REPARAR EL DESAGÜISADO EN INMIGRACIÓN DEL DUETO CALDERA & ZAPATERO: Pepiño ve una 'incongruencia' empadronar y expulsar a la vez

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / El debate político
Pepiño ve una 'incongruencia' empadronar y expulsar a la vez

El ministro y 'número dos' del PSOE admite la contradicción entre las leyes de Régimen Local y Extranjería / Zapatero advierte, sin embargo, que no va a consentir que «por un truco de un Ayuntamiento se menoscaben derechos»

JOAQUÍN MANSO / MARISA CRUZ

Madrid / Estrasburgo (Francia)

El ministro de Fomento y número dos del PSOE, José Blanco, considera que «probablemente exista una incongruencia» en la legislación española sobre extranjería, cuando por un lado obliga a los ayuntamientos a aceptar el empadronamiento de los inmigrantes sin papeles y, al mismo tiempo, establece que esa situación será causa de expulsión. El vicesecretario general socialista admitió esa contradicción ayer en Telecinco.

Sin embargo, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, advirtió en Estrasburgo de que «no consentirá que, por un truco de un ayuntamiento, se menoscaben derechos».

«La ley dice que hay que empadronarlos y también dice que hay que expulsarlos. Probablemente exista una incongruencia, pero la mayor incongruencia es tener incontrolados a los inmigrantes en nuestro país para que se creen guetos incontrolables que lo único que iban a hacer es deteriorar la convivencia. Hay que abordar el debate con serenidad», dijo Blanco en el espacio de Telecinco El programa de Ana Rosa.

Aunque con matices, el vicesecretario general del PSOE subrayaba así la contradicción que ha puesto de manifiesto el alcalde de Vic (Barcelona) entre, por un lado, la Ley de Bases de Régimen Local y el artículo 6º de la de Extranjería -que obligan al ayuntamiento a inscribir en el padrón a los extranjeros indocumentados que tengan su domicilio habitual en el municipio para que puedan acceder a derechos que generan arraigo, como la asistencia sanitaria y la escolarización- y, por otro, el artículo 57 de esta última norma -que establece que esa situación irregular podrá ser causa de expulsión de España-.

Blanco señaló que comprende «que haya algún tipo de preocupación» y que tiene claro que debe acometerse «una batalla implacable contra la inmigración irregular». Aseguró que, a su juicio, «se ha avanzado» en la «lucha» para «que no entre nadie en España sin papeles», pero matizó que, «cuando están en nuestro país, no podemos dejarles tirados en la cuneta si necesitan la asistencia sanitaria».

Sin embargo, también ayer, el jefe del Ejecutivo fue rotundo en Estrasburgo: «El Gobierno de España no consentirá que, por el truco de un ayuntamiento, sea el de Vic o el de Torrejón, los hijos de un inmigrante, sea cual sea su situación, se queden sin sanidad o sin escuela».

No había margen alguno para la duda. Zapatero garantizó que las iniciativas que pretende adoptar el Ayuntamiento de la localidad catalana de Vic o que ya ha puesto en marcha el madrileño de Torrejón tendrán respuesta. «No permitiremos que se menoscaben los derechos de las personas», reiteró antes de llamar la atención sobre el hecho de que estaba defendiendo derechos humanos en una casa, la del Parlamento Europeo, «construida precisamente para esto».

«En Europa», dijo para dar respuesta a los apuntes de carácter xenófobo que le habían hecho algunos eurodiputados a propósito de la política de inmigración española, «no debería llamar la atención que un presidente de Gobierno diga que hay que defender los derechos humanos, incluso de los inmigrantes».

Y es que, durante la sesión de preguntas en el pleno del Parlamento Europeo a la que se sometió, hubo quien le reprochó haber puesto en marcha una política de acogida masiva de inmigrantes al haber procedido a una regularización de los irregulares sin haber contado con el resto de los socios europeos. También hubo quien defendió abiertamente la necesidad de «cerrar fronteras».

