PROHIBIDO HABLAR ESPAÑOL: El 'Govern' socialista de Montilla multa por no rotular en catalán otra comerciante de Barcelona

Multada por no rotular en catalán otra comerciante de Barcelona

Ocultó el cartel en castellano, pero no lo sustituyó por otro

HÉCTOR MARÍN

Barcelona

La comerciante ya sabe que no es la primera denunciada y sancionada por la Generalitat por no rotular su negocio en catalán. Pero esa circunstancia no alivia la «indefensión» que dice sentir Feliciana Piris Duque, propietaria de una pequeña tienda que ofrece tejidos al corte. «Se nos notificó la sanción el pasado 20 de noviembre, y entiendo que lo que me está ocurriendo no es justo», explicó ayer a EL MUNDO.

La mujer, nacida en Cardona (Barcelona) y catalanoparlante, se enfrenta ahora a una sanción de 1.200 euros por su negativa a cambiar el cartel con el que ofrece los productos de su negocio, llamado Blau Marí [azul marino, en catalán]. La Generalitat asegura que le notificó un requerimiento en verano de 2008 al que no respondió, lo que ella niega. Después, inició un procedimiento sancionador, y fue entonces cuando Feliciana ocultó los rótulos en castellano -«Textil, hogar y tapicería. Sedas, lanas, sastrería y fantasía», decían- pero no los sustituyó por otros en catalán.

La trabajadora autónoma fue denunciada por una inspectora de la agencia que tomó fotografías de la tienda y redactó un informe. «Me pidió que redactara los letreros en catalán y castellano, o bien sólo en catalán, tratando de meterme miedo con amenazas de multas», recuerda Feliciana Piris. «Pero el 80% de mis clientes son personas que no hablan casi nunca en catalán. ¿Por qué tengo que cambiar el cartel de mi negocio o pagar a la Generalitat 1.200 euros? No voy a pasar por el aro. Es un castigo desproporcionado y puede que incluso anticonstitucional», se queja la denunciada, que ya ha recurrido la multa.

«Llegaré hasta el Tribunal Constitucional, si es necesario. Ya no es por el dinero, sino por no ser callada por los nuevos dictadores catalanes», añade. Según la Generalitat, la Agencia remitió a Feliciana Piris en en el verano de 2008 un requerimiento que le instaba a escribir «al menos en catalán» la oferta de su comercio en un plazo de dos meses, para dar cumplimiento a los «requisitos legales». A la mujer se le conminaba a adecuar el cartel al artículo 32.3 de la «normativa vigente» en política lingüística: «La señalización y los carteles de información general de carácter fijo de los establecimientos abiertos al público tienen que estar redactados, al menos, en catalán».

Sin embargo, la denunciada asegura no haber tenido noticias hasta ahora de ese requerimiento.

El funcionario que instruyó el expediente de Feliciana resolvió sancionarla con 1.200 euros, de acuerdo con la graduación prevista en el artículo 14 de la Ley 1/1990 sobre «disciplina del mercado y defensa de los consumidores y usuarios».

El abogado de Feliciana, José María Fernández, considera que la imputación de su clienta «es manifiestamente injusta, además de ilegal, desproporcionada y dictada con desviación de poder».

Para el letrado, el funcionario «hizo su propia interpretación de la normativa, cayendo, además, en una violación directa del Estatuto de Cataluña y, en concreto, de su capítulo tres, el que hace referencia a los derechos y deberes lingüísticos»

La Xunta afirma que la lengua no puede ser «un muro» para el futuro

O. SEIXO

Santiago de Compostela

El consejero de Educación de la Xunta de Galicia volvió ayer a marcar posiciones. En declaraciones a los medios de comunicación y tras entrevistarse con los representantes de la Real Academia Gallega y del Consejo de la Cultura Gallega, Jesús Vázquez consideró necesario «ir más allá» para no convertir la evidente defensa de la lengua autonómica en un obstáculo para el desarrollo de las generaciones futuras.

«No tenemos, evidentemente, que renunciar a lo que es nuestro, pero sin que eso signifique un muro para el desarrollo futuro de los gallegos dentro de un nuevo marco social y económico de la Unión Europea y a nivel mundial», apuntó Vázquez.

Antes, el consejero había insistido en la intención de su departamento de atender a todos, en tanto que, aseguró, «el Gobierno es el primer interesado en que se llegue a un consenso en torno a algo tan importante como es el debate de las lenguas en Galicia». No obstante, aseguró Vázquez, la Xunta «tendrá que ser ambiciosa y hay que poner ese primer ladrillo de cara al futuro de nuestros niños».

Por otro lado, la reforma de la lengua en la educación emprendida por el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, es un tema «importante» y, como tal, las universidades gallegas han querido dejar clara su postura. El pronunciamiento se hizo público ayer a través de un comunicado de la Comisión Interuniversitaria de Política Lingüística. El manifiesto da cuenta además del «malestar» en las universidades de Santiago, Vigo y La Coruña porque el Gobierno no ha contado con ellas de manera formal para informarles o pedirles opinión sobre su propuesta.

Si las bases del decreto se consolidan, advierte el comunicado, además de dar lugar a la formulación en toda España «que menos defiende las lenguas propias», «no se aseguraría la competencia necesaria en gallego ni se garantizaría la equivalencia de conocimientos entre el gallego y el castellano al terminar el ciclo obligatorio».

Las universidades gallegas creen que el bajo porcentaje de uso del gallego en la docencia no responde «a la lógica integración en la sociedad en que vivimos» ni ofrece el servicio de calidad que le corresponde. Para corregir esta situación, ven fundamental garantizar una «importante» presencia del gallego como lengua vehicular en la enseñanza obligatoria