LUCHA ANTITERRORISTA / La investigación
Batasuna 'guió' al PCTV durante la huelga de hambre de De JuanaLa Guardia Civil aporta pinchazos de 2006 que demuestran que Goirizelaia y Alvarez daban las órdenes sobre todas las cuestiones
MANUEL MARRACO / ANGELES ESCRIVA
MADRID.- Batasuna «guió la acción política del grupo parlamentario del PCTV en lo referente a las posturas a adoptar sobre la situación de Iñaki de Juana Chaos». Y no sólo marcó las directrices sobre este asunto sino sobre los estudios de los presos de ETA en la universidad, sobre la «salida del conflicto», sobre la «tortura» e incluso sobre si la Vuelta Ciclista a España debía pasar o no por el País Vasco.El informe realizado por la Guardia Civil para el juez Garzón es demoledor, aporta pruebas obtenidas desde mayo de 2006, e involucra directamente a dos miembros de la Mesa Nacional de Batasuna: uno de ellos, Joseba Alvarez, está en prisión; la otra es Jone Goirizelaia, dirigente histórica de la izquierda abertzale y abogada de presos etarras que es, actualmente, una de las pocas integrantes en libertad de la cúpula de la formación ilegalizada.
Goirizelaia y Alvarez indicaban a los parlamentarios lo que tenían que votar y qué iniciativas tenían que emprender y les redactaban los guiones y los textos parlamentarios desde la primera coma hasta la última. La abogada, incluso, negoció con la representante de Eusko Alkartasuna (EA) en la Cámara Vasca, Onitza Lasa, la forma de impedir que el PCTV -denominado Ezker Abertzaleak como grupo parlamentario- tuviera que condenar el terrorismo con el fin de que los representantes radicales no se vieran comprometidos legalmente por no censurar a ETA. Intentó convencerla de que fueran secretas las votaciones sobre este asunto y sobre la ilegalización del partido heredero de Batasuna, propuestas por el PP. «Jone busca la complicidad de EA ya que, según el reglamento, la votación sólo podrá ser secreta si así lo solicitan dos grupos parlamentarios». Finalmente, no hubo acuerdo y los miembros de Ezker Abertzaleak optaron por no asistir a la sesión parlamentaria.
El dossier demuestra de nuevo que las Fuerzas de Seguridad tenían pruebas desde hace meses de los vínculos entre Tierras Vascas y Batasuna, dado que las intervenciones telefónicas realizadas a los involucrados y la interceptación de sus correos electrónicos se remonta a principios de 2006.
El informe aportado por la Policía y publicado por este periódico ayer detallaba cómo Juan José Petrikorena, también miembro de la Mesa Nacional, controlaba, entre otros asuntos, la sesión de investidura del lehendakari a través de los SMS que intercambiaba con Peio Gálvez, una de las personas colocadas por Batasuna como asesoras del grupo parlamentario del PCTV. En este caso, Goirizelaia habla con Gálvez pero mantiene una comunicación más fluida con otra asesora, Mireia Unamuno, ex alcaldesa por Herri Batasuna y cabeza de lista de AuB, la primera plataforma anulada por el Supremo en las elecciones de 2003.
Según el dossier, «Jone pregunta a Mireia si ya han hecho 'lo de la petición de Iñaki', a lo que ésta contesta que no, porque estaba esperando a hablar primero con Jone. Acto seguido, la mahaikide le indica que hay que denunciar 'que la resolución no es de ley; segundo, que hay que dejarle en libertad, y tercero, que la condena está llena de castigo político. Han de serle respetados los derechos mientras es puesto en libertad y le va a ver una comisión». La Guardia Civil llama la atención sobre la obviedad de que Jone «conmina» a su interlocutora sobre «las directrices que deben guiar la acción política del grupo parlamentario» (8 /9/ 2006).
No sería la única vez que los miembros de Batasuna hablarían de este asunto, porque incluso hay un momento en el que otra dirigente le recuerda a Jone: «Tenemos que remitirle el guión para preparar la intervención de Nekane», refiriéndose a Nekane Erauskin, la portavoz del PCTV. Lo cierto es que el viernes 9 de enero de 2007, el Parlamento vasco debatió una proposición no de ley presentada por este grupo parlamentario, tal y como había indicado Goirizelaia, «a fin de reclamar la inmediata puesta en libertad del preso».
Jone envía por e-mail «las denuncias» conminándoles a emprender una iniciativa parlamentaria en contra de los controles de la Guardia Civil; corrige los textos «de lo de los estudios» de los presos etarras que se le envían «para que los mire», y recibe y reenvía los borradores sobre «cómo se debe trabajar para la salida política del conflicto». Como se recoge en el expediente, esta última cuestión la discute en una «llamada realizada desde su móvil a las 14.49 horas del 17 de enero de 2007».
