CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN EN CATALUÑA: Un alto cargo de Montilla imputado en la trama corrupta de Pretoria

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Corrupción en Cataluña
Dimite un alto cargo de Montilla, imputado por corrupción urbanística

Emili Mas deja la gerencia del Instituto del Suelo y Víctor Ros, la militancia del PP

LEONOR MAYOR / XIANA SICCARDI

Barcelona

La nueva batería de imputaciones del juez Baltasar Garzón por el caso Pretoria 2 provocó ayer las primeras consecuencias políticas. Emili Mas dimitió como gerente de la empresa pública Incasòl y fue suspendido de militancia por el PSC. Es el primer cargo de la Generalitat obligado a abandonar sus responsabilidades.

Viene de primera página

La investigación de Garzón se amplió ayer con 11 nuevas imputaciones, que se suman a las nueve primeras que se conocieron en octubre. Entre las personas llamadas a declarar ante la Audiencia Nacional se encuentran ex cargos públicos de CiU, PSC y PP, e incluso el citado alto cargo de la Generalitat.

Se trata de Emili Mas, gerente hasta ayer del Instituto Catalán del Suelo (Incasòl). Según el auto de Garzón, la relación de Mas con la presunta trama de corrupción urbanística residiría en su relación con unas facturas falsas para desviar 1,3 millones de euros de fondos europeos, mediante sus «contactos» con algunos de los primeros imputados, como el alcalde de Santa Coloma de Gramanet, Bartomeu Muñoz (PSC); el director de Servicios Municipales de la misma población, Pascual Vela; el concejal y presidente de la empresa pública Gramepark, Manuel Dobarco, y el ex diputado del PSC Luis García Sáez, Luigi, considerado el cerebro de la trama.

A Emili Mas se le imputa el delito de actividades prohibidas a funcionario público. Cuando se conoció el auto de octubre, en el que salía mencionado, Mas defendió su «honestidad», rechazó vinculaciones con la trama y se manifestó dispuesto a colaborar con la Justicia. El conseller de Política Territorial, Joaquim Nadal, de quien depende el Incasòl, salió en su defensa y atribuyó la mención de Mas en el auto a «algún tipo de confusión».

Sin embargo, ayer, cuando trascendió su imputación, el PSC se apresuró a suspenderle de militancia, como ya hizo con Bartomeu Muñoz, Manuel Dobarco y Pascual Vela. Además, el conseller Nadal aceptó de inmediato la «renuncia voluntaria» de Mas como gerente del Incasòl «para preservar el buen nombre» de la entidad.

Garzón imputa también asociación ilícita al ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneras, Víctor Ros (PP), y al que fuera concejal de Urbanismo de la población, Antoni Jiménez (PSC). Aunque Víctor Ros no aparece en el auto, cuando tuvieron lugar los registros y detenciones Garzón solicitó al Ayuntamiento de Llavaneras que le facilitase el acuerdo urbanístico de la zona de Can Rivière, donde pudo haber un pelotazo. Este proyecto fue aprobado por Víctor Ros, quien renunció ayer temporalmente a su militancia en el PP, aunque mantendrá su actual cargo de concejal. Por lo menos hasta mañana, cuando se prevé su declaración. No obstante, el PP confía en su inocencia.

Aquel proyecto también fue aprobado por Antoni Jiménez, que sí aparece en el auto del juez, aunque sólo mencionado por conocer a Luigi. Jiménez dijo ayer estar tranquilo porque, al declarar, «se me permitirá explicar todas mis actuaciones», dijo a EL MUNDO, recordando que este proyecto tuvo la luz verde de la Generalitat. Jiménez ya dejó el PSC al ser citado en el primer auto de Garzón. Por último, el consejero delegado de la empresa Marina de Badalona, Juan Felipe Ruiz Sabido, se enfrenta a un presunto delito de tráfico de influencias. Ayer fue dado de baja del PSC.

La lista de los nuevos imputados se completa con Genís Carbó, imputado por cohecho. Carbó fue jefe de Planificación Territorial del Departamento de Política Territorial de Jordi Pujol. Se acusa, además, de asociación ilícita al técnico

de Urbanismo de Santa Coloma de Gramanet Lluís Falcó, a quien se le relaciona con un agujero en las arcas municipales de 13 millones de euros.

ELMUNDO.es

Foro: Opine sobre el 'caso Pretoria'.

Nuevos imputados

>Emili Mas, ex gerente de Incasòl. Desvío de 1,3 millones de los fondos europeos.

>Juan Felipe Ruiz, consejero delegado de Marina de Badalona. Tráfico de influencias.

>Genís Carbó, ex jefe de Planificación Territorial de Jordi Pujol. Asociación ilícita.

