'POPULARES' BAJO SOSPECHA/ La decisión del juez
Garzón machaca al PP acusando a 'aforados' sin dar sus nombres
Le deniega la personación en la causa alegando que no ha sido perjudicado y que hay altos cargos implicados / En vez de inhibirse, prosigue con la investigación
Baltasar Garzón apretó ayer el nudo alrededor del Partido Popular.Apenas 24 horas después de que la formación intentara personarse en la causa y recusarle, el juez aprovechó el auto en el que rechaza la solicitud para afirmar que existen «serios indicios» de que entre los implicados en la trama de corrupción hay miembros relevantes del partido.
El escrito afirma que «personas vinculadas a, o integrantes de esa formación política podrían tener responsabilidad penal en esta causa o en aquellas otras que se incoen tras la inhibición que se acordará por razón de aforamiento de algunas de ellas».El juez de la Audiencia Nacional apunta así a diputados autonómicos o consejeros de Madrid y Valencia, las comunidades en las que, según Garzón, se centró la actividad de la trama dirigida por Francisco Correa.
En el caso de que los aforados sean diputados o consejeros autonómicos, como apunta la investigación, el tribunal competente para imputarles e investigarles sería el Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente comunidad autónoma. En el caso de que surgiera algún parlamentario o senador, sería el Tribunal Supremo.
El juez explica que ya ha dado traslado a la Fiscalía Anticorrupción para que se pronuncie sobre las imputaciones de aforados y la remisión de la causa a los tribunales correspondientes. Por el momento, y al margen de los 37 imputados ya conocidos, la investigación se ha dirigido hacia el diputado de la Asamblea de Madrid Alberto López Viejo, que la semana pasada fue apartado de la Consejería de Deportes y que podría haber recibido sobornos. Además, la operación Gürtel también podría alcanzar a Alfonso Bosch, diputado madrileño, por la adjudicación de un terreno en Boadilla, según informó la cadena Ser. En ambos casos, sería el TSJ de Madrid el que resolviese sobre su situación.
En cuanto a la Comunidad Valenciana, donde la red también tenía una intensa actividad, diversas fuentes afirman que se estudia solicitar la imputación asimismo de algún aforado. Menos plausible es que haya elementos para imputar a algún parlamentario o senador.Hasta el momento, ha aparecido el nombre del tesorero del PP y senador por Cantabria Luis Bárcenas, a quien Correa dijo haber entregado dinero. Además, una denuncia presentada por Manos Limpias hacía referencia a la colaboración del ex ministro de Justicia y diputado popular José María Michavila con el imputado Arturo González Panero, hasta hace unos días alcalde de Boadilla del Monte (Madrid).
Al margen de lo que reclame el Ministerio Público, el juez explica que no tomará una decisión hasta que concluya «el análisis policial de los documentos y datos obtenidos en la investigación, al menos parcialmente». Del escrito del magistrado se desprende que su intención es retener la mayor parte de la causa, la que no afecta a los aforados. El juez hace referencia a miembros del PP que podrían tener «responsabilidades penales en esta causa», es decir, respecto a los cuales seguiría la investigación en la Audiencia Nacional. Ese sería el caso de los ex alcaldes de Boadilla y Majadahonda (Guillermo Ortega, también popular), que no disfrutan de la condición de aforados.
En cualquier caso, la división de la causa entre aforados y no aforados no es automática. Las características del entramado podrían aconsejar que los nuevos tribunales competentes se hicieran también con otras partes de la investigación.
En cuanto a la negativa del magistrado a que el PP se persone en las diligencias previas , supone que tampoco tiene efecto la recusación que acompañaba a la solicitud. El PP informó ayer de que recurrirá la decisión ante la Sala de lo Penal, instancia superior a Garzón. El magistrado alega que el PP no cumple, «al menos jurídicamente hablando», con el requisito de ser perjudicado u ofendido para ejercer la acusación particular.
Descarta que pueda ser parte en la causa como imputado, ya que no es una persona física, sino jurídica. En cuanto a que pueda ser considerado responsable civil subsidiario -respecto a actuaciones de sus miembros-, lo considera «precipitado».
Por último, queda la vía de la acusación popular, para la que los requisitos legales no son tan estrictos. Sin embargo, el PP no la ha solicitado y el juez dice que no puede resolver sobre ello «en este momento».
http://www.elmundo.es/ Lea íntegro el auto de Garzón.