«Es rotundamente falso que yo sea partidario de una inmigración masiva. Lo que soy es masivamente partidario de respetar los derechos humanos de todas las personas, vengan de donde vengan», recalcó Zapatero. «Nos debemos atener al pacto de inmigración, lo que implica controlar fronteras y mantener acuerdos con países terceros, pero también incluye la integración y el respeto a los derechos de los inmigrantes. Los españoles sabemos bien lo que es tener que irse fuera de la patria para buscar un mínimo de dignidad económica», dijo.

Después recordó que, en 2025, la UE tendrá un 30% de población de más de 65 años y ello producirá una merma de las capacidades productivas y una presión sobre los sistemas de seguridad social. «Europa», defendió, «necesita trabajadores y extender su población activa».

P&R
Una obligación y un derecho

PEDRO SIMÓN

Madrid

¿Qué dice la ley sobre el empadronamiento?

El padrón está regulado en la Ley de Extranjería y en la Ley de Bases del Régimen Local. El artículo 6º de la Ley de Extranjería dice que los ayuntamientos tienen la «obligación de incorporar en el padrón a los extranjeros que tengan su domicilio en el municipio». El artículo 15º de la Ley de Bases del Régimen Local recoge que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón», independientemente de su condición legal. Es el Instituto Nacional de Estadística el encargado de desarrollar la normativa. El objetivo es conocer la población real de España.

¿Cuál es el origen de la norma que abre el padrón a los extranjeros?

La norma que obliga a los ayuntamientos a empadronar a los sin papeles fue aprobada por Mariano Rajoy en julio de 1997, cuando era ministro de Administraciones Públicas. Según aquel texto, «en el padrón municipal deben estar dadas de alta todas las personas que habitan en el municipio, sean nacionales o extranjeras, y, en este último caso, tengan o no regularizada su situación».

¿Qué supone estar empadronado?

Con el empadronamiento, una persona en situación clandestina accede a la tarjeta sanitaria, a la escolarización de sus hijos y a ciertos servicios sociales básicos que se recogen en la Declaración de Derechos Humanos. Igualmente, es la principal prueba para acreditar el arraigo y acceder a una posible regularización después de demostrar tres años de estancia en nuestro país.

¿Qué sucede en la práctica?

La Ley dice que, para poder empadronarse, el inmigrante ha de tener o bien un pasaporte en vigor o bien una tarjeta de residencia. Se dan tres casuísticas: 1) Hay ayuntamientos que cumplen con la ley sin más. 2) Los hay que ponen trabas aprovechando vacíos legales: la medida disuasoria más común es endurecer las condiciones de habitabilidad para empadronarse (exigiendo equis metros, por ejemplo). 3) Los hay que flexibilizan el acceso, dando como válidos documentos expedidos por ONG en aquellos casos más extremos en que se carece hasta de pasaporte.

¿Cuánta gente hay empadronada en España?

Los últimos datos oficiales disponibles, de enero de 2009, arrojan la cifra de 46,4 millones de personas empadronadas en nuestro país, lo que supone un incremento de 504.128 personas con respecto a enero de 2008. Del total, 41.063.259 son españoles.

¿Cuántos de los empadronados son extranjeros?

Son 5.598.691, lo que supone un 12% del conjunto de inscritos. De esa cifra, casi 2,3 millones son ciudadanos de la Unión Europea. Durante 2008, las personas pertenecientes a la UE-27 aumentaron en 164.154, lo que supuso la mitad del incremento total de extranjeros.

Además de la española, ¿qué nacionalidades tienen más peso en el padrón?

Los rumanos, con 796.576 empadronamientos, ocupan el primer lugar de la clasificación. Les siguen marroquíes (710.401), ecuatorianos (413.715) y británicos (374.600). Por continentes, los más numerosos en el padrón son, de largo, los europeos, que representan el 40,5% del total.

¿Qué CCAA tiene mayor porcentaje de inmigrantes empadronado?