Recibo firmado
Su nombre aparece en otra ocasión en el sumario. La Policía ha aportado un recibo firmado por ella para pagar una rueda de prensa de Batasuna con fondos de la cuenta de ANV de la que Otegi, Barrena y Permach sacaban dinero con una tarjeta Visa. Goirizelaia evitó su ingreso en prisión al no acudir a la reunión clandestina de la dirección de su formación celebrada en Segura a principios de octubre. Se encontraba acompañando a una delegación del Sinn Fein de visita en el País Vasco.
Respecto a Joseba Alvarez, hay un par de intervenciones. En una de ellas, el dirigente de la Mesa Nacional llama a uno de los parlamentarios, Julián Martínez Ona, para que plantee una moción en el Parlamento vasco que condene la invasión de Gaza. Este le responde que lo planteará el día siguiente para intentar reforzar la manifestación que la formación ilegalizada había convocado sobre este asunto (3 / 7 / 2006).
«Nekane Erauskin conversa con Joseba para preguntarle cuál debe ser el voto del grupo parlamentario en relación a una moción sobre el proceso de negociación que se va a aprobar en el Parlamento Europeo. Joseba le indica que mejor abstenerse porque, si votan que no, va a parecer que están con el PP».
El sindicato LAB y sus amistades incriminatorias
En los documentos incautados por la Policía en el domicilio de Joseba Permach hay una referencia al sindicato LAB, dirigido por Rafa Diez Usabiaga, que puede resultar más que comprometedora. El sindicato consta como uno de los firmantes de un manifiesto rubricado por Batasuna, Askatasuna, Segi y ANV. Los investigadores consideran que este documento es una prueba contra este sindicato legal porque fue firmado en secreto y lo ubica «en el mismo entramado organizativo controlado por ETA en el que se integran tres organizaciones declaradas ilícitas». Si lo es contra ANV, podría serlo contra LAB.
Cajas fuertes de colores llenas de pruebas conjuntas
Los investigadores sostienen que ANV, Tierras Vascas y Batasuna tenían una cuenta conjunta y una estrategia financiera común. Una de las pruebas que lo demuestran es que utilizaban la misma sede y que guardaban sus papeles en los mismos sitios. En concreto, en tres cajas de caudales cerradas. Una de ellas, la «caja de color verde», tenía documentación específica sobre Tierras Vascas y «documentos tocantes a dos miembros de la Mesa Nacional». La segunda guardaba los datos de la cuenta principal de ANV en La Caixa y todas las claves de acceso. Y «en la de color azul» había efectivo por importe de 38.000 euros.
Reparto de papeles y confusión de sellos
Se producía un «reparto funcional», según los agentes: ANV ha desarrollado una labor exclusivamente institucional, Batasuna la labor política -presentándose habitualmente como los responsables últimos de ANV sin que ésta les desautorice- y Segi, la labor coactiva». Pero tanta simbiosis tiene a veces resultados imprevisibles. En los informes consta cómo ANV se equivocó de sello al presentar ante el Tribunal de Cuentas la documentación para obtener las subvenciones legalmente establecidas. «Con el uso compartido de recursos y de personas», alguien cometió un error y estampó el indicativo del PCTV.
LUCHA ANTITERRORISTA
Un proceso de tres meses para la ilegalización de los partidos 
La autorización dada por el Consejo de Ministros a la Abogacía del Estado para que formule demandas de ilegalización contra ANV y PCTV, es el primero de los pasos previstos en la Ley de Partidos para que el Tribunal Supremo decida si ordena o no la disolución de estas dos formaciones.
A principios de la próxima semana, la Fiscalía y los servicios jurídicos del Estado presentarán sus demandas ante la sala del 61 del Tribunal Supremo. Deberán adjuntar los documentos que acrediten la concurrencia de los motivos de ilegalidad, que, en este caso, son los informes policiales entregados el pasado martes al juez Baltasar Garzón.
Una vez recibidas las demandas, el Tribunal Supremo procederá inmediatamente al emplazamiento de los partidos políticos afectados para que puedan comparecer en el plazo de ocho días. Transcurrido ese periodo, la sala del 61 estudiará si admite o no las demandas.
Si las demandas son admitidas, el Supremo emplazará a los demandados y les dará 20 días para que contesten. Después, si las partes lo proponen o la Sala lo considera necesario, se abrirá un periodo de prueba. Los demandantes y los demandados tendrán plazos sucesivos de 20 días para formular alegaciones sobre las pruebas presentadas.
Finalizado el periodo de prueba, el proceso quedará concluso para sentencia, que deberá dictarse en otros 20 días. La decisión de la sala del 61 sólo puede ser recurrida, en amparo, ante el Tribunal Constitucional. Si se decreta la disolución del partido, procederá el cese inmediato de toda la actividad de la formación política. En el caso de que sea desestimada la demanda, ésta sólo podrá volver a reiterarse si se presentan nuevos elementos de hecho.
Durante la tramitación del proceso, la sala podrá adoptar, de oficio o a instancia de parte, cualquiera de las medidas cautelares previstas en la ley. Así, el Supremo podrá acordar la suspensión cautelar de las actividades del partido hasta que se dicte sentencia. La Fiscalía General del Estado ya ha anunciado que se lo solicitará en sus demandas.