El ex ministro Saavedra invoca 'la ética de Obama' para que dimita Bermejo
MARCOS J. RODRIGUEZ. Especial para EL MUNDO/Las Palmas
El destacado dirigente socialista Jerónimo Saavedra, ex ministro y actual alcalde de Las Palmas, no ha dudado a la hora de considerar que el titular de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, debe dejar su cargo por su participación en el «numerito» de la cacería junto al magistrado Baltasar Garzón, que en la actualidad investiga una trama de supuesta corrupción en el PP. Invocando la ética de Obama, Saavedra sentenció que Bermejo «debe dimitir» y consideró que «no ha sido prudente ese tipo de fotografía, de encuentro o de cacería».
Preguntado en el programa El envite, de la Televisión Canaria, Saavedra calificó este hecho de «impresentable» y de «numerito» y puso como ejemplo contrario lo sucedido con algunos dirigentes en EEUU.
«Obama llega con unos candidatos de gobierno y van cayendo porque tenían deudas fiscales o porque tenían una participación que no se aclaró en su momento. Esa pureza de comportamiento 
americano, esa cultura que hay, me gustaría que también existiese en España y que hubiese el compromiso de dimitir cuando uno comete un desliz», aseveró Saavedra. El regidor de Las Palmas dijo, a continuación, que, bajo su punto de vista, Bermejo «debe dimitir».
Sobre los tiempos de una hipotética dimisión, Saavedra manifestó: «Esas 
cosas se hacen espontáneamente, que uno sea consciente de que no ha sido prudente ese tipo de fotografía, de encuentro o de cacería».
El secretario general del PSOE canario, Juan Fernando López Aguilar, hizo otro tipo de lectura sobre la reflexión de Saavedra y consideró que tras las manifestaciones del alcalde se esconde una petición de dimisión dirigida a determinados responsables políticos imputados en el archipiélago canario.
Aguilar dijo que la cacería que compartieron Bermejo y Garzón es «lícita». «Es seguro que quien se atreve a insinuar que [alguien] deba depurar responsabilidad política por practicar una actividad enteramente lícita durante un fin de semana está 
exigiendo, sin duda ninguna e inequívocamente, la dimisión de quien está imputado por corrupción en Canarias. Es seguro que el alcalde de Las Palmas está exigiendo la dimisión del alcalde de Santa Cruz [Miguel Zerolo], imputado por corrupción; y es seguro que está exigiendo la dimisión del vicepresidente económico del Gobierno canario, imputado por corrupción; y es seguro que está exigiendo la dimisión del presidente del PP, por corrupción [en referencia en ambos casos a José Manuel Soria]», aseveró el ex ministro de Justicia.
Sin embargo, Saavedra había explicado horas antes que «estar imputado no es razón para dimitir» y se había negado hablar sobre la imputación del presidente del PP canario, José Manuel 
Soria.
Dentro de la sucesión de declaraciones producidas tras las manifestaciones del alcalde de Las Palmas destaca la reflexión de Eligio Hernández, socialista y ex fiscal general del Estado.
«Hay una minoría de jueces que hace política amparados en la toga, que no son militantes, que no tienen carné de partidos políticos. El único que lo tuve fui yo y por eso no estoy en la judicatura. Son criptomilitantes que se dedican a trepar para ocupar cargos públicos», afirmó el que fuera delegado del Gobierno en Canarias.
elmundo.es Vídeo: Vea las declaraciones de Saavedra.'POPULARES' BAJO SOSPECHA / La decisión del juez
Acusación particular de la CAM
La Comunidad de Madrid presentó ayer ante el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional un escrito de personación para formar parte como acusación particular, en calidad de perjudicado, de la causa que investiga el juez Baltasar Garzón por una presunta trama de corrupción liderada por Francisco Correa.Esgrime la Comunidad que se podrían haber destinado «fondos propios de la Comunidad de Madrid a fines distintos de los legalmente previstos».
El Gobierno de Aguirre exige que «esta Administración pueda tomar parte en el procedimiento judicial como perjudicada y ejercitar las acciones que legalmente proceden al amparo de lo previsto en el artículo 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en relación con el artículo 24 de la Constitución Española».
La personación está encaminada a que el Ejecutivo madrileño «pueda tomar conocimiento de lo actuado e instar la práctica de diligencias en el marco de la investigación».
El escrito se puso sobre la mesa de Garzón horas después de que no hubiese admitido a trámite la petición del PP nacional de personarse en la causa.