Baleares, con un 21,7% de población empadronada de origen extranjero, encabeza la lista. La comunidad autónoma que menos inmigrantes tiene en el padrón es Extremadura (3,3%).

¿Cuál es el volumen de inmigración que hay en España teniendo en cuenta el entorno europeo?

Según datos de diciembre pasado de Eurostat, la oficina estadística de la Comisión Europea, España contaría con 5,3 millones de extranjeros que residen de forma legal. España es el segundo país de los 27 estados de la Unión Europea en número (sólo Alemania tiene más inmigrantes, con 7,3 millones) y el sexto en porcentaje, con un 12% de personas venidas de fuera en situación regular.

¿Cuántos fueron devueltos en 2009?

Según datos oficiales, 38.129 personas fueron repatriadas y otras 7.285 fueron interceptadas en el momento en que iban a entrar.

¿Qué peso tienen en el empleo?

Según Eurostat, en 1999 los inmigrantes suponían el 2,3% de la población con alta laboral. En 2007, eran el 10,32%. Entre el colectivo, el desempleo ronda ya el 28%. Cuatro de cada 10 nuevos parados son extranjeros. De media, un inmigrante cobra un 30% menos que un trabajador de nacionalidad española

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / El informe oficial
La Abogacía considera ilegal negar el padrón a los extranjeros no regulares

Sostiene que para registrarse sólo hace falta el pasaporte, aunque sea sin visado

ÁNGELES ESCRIVÁ

Madrid

El Ayuntamiento de Vic realizó una consulta al Ministerio del Interior sobre cuáles son los requisitos legales exigidos para empadronar inmigrantes y el Gobierno ha respondido con un exhaustivo informe en el que deja claras varias cosas: los extranjeros han de ser empadronados con independencia de su residencia legal en territorio español, «por lo que no resulta procedente denegar la inscripción so pretexto de que el ciudadano extranjero no reside legalmente en España»; para realizar esta gestión es suficiente «el pasaporte aunque no se cuente con el preceptivo visado», y los ayuntamientos no tienen competencias para decidir sobre la legalidad o no de la estancia de un extranjero dado que estas competencias recaen únicamente en el Ministerio del Interior.

El informe, elaborado por la Abogacía de Estado, realiza un repaso por todas las leyes alusivas al padrón y deduce que todas ellas vinculan la obligación de inscribirse en el citado registro municipal al hecho de vivir en España y residir habitualmente en un determinado municipio. En concreto, destaca que hacen referencia «únicamente a un dato fáctico y no a un dato jurídico cual sería, en el caso de los extranjeros, que éstos residiesen legalmente en territorio español (es decir, cumpliendo los requisitos de la Ley Orgánica 4/200)».

En resumen, que es considerada ilegal la decisión del Ayuntamiento de Vic de impedir el empadronamiento a los extranjeros en situación ilegal. La polémica sobre este asunto se gestó al trascender la intención del citado Consistorio de modificar los criterios para el empadronamiento de inmigrantes. El Gobierno cuestionó la medida, cuya ejecución fue postergada hasta febrero, y solicitó un informe a los Servicios Jurídicos del Estado mientras Vic requería de la opinión del despacho del ex diputado Roca Junyent. Éste resolvió asegurando que la decisión del Ayuntamiento no podía ser considerada «de ninguna de las maneras ilegal», pero que era razonable solicitar la opinión del Ministerio del Interior.

La Abogacía del Estado sostiene que la doctrina sobre el asunto está contenida, no tanto en la legislación sobre extranjería -que también- sino en las leyes relativas al Régimen Local (arts. 15 y 16 de la LRBRL y 54, 55, 73 y 72 del RPDEL), que establecen que «toda persona que viva en España está obligada a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente». El informe precisa que estas leyes «no distinguen entre españoles ni extranjeros, ni contemplan el supuesto de los extranjeros como un supuesto específico para exigirles luego que su residencia en territorio español sea legal». Esta exigencia, por su importancia y por su carácter restrictivo -se añade-, hubiese requerido una «determinación expresa» y ésta «ni existe ni se deduce».