Si la Fiscalía o los servicios jurídicos del Estado decidieran instar la ilegalización de ANV y del PCTV en ejecución de la sentencia que decretó la disolución de Batasuna al considerar que los partidos son sucesores de esta formación, los plazos son mucho más breves y, según fuentes de la sala del 61 citadas por Efe, la sentencia podría dictarse en menos de un mes.
LAS VIAS POSIBLES CONTRA LOS SUCESORES DE BATASUNA 
1. Ley de Partidos. Es la norma que permite poner fuera de la ley a los partidos que apoyen o favorezcan el terrorismo, entre otras causas tasadas de ilegalización. Se puede presentar una demanda de ilegalización, o bien promover un incidente de ejecución por el incumplimiento de una sentencia de ilegalización ya dictada (en este caso, la de Batasuna). La ley permite la suspensión cautelar.
2. Recursos contencioso-electorales. Es la vía que se ha utilizado en las convocatorias en las que Batasuna ha optado por presentarse a través de agrupaciones electorales. Se trata de impugnar, una a una, las listas electorales demostrando su conexión con el partido ilegalizado. Se ha utilizado también para la impugnación parcial de las listas de ANV a las últimas elecciones municipales.
3. Vía penal. El artículo 129 del Código Penal permite acordar la suspensión de las actividades de una entidad cuando existan indicios de actuación delictiva. Es el cauce que está siguiendo el juez Garzón con el Partido Comunista de las Tierras Vascas y Acción Nacionalista Vasca. Hasta ahora, esta vía nunca ha sido utilizada para impedir la concurrencia de un partido al proceso electoral.
LUCHA ANTITERRORISTA
«Vamos a estar en las urnas»
BILBAO.- ANV hizo ayer su particular valoración de lo que, según lo manifestado por el Gobierno, parece que es su ilegalización inminente. La portavoz de la formación, Arantxa Urkaregi, dijo que ni el Ejecutivo ni la Justicia podrán impedir que la izquierda 'abertzale' pueda presentarse a las generales y lanzó una advertencia: «Vamos a estar en las urnas».
«El 9 de Marzo, la ciudadanía vasca va a poder optar por votar la independencia», insistió Urkaregi, quien recordó que en las pasadas elecciones municipales, celebradas en mayo de 2007, «200.000 personas votaron ANV y EHAK», y ahora «se les está negando el derecho a votar», informa Europa Press.
Por esta razón, la representante de la formación apeló, una vez más, a la movilización ciudadana. «La mayoría social no está dispuesta a admitir más ilegalizaciones y esperamos que eso se plasme en la calle», dijo Urkaregi.
Una estrategia a la que recurre ANV porque, según explicó su portavoz, no se puede «confiar en la Justicia», porque se ha demostrado que «las decisiones judiciales están basadas en las decisiones políticas».
DE LA MANO DE LOS SOCIALISTAS.
La dirigente de Batasuna Jone Goirizelaia (centro) compartía con la parlamentaria del PSE Gemma Zabaleta (dcha.) y la entonces presidenta de EA Begoña Errazti (izqda.) el liderazgo de Ahotsak, que se presentaba como un «colectivo de mujeres por la paz». La imagen muestra el día en que se constituyó la plataforma. Mes y medio después del acto, la Guardia Civil intervino por orden judicial los teléfonos de Goirizelaia.
LA POLEMICA NACIONAL / CAMBIO DE ACTITUD SOBRE ANV Y PCTV
Virtud judicial o electoralismo puro
Las frases del ministro de Justicia ilustran el repentino proceso de ilegalización de ANV y PCTV: de «cuando la jugada lo aconseje» a «el minuto ha llegado». ¿Descaro electoralista?
VICTOR DE LA SERNA
EL MUNDO ha aportado datos tan copiosos como abrumadores sobre lo que sabía el Gobierno sobre las filiales de ETA, y desde cuándo lo sabía. Ignacio Villa, en la Cope, concluye que la ilegalización va a ser «la mentira de las mentiras», y afirma que ya es imposible que estén fuera de la ley antes del 9-M.
Todo ello lo soslayan otros medios. En Hora 25 (Cadena Ser), Angels Barceló y sus tertulianos discutían muy en serio el informe de 2.500 folios remitido por la Policía al juez Garzón y resaltaban que no incluía datos «decisivos» sobre la unidad de Batasuna, ANV y PCTV anteriores a julio y octubre de 2007. Todo ello, en tono serio y muy respetuoso. Hasta un pelín pomposo, como Carlos Carnicero, que llega ahora a la conclusión de que la ilegalización «es la única solución posible». Barceló recalca con convicción: «Antes no había pruebas concluyentes». El primero sí que reconoce que, «objetivamente», el anuncio de Garzón le viene muy bien al Gobierno, «pero eso a los ciudadanos les importa muy poco», asevera. Imperioso, reprende al tertuliano que sugiere que no se aplicó igual la ley durante la tregua: le conmina a que «no dé armas al enemigo», porque ése es un argumento del PP... Y un coro celebra la patente «separación entre los poderes ejecutivo y judicial», fustiga al PP por su «oportunismo», y celebra que «se ha quedado sin argumentos» ante las elecciones.