Según el juez, la personación de los 'populares' en este procedimiento, que se encuentra bajo secreto sumarial, )salvo para los periódicos progubernamentales,) resulta «absolutamente incompatible, como tampoco puede serlo a título de imputado por tratarse de una persona jurídica».
En su personación, el Ejecutivo autonómico solicita al magistrado abstenerse de seguir conociendo del procedimiento si afecta a personas aforadas, a tenor de los artículos 309 y 303 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Así, le emplaza a remitir las actuaciones, en lo relativo a los aforados, a la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, competente para dirimir las posibles responsabilidades penales de las personas con inmunidad. Recuerda que el artículo 25 del Estatuto de Autonomía dispone que la responsabilidad penal de los consejeros en el ámbito de su jurisdicción será exigible ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / La decisión del juez
Rajoy reclama el acceso al sumario
El líder del PP, Mariano Rajoy, aseguró ayer que la intención de su partido de personarse en la causa que investiga la supuesta trama de corrupción es «el mínimo derecho» que tiene, pese a que Garzón rechazó esta personación.
«Se intenta hacer una causa general contra el PP. Queremos estar allí, saber a quién se acusa del PP y de qué», señaló el presidente de los 'populares', quien también reclamó que se levante el secreto de sumario «para saber exactamente de qué estamos hablando».
Indicó que en los medios de comunicación figuran «nombres de muchas personas, de gente honorable que lógicamente ve manchada su reputación» y que, sin embargo, «no puede defenderse».
Rajoy calificó de «atentado a la calidad de la democracia» la cacería en la que coincidieron Bermejo y Garzón, añadiendo que, «en cualquier país civilizado», ello conllevaría la dimisión del ministro de Justicia y que el juez «se abstuviese en el asunto del que está conociendo».
El líder del PP también anunció que el próximo miércoles aprovechará su pregunta a Zapatero en el Pleno para solicitar la destitución del titular de Justicia.
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / La investigación
Crespo recibía y realizaba pagos en efectivo sin detallar
Una auditoría interna de 2007 alertaba de esta práctica en empresas del imputado
ANGELES ESCRIVA/Madrid
Una auditoría interna de las empresas Easy Concept y Good and Better -propiedad del clan investigado por el juez Garzón-, fechada el 11 de octubre de 2007, ya delataba entonces las irregularidades habidas en la gestión de ambas empresas desde el año 2005: las dos compañías bajo el control de Pablo Crespo, el número dos de la trama, realizaban y recibían pagos «en metálico» por servicios que ni se especifican ni están demostrados.
Entre otras cosas, el encargo de esa auditoría -un borrador- por parte de una de las imputadas, Felisa Isabel Jordán -la responsable nominal de las dos firmas, que presentó varias denuncias ante la Guardia Civil de Boadilla al saber los resultados-, desencadenó una serie de amenazas contra ella y su expulsión de la empresa tras el cambio de claves de acceso.
Easy Concept y Good and Better son dos empresas que han venido dedicándose a la organización de actos públicos para los clientes que contrataban sus servicios. Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, el trabajo de los auditores consistió en «la revisión de los estados financieros de los ejercicios 2005, 2006 y 2007 -hasta el 30 de septiembre- y su conciliación con los datos manejados en la contabilidad analítica y presupuestaria por eventos».
Las diferencias «significativas» entre las dos contabilidades llevaron a que los analistas concluyesen que existía una «gestión paralela».
En primer lugar, los redactores del borrador comprobaron que quien estaba realmente gobernando las empresas era Pablo Crespo, el que fuera secretario de Organización del PP gallego primero y después hombre de confianza de Francisco Correa.
No consta que aquel ostente ningún cargo en Easy Concept, pero su función se encuentra dentro del sustrato personal del socio mayoritario. Y, por si hubiera dudas, Correa deja pruebas de su poder con el envío permanente de correos electrónicos a los empleados en los que da órdenes sobre cuál debe ser su comportamiento, también el de Isabel Jordán, a pesar de que es ella la que consta como Administradora única de las empresas en cuestión. Jordán es considerada por los analistas una mera «directora de operaciones» una vez es analizado el «día a día» de las firmas. Por cierto que, casualmente, alguien intentó borrar los correos electrónicos cuando trascendió la existencia de una auditoría interna.
