EDITORIALES: Del gesto de De la Vega a la bandera ausente

EDITORIALES DEL DÍA
DEL GESTO DE DE LA VEGA A LA BANDERA AUSENTE

LA VICEPRESIDENTA De la Vega tuvo ayer el gesto de asumir la responsabilidad política de la decisión del Gobierno de detener y traer a los dos secuestradores somalíes del Alakrana: «Todo se ha hecho por unanimidad. Pero yo asumo toda la responsabilidad en estos momentos». La vicepresidenta afirmó que el Gobierno estaba obligado a actuar de la forma como lo ha hecho: primero, deteniendo a los secuestradores que intentaban huir; luego, poniéndolos a disposición de los tribunales en España. Por ello, el abogado del Estado presentó una denuncia ante la Audiencia Nacional, respondiendo a las indicaciones del Ministerio de Justicia.

Fernández de la Vega subrayó que el Ejecutivo no tuvo dudas de que ésa era la vía correcta, aunque reconoció que había otras opciones «subsidiarias». La principal de esas opciones «subsidiarias» era entregar a los dos detenidos a los tribunales de Kenia, posibilidad reconocida expresamente en el protocolo de la Operación Atalanta, que habla de la «entrega a un tercer Estado» si quien captura a los piratas «no desea» trasladarlos a su territorio. De hecho, un informe del Jemad recomendaba la posibilidad de llevarlos a Kenia para evitar lo que ha sucedido: que los secuestradores vincularan su suerte a la de sus rehenes.

Ayer mismo, la Armada francesa detuvo junto a las costas de Somalia a una embarcación con 12 piratas. Llevaban armas, gasolina y un navegador digital. El Gobierno francés decidirá en las próximas horas si entrega a los detenidos a la Justicia en Kenia o los conduce a París para ser juzgados. Ello será una importante referencia para valorar si el Gobierno español acertó o no, aunque es cierto que en este caso no hay un secuestro de por medio.

En cualquier caso, la asunción de la responsabilidad es algo que honra a la vicepresidenta, que jamás rehuye el bulto a la hora de gestionar situaciones tan difíciles como ésta. Por el contrario, Zapatero ha permanecido al margen de los acontecimientos en la crisis del Alakrana, en la que sólo hizo acto de presencia para hacerse la foto cuando recibió a los familiares de los pescadores en La Moncloa hace pocos días. ¿Por qué no intervino en el debate interno de la noche del 3 de octubre?

Zapatero no puede seguir sin ocuparse de un problema que ha generado una fuerte solidaridad con las familias de los secuestrados, apoyo que ahora puede mermar al conocerse que el barco no llevaba la bandera española. Ayer, el juez Pedraz envió un oficio al Ministerio de Defensa en el que pide que le comunique cuál era la bandera que llevaba el Alakrana al ser capturado. Todo indica que era la ikurriña. Por ello, el abogado de los dos piratas detenidos pidió que no fueran juzgados en la Audiencia. Según su argumentación, el barco navegaba en aguas internacionales y no llevaba la enseña española, por lo que la Audiencia Nacional no tendría competencia para procesar a los piratas.

Todos los buques registrados en España deben izar la bandera rojigualda, según las leyes internacionales. Que no la llevara el Alakrana merecería una sanción administrativa, pero no por ello deja de ser una nave española. Por tanto, la relevancia de que este pesquero no llevara la enseña nacional no es jurídica, sino política.

Ya se vio en las manifestaciones de Bermeo una gran bandera vasca mientras brillaba por su ausencia la española. Los que se avergüenzan de ser españoles ahora acuden al amparo del Estado y exigen que el Ejército se movilice y que el Gobierno ponga todos los medios para liberar a la tripulación. Gracias a esa condición de la que reniegan tienen la posibilidad de que sus familiares vuelvan sanos y salvos

CON GRECIA Y CHIPRE, QUEDA EN EL FURGóN DE COLA:
Europa se recupera, España continúa en coma

LA ECONOMÍA de la Eurozona ha empezado a crecer. Lo hizo un 0,4% en el tercer trimestre de 2009 tras más de un año de caída. El dato es esperanzador porque se produce un mes después de que EEUU anunciara el fin de la recesión en su país. Sin embargo, España es la única de las grandes economías de los Dieciséis que continúa a la baja, una dinámica sólo compartida con Grecia y Chipre. La esperanza del Gobierno es que Alemania y Francia hagan de locomotora y tiren hacia arriba de la economía española. Pero aunque así fuera, el cambio de tendencia no mejorará el empleo; es más, Bruselas pronostica que en nuestro país seguirá la destrucción de puestos de trabajo al menos hasta 2011. El informe de ayer de la UE sobre empleo alerta además de que se dan las condiciones para que en España se consolide un «elevado paro de larga duración». Estas perspectivas, que contrastan con el ingenuo optimismo del Gobierno, podrían ser aún peores si el Banco Central eleva los tipos en 2010. El gran nivel de endeudamiento de las familias y del propio sector público sería un lastre muy pesado.

150 EUROS POR RESISTIRSE Y AMENAZAR A POLICíAS:
Por fin sancionan a un juez... pero poquito

LA JUEZ de Barcelona que se resistió a someterse a un test de alcoholemia y que amenazó a los agentes que le hicieron la prueba ha sido sancionada por el Tribunal Superior de Cataluña con una multa de 150 euros. Cabe congratularse de que en España se castiguen los excesos de un magistrado, algo que a veces se antoja imposible. Por eso no es una sorpresa la magnanimidad con la que se ha tratado a Silvia López Mejía, la protagonista del caso. De entrada, ya se consideró que en su proceder no hubo abuso ni exceso de autoridad, lo que le evitó tener que afrontar una falta grave. A la postre, de entre las sanciones por falta leve se ha escogido una de las más livianas, y eso que el tribunal ha considerado probado que cometió «desconsideración», que profirió «manifestaciones reprobables» y que su condición de juez le exige «un plus» en su comportamiento. Al final, le saldrá más cara la multa por conducir ebria

ACUERDO ENTRE LA INFANTA Y JAIME DE MARICHALAR:
Un divorcio similar al de cualquier pareja española

CUANDO se cumplen dos años del comunicado en el que la Infanta Elena y Jaime de Marichalar anunciaban «el cese temporal de su convivencia», ambos han llegado a un acuerdo de divorcio, según revela hoy nuestro suplemento La Otra Crónica. Los términos de la ruptura legal, de mutuo acuerdo, son similares a los de cualquiera de las miles de parejas que se divorcian anualmente en España. La hija mayor de los Reyes se quedará con la custodia de los dos hijos habidos en el matrimonio y Jaime de Marichalar le pasará una pensión de manutención. Aunque se ha especulado mucho a propósito de las hipotéticas pretensiones del todavía Duque de Lugo, éste no ha condicionado el acuerdo de divorcio al mantenimiento de su título nobiliario, ni tampoco a que el Rey le conceda ningún otro. Es obvio que la situación de «cese temporal de la convivencia» no podía prolongarse por mucho tiempo. La Infanta Elena será la primera persona divorciada de la Familia Real española, lo cual debe ser considerado con total normalidad en esta época y en esta sociedad.

El Mundo en dos minutos
De la Vega, de pararrayos

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN LA UNIÓN EUROPEA: Un juez imputa a López Garrido por malversación

POLÍTICOS BAJO SOSPECHA / Un nuevo caso
Un juez imputa a López Garrido por malversación

AGUSTÍN YANEL

Madrid

La querella fue presentada por el Centro Jurídico Tomás Moro, un grupo considerado ultraconservador que se declara defensor de los valores de la familia, de la vida y de la libertad de los padres para elegir la educación de sus hijos. Ya ha intervenido en varios procesos judiciales contra clínicas autorizadas legalmente para practicar abortos.

Este colectivo acusa a López Garrido de los delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos, que presuntamente habría cometido al conceder, desde su Secretaría de Estado, dos ayudas a la Fundación Alternativas, de la órbita del PSOE, por un importe total de 78.000 euros.

Los querellantes aseguran que, después de haber sido nombrado secretario de Estado, el 15 de abril de 2008, siguió perteneciendo al Patronato de la Fundación Alternativas hasta el 24 de mayo y, un mes después, firmó la concesión de una subvención de 60.000 euros. En mayo de este año autorizó otra de 18.000 euros.

El titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid, Marcelino Sexmero, ha admitido a trámite la querella porque reúne los requisitos formales necesarios y porque los hechos denunciados pueden ser constitutivos de esos delitos.

El 21 de abril del año pasado, seis días después de haber sido nombrado secretario de Estado, López Garrido renunció por escrito a formar parte del Patronato de la Fundación. Pero formalmente no fue dado de baja hasta la reunión anual de ese órgano, el 10 de julio, y hasta entonces siguió en la web de la organización como patrono.

Los querellantes alegan este dato para acusarle de conceder las subvenciones cuando ya era secretario de Estado, lo que sería incompatible. Desde la Fundación indicaron que el Centro Jurídico Tomás Moro presentó la denuncia porque cree que ellos han inspirado la reforma de la Ley del Aborto.