La prensa progubernamental ha informado más fríamente de todo el asunto, que ayer ya había desaparecido del todo de las portadas de El País y Público, mientras que en un editorial plano y descriptivo de El Periódico lo más significativo era esta frase final: «Queda la duda razonable de si en este acoso judicial a la izquierda abertzale no ha incidido en exceso la coyuntura política, muy condicionada por el fallido proceso de final dialogado de ETA». Si hasta al diario de Zeta le cabe una duda razonable, otros pueden tener certeza absoluta. Por ejemplo, ABC, en un editorial : «Cuando le conviene a efectos electorales, Zapatero realiza un giro españolista y promete la máxima firmeza contra los asesinos. De un día para otro, De Juana Chaos e incluso Arnaldo Otegi, el supuesto hombre de paz, ingresan en prisión. (...) Ahora llega el momento de pisar el acelerador en esta operación electoralista contra ETA y los suyos, logrando titulares que interrumpen además la avalancha de malas noticias en el terreno económico que tanto preocupan al Gobierno. Es evidente que el momento ha sido elegido con todo cuidado. Bermejo, que todavía tenía dudas algunas horas antes, ha recibido de golpe la inspiración jurídica que le faltaba».
Por su parte, Iñaki Ezkerra concluía en La Razón: «El terrorismo por presencia o por ausencia como factor de influencia electoral. Esta es la grandiosa aportación que ha traído Zapatero a la política española, el encumbramiento de ETA como agente decisorio en los resultados que sancionarán las urnas, el otorgamiento oficial a una banda de asesinos de un poder con el que jamás habría soñado, la concesión pública de la insólita capacidad para tener rehén a todo un presidente de España que deberá a ETA tanto su buena como su mala o mediana cosecha de votos. Por esa razón éstas van a ser inevitablemente las elecciones de ETA al margen de que esté en ellas».
LUCHA ANTITERRORISTA / La violencia callejera
Atacan con pintura ocho sedes del PNV en Vizcaya y Guipúzcoa La Ejecutiva nacionalista responsabiliza a la izquierda 'abertzale' y le pregunta si ésa es la manera de «granjearse nuestro apoyo y simpatía»
VITORIA.- Ocho batzokis (sedes) del PNV fueron atacados en la noche de ayer por desconocidos que arrojaron pintura contra sus fachadas y realizaron pintadas amenazantes. Para el PNV, tras estos ataques se encuentra la izquierda radical y sus miembros son «todo menos abertzales».
Según indicaron fuentes del PNV, los batzokis del barrio bilbaíno de Deusto, de las localidades vizcaínas de Balmaseda, Gordejuela y Larrabetzu y el de Ondarreta en San Sebastián se encuentran entre los afectados, aunque no se descarta que sean más de ocho.
Además de arrojar pintura contra las fachadas de los batzokis, en algunos de ellos aparecieron pintadas llamando «torturadores» o «traidores» al PNV y al PSE. En las sedes de Gordejuela y Larrabetzu, además, pintaron dianas alrededor del nombre de Atutxa en los carteles de apoyo que estaban colgados en el exterior, informa Vasco Press.
El Bizkai Buru Batzar (órgano ejecutivo del PNV en Vizcaya), además de solidarizarse con los batzokis atacados, indicó que «sin duda» tras los mismos se encuentra «la izquierda radical», a la que preguntó «si ésta es la vía para caminar hacia una solución que traiga la paz a Euskadi; si ésta es la mejor manera de crear un clima de colaboración con las otras fuerzas políticas, tal y como nos reclaman insistentemente». «Curiosa manera de granjearse el apoyo y la simpatía, llamándonos torturadores y perros o poniendo en una diana nuestras siglas», añadieron sus portavoces.
La Ejecutiva vizcaína del PNV señaló como «particularmente graves y significativos» los ataques contra los carteles que mostraban solidaridad con Juan María Atutxa tras la sentencia del Tribunal Supremo. «Ellos, que reclaman para sí la solidaridad ante los ataques judiciales que reciben, responden así ante una flagrante injusticia como la que esta sufriendo el anterior presidente del Parlamento Vasco. Piden apoyo y comprensión para ellos, pero su forma de solidarizarse con los demás es la amenaza y la falta de respeto», concluyeron.
Los ataques a las sedes peneuvistas fueron condenados tanto por los socialistas como por los populares vascos. El PSE-EE señaló que esos ataques constituyen «hechos vandálicos sin sentido», cuyos autores tienen como «único» destino «ser combatidos con todos los instrumentos del Estado de Derecho».
