistrado de la Audiencia Nacional en un auto de 152 folios que en su mayor parte emplea en justificar por qué hace un mes sí era competente y en responder con igual saña a los palos que desde entonces ha recibido de la Fiscalía. Entre otras cosas, espeta al fiscal jefe, Javier Zaragoza, que siguiendo sus criterios «no habría habido juicio de Nüremberg».Desahogos aparte, el juez hace dos cosas: ratifica que deben investigarse penalmente las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo y se inhibe en favor de los jueces de aquellos lugares donde se han encontrado fosas comunes, para que sean ellos los que a partir de ahora se hagan cargo de la causa.
El magistrado se quita así de encima el asunto antes de que la Sala de lo Penal, su superior jerárquico, se pronuncie a petición fiscal sobre la competencia del instructor. El pasado día 7, el Pleno ya ordenó la paralización de las 25 exhumaciones autorizadas por el instructor, dejando así al magistrado con poco más que hacer en la causa.
La maniobra de Garzón no cierra la posibilidad de que el Pleno, finalmente, se pronuncie sobre el asunto. Fuentes judiciales y fiscales de la Audiencia Nacional indicaron ayer que el magistrado no tiene competencia para declarar extinguidas las responsabilidades penales ni para inhibirse en favor de los jueces ordinarios. Al haber transformado las diligencias previas en sumario -una maniobra con la que quiso evitar el recurso directo del fiscal ante su superior- , ambas medidas corresponderían a la propia Sala de lo Penal. Así, la de ayer sería una nueva resolución dictada sin competencia para ello. En cualquier caso, la Sala no tiene previsto abordar ninguno de los múltiples derivados del asunto hasta la próxima semana, ya que en ésta no se ha convocado Pleno.
El juez estrella, -que califica de «mediática» la actuación fiscal- justifica su inhibición en que ya ha acreditado el fallecimiento de Franco y otra treintena de dirigentes a los que responsabilizaba del «plan sistemático y preconcebido de eliminación de oponentes políticos a través de múltiples muertes, torturas, exilio y desapariciones forzadas (detenciones ilegales)». Extinguida su responsabilidad no existe ya a quién perseguir por el ataque a altos organismos de la nación y la forma de gobierno, el delito conectado a las desapariciones que Garzón empleó para establecer su competencia.
En realidad, no todos están oficialmente muertos. El juez reconoce que aún no ha podido certificar la muerte de José María Mazón, dirigente de la Falange. Además, indica que los jueces ordinarios podrían señalar a otros imputados aún vivos de rango político menor.
Al margen de que él no sea el juez competente, Garzón mantiene que la causa que abrió hace un mes debe seguir adelante: «Deben ratificarse con contundencia las bases sobre las que se asienta la investigación, así como la necesidad de la misma, al tratarse de delitos permanentes». Esa contundencia no ha evitado que, hasta ahora, los jueces hayan optado por ignorar el asunto o considerarlo prescrito, según las asociaciones de memoria histórica.
A lo largo de su discurso, el juez se alinea con una reciente resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU y respalda la derogación de la Ley de Amnistía, aprobada en 1977 por el 93% de las Cortes.
El juez repasa sus argumentos anteriores -las desapariciones no han prescrito, son crímenes contra la Humanidad, no les afecta la amnistía- y añade uno del que no había rastro en el auto en el que se declaró competente. Se trata de los «niños perdidos del franquismo», víctimas de «una segregación infantil que alcanzaría unos límites preocupantes y que, bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40». «Una situación», concluye, «que en gran medida podría haberse prolongado hasta hoy», lo que reforzaría la tesis de que esos delitos están vivos.
Pese a haberse negado a tramitar el recurso de apelación de la Fiscalía y no haber informado aún sobre el incidente de competencia que le acompañó, el juez ocupa buena parte del escrito en subrayar las «palmarias contradicciones» del Ministerio Público. Para ello, cita las investigaciones del caso Pertur -el etarra desaparecido antes de la Ley de Amnistía- y de presuntos criminales nazis, que la Fiscalía sí apoya.
El juez cierra el escrito informando al ministro de Justicia de que ha creado un grupo de expertos, un grupo policial y un grupo de peritos. Para que los aproveche.