López Garrido aseguró con rotundidad que no ha cometido ningún delito. Además, dijo que, aunque él ya no formaba parte de la Fundación cuando se concedieron esas ayudas, éstas son plenamente legales y se otorgan a muchos colectivos. Incluso bromeó porque, como ayer era su santo, dijo que le habían «amargado el día».

«Esas subvenciones se conceden de manera absolutamente legal y transparente. Interviene una comisión de valoración en la que yo no estoy», explicó a EL MUNDO.

Ni se le pasa por la cabeza la idea de dimitir, afirmó, porque «cuando se actúa conforme a la ley no hay motivos para hacerlo». Además, se mostró convencido de que todo se aclarará en breve y, sobre todo, aseguró que no afectará de manera negativa a la Presidencia española de la Unión Europea, que comienza el próximo 1 de enero, rechazando así la acusación en este sentido que hizo el Partido Popular tras conocer la imputación del secretario de Estado.

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CATALUÑA: Montilla,al igual que hizo con el socialista corrupto "Bartu", también arropa ahora a la sustituta

Montilla arropa a la futura alcaldesa

El primer secretario del PSC y presidente de la Generalitat, José Montilla, visitó ayer a la futura alcaldesa de Santa Coloma de Gramanet, Núria Parlón, y recorrió con la joven varias calles del centro de la población.

Montilla se desplazó a la localidad para felicitar y dar su apoyo explícito a la concejal, e incluso tomaron un café en un bar.

Parlón sustituirá a Bartomeu Muñoz, imputado por el caso Pretoria, que se encuentra en prisión incondicional en la cárcel de Soto del Real.

Las auditorías cifran en 23,7 millones el desvío de Millet

Los ex responsables del Palau también podrían ser acusados de malversación

NURIA CUADRADO

Barcelona

La idea más repetida por los responsables de la Fundación Orfeó Català-Palau de la Música en la presentación de las auditorías de esta institución es que son provisionales. Por eso, las cifras que arroja el estudio de la empresa Deloitte sobre las cuentas del Palau es orientativa, aunque aún queda comprobar documentación. De momento, la auditoría establece que se habrían desviado 5,5 millones de la Associació Orfeó Català y 14,6 millones de la Fundació del Palau de la Música.

A estas cifras hay que sumar los 2,9 millones de desvío de fondos del Consorcio del Palau, según el análisis del departamento de Economía de la Generalitat. Además, no se ha podido justificar el destino de otros 637.286 euros que procedían de subvenciones del Gobierno.

Al tratarse de una entidad donde participan administraciones públicas, el desvío de este dinero podría conllevar un delito de malversación de caudales públicos, lo que supondría un considerable aumento de la pena para los antiguos máximos responsables de la Fundación, Fèlix Millet y Jordi Montull, acusados ya de apropiación indebida y falsedad documental.

En la presentación de estas auditorías se destacó que el desvío se produjo, en el caso de los fondos privados, entre el 31 de julio del año 2000 y septiembre de 2009, mientras que en el caso del dinero público fue entre 2002 y 2009, por lo que se puede aplicar el agravante a los imputados de un delito continuado, que «no habría prescrito». El director general del Palau, Joan Llinares, señaló que «las conductas delictivas que fueron descubiertas el pasado 23 de julio no han prescrito y, por tanto, las cifras no son definitivas, porque los trabajos de auditoría continuarán mientras estas cifras defraudadas sean sustanciosas».

Estas cifras conocidas en las auditorías se alejan mucho de los 2,3 millones de euros que confesaron Millet y Jordi haber desviado del Palau de la Música, cuyo patronato dimitió ayer por unanimidad. La mayoría de este dinero se lo gastaron en viajes y obras particulares, según su propia confesión

Registran la empresa de otro ex conseller de la Generalitat

Pujals, ex 'conseller' de la Generalitat, medió desde Sacresa con el 'Consell' de Mallorca en Can Domenge, caso en el que está acusada la Presidenta del Parlament de Baleares

EDUARDO COLOM / ESTEBAN URREIZTIETA / XIANA SICCARDI

Palma / Barcelona

Seis unidades del Cuerpo Nacional de Policía participaron ayer en el registro de la sede barcelonesa de Sacresa, la empresa para la que trabajó el ex conseller de la Generalitat con CiU Joan Maria Pujals, imputado en el caso de corrupción urbanística de Can Domenge junto a la actual presidenta del Parlament balear, Maria Antònia Munar; el ex conseller de Turismo del Govern, Miquel Nadal (UM), y el diputado autonómico Bartomeu Vicens, entre otros.

La policía judicial y el fiscal anticorrupción de Baleares hicieron acto de presencia en la sede central de Sacresa. Joan Maria Pujals fue responsable de Educación y de Cultura de la Generalitat en la época de Jordi Pujol, abandonó la política en 1999 y, en 2004, fichó como director de expansión del grupo promotor Sacresa. Declaró como imputado en septiembre de 2008, reconociendo que se había reunido en el verano de 2005 con Nadal, entonces vicepresidente del Consell, siete meses antes del controvertido concurso por el que la Unión Temporal de Empresas (UTE) que integraba su compañía se adjudicó el solar a la mitad de precio de la oferta que presentó Núñez y Navarro.

Pujals, que ya está desvinculado de esta sociedad, situó la reunión en un contexto habitual y normal de relaciones empresariales, y Sacresa encargó el proyecto al arquitecto Jean Nouvel e, incluso, pagó por el esbozo que realizó antes del concurso.

De manera paralela al registro de Sacresa, la comisión judicial estuvo ayer en las oficinas de la UTE que se llevó el concurso de Can Domenge, y se incautó, entre otros documentos, del plan de la promotora Sacresa para excavar en el solar. Este documento, tal y como ha podido constatar EL MUNDO, está fechado en 2005. Es decir, antes de que el terreno público de 52.200 metros cuadrados fuera puesto a la venta públicamente el 3 de enero de 2006 por el Consell de Mallorca, que dirigía la entonces líder de Unió Mallorquina (UM), Maria Antònia Munar.

Los registros ordenados ayer por el juez del Tribunal Superior de Justicia balear Francisco Javier Muñoz, a petición de la Fiscalía Anticorrupción, a tan sólo 72 horas de la declaración como imputada de Munar el próximo lunes, tuvieron como primera parada en Mallorca las oficinas de la constructora Ferrá Tur, ubicadas en el polígono industrial de Calviá.

Los técnicos de la Agencia Tributaria y los agentes del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional se incautaron de una carpeta remitida por Sacresa a la constructora mallorquina. En ella se encontraba lo que técnicamente se denomina un plano de interferencias, que identifica las conducciones eléctricas que atraviesan el solar y que constituye el paso previo a la excavación en el mismo.

Este documento fue solicitado por Sacresa a la eléctrica Gesa-Endesa y está fechado en 2005, tal y como reza la carátula que lo acompaña y que fue intervenida por la policía judicial. El documento desvela la convicción de Sacresa de que iba a llevarse el solar valorado en 60 millones de euros y que UM le vendió sólo por 30.

Meses antes de que existiera la licitación no sólo planteaba ya la excavación de la parcela, sino que había contratado al arquitecto francés Jean Nouvel, le había pagado una parte de sus honorarios y éste ya dibujaba, con siete meses de antelación, el proyecto de 600 viviendas de lujo que resultó finalmente elegido.

Por la tarde, hizo lo propio en el bufete del portavoz parlamentario del PP Francisco Fiol, que fue el abogado que contrató Sacresa en un concurso cuya resolución acabaron votando a favor los populares. En estos momentos, el concurso se encuentra anulado por el Consell de Mallorca, que ahora preside el PSOE, después de que un dictamen jurídico encargado por la actual presidenta, Francina Armengol, concluyera que la licitación estuvo repleta de irregularidades

Contra Laporta por unir 'Pretoria' y Cataluña

ERC no ve bien que mezcle las «cuatro barras» con el caso que investiga Garzón

Barcelona

Las declaraciones de Laporta en las que vinculó el caso Pretoria 2 con la identidad de Cataluña no han gustado nada en círculos de ERC. El portavoz de la formación independentista en el Congreso de los Diputados, Joan Ridao, replicó ayer al presidente del FC Barcelona que «no es bueno mezclar las cuatro barras con una cuestión que está en manos de la Justicia».

Ridao valoró así las declaraciones del pasado jueves de Laporta, que consideró que las detenciones de Macià Alavedra, Lluís Prenafeta y Bartomeu Muñoz son un acto para humillar a Cataluña.

El portavoz republicano señaló, en cualquier caso, que es necesario respetar el principio de presunción de inocencia. Además, el número dos de Esquerra destacó la trayectoria profesional de Laporta y su «vocación catalanista».

Por su parte, el líder de CiU, Artur Mas, rehusó valorar las polémicas manifestaciones de Laporta, alegando que no quería entrar en la «rumorología» sobre el futuro político del presidente del Barça.