El texto recuerda que ningún artículo de la Ley Reguladora de Bases del Régimen Local impone a las corporaciones municipales la comprobación de la residencia legal de un extranjero como requisito para su inscripción en el padrón, por eso interpreta que esto es debido a que, «obviamente, no es competencia de dichas corporaciones dicha comprobación a los efectos del empadronamiento».

Y cita una resolución acordada por el Instituto Nacional de Estadística y la Dirección de Cooperación Territorial sobre el padrón que deja claro en su artículo 5 que «el control de la permanencia en España de ciudadanos extranjeros corresponde al Ministerio del Interior», y el Ayuntamiento «ni interviene en la concesión de permisos de residencia ni es competente para comprobarlos». Se especifica, además, que los consistorios «no deben controlar a través del padrón la legalidad o ilegalidad de la ocupación de la vivienda».

La Femp dice que es obligatorio

> Los servicios jurídicos de la Federación Española de Municipios y Provincias (Femp) han elaborado un informe que concluye, también, que los ayuntamientos están obligados a empadronar a los 'sin papeles'. Si no lo hiciesen, deberá hacerlo el Estado a través del Instituto Nacional de Estadística (INE).

> El dictamen sostiene que los consistorios no tienen competencia para comprobar si un extranjero reside legalmente en España y que el padrón no sirve para presumir esa circunstancia, sino que es una mera «institución de naturaleza estadística».

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
El PP pide expulsar a los irregulares

Reclamará hoy al Gobierno que cumpla lo que exige la Ley

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA

Madrid

El PP está de acuerdo con el Gobierno y la Abogacía del Estado en que el padrón para todos es una obligación legal. Pero, además, está decidido a recordar al Ejecutivo que también lo es, y a él le compete, expulsar a los inmigrantes ilegales.

Así lo manifestará hoy el portavoz de Inmigración, Rafael Hernando, durante la sesión de la Diputación Permanente del Congreso, en la que pedirá la comparecencia del ministro Celestino Corbacho para explicar a la Cámara lo ocurrido en Vic.

Se trata de una de las ideas sobre la que va a girar el discurso popular en inmigración, después de que, ayer, el partido y el grupo parlamentario despacharan en privado. Por un lado, en Génova, la secretaria general, María Dolores de Cospedal, se reunió con el secretario de Inmigración, Gonzalo Robles, y éste, con la candidata en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho. Por otro lado, la portavoz, Soraya Sáenz de Santamaría, lo hizo con el diputado Hernando, cuyo discurso de estos días quedó revalidado: «El problema no es el padrón sino la Ley, que promueve la entrada de ilegales».

Gonzalo Robles coincide con él en que el PP no ha cambiado de posición: hay que reformar la ley para prohibir la regulación masiva y favorecer el contrato de integración. Entretanto, la ley obliga al Gobierno, y éste «no puede derivar a los Ayuntamientos el problema de la crisis, la falta de fondos y su propio fracaso en el control de fronteras».

Según Cospedal, «los que han cambiado de opinión en estos años son los socialistas», que, en palabras de Sáenz de Santamaría, han pasado «del papeles para todos al empadronamiento para ninguno». El portavoz de Economía, Cristóbal Montoro, calificó de «xenófoba» la decisión de Vic y la distinguió de la de Torrejón. Sobre este Ayuntamiento, Esperanza Aguirre dijo que cumple «estrictamente la ley» y que empadrona a todos los inmigrantes pero no a los turistas porque «eso no lo hace ningún país de la UE».

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / La situación dentro y fuera de España
De la segregación de Italia a la exigencia de un empleo en Alemania

La legislación sobre la atención a los 'sin papeles' varía de unos países de la UE a otros

RUBÉN AMÓN. IRENE HDEZ. VELASCO. ROSALÍA SÁNCHEZ. EDUARDO SUÁREZ

Madrid

Cada país de la UE legisla de una manera distinta el acceso de los inmigrantes a la sanidad y a la educación. Sólo entre Francia, Italia, Alemania y Reino Unido hay grandes diferencias. Alemania es tan exigente como pretende serlo Vic. Italia atiende al sin papeles, pero bajo el síndrome de la segregación. Y Francia y Reino Unido son más relajadas.