A CONTRAPELOGarzón lo deja correr
Por SANTIAGO GONZALEZ
Mañana, a las 10.00 horas, se cumplirán 33 años exactos de una comparecencia, la del entonces presidente del Gobierno, Carlos Arias Navarro, que con aire muy mohíno dijo: «Españoles, Franco ha muerto». El anuncio se produjo en TVE, que tal como dijo entonces Perich, era «la mejor televisión de España», lo cual quiere decir que la noticia tuvo una expansión extraordinaria en términos de share. Cien de cada 100 españoles que en aquellos momentos veían la televisión tuvieron ocasión de enterarse.
Luego se dispuso una capilla ardiente de tres días, durante los cuales el cadáver del dictador fue expuesto en El Pardo para que le rindieran su último tributo los españoles partidarios, que por entonces parecían muchísimos. Dos millones de ciudadanos guardaron cola durante horas para ver sus restos. ¿Es posible que hubiera tantos franquistas en España? Probablemente, no. Seguramente muchos de los colaguardantes querían cerciorarse por sí mismos de la veracidad de la noticia.
El español es un pueblo muy desconfiado. Cuando en 1902 tuvo lugar el crimen de Don Benito, acababan de ser proscritas las ejecuciones públicas, lo que llevó a que los asesinos de la joven Inés Calderón, un cacique local llamado Carlos García de Paredes y su secuaz, Ramón Castejón, fueran agarrotados en el patio de la cárcel de la localidad pacense. El pueblo llano, temeroso de que la ejecución fuera un simulacro, exigió ver los cadáveres, que fueron expuestos a la vista del respetable. Unos pocos curiosos, más desconfiados que la media, pincharon con leznas y alfileres sus cuerpos yertos, con el fin de cerciorarse de los hechos.
El mejor notario, el pueblo. O sea, que Franco había muerto y esto era vox populi. Quizá Garzón quiso dejar bien sentada la verdad judicial sobre aquel hecho en su auto del 16 de octubre en el que se declaraba competente, y no quiso arriesgarse a basar la acción de la Justicia sobre habladurías más o menos extendidas. La figura de Franco era importante para el caso por ser inspirador de genocidio, delito que traspasa las barreras de la prescripción y la amnistía. Lástima que haya abandonado después de poner tanto rigor en ello, de dar por sentada la voluntad de exterminio en parte de una entrevista que Franco concedió, en julio de 1936, a un corresponsal de fábula que el Chicago Daily Tribune tenía en España, llamado Jay Allen. El juez pudo pedir una copia debidamente compulsada del diario citado o de The London News Chronicle, donde publicó una versión levemente diferente. Arcadi Espada dejó constancia en estas páginas de la equivocidad de una versión que el juez compone con dos fuentes distintas, ambas indirectas, en plan patchwork. La traducción «giró la cabeza, sonrió y, mirándome firmemente, dijo: 'He dicho que al precio que sea'», aparte de retratar a Franco como a la niña del exorcista, es difícilmente compatible con la respuesta que, en la misma entrevista, da el entrevistado sobre qué pasaría con los dirigentes de la República: «Nada. Que tendrán que ponerse a trabajar». El periodista debería haberle dicho: «Los muertos que vos matáis no sólo gozan de buena salud, sino que no podrán cogerse baja por defunción y/o enfermedad».
Garzón se dio por enterado ayer de que Franco ha muerto, judicialmente hablando, y abandona la instrucción de la causa, quizá para evitar daños mayores. Era un final previsible. Lástima de tantas víctimas que han sacado la cabeza caliente de esta aventura. Ellos no sabían nada de juzgados competentes, ni de prescripciones legales: sólo querían los restos de sus familiares. Garzón nunca debió alentar ilusiones cuya satisfacción no le correspondía.
JUICIO AL FRANQUISMO / El magistrado y sus polémicasEl CGPJ deniega por primera vez a Garzón el permiso para viajar de nuevo al extranjero
Se basa en las numerosas licencias que ya ha disfrutado, en el estado de su juzgado y en la urgencia y trascendencia de los asuntos que tramita
MARIA PERAL
MADRID.- La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó ayer al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón la autorización preceptiva para desplazarse el próximo viernes a París (Francia) con objeto de asistir a un coloquio de magistrados europeos antidroga.
Fuentes del CGPJ informaron de que es la primera vez que se deniega un permiso a Garzón, que pretendía marcharse de viaje al extranjero a los cuatro días de haberse reincorporado a su puesto de trabajo en el Juzgado Central de Instrucción número 5 tras ser operado de las cuerdas vocales, motivo por el que ha estado de baja desde el pasado 23 de octubre.