A través de un comunicado, el secretario de Organización y portavoz del PSE-EE, Rodolfo Ares, expresó el apoyo y solidaridad de los socialistas vascos a los afiliados y simpatizantes del PNV y a los ciudadanos afectados por los ataques, informa Efe.
Para el PSE-EE, estos actos «son producto de la locura y la paranoia en la que viven instalados quienes se declaran defensores del pueblo vasco».
El portavoz del PP vasco, Leopoldo Barreda, condenó los ataques y apostó por la unidad «de todos» para combatir «a quienes pretenden imponer sus ideas».
En declaraciones a Europa Press, Barreda exigió «el respeto a todos los partidos democráticos», a la vez que apostó por «la unidad de todos para combatir a quienes, de este modo, pretenden imponer sus ideas y sus planteamientos antidemocráticos».
LUCHA ANTITERRORISTA / La violencia callejera
Sólo nueve de 19 tendrán sentencia
MADRID.- La Audiencia Nacional sólo podrá condenar a nueve de los 19 acusados de cometer actos de 'kale borroka' en Galdácano (Vizcaya) en septiembre de 2000 después de que la Fiscalía haya retirado los cargos contra seis de los procesados, tres se hayan declarado en rebeldía y uno más haya sido entregado por Francia para ser juzgado por una causa distinta a ésta.
En la segunda sesión del juicio, que quedó ayer visto para sentencia, el fiscal retiró la acusación para cinco de los procesados al considerar que uno de ellos ha acreditado que se encontraba en prisión en el momento de los hechos, otro demostró que tenía 17 años y contra otros tres sólo consta la declaración ante la Ertzaintza de un detenido que no se ratificó ante el juzgado, informa Europa Press.
Antes de que comenzara la vista, el Ministerio Público retiró la acusación contra otro, que era menor de edad cuando se produjeron los ataques, y dejó al margen del procedimiento al presunto etarra Urtzi Murueta, entregado a España por su supuesta vinculación con el asesinato del juez José María Lidón.
Para los nueve acusados restantes, el fiscal elevó a definitiva su petición de cinco años de cárcel e indemnizaciones superiores a los 220.000 euros por dos delitos de desórdenes públicos y daños.
LUCHA ANTITERRORISTA / Las decisiones judiciales
El juez archiva la acusación contra la alcaldesa de Hernani
Pedraz deja en evidencia a la Fiscalía, que apreciaba enaltecimiento, al recordarle que empleó un criterio opuesto para dejar libre a Otegi
MANUEL MARRACO
MADRID.- El juez Santiago Pedraz dejó ayer en evidencia el cambio de criterio de la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza antes y después del proceso de paz. Lo hizo en una resolución en la que el magistrado de la Audiencia Nacional ordena el archivo de la investigación contra la alcaldesa de Hernani (Guipúzcoa) por enaltecimiento del terrorismo.
Tras explicar por qué, a su juicio, Marian Beitialarrangoitia (ANV) no cometió ningún delito, el magistrado recuerda la actuación del fiscal en marzo del año pasado, en un juicio por enaltecimiento contra Arnaldo Otegi. El líder de Batasuna, hoy en prisión por otras causas, fue absuelto a regañadientes por la Sección Cuarta de la Audiencia «tras la retirada de la acusación por parte del Ministerio Fiscal».
Pedraz incorpora al auto las palabras de Otegi, que entonces la Fiscalía no encontró delictivas. Al igual que la alcaldesa de Hernani, también él había pedido «un aplauso caluroso», en este caso para la etarra Olaia Castresana, fallecida cuando manipulaba un explosivo.
La Fiscalía no se ha dado por aludida y ya ha anunciado que recurrirá la decisión.
Respecto a la alcaldesa de ANV, Pedraz considera que de sus palabras en un mitin el pasado día 12 en Pamplona «no puede deducirse que pretendiera aquella exaltación o elogio o conformidad con las actividades o conductas de Igor Portu y Martin Sarasola», en referencia a los dos detenidos a los que se les acusa del atentado de Barajas. El juez subraya que aún son sólo imputados, no culpables, y que hay que interpretar las palabras de la alcaldesa a la luz de otra frase pronunciada en el mismo acto: «En Euskal Herria todo el mundo lo sabe: aquí se tortura».
La decisión de Pedraz es el segundo revés judicial consecutivo que recibe la Fiscalía de la Audiencia Nacional en relación con ANV. El primero llegó el jueves, cuando Baltasar Garzón se negó a prohibir el acto político de esta formación previsto para hoy en Vitoria. Frente a la solicitud formulada por el propio Zaragoza, el magistrado alegó que se trataba de una medida desproporcionada frente a la mera posibilidad de que se cometiera un presunto delito de enaltecimiento del terrorismo.
DOS MOMENTOS, DOS CRITERIOS
M.BEITIALARRANGOITIA
«Antes de nada, este ánimo, abrazo y este chaparrón de aplausos que nos habéis ofrecido, lo más caluroso posible, a Igor Portu, Martin Sarasola y a todos los presos políticos vascos que se encuentran dispersados en las cárceles de Francia y España. ¡Os queremos!».