FRANCIA. No existe un empadronamiento comparable al español. Existe un censo, al que pueden inscribirse los ciudadanos legales e ilegales, que se utiliza con fines estadísticos y en el que se garantiza el anonimato. Muchos de los servicios municipales, como la escolarización, han de justificarse con una prueba de residencia. Basta una factura de la electricidad o del gas.

Los ayuntamientos ofrecen sus servicios por sectores, de modo que un inmigrante sin papeles puede reclamar la escolarización de sus hijos, que es gratuita y obligatoria, aunque no preserva a los padres de la eventual expulsión si se verifica la clandestinidad. La cobertura social incluye asistencia sanitaria a los inmigrantes ilegales, aunque en casos extremos a través de un servicio de urgencia. / RUBÉN AMÓN

ITALIA. A pesar de que el Gobierno de Silvio Berlusconi ha tipificado como delito ser un inmigrante ilegal, la Constitución italiana garantiza el derecho a la sanidad y a la instrucción pública de todas las personas presentes en el territorio italiano, independientemente de su situación jurídica. Pero, dado que no tienen papeles, sus tarjetas sanitarias son anónimas y en las mismas no figura dato alguno. Con ellas pueden acudir a los ambulatorios para Extranjeros Temporalmente Presentes, dirigidos específicamente a los inmigrantes clandestinos. Allí un doctor les atenderá y les prescribirá (con cargo a la Seguridad Social) los medicamentos o las pruebas que necesiten. En caso de emergencia, son atendidos en los hospitales públicos.

El problema, según señalan en Médicos Sin Fronteras, es que muchos ilegales desconocen que tienen derecho a la sanidad pública o se resisten a acudir por temor a ser denunciados. De hecho, el Gobierno de Berlusconi intentó el año pasado derogar una ley que prohíbe a los médicos italianos denunciar a los pacientes ilegales. Por otro lado, los menores de 14 años no sólo tienen derecho a la educación pública, sino que están obligados a recibir instrucción. / IRENE HDEZ. VELASCO

ALEMANIA. Alemania exige a todo extranjero residente en su territorio una inscripción en el Burgeramt (Oficina de Ciudadanía), imprescindible para cualquier otro trámite, como obtener una tarjeta sanitaria, escolarizar a un niño, alquilar una vivienda, tener un teléfono móvil o una cuenta en un banco, pero que en ningún caso garantiza el derecho a los servicios sociales. Y para la obtención de ese primer documento, que hasta hace muy poco tramitaba directamente la policía, es necesario acreditar la situación legal en el país como trabajador extranjero, como estudiante extranjero, como asilado o como cónyuge de un alemán. A los no europeos se les exige, además, certificado de penales.

El acceso a la sanidad pública pasa necesariamente por el pago, particular o de la empresa para la que se trabaja, de las Krankencasse, Cajas Sanitarias, que no admiten sin papeles entre sus afiliados. Los visados de turismo no son válidos para acudir al médico (debe cubrirlo el seguro de viaje) ni para legalizar un alquiler. Los hospitales atienden en urgencias a extranjeros sin papeles, pero inmediatamente advierten a la policía.

Un extranjero no puede llegar a Alemania a buscar trabajo; sólo se considera legales a los que llegan ya con contrato. Los trabajadores extracomunitarios pueden permanecer trabajando un máximo de cinco años. / ROSALÍA SÁNCHEZ