Quien sí que entró en el debate fue la portavoz del PP en el Congreso de los Diputados, Soraya Sáenz de Santamaría, que ayer estuvo en Barcelona en la primera jornada de la Convención de su partido. Para ella, las manifestaciones públicas del presidente del FC Barcelona son «bastante populistas», y le ha pedido que se centre en su labor de presidente del club azulgrana.

En declaraciones a Rac-1, la dirigente del PP le recordó que «el Barça es una entidad suficientemente importante para que se dedique al 100%». La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, pidió también a Laporta que deje de hacer de amateur de la política y se dedique a trabajar por el club y en favor de los socios y seguidores del equipo. Lo dijo en declaraciones a los periodistas en la presentación del stand Alicia 2010 en el marco de la Convención Nacional del PP.

«La política es una responsabilidad muy seria; si su vocación futura es la política le pediría más respeto por la clase política y más sentido común», dijo.

Contra este criterio, Laporta volvió ayer mismo a la carga al asegurar que trabajará para que sus hijos vean cumplido su sueño, el de una «nación catalana organizada en un Estado propio».

«Éste es el sueño que yo tengo, especialmente para mis hijos. Lucharé y trabajaré para hacer de este sueño una realidad», aseguró tras recibir el Premi Nacional President Lluís Companys, entregado por Esquerra. En su intervención tras recibir el premio en el teatro de la parroquia de Sant Medir (Barcelona), Laporta sostuvo que él se sentiría «incómodo» si optase por no hacer público su deseo de que Cataluña sea un Estado

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN ANDALUCÍA: Tres nuevos acusados en el 'caso Mercasevilla'

Tres nuevos acusados en el 'caso Mercasevilla'

MARÍA RIONEGRO

Sevilla

La juez que instruye el caso Mercasevilla, Mercedes Alaya, ha elevado a ocho los imputados por la venta «ilegal» y «fraudulenta» de los terrenos del mercado de mayoristas de Sevilla. Los tres nuevos implicados en la causa judicial son los dueños de la constructora Sando, grupo matriz de Sanma Desarrollo Urbanísticos SA, empresa adjudicataria de los suelos, pese a no haber presentado la oferta más ventajosa para la sociedad pública.

En concreto, la magistrada, en un auto con fecha de 6 de noviembre, imputa en la instrucción a los propietarios de Sando, José Luis Sánchez Domínguez y Luis Sánchez Manzano, y al vicepresidente del área inmobiliaria, José Luis Morales. La empresa es la primera constructora de capital andaluz, con un volumen de negocio que supera los 1.000 millones de euros anuales.

Con la imputación de estos tres directivos de Sando ya son ocho los implicados en la causa que instruye la venta de los suelos. Hasta el momento estaban imputados el ex director de Mercasevilla, Fernando Mellet; el vicesecretario en funciones de la empresa pública, Jorge Piñero; el ex miembro de la comisión ejecutiva y posterior directivo de Sando Domingo Enrique Castaño; la funcionaria municipal María Victoria Bustamante, y el asesor fiscal de Mercasevilla José Antonio Ripollés.

La aparición de Sando en la operación que ahora investiga el juzgado se produce en julio de 2005, cuando se subroga en el derecho de superficie sobre parte de los terrenos de Mercasevilla que tenía suscrito la empresa Larena 98 desde octubre de 2003. Siete meses después de esta subrogación, en febrero de 2006, la constructora Sando ganó el concurso público de compraventa de estos suelos que ahora investiga el Juzgado de Instrucción número 6 por la inclusión de dos cláusulas que beneficiaron esta adjudicación.

DELINCUENCIAS ZP: FAISÁN: Los sindicatos policiales exijen el cese del policía que investigó el chivatazo

Reclaman el cese del policía que investigó el chivatazo

FERNANDO LÁZARO

Madrid

El investigador del chivatazo a la organización terrorista ETA sigue estando en el punto de mira. Durante la reunión del pasado jueves del Consejo de la Policía, dos de los principales sindicatos exigieron que este inspector jefe, Carlos G., sea relevado de sus responsabilidades en la Unidad de Asuntos Internos.

El SUP y el SPP exigieron al director general de la Policía y de la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, que le destituya al entender que su actitud tras la investigación del caso del chivatazo a ETA «ha perjudicado gravemente a la imagen del Cuerpo Nacional de Policía».

La crítica policial se consolidó cuando Carlos G. remitió una carta a los medios de comunicación defendiendo su actuación en las pesquisas sobre el caso Faisán. Este inspector jefe remitió un informe al juzgado de Garzón en el que responsabilizaba de la delación a ETA a dos mandos policiales y al director general de la Policía durante la negociación con los terroristas, Víctor García Hidalgo. Este mando está ahora al frente de una de las dos brigadas operativas de la Unidad de Asuntos Internos.

En su escrito, el fiscal despreciaba el informe del equipo policial y decía que no existían pruebas para sostener las acusaciones. Asimismo, lanzaba sombras de sospecha sobre este mismo equipo policial y su relación con el chivatazo.

Los sindicatos policiales entienden, y así lo transmitieron a sus superiores, que cualquier policía que hubiera acudido a protestar ante los medios de comunicación, sin contar con el visto bueno de sus superiores, habría sido expedientado de forma fulgurante

CORRUPCIÓN SOCIALISTA EN CASTILLA-LA MANCHA: Más presión para los imputados socialistas por el incendio en Guadalajara

Más presión para los imputados por el incendio en Guadalajara

Guadalajara

Los 20 imputados por el incendio de Guadalajara, entre los que se encuentran ex altos cargos del Gobierno regional de José María Barreda y técnicos de la Junta de Castilla-La Mancha, podrán ver elevadas sus penas de cárcel tras admitir la juez de Sigüenza la petición del fiscal de transformar el procedimiento abreviado en sumario.

Entre los políticos imputados se encuentran la ex consejera de Medio Ambiente Rosario Arévalo, el ex delegado provincial de Medio Ambiente Sergio González y el ex director general de Política Forestal José Ignacio Nicolás.

Con esta decisión, comunicada ayer a las partes, ha quedado sin efecto el auto de imputación de delitos a los 20 acusados, del 20 de mayo pasado, pero se abre el plazo para que la propia juez dicte un auto de procesamiento contra ellos, lo que implicaría un agravamiento de las penas. Además, la situación procesal de los imputados cambiaría, al pasar a tener la consideración de procesados, por lo que tendrían posibilidad de verse obligados a tener que hacer frente a fuertes sumas de dinero en concepto de responsabilidad civil antes del juicio.

Se da la circunstancia de que ninguno de los imputados se adhirió a la solicitud del fiscal cuando éste pidió cambiar el procedimiento de abreviado a sumario; tan sólo la Junta de Castilla-La Mancha. Y es que, con el auto de imputación en la mano, los técnicos y políticos de la Junta podrían haber sido condenados a un máximo de siete años, tras ser acusados formalmente del concurso de delitos de imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores, y del de incendio forestal.

Ahora, con la nueva calificación de sumario, la pena de los delitos puede agravarse, por lo que la concurrencia de varias infracciones criminales conllevaría más de 10 años de prisión, lo que haría prácticamente imposible la suspensión de la pena privativa de libertad a aquéllos que resultaren condenados.

A pesar de que este auto puede empeorar la situación procesal futura de los imputados, el portavoz del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Santiago Moreno, mostró ayer su satisfacción y reiteró su confianza en que prevalezca «la inocencia de los que, a nuestro juicio, fueron injustamente imputados».

Por su parte, fuentes del despacho de Abogados Solano, que ejerce la acusación particular en nombre de ocho de las 11 familias de los fallecidos, aseguraron a EL MUNDO que no recurrirán este auto y que adaptarán sus solicitudes de penas a la nueva situación procesal de los encartados.

«De hecho, aunque el fiscal sólo ha pedido el procesamiento de uno de los 20 imputados, el excursionista que encendió la barbacoa, ahora la juez tiene en su mano procesar a aquellos imputados que considere que han cometido algún delito, por lo que, al contrario de lo que algunas fuentes han señalado, la situación procesal de los inculpados no sólo no ha mejorado con este auto, sino que ha empeorado».

EMBROLLOS ZP: Zapatero arma mercenarios y los traslada al Índico/ El Gobierno no asume ningún error en el embrollo

44 DÍAS SECUESTRADOS /
Rumbo al Índico con fusiles

El Ministerio de Defensa trasladó ayer al Océano Índico a los 54 agentes de seguridad privada que, a partir de la próxima semana, comenzarán a dar protección a los pesqueros españoles en los que estarán. Los vigilantes de seguridad han recibido esta semana un curso intensivo en la base naval de la Algameca (Cartagena), en el que se han familiarizado con los desafíos característicos que supone la piratería y han recibido, como se observa en la imagen, adiestramiento militar. Los agentes llegarán hoy a las Islas Seychelles, en cuyo puerto principal permanecen los pesqueros. Utilizarán en su trabajo ametralladoras y fusiles de asalto

44 DÍAS SECUESTRADOS /
El Gobierno no asume ningún error

De la Vega: «En el 'caso Alakrana' se ha hecho exactamente lo que se debía y sin fisuras»

MARISA CRUZ

Madrid

El Gobierno rechazó ayer, a través de la vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, haber cometido equivocación alguna en la gestión de la crisis del Alakrana. «No se ha cometido ningún error porque hemos cumplido la ley», recalcó.