Una vez establecida la responsabilidad, se centran en los datos.«En la documentación analizada hemos comprobado que Easy Concept y Good and Better pagaron en metálico durante el ejercicio 2005 a Femasa 94.482 euros y 46.400 euros respectivamente», dicen.Recuerdan que la cartera de clientes de las sociedades analizadas está compuesta por administraciones o entes públicos que, tal como se demuestra, realizan sus transacciones a través de entidades bancarias. Por eso consideran que el pago en efectivo de cantidades abultadas a los proveedores anteriormente mencionados tiene «especial importancia», sobre todo porque «en las facturas analizadas aparece el número de cuenta del proveedor para poder realizar el pago».
«Estos hechos crean una incertidumbre jurídica y un riesgo de veracidad en el pago de las facturas y, por lo tanto, en la efectiva prestación de los servicios facturados», advierten.
Otra de las denuncias se refiere a Servimadrid Integral SL, sociedad vinculada, que ha llegado a pagar a Femasa facturas por un importe de 258.326 euros y a un particular, Salvador Estévez Cal, 90.596 euros. También «en metálico».
Los auditores sostienen que por cada evento que Easy Concept y Good and Better organizaban sacaban un beneficio superior al 40% por eso no entienden que las cuentas anuales arrojen resultados precarios. Al analizar los contratos con los proveedores comprueban que hay una serie de empresas que han facturado a pesar de no estar entre los habituales y que ese dinero también lo han recibido en efectivo.
Son firmas como Special Events, Technology Consulting, Loribel, Alvinde Europea, Clásica Capital y Klober Aster. Y están administradas por Crespo y por Estévez Cal. Los auditores manifiestan su sorpresa por el hecho de que las empresas auditadas contraten para sus eventos, como es natural, escenarios, sillas o cartelería y que el objeto social de las vinculadas a este último sea la enseñanza de la Medicina y la Odontología.
En conclusión: Isabel Jordán era utilizada por terceras personas que, «de forma activa y reiterada, determinan las decisiones estratégicas»; éstas han creado las «condiciones para que se generen fondos extracontables», y «existen dudas razonables sobre la verdadera adscripción del servicio y sobre la veracidad de las prestaciones recibidas».
Algunos datos sospechosos
>«Existen dudas razonables sobre la verdadera adscripción del servicio y de las prestaciones recibidas». «Existía una gestión paralela» que crea «condiciones para que se generen fondos extracontables».
>«Easy Concept proporciona sillas, escenarios, cartelería. Cabe destacar que el objeto social de algunas de las empresas que cobran en efectivo son la Odontología y la enseñanza de la Medicina».
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / La investigación
Declara el séptimo detenido
El juez Baltasar Garzón interrogó ayer al séptimo detenido en la 'operación Gürtel', arrestado el pasado miércoles. Se trata de José Luis Izquierdo López, cuyo nombre aparecía en la lista de 34 imputados.
Izquierdo había surgido en las declaraciones prestadas hasta ahora ante el magistrado. Según explicó María del Carmen Rodríguez, esposa de Correa, ella aceptó figurar como administradora de dos sociedades investigadas -Special Events y Pasadena Viajes- porque se lo pidió Izquierdo, de quien era amiga.
Izquierdo fue puesto en libertad anoche, con la obligación de comparecer semanalmente en un juzgado. Hasta el momento, el magistrado ha enviado a prisión al presunto dirigente de la trama, Francisco Correa, y a sus dos principales ayudantes, Pablo Crespo y Antoine Sánchez. Además, ha dejado en libertad con comparecencias mensuales a la esposa de Correa y a Felisa Jordán. En cuanto a Alvaro Pérez Alonso, 'El bigotes', detenido en Valencia, deberá acudir semanalmente a comisaría. Otra de las imputadas, Carmen Luis Cerezo, apenas estuvo 10 minutos ante el juez y quedó libre sin medidas cautelares, según informó su abogado
'POPULARES' BAJO SOSPECHA / La montería de la polémica
Asfaltaron el camino rural días antes de la cacería
La alcaldesa de Torres (PSOE) aceleró las obras cuando supo que iban a acudir «personalidades» como el juez y el ministroA. SALVADOR / S. TORRES / S. MORENO/Sevilla
Camino asfaltado y sin baches en pleno parque natural de Sierra Mágina. El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón no sufrieron ninguna incomodidad cuando sus potentes vehículos se adentraron en el camino rural que conduce desde el municipio jienense de Torres hasta la finca Cabeza Prieta, en la que estuvieron de caza el pasado domingo.