ARNALDO OTEGI
«Nuestro aplauso más caluroso a 'gudaris' (soldados vascos) que han caído en esa larga lucha por la autodeterminación [...] Se nos ha ido, a sus 22 años, como tantos 'gudaris' de ETA, con la dignidad silenciosa y la muerte solitaria».
LUCHA ANTITERRORISTA / Las decisiones judiciales
El TSJPV rechaza el último recurso de Ibarretxe y lo acerca al juicio
MARCOS IRIARTE
BILBAO.- El juicio contra Juan José Ibarretxe, Patxi López y Rodolfo Ares por sus encuentros
políticos con la ilegalizada Batasuna está hoy un poco más cerca. El tribunal del llamado caso Ibarretxe desestimó ayer el último recurso interpuesto por los abogados que representan al lehendakari, apoyado también por la defensa de los dos dirigentes socialistas, y confirmó que el caso sigue su curso tal y como estaba previsto.
La defensa de Ibarretxe esperaba lo contrario. Había solicitado que, a la luz de los escritos de recusación presentados contra los tres magistrados que conforman el tribunal, el pleito quedara en suspenso, al menos hasta la resolución de las recusaciones. Exigía, además, que fuera revocada la apertura de juicio oral decretada por el instructor de la causa, Roberto Saiz, a quien había solicitado que archivara el proceso a raíz de la llamada doctrina Botín del Tribunal Supremo.
Ni lo uno ni lo otro. Así lo plasmó ayer en un auto el tribunal de enjuiciamiento de este caso, compuesto por Fernando Ruiz Piñeiro, Antonio García y Nekane Bolado -esta magistrada emitió un voto discordante-, que rechazó las peticiones de la defensa legal del lehendakari y decidió continuar adelante con los trámites previstos.
El tribunal recordó en su auto a los abogados de Ibarretxe, López y Ares que la apertura de juicio oral es ya un hecho sin vuelta atrás y les comunicó que el escrito solicitando la nulidad de la instrucción que habían planteado ante Saiz en virtud de la doctrina Botín ni se ha admitido ni se está tramitando.
«Ninguna resolución fue dictada por el instructor acordando la admisión a trámite de dicho escrito y la consiguiente incoación de un incidente de nulidad de actuaciones que, previamente puesto en marcha, pudiera considerarse ahora pendiente de conocimiento y resolución», advierte el auto.
El Ejecutivo vasco no disimuló ayer el malestar que le produjo el rechazo de este último recurso. A través de una nota, consideró que es una nueva «muestra de la politización» de la Justicia y advirtió de que la sociedad vasca «sabrá dar una respuesta a este sinsentido».
LUCHA ANTITERRORISTA / Las decisiones judiciales
El tripartito niega que proteste contra los jueces, pero pide una «Justicia vasca»
MIKEL SEGOVIA
BILBAO.- El objetivo de la marcha de esta tarde en defensa de Juan María Atutxa es, exclusivamente, la defensa de las instituciones vascas. Al menos, oficialmente y pese a que en las intervenciones de ayer de los dirigentes de PNV, EA y EB los argumentos esgrimidos para invitar a la ciudadanía vasca a salir a la calle estuvieron centrados en la intencionalidad política de cierta parte de la judicatura española. Las críticas llevaron, incluso, al presidente de EA, Unai Ziarreta, a asegurar que tras la sentencia contra Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi Bilbao se hace necesario «avanzar con firmeza hacia un sistema judicial vasco, libre de ataduras».
El presidente del PNV, Iñigo Urkullu, afirmó que, en este caso, ha existido «un doble rasero judicial» y una «intencionalidad política». En su opinión, la imagen que queda tras todo el proceso es que «la venganza se sirve fría» y que los magistrados «han esperado pacientemente a que la pelota llegara a su tejado para condenar a Atutxa, Knörr y Bilbao». El presidente del PNV afirmó tener dudas sobre las razones reales que se ocultan tras la decisión judicial y que situó entre «la venganza, el escarmiento a los vascos y sus instituciones y la humillación».
Urkullu aseguró que se hace urgente salir en defensa de las instituciones vascas ante la «inaceptable» interferencia «y el efecto de subordinación» que, desde la judicatura, se ha intentado aplicar a las instituciones vascas, «como si por encima de la voluntad de los ciudadanos y su representación existiera un poder omnímodo, el judicial, que quisiera ser, al mismo tiempo, legislativo y con ambición ejecutiva».
También ayer, la portavoz del Gobierno vasco, Miren Azkárate, rechazó la actitud, en este caso, del Gobierno que preside Rodríguez Zapatero, una posición que demuestra que «lo único en lo que creen es en la España una, grande y libre». Subrayó que el fallo del Supremo es una consecuencia de los nombramientos del PP para instancias claves como las judiciales».