«El Gobierno ha hecho exactamente lo que tenía que hacer, siempre en el marco de la ley, de forma ordenada y coordinada», insistió De la Vega ante los medios de comunicación, en un intento de frenar de raíz todas las informaciones que hablan de la existencia de discrepancias entre los distintos ministerios implicados -esencialmente entre Defensa y Presidencia-, sobre un punto clave: la decisión de trasladar a España, y poner en manos de los jueces españoles, a los dos presuntos piratas detenidos por la Armada.

La vicepresidenta, que coordina el comité encargado de gestionar la crisis, insistió en la idea de que todos los pasos que se han ido dando en relación con el Alakrana se han acordado «por unanimidad», si bien aseguró que asume «toda la responsabilidad de los mismos».

De la Vega defendió, en este sentido, las dos decisiones más importantes que se han adoptado en los 43 días de secuestro y que han marcado decisivamente el curso de los acontecimientos.

La primera de ellas fue la detención de los piratas somalíes Abdu Willy y Raageggesey Adji Haman. Tal y como explicó, la Armada, «obligada según las leyes españolas y las de la operación Atalanta», procedió a la detención de los dos presuntos delincuentes. En este punto, De la Vega evitó pronunciarse acerca del informe elaborado por los servicios de inteligencia militar (Cifas), que habían desaconsejado que se practicaran detenciones porque podían complicar el secuestro.

La vicepresidenta aseguró que dicho informe nunca estuvo en su poder. Según recalcó ayer, al comité de coordinación que ella preside «sólo llegaron los hechos que se habían producido», de manera que éste nunca deliberó sobre la conveniencia o no de practicar las detenciones, simplemente «las asumió por unanimidad».

De la misma manera, y en relación con la decisión clave de traer a los dos piratas a España y ponerlos en manos de la Audiencia Nacional, Fernández de la Vega insistió en que no se planteó en ningún momento la alternativa de trasladarlos a Kenia, ya que, en su opinión, «tanto la ley española como la ley internacional establecen claramente que cuando se produce un ataque contra nacionales de un determinado país en un buque de pabellón de ese país, es precisamente a ese país al que le incumbe retener a los detenidos». En definitiva, mantiene que los dos piratas debían ser «entregados prioritariamente al país del pabellón del buque», en este caso España.

Precisamente en este argumento es en el que se aprecian las debilidades más importante de todo el procedimiento. De hecho, el mandato de Atalanta pone a disposición de los países que participan en la operación la clara posibilidad de llevar a los detenidos y ceder la jurisdicción sobre los mismos a un tercer Estado que, en este caso, es Kenia. Pese a ello, ayer, la número dos del Gobierno, respaldada por el titular de Justicia, Francisco Caamaño, insistió en que según las leyes españolas se imponía trasladar a los piratas a España y relegó a rango de «regla subsidiaria» la opción de llevarlos a Kenia. En todo caso, también señaló que tampoco este punto se llegó a debatir.

«Las decisiones», dijo, «se fueron tomando conforme se fueron produciendo los hechos. No ha habido polémica, ni debate, ni discusión sobre competencia ni jurisdicción. Los hechos se produjeron como he dicho y llevaron consigo unas acciones , que ejecutó quien le tocaba. No ha habido ningún debate porque la ley, nacional e internacional, es muy clara».

De la Vega se esforzó en desmontar la imagen de descontrol que ha trasladado el Ejecutivo en los últimos días. Así reiteró: «Garantizo que no ha habido, no hay ni habrá discrepancias en el comité de coordinación». El destino de los piratas que se encuentran en España está en manos de los jueces y el Gobierno «apoyará todo lo que decidan».

Dos opciones

Artículo 12 del acuerdo de la UE que establece las normas de la 'operación Atalanta' en la lucha contra la piratería en el Índico.

> «...Las personas que hayan cometido o que se sospeche que han cometido actos de piratería o robos a mano armada, que sean capturadas y retenidas para el ejercicio de procedimientos judiciales en aguas territoriales de Somalia o en alta mar, así como los bienes que hayan servido para cometer esos actos, serán entregados:

>1. A las autoridades competentes del Estado miembro o del tercer Estado que participe en la operación del pabellón enarbolado por el buque que haya realizado la captura, o

> 2. Si dicho Estado no puede o no desea ejercer su jurisdicción, a un Estado miembro o a un tercer Estado que desee ejercer la misma sobre las personas o bienes mencionados».

44 DÍAS SECUESTRADOS /
Pedraz pregunta a la Armada si el 'Alakrana' iba con la bandera española

Según el abogado, sólo ondeaba la ikurriña

JOAQUÍN MANSO

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ordenó ayer al Estado Mayor de la Defensa que confirme si el pesquero Alakrana, que lleva 44 días secuestrado en aguas del Índico, llevaba la bandera española cuando fue abordado o si en cambio ondeaba sólo la ikurriña. El letrado del presunto pirata Abdu Willy propuso esa prueba porque sostiene que, si fuese así, el barco habría renunciado a la protección de las autoridades españolas y la causa no podría enjuiciarse en España. EL MUNDO ha consultado con prestigiosos especialistas en Derecho Marítimo que descartan de plano este argumento.

Además, fuentes jurídicas de la propia Audiencia señalaron que, a efectos penales, es indiferente cómo se identifique externamente el barco o dónde se encuentre matriculado (a mayores, el Alakrana lo está en Bermeo, provincia marítima de Vizcaya). Para el juez Pedraz, el pesquero es español porque la empresa que lo fleta -Echebasta- es española, y españoles son el capitán, el patrón y otros 14 tripulantes. Incluso su carga está destinada a ser consumida en España. Lo relevante, pues, es su «verdad material» y no su «verdad formal» meramente administrativa.

Asimismo, el Pleno de la Sala Penal, en el auto en el que aceptó que Abdu Willy es mayor de edad, ya determinó de forma indubitada que el Alakrana es un pesquero «bajo pabellón español». Es decir, que si el juez ha aceptado la petición del letrado de que se confirme si el barco llevaba sólo la ikurriña, responde exclusivamente a garantizar el derecho de defensa.

Pedraz también aceptó una segunda petición del letrado Francisco Javier Díaz Aparicio: la de detallar «en qué tipo de aguas se encuentra el punto geográfico 00º12'S-45º38'E perteneciente al Océano Índico y frente a las costas de Somalia». Se trata de las coordenadas del lugar donde fueron apresados por la Infantería de Marina Abdu Willy y su compañero Raageggesey Hasan.

Lo que sugiere el abogado es que ese punto se encontraría dentro de los límites de las aguas territoriales de Somalia y, por tanto, sería ilegal que un Estado diferente detuviese ahí a nadie. Incluso cita un artículo de la Convención de Montego Bay para fundamentar su tesis. Eso sí, omite la Acción Común que suscribió en 2008 el Gobierno somalí con la Unión Europea para autorizar, en el marco de la operación Atalanta, intervenciones militares de ese tipo en sus propias aguas.

Díaz Aparicio recurrió, además, la decisión de Pedraz de rechazar su pretensión de retirar la imputación contra Abdu Willy por el delito de asociación ilícita. El abogado sostiene que, ya que la Fiscalía no ha presentado ninguna acusación por ese delito, no puede incluirse. Fuentes jurídicas mostraron su sorpresa por este argumento, ya que en fase de instrucción es al juez al que le corresponde fijar los hechos objeto de imputación y establecer su calificación jurídica.

El letrado, por último, entregó un escrito nada amistoso en la Fiscalía de Javier Zaragoza. En él se queja sutilmente de un supuesto desorden en el Ministerio Público y del trato recibido cuando se entrevistó, el martes, con el teniente fiscal, Fernando Burgos: «Tras atenderme, con la cortesía que le caracteriza, me emplazó a una siguiente conversación. Ésta tendría lugar cuando se supiera quién podía tomar las decisiones que afectaran al proceso», dice la nota, con indisimulada y gruesa ironía. Fuentes de la Fiscalía negaron que la entrevista se produjera así y señalaron que el número dos de la Audiencia se limitó a recibirle.

No obstante, el letrado pide de manera descarnada un acuerdo de conformidad con el fiscal que permita expulsar a los piratas: «Solicito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que se nos emplace para mantener una conversación tendente a discernir si el proceso puede finalizar inmediatamente o es preciso practicar la instrucción del mismo». Por si hubiera poca, más presión

44 DÍAS SECUESTRADOS / P&R
Una pretensión sin fundamento

JOAQUÍN MANSO

Madrid

La sugerencia del abogado Francisco Javier Díaz Aparicio -que representa al presunto pirata Abdu Willy- de que el Alakrana podría haber perdido la protección de España por no enarbolar su bandera, sino la ikurriña, fue rechazada ayer de plano por prestigiosos especialistas en Derecho Marítimo consultados por EL MUNDO, que también respondieron a otras dudas sobre la situación, como la posibilidad de enjuiciar a los bucaneros en Kenia.