La alcaldesa de Torres, la socialista Elvira Sanjuán, se encargó de que todo estuviera listo para que la llegada fuese lo más cómoda posible. La regidora admitió ayer a EL MUNDO que ordenó asfaltar el camino que lleva desde el pueblo hasta la finca Cabeza Prieta cuando se enteró de que estas «personalidades» iban a ir de cacería. (Ni con Franco ocurrían estás cosas con ministros y jueces del Movimiento)
«Cuando conozco que van a venir, aligero el trámite, pero dentro de mis proyectos para arreglar numerosos caminos rurales en todo el municipio», confesó la alcaldesa, de 34 años, que lleva solamente seis meses al frente del Ayuntamiento de Torres.
Según la primera edil, el arreglo del camino que conduce a la finca Cabeza Prieta estaba incluido en el listado de obras pendientes, pero lo adelantó por la llegada de los dos cazadores ilustres.
Las obras comenzaron la semana pasada, unos días antes de que el ministro de Justicia y el magistrado de la Audiencia Nacional se desplazaran a la provincia de Jaén para acudir a dos cacerías: una en la finca Navaltorno, de Andújar, el pasado sábado, y la del domingo en Cabeza Prieta.
La alcaldesa contrató a la empresa Excavaciones Molina, que trabajó en un tramo superior al kilómetro. Todavía no han pasado la factura al Ayuntamiento, según Sanjuán, por lo que no quiso desvelar cuánto le costará al municipio el arreglo del camino.
«Mi obligación es arreglar éste y otros muchos caminos, porque, si va a venir alguien a visitar Torres, yo quiero que se lleve una buena impresión del pueblo», afirmó.
Aunque la alcaldesa trató de enmarcar el arreglo del camino rural por el que pasaron el ministro y el juez de la Audiencia Nacional en la «normalidad» de las obras que acomete el Ayuntamiento, fuentes vecinales consultadas por este diario señalaron que hay otros caminos en peores condiciones y nadie los repara.
«Ahora estamos en la campaña de la recogida de aceituna y los caminos para llegar a las fincas están fatal por el paso de los vehículos y por las lluvias que han caído. ¿Por qué se arregla éste el primero?», se preguntó un vecino de Torres.
La respuesta la da la propia alcaldesa. «Si vienen unas personalidades y puedo evitar que se les estropeen los coches... porque ellos no vienen en todoterreno. Mi obligación es que todo esté lo más transitable, sea el ministro o cualquier otra persona», dijo.
No sólo el Ayuntamiento de Torres allanó el camino a Garzón y Fernández Bermejo. Fuentes consultadas por este periódico señalaron que, ante el mal estado del acceso, el propietario de Cabeza Prieta, el empresario catalán José Peñas Torres, encargó a Bartolomé Molina, quien también organizó la cacería, que buscara a alguien que arreglara los accesos a la finca.
Molina contactó con un empresario local que compactó el carril privado; es decir, el que conduce desde la cancela de entrada a la finca hasta el cortijo, y también arregló parte del camino público. Esto se hizo entre el jueves y el viernes de la semana pasada.
La llegada del ministro Bermejo y del juez Garzón a la provincia de Jaén sucedió el viernes día 6. A las 21.00 horas de ese día, ambos estuvieron cenando en el restaurante del Hotel Del Val, según confirmó a este diario un testigo presencial.
El pasado sábado acudieron a una batida en la finca Navaltorno, enclavada en la Sierra de Andújar, en la cordillera de Sierra Morena. Allí, el ministro cazó cuatro venados y Garzón otros cuatro.
El fin de semana se completó con la cacería del domingo en Cabeza Prieta, una finca de un empresario con negocios en el sector farmacéutico afincado en Cataluña, aunque sus padres son de Torres, el pueblo natal de Garzón. Este coto está en el parque natural de Sierra Mágina.
La calle de la edil
La alcaldesa de Torres (Jaén), la socialista Elvira Sanjuán, se verá directamente beneficiada por el plan anticrisis de Zapatero.El Ministerio de Administraciones Públicas ha aprobado tres proyectos al Ayuntamiento para hacer obras en el municipio. Uno de ellos, en el que se invertirán 101.355 euros, contempla la pavimentación de la calle Donantes de sangre, el Paseo de la Constitución y la adecuación del parque infantil. ¿Adivinan quién vive en la calle Donantes? La alcaldesa.