>Víctor Ros, ex alcalde de Sant Andreu de Llavaneras. Asociación ilícita.

>Antoni Jiménez, ex edil de Urbanismo. Asociación ilícita.

>Lluís Falcó, administrador de Renticost Serveis. Asociación ilícita.

>Doris Malfeito, esposa de Macià Alavedra. Blanqueo.

>Maria Lluïsa Mas, esposa de Lluís Prenafeta. Blanqueo.

>Josefina Calvet, madre de Bartomeu Muñoz. Cohecho.

>Manuel Valero Navarro.

>Philip McMahan.

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Corrupción en Cataluña
La trama salpica a las esposas

XIANA SICCARDI. GERMÁN GONZÁLEZ

Barcelona

El tópico de que detrás de un gran hombre hay una gran mujer tiene su versión en la operación Pretoria 2. Baltasar Garzón ordenó ayer que Doris Malfeito, esposa de Macià Alavedra, y Maria Lluïsa Mas, esposa de Lluís Prenafeta, declaren como imputadas por su relación con esta supuesta trama de corrupción urbanística por la que están en prisión provisional sus maridos. Pero no serán las únicas. El juez también imputó a Josefina Calvet, madre del ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz, que también está en la cárcel junto los otros acusados.

Las imputadas deberán responder por su papel en las sociedades que sirven para los negocios de los otros implicados, y que, supuestamente, podrían aparecer para encubrir algún tipo de delito cometido por estas empresas privadas.

En este sentido, Garzón considera que Maria Lluïsa Mas y Doris Malfeito tendrán que responder de un supuesto blanqueo de capitales mientras que la madre de Bartomeu Muñoz, Josefina Calvet, lo hará por un presunto delito de soborno.

La Guardia Civil investigó las cuentas que los imputados en la trama Pretoria 2 tenían en algunos paraísos fiscales para esconder, supuestamente, el dinero conseguido con la corrupción urbanística. De esta forma, se pidió el bloqueo de varias cuentas en bancos del Principado de Andorra y que están vinculadas, presuntamente, a Macià Alavedra y a su esposa, Doris Malfeito.

Según el auto de Garzón, Alavedra y Prenafeta habrían conseguido al menos 637.590 euros cada uno en comisiones. Varias fuentes indican que Alavedra podría haber blanqueado la mitad de este dinero hace unos meses, y por eso los agentes buscan en Andorra.

Su esposa, Doris Malfeito, también tiene una cuenta en el Principado y figura como consejera de la inmobiliaria Es Valls, con promociones en la Costa Brava. Pese a eso, su actividad más reconocida es la de marchante de arte y pintora, y llegó a vender obras por 9.000 euros tras una exposición en 2001. Al parecer, muchos empresarios que querían hacer negocios con su marido tienen los despachos decorados con sus obras. Ahora, un cuadro suyo se encuentra en internet por unos 170 euros.

La tercera mujer detrás de un implicado del caso Pretoria 2 es una madre, la del ex alcalde de Santa Coloma de Gramanet Bartomeu Muñoz. Josefina Calvet aparece registrada en varias publicaciones como una empresaria que se dedica a alquilar naves industriales en el municipio que gobernaba su hijo.

Pero Calvet no es sólo la progenitora del ex alcalde de Santa Coloma. También fue esposa de uno de ellos. Su marido, Blas Muñoz, fue el último alcalde de la localidad durante la época franquista, entre los años 1975 y 1979, y fue nombrado a dedo por el gobernador civil de Barcelona

'CASO MILLET'
Un asesor culpa a la hija del 'número dos'

GERMÁN GONZÁLEZ

Barcelona

El ex secretario de la Fundación Palau de la Música, el abogado Raimón Bergós, aseguró ayer que, desde su despacho, «nunca se han elaborado facturas falsas», de lo que le acusan los ex directivos imputados.

El año pasado, la Agencia Tributaria hizo una inspección al Palau y el despacho Bergós se encargó del contacto con los inspectores. Tanto Bergós como dos miembros de su bufete que están imputados, Santiago Llopart y Edmundo Quintana, explicaron que pedían la documentación solicitada a la ex directora financiera, Gemma Montull -hija del 'número dos' de Fèlix Millet-, también imputada. Entre estos papeles estaban las facturas falsas que, según declaró la ex directora, había ordenado crear Bergós para justificar el desvío de dinero.

El abogado también destacó que Hacienda preguntó por dos salidas de efectivo por importe de 150.000 euros que Millet atribuyó a un convenio «verbal» de colaboración con la Fundació Espai Catalunya, vinculada al político de CDC Àngel Colom. Bergós advirtió de que el acuerdo tenía que quedar escrito e hizo un borrador, aunque no sabe qué ocurrió después