¿Cómo se determina si un barco es español?

Esencialmente, es necesario que el buque esté registrado, matriculado y abanderado en España, proceso cuya culminación se acredita mediante el otorgamiento de la Patente de Navegación por parte de la Dirección General de la Marina Mercante. Y mantendrá el pabellón mientras cumpla los requisitos exigidos a esos efectos. El Alakrana está en este caso.

¿Tienen los buques con pabellón español la obligación de enarbolar la bandera española cuando navegan en aguas internacionales?

Formalmente, sí, según la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, como distintivo para identificarlo correctamente.

¿Pierde el barco la protección de España por enarbolar una bandera distinta?

No. Se trata de un incumplimiento meramente administrativo que, en función de las circunstancias, podría ser calificado como una infracción contra la ordenación del tráfico de carácter grave, susceptible de ser sancionada con multa de hasta 120.000 euros.

¿A quién corresponde enjuiciar a los responsables de un acto de piratería?

Aquellos estados que son parte del Convenio de Roma, como España, deben asumir la jurisdicción en cualquiera de los siguientes supuestos: 1) Cuando el acto de piratería se produzca en un buque que enarbola su pabellón; 2) O cuando alguno de los supuestos delincuentes sea nacional de dicho estado, o 3) Si el ataque tiene lugar en sus aguas territoriales.

A todos los anteriores casos, el Convenio de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar añade, con carácter general, un cuarto supuesto: el del estado que haya apresado a los piratas en aguas internacionales.

¿Qué ocurre con los piratas apresados en las costas de Somalia, como 'Abdu Willy' y su compañero? ¿Pueden ser juzgados en Kenia?

Somalia pidió ayuda a la ONU porque no tiene medios para controlar la piratería. La UE ofreció su cooperación y suscribió una Acción Común con el Gobierno somalí, en el marco de la operación Atalanta, que establece que los delincuentes capturados tanto en alta mar como dentro de las aguas territoriales de ese país africano serán entregados para su enjuiciamiento a las autoridades del estado que haya realizado la captura. Si éste no puede o no quiere ejercer su jurisdicción, deberá entregarlo a las autoridades del estado que sí desee ejercerla. Kenia la acepta con carácter general

OPERACIÓN FRANCESA
Otros 12 piratas detenidos

M. GUZMÁN

París

Una fragata francesa capturó ayer en una embarcación a 12 piratas que iban armados con fusiles de asalto y son sospechosos de haber intentado asaltar un petrolero con bandera de Hong Kong. Las detenciones se produjeron a 800 kilómetros al noreste de las islas Seychelles y a 1.200 al este de la costa de Somalia, lo que supone la acción más alejada realizada hasta ahora por la 'operación Atalanta'.

«Los piratas han empezado a extender sus actividades hacia mar abierto», informó el almirante Christophe Prazuck, que dirigió la operación desde la fragata 'Floreal'. En su opinión, esto demuestra que los piratas, vigilados en sus anteriores zonas de actuación en el golfo de Adén, han cambiado de «tendencia», buscando zonas con menos presencia militar.

Ni el almirante ni 'Atalanta' explicaron cuál será el destino de los detenidos. Lo más probable es que sean trasladados a Kenia, como se hace con la mayoría de los piratas arrestados en el marco de la operación

CÚPULA DEL PP EN CATALUÑA: El partido pone el foco en Cataluña a un año de las autonómicas

El partido pone el foco en Cataluña a un año de las autonómicas

La cúpula 'popular' convierte en 'estrella' a Sánchez-Camacho

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

El PP, dijo María Dolores de Cospedal, ve a Cataluña como «una prioridad», y ello debe explicar la magnitud del desembarco de ayer. Los principales dirigentes del partido, nacionales y autonómicos, estaban en el Palacio de Congresos, con la chirriante ausencia del ex presidente del Gobierno José María Aznar. Más de 3.000 personas asistieron a una convención marcada por la utilización de las nuevas tecnologías: a falta de sustancia política, hubo espectáculo a la americana.

Esta apuesta por Cataluña se personalizó claramente en la presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, ayer muy eufórica. En un año se celebrarán elecciones autonómicas en Cataluña, y el partido necesita mejorar sus resultados en una comunidad donde es cuarta fuerza política si quiere alcanzar el objetivo de gobernar, aunque sea acompañando a CiU.

Por eso, entre los múltiples expositores del Palacio de Congresos se incluyó uno con el lema Alicia 2010. Militantes de Nuevas Generaciones repartían chapas con la cara de Sánchez-Camacho. Otros hacían fotos a discreción para hacer con las caras de los asistentes a la Convención un gran mural con el semblante de la líder del PP catalán.

Sánchez-Camacho ha sufrido en los últimos tiempos varios sobresaltos. Ganó por los pelos el congreso del PP catalán el año pasado frente a Montserrat Nebrera, pero ésta se vengó con la publicación de un libro en el que la criticaba duramente a ella y a otros dirigentes populares. También Daniel Sirera, presidente del grupo parlamentario del PP en el Parlament, calificó de «mierda» a su propio partido en un mensaje de texto privado. Ayer, en vez de Sirera, fue la portavoz parlamentaria, Dolors Montserrat, quien habló en nombre del grupo.

Para intensificar ese acento catalán de la Convención, el PP ha dispuesto un stand donde se venden productos gastronómicos catalanes.

Incluso el presidente del PP vasco, Antonio Basagoiti, dio ánimos a sus colegas catalanes. Durante la inauguración de una exposición fotográfica sobre el terrorismo dedicada a la memoria de Miguel Ángel Blanco, Basagoiti ponía como ejemplo al País Vasco de que «cuando un gobierno es malo, cuando sólo se mete en problemas, se puede convencer a la gente de que no hay por qué resignarse».

La espectacularidad del cónclave tiene aún más mérito si se tiene en cuenta que es el primer acto de esta envergadura cuya organización no se encarga a una empresa externa. El PP ha escarmentado tras las experiencias de Special Events y Orange Market

Cospedal replica a Aznar: 'Tenemos proyecto, partido y líder, Rajoy'

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Barcelona

La Convención de la unidad, el cónclave político e ideológico que había de servir a Rajoy de escaparate para su alternativa a Zapatero y de lanzadera para las próximas elecciones catalanas, se inauguró ayer en Barcelona bajo el síndrome de la división interna.

De nada sirvió que Esperanza Aguirre y Alberto Ruiz-Gallardón acudieran, los primeros y más disciplinados de entre los chicos malos del PP, a esta llamada a filas. La número dos, María Dolores de Cospedal, abrió brecha con una explícita réplica a José María Aznar, deliberado ausente de la reunión y autor de las recientes y más duras palabras contra Rajoy: «Necesitamos un partido y no varios, un proyecto y no varios y, si es posible, un líder, no varios».

Lo dijo el presidente de honor en los días de máximo caos del partido, a cuenta de la destitución de Ricardo Costa, el fuera de juego de Francisco Camps y la acometida periodística de Manuel Cobo contra Esperanza Aguirre. Y ayer De Cospedal le contestó: «Tenemos al partido, tenemos el proyecto, tenemos el país, España, y tenemos el líder, nuestro presidente, Mariano Rajoy», dijo, y aún insistió: «¡Tenemos todo lo que necesitamos!».

Las palabras de De Cospedal llegaron a oídos de Aznar, quien viajó a Ucrania tras saber que el partido no le había reservado ninguna intervención. Pero desde la fundación que preside, Faes, no hubo reacción, y entre el barullo de cientos de populares, muchos miraban de reojo su stand, particularmente vacío en medio de un conjunto de reclamos para el turismo político, y entre los que Aguirre se movía cómoda.

«De mi boca no va a salir ni una crítica, ¡todo me parece fantástico!», decía a los periodistas una alegre lideresa que, a micrófono abierto, le decía a Manuel Fraga: «Le agradezco sus palabras sobre Cobo. Fue el único que dijo lo que pensaba». Fraga contestó a Aguirre: «Es que Cobo sólo se basó en sus intereses».

Aguirre y su equipo no estarán presentes el domingo, día de la intervención de Rajoy. La presidenta madrileña, por razones personales. Los miembros de su equipo, por causas desconocidas. Así las cosas, en ausencia del suspendido número dos de Gallardón y en presencia del vetado número dos de Aguirre, Ignacio González, en Caja Madrid, los rifirrafes internos del PP sobrevivieron al único discurso político de la jornada, con el que De Cospedal llegó a sentenciar: «Hemos pasado un periodo de turbulencias, pero ha pasado».

Además, la secretaria general hizo una reivindicación de su partido como ejemplo de honradez. Sin citar el caso Gürtel, a un año de las elecciones catalanas y pocos días después de declararse el escándalo judicial en las filas del PSC y CiU, blandió para el PP el testigo de la vuelta a «la ejemplaridad». «Vamos a recuperar la dignidad de la vida política», enfatizó, antes de insistir en que son «el partido que sabe dar ejemplo cuando pasan determinadas cosas, frente a otros que no les dan respuesta». Igual que replicó a Aznar, De Cospedal hizo lo propio con Zapatero: «Tenemos un líder capaz, cualificado, honrado y sensato, que no engaña a nadie y que no miente nunca».