'POPULARES' BAJO SOSPECHA
Una empresa de Correa llegó a Estepona
Viajes Pasadena facturó casi 54.000 euros al Consistorio malagueño entre 2000 y 2003
JOSE CARLOS VILLANUEVA/Marbella
La empresa Viajes Pasadena, propiedad de Francisco Correa, principal implicado en la red de corrupción que investiga el juez Baltasar Garzón, también hizo negocios con el Ayuntamiento de Estepona (Málaga) entre los años 2000 y 2003. Primero bajo el mandato del gobierno cuatripartito (PSOE, PP, IU y PA) y luego, ya entre 2001 y 2003, bajo la gestión en solitario del PP, formación que gobernó junto a ex ediles del GIL.
Viajes Pasadena llegó a facturar entre los años 2000 y 2003 casi 54.000 euros a través de la empresa municipal de Turismo de Estepona, gestionada siempre por el PP y cuyo gerente era el ahora edil popular Ricardo Galeote, hermano del europarlamentario de dicha formación política Gerardo Galeote.
La contabilidad municipal que obra en poder de este diario refleja pagos a Pasadena entre febrero de 2000 y junio de 2003. En ese periodo, la empresa de viajes de Correa cobró facturas que van desde 15 hasta los 5.811 euros.
A partir de las elecciones municipales de 2003, el PP salió de la Alcaldía, comenzó a gobernar el PSOE y Pasadena dejó de contratar con el Consistorio.
Se da la circunstancia de que la mujer de Correa, Carmen Rodríguez Quijano, fue jefa de prensa de la ex alcaldesa del PP de Estepona Rosa Díaz durante unos meses de su mandato como regidora.
Este periódico informó la pasada semana acerca del viaje a Miami de Francisco Correa junto al ya ex alcalde de Boadilla del Monte Arturo González Panero, y el ex concejal de dicho municipio José Galeote, padre de Ricardo Galeote.
LA POLEMICA NACIONAL / EL JUEZ GARZON INVESTIGA AL PP
Cacería, cazadores; trama, contratrama
Tras los supuestos espionajes de Madrid, continúan las filtraciones contra el PP, esta vez por la vía de la corrupción, con Garzón de estrella y Bermejo de compañero de batida.
VICTOR DE LA SERNA
La cacería de venados -cuatro cada uno- por parte del juez y del ministro ha suministrado múltiples claves, tanto informativas como simbólicas, en torno a la operación que el día 7 anunciaba Francisco Mercado en El País bajo un impactante titular: Garzón desmantela una gran trama de corrupción política vinculada al PP. Este jueves, el juez emitía al fin un auto lleno de insinuaciones sobre el PP, pero sin la menor concreción. Así ni se callaban las voces progubernamentales -lo importante es que el PP está podrido, no quién lo investigue ni cómo- ni las antigubernamentales, que siguen viendo una maniobra esencialmente política en todo este psicodrama diariamente adelantado por El País.
El editorial de EL MUNDO así lo explicaba: «El auto está redactado en los términos más lesivos posibles para el PP, ya que la ambigua descripción de Garzón convierte en sospechoso a cualquier concejal, diputado autonómico, consejero o alto cargo de los ayuntamientos y las comunidades de Madrid y Valencia que haya ejercido sus funciones en los últimos 10 años». Y Federico Jiménez Losantos clamaba en la Cope: si los jueces españoles «tuviesen la dignidad que dicen tener» no permitirían que Garzón «siga haciendo política metiendo a la gente en la cárcel y sacándola».
Nadie niega que si suena el río de los negocios turbios en torno al PP es que puede llevar agua. Así, José María Carrascal aseveraba en ABC: «Hay indicios de corrupción en el PP, y de prevaricación en el PSOE. A vileza, allá se andarán ambos delitos, pero democráticamente es mucho más grave el segundo, al afectar a los órganos del Estado, que deja de ser de Derecho para convertirse en arbitrario».
Pero todo ello son pelillos a la mar, se respondía desde medios progubernamentales. Así, Fernando Vallespín, en El País: «Apelar a una conspiración de los poderes del Estado y el Gobierno apoyándose en la coincidencia de una cacería del juez Garzón y el ministro de Justicia para aguar los preocupantes efectos políticos de la trama denunciada parece casi de risa. Eso significa no conocer a Garzón». Un editorial en ese diario insistía: el PP está «necesitado de una urgente y drástica limpieza interna: no basta una investigación para exculpar a los dirigentes, como en otras ocasiones, sino que debe romper con la confusión entre intereses públicos y privados enquistada en su seno». Ya saben: el enquistado es el PP, no el partido de Filesa, Ibercorp, el AVE y la Expo.
