VÁYASE Sr GALLARDÓN!: El despreciable Gallardón pide la suspensión del proceso electoral en Caja Madrid

Gallardón pide al juez que suspenda el proceso electoral en Caja Madrid

El alcalde reabre la guerra contra Aguirre e impugna sus estatutos en la entidad

CARLOS SEGOVIA/Madrid

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, reabrió ayer la guerra en Caja Madrid contra la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre. La Junta de Gobierno del Ayuntamiento aprobó ayer pedir cautelarmente al juez la suspensión del proceso electoral en la caja para impedir que Aguirre tome el control. Al mismo tiempo, impugnará los nuevos estatutos de Caja Madrid, que son los que recogen la nueva Ley de Cajas impulsada por Aguirre y que recortan al 30% el peso del Ayuntamiento de Madrid en la entidad.

Del mismo modo, la Junta de Gobierno aprobó denunciar ante el Juzgado de lo Mercantil el acuerdo del Consejo de Administración de Caja Madrid que aprobó el pasado día 26 de febrero los nuevos estatutos.

Es decir, ofensiva en toda regla en un momento en el que el presidente del PP, Mariano Rajoy, ha decidido poner orden y reclamar a Aguirre y Gallardón un consenso para pacificar la caja. Fuentes del PP en Génova mostraron ayer «sorpresa» por el movimiento de Gallardón, aunque insistieron en que el objetivo es que haya un acuerdo.Por tanto, el alcalde se ha rearmado ante la negociación que tendrá que mantener con Aguirre por orden de Rajoy.

Lo ha hecho además en vísperas de la asamblea extraordinaria de Caja Madrid que deberá aprobar o rechazar los nuevos estatutos el próximo día 26. El propio Ayuntamiento resaltó ayer en su comunicado oficial que si esa asamblea aprobara los estatutos de Aguirre se produciría «un daño irreparable», por lo que solicita al juez medidas cautelares. El vicepresidente de la Comunidad, Ignacio González, sugirió ayer que Gallardón intenta «amedrentar» a los consejeros de Caja Madrid para que no aprueben los estatutos en la asamblea. Lo cierto es que el movimiento de Gallardón frustra ya cualquier posibilidad de que Aguirre logre una mayoría suficiente en el órgano clave de la caja. Eso no impedirá, salvo que el juez acepte medidas cautelares, que entren en vigor los nuevos estatutos, pero para la líder del PP madrileño será un revés que prolonga el enfrentamiento en la cuarta entidad financiera de España.

El vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, aseguró que no se trata de ninguna operación política de Gallardón para debilitar a Aguirre, sino ejercer el derecho del Ayuntamiento a defender los intereses de los ciudadanos madrileños. González le recordó que los consejeros municipales aprobaron ya los estatutos, pero Cobo replica que lo hicieron «por imperativo legal».

Vuelve el choque al PP de Madrid

>Manuel Cobo: «Desde el Ayuntamiento se considera que el informe favorable emitido por la Consejería de Economía y Hacienda por el que se pone fin al procedimiento establecido por la Ley con carácter transitorio conculca los derechos que la Ley de Organos Rectores de las Cajas de Ahorro (Lorca) reconoce a todos los consistorios».

>Ignacio González: «Todo parece bastante incongruente y no quiero pensar que sea un intento de amedrentar u orientar a los miembros de la Asamblea General de Caja Madrid que tienen que pronunciarse dentro de unos días sobre estos estatutos».

POLITICOS BAJO SOSPECHA / Protesta por el cierre de la comisión
Los diputados del PSOE e IU se van de la Asamblea para plantar a Aguirre

Los socialistas se apoyan en los gallardonistas Cobo y Prada para dar por probado el espionaje

LUIS ANGEL SANZ/Madrid

El Partido Socialista de Madrid continuó ayer su nueva política de boicoteo a los actos institucionales organizados por el Gobierno de la Comunidad en protesta por el cierre de la Comisión de Investigación del espionaje. Ayer, los diputados autonómicos del PSOE decidieron boicotear la institución a la que pertenecen: la Asamblea de Madrid.

Los parlamentarios socialistas, acompañados por los de Izquierda Unida, abandonaron el Pleno poco después de que empezara la sesión, durante la segunda pregunta de control al Ejecutivo. En ese momento, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, respondía a la portavoz socialista, Maru Menéndez, y le recordaba los casos de corrupción por los que están imputados varios diputados del PSOE.

Aguirre estaba explicando que el PP de Madrid «por supuesto» asume responsabilidades políticas y que todos sus altos cargos han dimitido, tanto los imputados en el caso Gürtel como los que sólo han aparecido en filtraciones del sumario.

La presidenta subrayó que la número dos de los socialistas madrileños, Trinidad Rollán, está imputada por prevaricación, que el alcalde socialista de Pinto lo está por cohecho y que el parlamentario regional y ex alcalde de Leganés José Luis Pérez Raez, y el regidor de Getafe, Pedro Castro, también están imputados.

Entonces, los diputados del PSOE comenzaron a levantarse y a dejar el salón de Plenos, dando la impresión de que se iban por las acusaciones de Aguirre.

«Yo siempre haré lo contrario de lo que hacen los socialistas», continuó ella, «en estos bancos no hay ningún diputado imputado, en esos sí; pero para ustedes hay barra libre y los del PP ya están condenados», espetó.

Desde la oposición, ya sólo la escuchaban la portavoz socialista y la de IU, Inés Sabanés. Los demás diputados del PSOE y de IU se fueron a los pasillos, a la cafetería o fuera del edificio a fumar un cigarro.

Los diputados socialistas o de Izquierda Unida que tenían planteada alguna pregunta iban entrando al Pleno, pero una de ellas, Lali Vaquero (IU), no la formuló porque se le pasó el turno.

Menéndez se apoyó en las manifestaciones del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y del ex vicepresidente segundo de la Comunidad Alfredo Prada, para defender que el Gobierno de Madrid ha realizado espionaje político y que «ha utilizado fondos públicos para espiar».«Tanto Prada como el señor Cobo han puesto de manifiesto la veracidad de los seguimientos», remachó.

Pero los parlamentarios de la izquierda no fueron los únicos que no asistieron a las preguntas de la sesión de control. Alfredo Prada, al que el consejero de Interior, Francisco Granados, acusó de mentir por asegurar que los seguimientos coincidían con su agenda, no acudió a la Cámara hasta casi las 20.00 horas, cuando ni Aguirre ni Granados estaban ya en el hemiciclo.

Precisamente ayer, Prada aseguró a Europa Press que él no ha mentido «en ningún momento» y que confiaba en que le hubiesen llamado para declarar en la Comisión de Investigación para «dar todo tipo de explicaciones». El ex vicepresidente insistió en que ha sido «víctima» de seguimientos y que con ellos se elaboraron unos partes «recogiendo aspectos» de su «actividad pública, así como del ámbito familiar».