Ricardo Costa

Ricardo Costa

El ex secretario general del PP valenciano Ricardo Costa declarará la semana próxima en el Comité Nacional de Derechos y Garantías.

FIRMAS: Federico Jiménez Losantos: Las 4 esquinas

EDITORIAL: Castigo ejemplar para la mentirosa y para el agresor

EDITORIALES DEL DÍA
CASTIGO EJEMPLAR PARA LA MENTIROSA Y PARA EL AGRESOR

UN CASO que debería ser el paradigma con el que ilustrar la indignidad del maltrato a la mujer, el que a la postre casi acaba con la vida del profesor Neira después de que se interpusiera entre un agresor y su pareja, ha terminado convirtiéndose en un show en el que lo de menos es el drama de la violencia de género, que se ha cobrado sólo en lo que va de año medio centenar de muertes. Bastaba sólo con ver ayer el número de cámaras y la cantidad de cronistas de la prensa del corazón que se agolpaban a las puertas del tribunal que juzga la agresión de Antonio Puerta a su novia para comprender hasta qué punto el espectáculo y la búsqueda del lucro han contaminado el asunto. Durante toda la mañana, la entrada del juzgado de Getafe parecía un remedo de la alfombra roja de Cannes, pero con mucho menos glamour.

Son ya muchos meses los que varias televisiones llevan explotando este caso, hasta el punto de que Violeta Santander, la mujer agredida, se ha convertido en colaboradora habitual de programas rosa. Es obsceno que las cadenas, que son concesiones públicas, paguen -y no poco- por el testimonio de una persona para quien la Fiscalía pidió ayer algo que estaba cantado: que se le abran diligencias por falso testimonio. Pero resulta particularmente ofensivo que den pábulo a alguien que no sólo es capaz de insultar a la persona que arriesgó su vida por protegerla, sino que además defiende a su agresor, lo cual supone una humillación intolerable a las mujeres que han sufrido o sufren malos tratos.

El comportamiento de algunas televisiones es más escandaloso si cabe por cuanto suscribieron con el Gobierno un acuerdo para colaborar en las campañas contra la violencia de género. Mejor que prestarse a hacer ese paripé sería que no se convirtieran en el altavoz de personajes abyectos. Violeta Santander declaró ayer ante el fiscal que Neira no la defendió «de nada». Lo cierto es que mientras ella gana dinero por sus exclusivas, el profesor universitario sigue convaleciente de unas lesiones que le obligaron a permanecer ingresado ocho meses en el hospital. Ayer tuvo que acudir a declarar con una bomba de oxígeno.

Las televisiones no pueden escudarse siquiera en la presunción de inocencia de Violeta Santander. Quizás ni lo pretendan ya, después de haber pagado grandes sumas por los testimonios de delincuentes como Julián Muñoz o Coto Matamoros. De todos es sabido que Violeta Santander ha incurrido en grandes contradicciones, que se ha desdicho de sus manifestaciones en las que inculpaba a su novio, que ha contado versiones inverosímiles y que, por si fuera poco, está la cinta de un vídeo de seguridad que confirma que existió la agresión.

El trato frívolo que se le ha acabado dando al asunto ha convertido a Neira en víctima de ataques inadmisibles. A los ya conocidos de la propia Violeta Santander se han sumado los de comentaristas desaprensivos que en lugar de subrayar la ejemplaridad y valentía de su intervención para evitar la agresión a una mujer en plena calle, tratan de ridiculizarlo presentándole como a un fanático ultraconservador de ideas retrógradas. Quienes así se pronuncian quedan retratados en su mezquindad.

La Justicia debería aplicar todo el peso de la ley contra Puerta por las dos agresiones cometidas: contra su pareja y contra Jesús Neira. Y hacerlo de la misma forma contra Violeta Santander por mentir para tratar de exculparle. Por su parte, los medios de comunicación tienen que reflexionar sobre si están contribuyendo a sensibilizar a la sociedad del problema de la violencia contra las mujeres

LA CRISIS DEL 'ALAKRANA' DIVIDE AL GOBIERNO:
Todos contra todos y Zapatero, el gran ausente

EN UNA nota insólita, la Audiencia Nacional achacó ayer al Gobierno la responsabilidad de haber traído a España a los dos secuestradores del Alakrana detenidos. La Audiencia dice que «ningún juez reclamó la competencia del caso» y que fue la abogacía del Estado la que pidió que fueran juzgados en España. Es cierto, pero la decisión la tomó Baltasar Garzón, que podía haber rechazado la denuncia del abogado del Estado. Al mismo tiempo que la Audiencia culpaba al Ejecutivo, Moncloa señalaba a Justicia por la iniciativa del abogado del Estado, y Defensa subrayaba que tenía informes del Jemad que recomendaban que los dos presos fueran entregados a Kenia. Defensa asegura que la Armada informó a la Audiencia de esa posibilidad mediante la remisión de una nota, pero la Audiencia lo niega en su comunicado. ¿Quién dice la verdad? En todo este embrollo, brilla por su ausencia Zapatero, que encargó la gestión de la crisis a la vicepresidenta De la Vega. Zapatero debería haberse implicado desde el comienzo y no haber esperado un mes para retratarse con los familiares

ACUSó A LOS SOCIALISTAS DE QUERER ASESINARLE:
Las disculpas de Camps, ¿un punto de inflexión?


FRANCISCO CAMPS se vio obligado ayer a pedir disculpas por haber acusado al PSOE en las Cortes valencianas de querer asesinarlo. «Le encantaría coger una camioneta, venirse a mi casa de madrugada y que a la mañana siguiente yo apareciese boca abajo en una cuneta», le dijo al portavoz socialista (Cierto, son tan sectarios y tan de aplicar el "como sea" que hace tiemo que desean ver a Camps en la cuneta y a Esperanza Aguirre ahorcada en la catenaria). Una afirmación tan grave, intolerable e injustificable del presidente valenciano sólo podía explicarse por una pérdida del control sobre sí mismo debido al impacto emocional por el caso Gürtel. Horas más tarde, Camps se disculpó con todos los que pudieran haberse sentido ofendidos. Esta reacción, que supone la asunción del error cometido en las Cortes, puede significar un punto de inflexión en las reiteradas equivocaciones de Camps desde que estalló el caso Gürtel. Huir hacia adelante y negar la realidad nunca son buenas recetas para afrontar un problema político. El único camino que tiene es aclarar sus relaciones con El Bigotes, pedir disculpas a los valencianos y deslindar la mentira de la verdad, tanto más cuando está claro que él no se ha enriquecido con la trama corrupta


BRITISH TENDRá LA MAYORíA EN LA FUSIóN:
Iberia deja de ser una aerolínea española

TRAS UNA negociación que ha durado más de tres años, Iberia y British Airways alcanzaron ayer un preacuerdo para fusionarse. El grupo resultante será la tercera aerolínea mundial tras Air France y Lufthansa. El canje de acciones se realizará en una proporción de 45% de Iberia y un 55% de British. Ello supone que la británica será mayoritaria, aunque el acuerdo contempla una cláusula para salvaguardar los intereses de Iberia durante cinco años. Era una fusión anunciada y obligada por la tendencia a la concentración en el sector. La nueva compañía estará dirigida desde Londres, aunque Iberia ha obtenido que el presidente sea español y el consejo, de carácter paritario. Cabe lamentar que tras las ingentes ayudas concedidas por el Estado, Iberia haya acabado bajo control británico, pero probablemente no había otra opción mejor en un mundo cada vez más globalizado

NOS CUENTAN QUE... El portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, es un hombre austero que no se distingue por hacer festejos. Sin embargo, ayer hizo una excepción con motivo de la aprobación de los Presupuestos, que tanto trabajo le han dado a él mismo y a su grupo para sacarlos adelante. Así que invitó a comer en un restaurante cercano al Congreso a su secretario general, Eduardo Madina; al veterano diputado socialista Francisco Fernández Marugán y a varios asesores económicos del grupo. Alonso les dio las gracias por su colaboración y ayuda en unos meses de sufrimiento, e incluso de angustia, para lograr los votos necesarios. Aunque aún queda el trámite en el Senado, el PSOE considera que la aprobación de las cuentas del Estado para el año que viene garantiza estabilidad a Zapatero para lo que queda de legislatura

EMBROLLOS ZP: Moncloa, Defensa, Justicia y la Audiencia a la greña por los piratas

43 DÍAS SECUESTRADOS / La disputa político-judicial
Moncloa, Defensa, Justicia y la Audiencia a la greña por los piratas

ROBERTO BENITO / JOAQUÍN MANSO

Madrid

Una vez que ha quedado claro que el traslado a España de los dos piratas detenidos por la Armada en el Índico ha complicado, y mucho, la solución del secuestro del Alakrana, varios ministros y la Audiencia Nacional entraron ayer en un cruce de declaraciones y comunicados en el que todos evitaron asumir la responsabilidad y se la atribuyeron a otro.