En Público se leía de todo. Manuel Saco se reía de las quejas de la derecha («algo así como la versión cinegética del ácido bórico»), y Marta Nebot pedía más sigilo y menos filtraciones a Garzón («todavía pueden caer más peces gordos», escribía, entusiasmada).Pero otros aún tienen memoria y recuerdan, como Isaac Rosa, la vergüenza de una nueva Escopeta nacional. También Rafael Reig: «Buenos trajes, cacerías, grandes restaurantes, en fin, como ha dicho el ministro, sólo se trata de 'desconectar del día a día'. Si ni siquiera puedes vivir como un marqués, entonces ¡para qué narices te vale ser ministro y de izquierdas! ¿Que da asco? Pues sí, bastante; pero es súper de izquierdas, salvo para demagogos como nosotros». Zapatero lo llamaría «neosocialismo», seguro.
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El PP pregunta a la vicepresidenta si conoce el sumario secreto
El Partido Popular quiere que la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, explique cómo sabe que la investigación sobre la presunta trama de corrupción que instruye el juez Garzón se abrió por la denuncia de un militante del PP.
Así lo aseguró a Europa Press el portavoz de los populares en la Comisión de Trabajo e Inmigración del Congreso, Rafael Hernando, en respuesta a las palabras de De la Vega acusando al PP de «enrocarse» en lugar de «colaborar con la Justicia» y señalando que la denuncia partió de algunos militantes populares.
Hernando preguntó a la vicepresidenta si «ha tenido acceso al sumario» porque, a su juicio, sus afirmaciones «sólo podrían hacerse con información procedente de ese sumario, que es secreto».«Debería decirnos cómo sabe la forma en que se ha iniciado ese procedimiento y quién lo ha iniciado. Al final, los cazadores acaban siendo cazados siempre por sus torpezas».
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De la Vega: 'Nada que decir sobre las relaciones personales'
El Gobierno aseguró ayer, por boca de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, que no tiene «nada que decir sobre las relaciones personales» del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y sobre sus actividades «privadas».
En la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, Fernández de la Vega respondió así al ser preguntada por la exigencia de dimisión formulada por el PP contra Bermejo por coincidir con Garzón en una cacería mientras se conocían detalles de la investigación que instruye contra este partido. Aseguró que el estado de ánimo del ministro es de «absoluta normalidad» y voluntad de trabajar en los planes emprendidos por su departamento. Advirtió al PP de que «lanzar cortinas de humo y sospechas sobre otros» no sirve para afrontar las responsabilidades propias, y en este caso «todo apunta en la misma dirección: que las responsabilidades están en el PP».
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Alonso (PSOE): «No tengo por qué dudar del juez Garzón»
El portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, José Antonio Alonso, aseguró ayer que el ministro de Justicia, Fernández Bermejo, «no habló de ese asunto [en referencia al caso de corrupción abierto contra dirigentes del PP] ni de ningún otro con el juez Garzón» en las cacerías en las que «coincidieron» el pasado fin de semana.
Alonso afirmó, en Onda Cero, que no es su «papel, evidentemente, enjuiciar el contenido de las resoluciones, pero sí el demostrar una confianza absoluta en el funcionamiento normal de las instituciones».
«Yo no tengo ningún motivo para dudar de que el juez Garzón, en este asunto y en cualquier otro, se comporta con respeto a la Constitución y a las leyes», sentenció.
Según Alonso, «el Ejecutivo no habla con los jueces de asuntos en concreto, ni interfiere para nada en la actividad judicial»
GARZON es un juez que no cree en el Derecho y lo tuerce a su antojo para sus propios fines, como ha demostrado en numerosas ocasiones. Ayer, el magistrado de la Audiencia Nacional volvió a ponerlo en evidencia en un auto en el que, tras rechazar la personación del PP en la causa que instruye, aprovecha para meter el dedo en el ojo del partido de Rajoy.
Garzón no puede ser un juez imparcial por su inquina hacia el PP, pero es que además está contaminado por la cacería en la que cenó con el ministro de Justicia y un jefe de la policía judicial, lo que le resta esa apariencia de neutralidad exigible al que imparte justicia. 