En la misma reunión de la Comisión Permanente se han denegado otros tres permisos. Uno de ellos era una licencia de 10 días para asuntos propios solicitada por un juez del País Vasco y otro, que había sido informado favorablemente por la Comisión de Escuela Judicial, se trataba de una comisión de servicio a favor de la magistrada Myriam Iglesias, titular de un Juzgado de lo Mercantil en Madrid. Iglesias iba a participar durante 15 días en un programa de intercambio de autoridades judiciales iberoamericanas en Colombia.
Fuentes del Consejo han señalado que, en todos los casos, la institución que gobierna a los jueces ha acordado no otorgar los permisos por unanimidad y teniendo en cuenta que «lo primero es el servicio público» y «no se pueden conceder licencias para viajes cuando un juzgado está sobrecargado», en expresión de uno de los miembros de la Comisión Permanente. Este órgano está integrado por los vocales Margarita Robles, Manuel Almenar, Almudena Lastra y Antonio Dorado. Está presidido por Carlos Dívar, que estuvo totalmente de acuerdo con los consejeros.
Las cuatro denegaciones se justifican por «la situación y el volumen de trabajo» que soportan los órganos judiciales afectados. Pero en el caso de Garzón el acuerdo es más explícito y se añaden otros argumentos, como el hecho de que viene disfrutando de numerosas licencias de estudios y comisiones de servicio (muchas más que cualquier otro miembro de la carrera judicial) y la «trascendencia y urgencia de los asuntos que actualmente tramita».
Todo ello exige, a juicio de la Comisión Permanente, una «prioritaria atención» a las actividades jurisdiccionales y aconseja que «las necesidades del servicio imperen sobre el permiso solicitado».
El viaje a Francia que pretendía llevar a cabo Garzón no estaba relacionado con ningún asunto jurisdiccional. Se trataba de participar en un coloquio sobre la lucha contra el blanqueo de capitales procedentes del narcotráfico.
El reglamento de la carrera judicial emplea el concepto licencia de estudios en un sentido amplio para comprender no sólo la realización de estudios estrictamente, sino también la asistencia a cursos, jornadas o congresos relacionados con cualquier disciplina jurídica, tanto en España como en el extranjero. En todo caso, la Ley Orgánica del Poder Judicial establece que para la concesión de estas licencias se deberá «tener en cuenta las necesidades del servicio».
El anterior CGPJ hizo una aplicación laxa de este tipo de permisos y concedió a Garzón todos los que solicitó.
SIETE PERMISOS EN SEIS MESES3/3/2008: Licencia de estudios para un seminario en La Granja (Segovia).
10-12/3: Licencia de estudios para dar una conferencia en Costa Rica.
14-16/4: Licencia de estudios para dar una conferencia en Cartagena de Indias (Colombia).
12-14/5: Licencia de estudios para viajar a Córdoba (Argentina).
23/5: Licencia de estudios para viajar a Florencia.
1/7: Comisión de servicios para una reunión en Gerona.
25-27/8: Licencia de estudios para viajar a Bogotá (Colombia).
JUICIO AL FRANQUISMO
Las asociaciones de jueces temen «resoluciones contradictorias»
Lorenzo del Río, representante de la Francisco de Vitoria, afirmó que la decisión de Garzón «se veía venir» porque «no se puede imputar a personas que no están vivas como posibles autoras de un delito». «La vía penal daba muchísimos problemas y se han cumplido las previsiones», indicó.
La portavoz del Partido Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, consideró ayer que la resolución del juez Garzón «parece haber dado la razón a quienes consideraban que no era asunto de su competencia».
Sin comentarios
La secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín, evitó pronunciarse: «Siempre hemos respetado las decisiones judiciales y, por tanto, este caso también es para expresar respeto profundo a su decisión y a su actuación», fue lo único que dijo.
El diputado de Izquierda Unida Gaspar Llamazares opinó que la decisión de Garzón «no es una buena noticia» y que si el juez no ha seguido adelante es porque, a su juicio, la Fiscalía le ha puesto «demasiados obstáculos». El ex líder de IU pidió a la Justicia que siga investigando y, al Gobierno, que sea «coherente» con la Ley de Memoria Histórica.
Las asociaciones personadas en la causa aseguraron que estudian la posibilidad de recurrir el auto de Garzón. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Emilio Silva, dijo que «es sorprendente que no se haya seguido adelante por alguna razón. No hay que descartar las presiones políticas».
posted by e-pesimo | 08:09
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