Defensa afirmó que la decisión fue de De la Vega, la vicepresidenta señaló a Caamaño y la Audiencia se escudó en el Gobierno.

La primera en abrir fuego fue la Audiencia Nacional, que divulgó por la mañana una «nota informativa» para aclarar su postura tras «las informaciones aparecidas en algunos medios», en referencia a la noticia publicada por EL MUNDO sobre la forma en que el juez Baltasar Garzón asumió la competencia sobre el caso.

La Presidencia de la Audiencia explica que la actuación del juez, que se encontraba de guardia y en sustitución del magistrado Santiago Pedraz -de baja por paternidad-, se produjo «en respuesta a una denuncia presentada por la Abogacía del Estado».

La Audiencia se refiere así a la denuncia que el máximo responsable de los servicios jurídicos del Estado, Joaquín de Fuentes, redactó el sábado 3 de octubre por la noche -un día después del secuestro- y presentó ya en la madrugada del domingo. En efecto, Garzón dictó un auto horas después abriendo diligencias, tal y como explicó ayer este periódico.

La petición de que se trasladara a los dos piratas a España de forma urgente se produjo el lunes 5. Y Garzón, aunque podría no haberlo hecho, la ordenó, pero «previa petición del Ministerio Fiscal», como recuerda la nota de la Audiencia.

El tribunal quiso así dejar claro que la responsabilidad de que los dos piratas estén en estos momentos en sendas cárceles españolas es del Gobierno, que a través de la Abogacía del Estado instó a abrir diligencias, y de la Fiscalía, que después pidió trasladar a los dos detenidos.

Con la patata caliente en el tejado del Ejecutivo, el siguiente en reaccionar fue el Ministerio de Defensa. Y de nuevo para señalar a otros como responsables. Más concretamente, a otra: María Teresa Fernández de la Vega.

Célula de coordinación

Según informaron fuentes militares, desde que la Armada tuvo conocimiento de que dos piratas habían abandonado el Alakrana y estuvo en disposición de capturarles, Defensa trasladó la situación a la célula de coordinación que preside De la Vega en Moncloa.

Lo hizo Carme Chacón y lo hizo el jefe de Estado Mayor de la Defensa (Jemad), José Julio Rodríguez, que forma parte de la célula y que expuso verbalmente a todos los presentes varios informes elaborados por la inteligencia militar sobre las consecuencias que podían tener la detención de los piratas y su posible traslado a España, según explicaron varias personas que estuvieron presentes en la reunión.

Uno de ellos advertía expresamente de que las dos circunstancias anteriores podían complicar la resolución del secuestro, porque los piratas podían utilizarlas para pedir más dinero o, en el peor de los casos, podían exigir la liberación de los detenidos.

El Jemad informó de que la Armada estaba obligada a proceder a la detención de los piratas, según las normas de actuación de la operación Atalanta, pero aclaró que existía el canje de notas de la UE con Kenia que permite entregar a este país a los detenidos en el marco de la misión.

La decisión de detener a los piratas fue adoptada en la célula de coordinación por unanimidad. No así la de obviar la posibilidad de llevarlos a Kenia y traerlos a España para juzgarlos aquí.

Tras las detenciones, un oficial del Cuerpo Jurídico de la Armada, de acuerdo con el comandante del Mando de Operaciones del Estado Mayor de la Defensa, informó de las mismas a la Audiencia Nacional, recordando de nuevo el canje de notas existente con Kenia.

Hasta aquí llegó la intervención en el caso de las Fuerzas Armadas, que quedaron a disposición de lo que dispusiera el juez. Fue después cuando el Gobierno decidió su traslado a España, cuando lo pidió la Fiscalía y cuando lo terminó ordenando el juez Garzón, obligando a Defensa a organizar un complicado dispositivo para enviar a la Península a los detenidos.

Bien claro lo dejó el propio Ministerio de Defensa en el escueto comunicado que difundió por la tarde. En él se explicaba que, en efecto, la decisión de detener a los piratas se adoptó «por unanimidad» en la «célula de coordinación». No decía nada, en cambio, de la de traerlos a España, evitando así desmentir la información publicada ayer por EL MUNDO, en la que se destacaba que «Defensa quiso entregar a los piratas capturados a Kenia».

Es más. Por «error», el comunicado del Ministerio iba titulado «el Gobierno asumió por unanimidad la decisión de traer a los piratas», pese a que en el texto no se tocaba este asunto. El propio departamento puntualizó después que la «unanimidad» sólo afectaba a las detenciones.

Fuentes de Defensa de toda solvencia indicaron que la decisión de trasladar a los piratas para juzgarlos en España fue adoptada por María Teresa Fernández De la Vega.

La vicepresidenta, en cambio, lo negó. De hecho, en declaraciones a EL MUNDO, aseguró que, respecto a los dos detenidos, «no hay polémica porque la ley es muy clara», informa Marisa Cruz.

No obstante, dio una explicación de lo sucedido, señalando a un nuevo protagonista en el culebrón de los piratas. La número dos del Gobierno explicó que, una vez detenidos los dos sospechosos, la Armada comunicó al Ministerio de Justicia que ambos habían sido trasladados a bordo de la fragata Canarias. Y aseguró que fue el titular del departamento, Francisco Caamaño, que «es el competente para ello», el que contactó con la Abogacía del Estado para presentar la denuncia en la Audiencia.

La vicepresidenta transmitió normalidad en este paso dado por Caamaño, afirmando que «no ha habido ningún debate ni ninguna polémica [en el seno del Gobierno], porque no había ninguna duda» sobre cómo se debía actuar.

Unos contra otros, mientras tanto los familiares de los pescadores secuestrados guardan silencio, por indicación del Gobierno, y siguen esperando la resolución de un cautiverio que dura ya 43 días

A FONDO
Patata caliente



Nadie quiere quedarse con la patata caliente que supuso la decisión de traer a España a los dos piratas detenidos en aguas internacionales tras participar en el secuestro del Alakrana.

Será difícil que si, como deseamos, la crisis termina con el regreso a España de los marineros sanos y salvos, la pugna por colgarse la medalla alcance tan altas cotas de competitividad.

Traer a los dos piratas para juzgarlos en la Audiencia Nacional fue un grave error. Eso ahora no admite discusión.

Para determinar la responsabilidad, vayamos a los hechos. Primero, hubo dudas sobre si había que detenerlos o no. La inteligencia militar, una vez que los dos secuestradores fueron avistados en alta mar, desaconsejó su detención por los problemas a posteriori que ello podría acarrear.

Sin embargo, la Armada y el Jemad (Julio Rodríguez) tenían claro que no había más opción que detenerles y ponerles a disposición de la Justicia. Tanto los protocolos internos como la normativa de la UE contra la piratería obligan a ello.

Por tanto, la primera decisión adoptada en la reunión del gabinete de crisis (presidido por Fernández de la Vega) fue detenerles.

Ahora bien, una vez puestos a buen recaudo, ¿qué hacer con ellos?.

El Jemad informó en dicha reunión de las dos alternativas: aplicar la jurisdicción española o bien, como permite la normativa de la UE, trasladarlos a un tercer país, en este caso Kenia, para lo cual es necesario el preceptivo «canje de notas».

El responsable jurídico de la Armada informó por escrito a la Audiencia Nacional a las 9.00 horas del 3 de octubre no sólo de la operación para detener a los piratas, sino de las dos vías, especificando el intercambio de notas con Kenia.

El juez Garzón, de guardia ese día en suplencia de Pedraz (de baja por paternidad), tuvo clara su oportunidad de protagonismo, pero reclamó al Gobierno una denuncia previa para asumir la competencia.

De la Vega tomó la decisión de que había que avisar al abogado del Estado, Joaquín de Fuentes, lo que hizo a través del ministro de Justicia, Francisco Caamaño.

Garzón podía haber rechazado la competencia incluso con la denuncia del abogado del Estado (como ha sucedido en otras ocasiones, la decisión final es del juez), pero no estaba en su intención rechazar esta nueva posibilidad de brillar.

El juez Garzón no sólo sabía que la denuncia no le obligaba a aceptar la competencia, sino que, además, conocía el intercambio de notas con Kenia, del que informó por escrito el responsable jurídico de la Armada.

El juez estrella, ante la información publicada ayer por EL MUNDO, pidió al presidente de la Audiencia una nota de amparo. Pese a ella, su responsabilidad en la decisión es meridiana; como lo es también la de la vicepresidenta del Gobierno, al no haber previsto las consecuencias de una decisión que podía dificultar la puesta en libertad de los secuestrados. El Gobierno y la Audiencia son igualmente culpables de que se haya llegado a esta situación.

casimiro.g.abadillo@elmundo.es

A CONTRAPELO
El caos era esto

SANTIAGO GONZÁLEZ

La decisión de traer a los piratas a España no fue una iniciativa de Garzón. «Ningún juez reclamó esa competencia», dijo ayer en un comunicado la Audiencia Nacional. La Abogacía del Estado había presentado una denuncia, a la que el juez dio el curso que legalmente correspondía. El desconocimiento de este hecho y la acreditada trayectoria del superjuez nos llevaron a muchos a la errónea convicción de que se había dejado llevar por las prisas al reclamar una competencia que en realidad le vino dada. Mea culpa en la parte que me toque.