REINO UNIDO. Las ONG estiman que hay cerca de medio millón de inmigrantes ilegales en el Reino Unido. La mayoría son personas cuyo permiso de trabajo ha expirado o a las que se les ha denegado su solicitud de asilo. La ley no les permite empadronarse legalmente, pero diversas organizaciones han denunciado en los últimos años que el sistema es un coladero. La sanidad pública tiene orden de atenderlos sólo en casos de emergencia, pero los ambulatorios no piden ningún documento en sus consultas. Problemas que se explican en parte porque el Reino Unido es uno de los cuatro países de la UE donde ni nacionales ni extranjeros tienen carné de identidad. Los conservadores se oponen a la introducción del DNI, pero han denunciado el descontrol en diversas ocasiones y su líder ha anunciado mano dura si gana las elecciones: establecerá un cupo de entrada de inmigrantes y fijará un máximo de 70 millones de habitantes. / EDUARDO SUÁREZ

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
CiU cierra filas en torno al alcalde de Vic

Pedirá en el Congreso «clarificar» los requisitos para el empadronamiento

JORDI RIBALAYGUE

Barcelona

Horas antes de que la Abogacía del Estado revocase los argumentos del Ayuntamiento de Vic, representantes del poder local de CiU acudieron al municipio que ha reabierto el debate de la inmigración para apoyar al alcalde de la población barcelonesa, Josep Maria Vila d'Abadal. En un encuentro que ensalzó las políticas de acogida a los extranjeros aplicadas en Vic, la federación nacionalista anunció que interpondrá una iniciativa en el Congreso para «clarificar» los requisitos de empadronamiento, en caso de que el Ministerio del Interior resuelva que el acuerdo del equipo de gobierno de la localidad catalana es ilegal.

Los 70 alcaldes, concejales y dirigentes de CiU que se citaron en Vic aprobaron presentar una moción en los municipios catalanes en los que los nacionalistas cuentan con representación, para secundar lo que el dirigente de Unió Antoni Castellà bautizó como «modelo Vic», al que contrapuso la acogida de extranjeros en Hospitalet, la ciudad de la que fue alcalde hasta 2008 el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho: «Dejó como herencia una sociedad con muchos barrios que son guetos». Castellà acusó al Gobierno de «irresponsabilidad» por criticar a Vila d'Abadal y advirtió de que «el tiempo acabará dando la razón» a la proposición de negar el empadronamiento a los inmigrantes indocumentados.

Con una redacción algo ambigua, el borrador del texto no repite los planteamientos de Vic, pero postula que, «siempre dentro del marco legal actual, se puedan adoptar aquellas medidas que los ayuntamientos consideren más adecuadas y que les permitan mejorar el modelo de integración». La moción insta al Gobierno a que «determine» la documentación a exigir a los foráneos para inscribirlos y reclama recursos para «hacer posible la prestación universal de los servicios básicos».

En la propuesta que piensa debatir en los consistorios, CiU afirma que la llegada de extranjeros «ha sido un fenómeno masivo» y proclama que se ha producido «un cierto fracaso de los mecanismos de regulación de la inmigración ilegal, que se han mostrado a menudo ineficaces».

Arropado por los aplausos de sus compañeros de partido, Vila d'Abadal se felicitó de las decisiones tomadas en Vic: «Estamos haciendo bien las cosas y ha quedado ampliamente demostrado que la inmigración es importante para la ciudadanía».

Sin embargo, una encuesta hecha pública ayer por el Ayuntamiento de Vic sobre los problemas que observan los vecinos contradice a su alcalde. Según los datos del sondeo, el flujo de inmigrantes ocupa un modesto noveno puesto en las preocupaciones de los vicenses y sólo lo cita un 4,6% sobre el total de los consultados, un porcentaje que desciende un 1,4% respecto al barómetro de 2008.

Por delante de la inmigración, el sondeo indica que las inquietudes de los vecinos se centran en el paro y la falta de aparcamiento y zonas verdes. Además, el 48,5% opina que la convivencia con los extranjeros es buena (el 22,5% sostiene lo contrario) y el presidente de la xenófoba Plataforma per Catalunya, Josep Anglada, es el único líder local que suspende en valoración.

La inmigración es el noveno problema más importante en Vic, según una encuesta

En el barómetro sólo suspende un líder local: el xenófobo Josep Anglada