LUCHA ANTITERRORISTA / La resistencia frente a ETA
Aznar, en la boca del lobo
El ex presidente del Gobierno visita por sorpresa Lizarza antes de acudir al homenaje a Gregorio Ordóñez
ESTER BERDOR
SAN SEBASTIAN.- La plaza del pueblo, tomada por los periodistas; las calles vacías y los niños saliendo de la escuela contigua al Ayuntamiento y corriendo entre los agentes de la Ertzaintza que custodiaban todas las esquinas. Esta fue la imagen que se encontró ayer en la localidad guipuzcoana de Lizarza su sorprendente visitante, el ex presidente del Gobierno José María Aznar.
A las 13.05 horas, los vecinos del municipio, gobernado por la popular Regina Otaola, recibieron la visita de Aznar, quien, aprovechando su presencia en territorio guipuzcoano para rendir el tradicional homenaje a Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA, decidió pasar antes por esta localidad para ofrecer su apoyo a los miembros de la Corporación.
La ikurriña, la bandera española y la insignia de la localidad, colocadas unos minutos antes por la propia Otaola, aguardaban ondeando en el balcón del Consistorio al ex presidente.
Acompañado por la máxima responsable del PP vasco, María San Gil, Aznar llegaba a Lizarza, donde era recibido en los soportales de la Casa Consistorial por la alcaldesa y el resto de los concejales.
Los habitantes del pueblo, que en más de una ocasión han mostrado su rechazo hacia la regidora y el partido que representa, no quisieron hacer aprecio e ignoraron el acontecimiento. Solamente una decena de vecinos observaba desde la distancia o desde sus balcones el barullo de periodistas y policías que se producía en los bajos del Consistorio. Sin embargo, el chirriar de algunas persianas que subían o bajaban evidenciaba que eran más los curiosos que observaban que los que podían localizarse a simple vista.
La visita se prolongó durante más de media hora, durante la cual el ex presidente permaneció dentro del Ayuntamiento. Antes de abandonar el edificio, Aznar, San Gil y los concejales del PP salieron a la balconada. Desde allí, el ex presidente de los populares pudo observar una plaza abarrotada de periodistas y rodeada de edificios, muchos de ellos adornados con ikurriñas y carteles de apoyo a los presos de ETA.
El paso de Aznar por Lizarza concluyó tras agradecer la invitación y expresar a la alcaldesa de la localidad lo mucho que había «disfrutado» en su visita.
Tras la marcha del ex presidente, Otaola indicó que Aznar se había interesado por la relación que mantienen los concejales del PP con los vecinos. Según la primera edil, también les mostró su apoyo y les comunicó que está a su disposición para todo lo que necesiten. Por último, la alcaldesa explicó que estaba encantada con la visita «sorpresa» y auguró nuevos actos similares encuadrados en la precampaña electoral, durante la cual invitó a acercarse al pueblo a cualquier partido que «venga en son de paz».
Preguntada por una posible visita de Mariano Rajoy, la alcaldesa respondió que «la invitación ya está hecha», y se mostró convencida de que el presidente del PP irá a Lizarza «antes o después».
Por la tarde, como viene siendo tradición desde hace 12 años en el cementerio de Polloe de San Sebastián, se celebró el homenaje al concejal donostiarra Gregorio Ordóñez, asesinado por ETA en 1995. Al acto, además de José María Aznar, acudieron distintas personalidades del partido como María San Gil, María José Usandizaga o Jaime Mayor Oreja.
En un sencillo acto, los allegados del asesinado depositaron flores sobre su tumba. Consuelo Ordóñez, hermana del concejal, dijo unas palabras en memoria de su familiar. En su discurso, se alegró por las detenciones «de aquellos que organizaron y ordenaron el crimen» contra su hermano, en alusión a los miembros de la cúpula de Batasuna.
La visita de Aznar concluyó con la entrega del premio que la Fundación Gregorio Ordóñez otorga anualmente, y que en esta ocasión recayó precisamente en la alcaldesa de Lizarza.
elmundo.es Vídeo: Vea las imágenes de la visita de José María Aznar a Lizarza.
LUCHA ANTITERRORISTA / La resistencia frente a ETA
La patronal navarra advierte de «un goteo constante» de cartas de extorsión
PAMPLONA.- El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra (CEN), José Manuel Ayesa, afirmó ayer que «el goteo de cartas de extorsión» enviadas por ETA a empresarios de la Comunidad foral es «constante», y advirtió de que en las misivas se exigen «importes elevados de dinero».
En concreto, José Manuel Ayesa aseguró, en declaraciones a Europa Press, que todas las cartas a las que él ha tenido acceso exigen a los empresarios extorsionados más de 100.000 euros.
El presidente de la CEN no detalló cuántos casos de extorsión ha conocido en los últimos meses, pero subrayó que «rara es la semana en la que no aparece una nueva carta».
Y añadió que el chantaje afecta «a empresarios de todo tipo, pequeños y grandes».
Además, afirmó que el tono de las misivas es «duro», como viene haciendo la banda terrorista desde la ruptura del alto el fuego permanente en junio de 2007.