Bien. Al día de hoy, ésta es una de las pocas certezas que se pueden sostener sobre el caso Alakrana. La Audiencia Nacional culpa al Gobierno de haber tomado la iniciativa, y no es la única. El Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas había desaconsejado la traída de los piratas porque podía perjudicar las negociaciones. Defensa reconoce que dio más validez a otros informes y que los miembros del comité de crisis estuvieron de acuerdo como un solo hombre y una sola mujer. Sin embargo, Moncloa alega que la célula de crisis no tuvo conocimiento de ese informe. No hay quien dé más. Sólo el caótico personaje de Susan Vance, que interpretó la gran Katharine Hepburn en La fiera de mi niña, sería capaz de crear un caos conceptual comparable al creado por el Gobierno. «Nunca se aclarará nada mientras ella se empeñe en explicarlo todo», decía, desalentado, David Huxley/Cary Grant.

El único rasgo en común de la política informativa de todas las partes es el tú la llevas, pase de mí este cáliz, a saber: la Fiscalía, los jueces, el Gobierno y, ya dentro del Ejecutivo, Moncloa, Justicia y Defensa, según los casos. Hubo un tímido intento de responsabilizar a la oposición, pero lamentablemente no cuajó.

No se ve una solución que no rompa en el camino algunos cacharros jurídicos de cierto valor. El traje tira de la sisa: no parece de recibo devolver a los piratas para que sean juzgados en Somalia, la República de Ninguna Parte, como la Polonia de Alfred Jarry, obligando a la Abogacía del Estado a comerse sus razones para la traída. Devolverles a Kenia sería más racional, pero no parece que ser juzgados y eventualmente condenados en ese país sea la reivindicación que satisfaga a los piratas. Enviarles juzgados a Somalia, tal y como sugiere Chacón, tiene un problema: la difícil aplicabilidad de la Ley 38/2002, de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para los juicios rápidos. Los procesados deben haber sido sorprendidos en flagrante delito o, si no, ser los hechos de investigación sencilla y de facilidad instructora o causar unánime rechazo social, como la violencia contra las mujeres.

No es el caso. La primera directora de la Biblioteca Nacional de Zapatero, Rosa Regàs, cree que los piratas son pescadores esquilmados, por ejemplo. En cualquier caso, la pena que se pide para un procesado rápido no debe superar los cinco años. El caos era esto. Hagan lo que tengan que hacer, sortéese el papel de prevaricador y haga el Gobierno uso de su prerrogativa de indulto. Para ayudar, Educación debería diseñar una carrera universitaria nueva: Leyes Alternativas y Derecho de Oportunidad, y crear los centros para impartirla: las facultades de Ciencias de la Prevaricación.

43 DÍAS SECUESTRADOS / La instrucción del caso
Pedraz frena el ímpetu del letrado


JOAQUÍN MANSO

Madrid

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz despachó ayer en unas breves líneas la pretensión de la defensa del pirata Abdu Willy -que ejerce a petición propia el letrado Francisco Javier Díaz Aparicio- de que se retire la imputación por el delito de asociación ilícita.

Todas las fuentes jurídicas consultadas calificaron ayer de insólito el escrito de Díaz Aparicio, que concluye que «no cabe juzgar al imputado por el delito de asociación ilícita» cuando el juez ni siquiera ha dado traslado a las partes de las diligencias practicadas para que califiquen los hechos y establezcan sus conclusiones provisionales. Eso es lo que dice Pedraz en el auto de ayer: «Los hechos objeto de imputación se fijarán en el momento procesal oportuno». Y eso es todo: hay prisa, pero todo a su tiempo.

Lo que no se le puede reprochar a Díaz Aparicio es que su estrategia de defensa no sea transparente: es cristalina. Como se apuntó desde un principio, parece que tratará de buscar un acuerdo de conformidad con la Fiscalía para que en el juicio se le retiren las principales imputaciones al presunto pirata y pueda ser condenado a una pena inferior, en todo caso, a los seis años de cárcel. Si eso se produce, la Ley de Extranjería permitiría expulsarlo y, por consiguiente, devolverle a Somalia. No obstante, la forma de actuar del letrado está generando malestar en el Ministerio Fiscal, que se resiste a admitir la posibilidad de alcanzar un pacto con él.

Como la asociación ilícita tiene prevista una pena máxima de 12 años, lo primero es retirar esa imputación. Ello arrastraría a los 36 delitos de detención ilegal por los que también está acusado: probablemente, dejaría de ser considerado autor y pasaría a ser cómplice, con lo que la pena máxima sería de seis años... por cada uno de los 36.

La causa sigue su curso en el juzgado de Pedraz, que está aplicando una «tramitación preferente», especialmente rápida, en atención a la situación de angustia que viven los secuestrados, según aseguraron fuentes jurídicas de la Audiencia.

Ayer, el juez pidió al Estado Mayor de la Defensa que identifique a los militares que elaboraron el informe sobre el apresamiento de los piratas -para que puedan declarar en el juicio- y hoy mismo está previsto que la Comisaría General de Información le remita otro sobre la ubicación durante el secuestro de los móviles de los detenidos.

INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El TC constata en un sondeo informal su desacuerdo en el Estatut

El TC constata en un sondeo informal su desacuerdo en el Estatut

MARÍA PERAL

Madrid

El Tribunal Constitucional sigue encallado sobre el Estatut. Se constató ayer durante una reunión del Pleno en la que se sondeó si hay mayoría sobre los aspectos más controvertidos del último texto presentado por la ponente. El resultado fue negativo: la ponencia es rechazada por seis de los 10 magistrados, la misma situación que en julio, cuando los miembros del TC se fueron de vacaciones sin los deberes hechos.

Fuentes del Tribunal Constitucional indicaron que no fue una votación formal ni una fijación de postura definitiva, sino una «prospección» con el fin de comprobar si existen o no mayorías suficientes para alumbrar una sentencia.

Tampoco se sometió a examen la globalidad del cuarto texto que distribuyó a finales del pasado septiembre la magistrada ponente, Elisa Pérez Vera, sino que se consideraron sólo los aspectos del Estatuto de Cataluña en los que el Constitucional ha encallado, entre ellos el concepto de nación utilizado en el preámbulo, la lengua o la bilateralidad.

El sondeo sólo sirvió para constatar que, pese los pasilleos de las últimas semanas para negociar acercamientos, las posiciones no se han modificado. La foto es la misma que hace cuatro meses, cuando los magistrados se marcharon de vacaciones sin un acuerdo.

La ponencia, que se basa en alambicadas interpretaciones de los preceptos del Estatut para evitar declaraciones de inconstitucionalidad, sólo cuenta con el respaldo de la presidenta del TC, María Emilia Casas, de la ponente y de los magistrados Pascual Sala y Eugenio Gay, e incluso estos dos últimos consideran que el texto es excesivamente contrario al Estatut.

Otros seis magistrados rechazan, con distintas prioridades y argumentos, la ponencia de Pérez Vera. Se trata del vicepresidente, Guillermo Jiménez, y de los magistrados Vicente Conde, Javier Delgado, Jorge Rodríguez-Zapata, Ramón Rodríguez Arribas y Manuel Aragón.

La posición de este último es clave porque, por procedencia (fue designado directamente por el Gobierno), debería estar en el sector favorable al Estatut y, sin embargo, desde el principio de los debates se ha mantenido firme en la defensa de la inconstitucionalidad de algunas cuestiones sensibles, como la aplicación del concepto de nación a Cataluña.

El Estatut sólo se salvaría con el pase de Aragón al grupo de magistrados propuestos por el PSOE, con el consiguiente retoque de la ponencia para atraer su voto. Y, aun así, María Emilia Casas tendría que utilizar el voto de calidad para deshacer el empate a cinco. Una situación desoladora para un tribunal partido en dos y para una sentencia en la que está en juego la configuración del Estado

Cronología de la norma autonómica

>9 de febrero de 2004. El 'Parlament' constituye la Ponencia del 'Estatut'.

>30 de septiembre de 2005. El 'Parlament' aprueba el 'Estatut'.

>2 de noviembre de 2005. El Congreso toma en consideración el proyecto.

>10 de mayo de 2006. El Senado aprueba el 'Estatut'.

>18 de junio de 2006. El 'Estatut' es aprobado en referéndum.

>31 de julio de 2006. El PP presenta el primer recurso de inconstitucionalidad.

>5 de febrero de 2007. El TC acepta la recusación del PP contra Pablo Pérez Tremps.

>26 de mayo de 2007. Entra en vigor la nueva ley del tribunal, que prolonga el mandato de la presidenta.

>Enero de 2008. Tras zanjar en diciembre de 2007 el último recurso contra la impugnación del PP, comienza el debate real sobre la constitucionalidad del 'Estatut'.

>18 de mayo de 2008. Fallece el magistrado del TC Roberto García-Calvo.