Mientras duró la tregua, los terroristas enviaron varias remesas de cartas de extorsión en las que llegaban a dar las gracias «de antemano» a los empresarios y les brindaban un «cálido saludo revolucionario».
El presidente de la Confederación de Empresarios explicó que «la banda terrorista necesita financiación a través de la extorsión porque otros canales los tiene cerrados» y apuntó que ETA «está enviando incluso varias cartas a los mismos extorsionados».
Ayesa pidió a los empresarios «que se mantengan firmes, porque la banda está muy debilitada, de eso no hay ninguna duda», y advirtió de que «el que paga está dentro de la red de extorsión de ETA y comprometido con esa red de extorsión».
MARISA CRUZ
MADRID.- «No van a estar en las elecciones ni ANV ni PCTV. No van a estar». «Al 100%». Así, con esta contundencia, deteniéndose en cada una de las palabras, se expresó ayer la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras anunciar que el Consejo de Ministros había autorizado a la Abogacía del Estado para que emprenda por todas las vías posibles el proceso de ilegalización de las dos formaciones que, ahora sí, están no sólo claramente vinculadas a Batasuna y, por tanto, a ETA, sino que tienen una clara «voluntad de sustituirla en todos sus órganos y direcciones».
Y no sólo eso. El Ejecutivo también dio instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para «impugnar a las agrupaciones de electores o partidos dormidos vinculados con las formaciones ilegalizadas» y hacerlo, además, por la vía de urgencia. Se trata de impedir así la posibilidad de que la izquierda abertzale se presente bajo una nueva firma que, otra vez, no sea más que una reedición del brazo político de ETA. Ayer, la número dos del Gobierno, que a lo largo de las últimas semanas había predicado la necesidad de ceder la iniciativa a la Justicia -y, más en concreto, a la vía penal ejercida por el juez Baltasar Garzón-, se lanzó a la carrera con entusiasmo hasta el punto de «garantizar» plenamente, sin esperar a la resolución de las demandas que se presentarán la próxima semana, que en los comicios del próximo 9 de marzo no existirá ningún hueco ni para Acción Nacionalista Vasca ni para el Partido Comunista de las Tierras Vascas.
«Las pruebas están ahora encima de la mesa y son contundentes. Con ellas ha quedado acreditado que estos partidos políticos y Batasuna son la misma cosa», aseguró De la Vega, para quien la decisión del Gobierno de actuar «no ha sido antes, ni después», sino exactamente cuando se ha dispuesto de datos «claros y fehacientes».
Ley de Partidos
En definitiva, la acción del Ejecutivo se plantea ahora como fulminante. El abogado del Estado tiene manos libres para presentar demanda ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo en virtud de la Ley de Partidos, ya sea por el procedimiento ordinario o en ejecución de la sentencia que decretó la disolución en su día de Batasuna; o tomando como base la Ley Electoral a través de la impugnación de listas, algo que puede activarse a partir del 12 de febrero, fecha en la que se produce la proclamación de candidaturas.
«Todos los campos están cubiertos y en todos se va a actuar», recalcó De la Vega, y añadió: «Hay mecanismos más que suficientes en el Estado de Derecho para impedir» que acudan a los comicios.
La vicepresidenta hizo especial hincapié en los vínculos de carácter económico establecidos entre ANV y PCTV con Batasuna y que, según explicó, quedan probados en los documentos incautados el pasado mes de octubre en Segura. Este es el momento clave, en opinión del Gobierno. A partir de dicha detención, lo que antes eran «indicios» adquieren la categoría de pruebas irrefutables y permiten «aplicar la ley en tiempo y forma y desde el estricto cumplimiento de las garantías y procedimientos democráticos».
Con estas palabras, la vicepresidenta intentaba demostrar que no han existido condicionantes de tipo electoral, o más importante aún, que el Gobierno no hizo la vista gorda mientras duraron sus negociaciones con ETA.
Cuando se le pidió que respondiera a las acusaciones de que el Ejecutivo ha jugado en su beneficio con los tiempos electorales, De la Vega recalcó que «el Gobierno no actúa nunca en función del principio de oportunismo político, sino en función del principio de legalidad».
También puntualizó que la Policía y la Guardia Civil no han trabajado en esta investigación a las órdenes del Ministerio del Interior, sino de un juez -Baltasar Garzón- que había declarado el secreto del sumario.
«El problema que tenemos», dijo De la Vega, «es que se sigue intentando utilizar de forma interesada y partidaria el terrorismo. No es sensato ni razonable, pero es así».
elmundo.es Vídeo: De la Vega garantiza que el PCTV y ANV no irán a las generales.
Jesús Caldera, ministro de Trabajo, calificó ayer el incremento del paro en el último trimestre del año como «dato coyuntural». Mucho nos tememos que el ministro se equivoca porque son ya dos trimestres seguidos -de julio a diciembre de 2007- los que el desempleo ha crecido. 
