REPARAR EL DESAGÜISADO EN INMIGRACIÓN DEL DUETO CALDERA & ZAPATERO: Corbacho pide que se reabra el debate de la inmigración

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / La controversia política
Corbacho pide que se reabra el debate de la inmigración

Dos meses después de la reforma de Ley de Extranjería, PSOE y PP reabren la discusión

FERNANDO LÁZARO. ENVIADO ESPECIAL

Toledo

El ministro de Trabajo e Inmigración, Celestino Corbacho, reclamó ayer la apertura de un «debate sereno y tranquilo» sobre la controversia suscitada por el Ayuntamiento de Vic al negarse a empadronar a sin papeles. Hace menos de dos meses, el Congreso reformó la Ley de Extranjería sin que el proyecto del Gobierno abordase la cuestión, ni lo hiciese durante el trámite parlamentario ningún grupo.

Corbacho se felicitó de la decisión del Ayuntamiento de Vic de plegarse al informe de la Abogacía del Estado, que concluye que tiene la obligación de empadronar también a los inmigrantes indocumentados. En declaraciones al inicio de la cumbre de la UE en Toledo, expresó su deseo de que, una vez que se vuelve al «escrupuloso respeto a la ley», se ponga fin lo antes posible a la polémica.

«Hay que apostar por una inmigración regular y legal y centrarse en el reto de la integración», señaló el ministro, que apostó a continuación por abrir «un debate tranquilo y sereno», en la misma línea que se había pronunciado el miércoles José Blanco en El programa de Ana Rosa.

El número dos del PSOE subrayó la «probable incongruencia» que existe entre la obligación de los ayuntamientos de empadronar a los sin papeles y que esta situación sea, al mismo tiempo, causa de expulsión de España. Otro dirigente socialista, Patxi López, insistió ayer en ese punto, al señalar en un desayuno informativo en Madrid que «es posible que haya algún tipo de contradicción que se deba solventar». Eso sí, matizó que, «por encima de todo, hay que garantizar a todo ser humano su condición de ciudadano».

A las declaraciones de Blanco aludió ayer también la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que reclamó la apertura de «un debate» para una nueva Ley de Extranjería «consensuada entre los dos grandes partidos políticos» y adaptada «a lo que está pasando» en España, para que «no se caiga en contradicciones como las que ahora está reconociendo el PSOE».

La vocación del Gobierno, del PSOE y de la oposición de reabrir un debate público sobre la inmigración se produce muy poco después de que el Congreso cambiase la normativa. La quinta reforma de la Ley de Extranjería fue aprobada en el Congreso de los Diputados el pasado 26 de noviembre y entró en vigor el 13 de diciembre, un día después de su publicación en el BOE.

Ninguna de las enmiendas presentadas por los grupos políticos ponía el dedo en la llaga del padrón, en el sentido de modificar la norma para evitar que el empadronamiento se convirtiese en una puerta de acceso, primero, al arraigo -a través de derechos como la asistencia sanitaria y la escolarización- y, después, a una hipotética regularización. En el debate parlamentario tampoco se abordó esa cuestión. Tampoco lo hizo el PP, aunque votase en contra.

El único cambio al respecto se produjo en el artículo 6.3. La antigua ley decía que los «ayuntamientos incorporarán al padrón y mantendrán actualizada la información relativa a los extranjeros que residan en el municipio»; ahora, recoge que los «ayuntamientos incorporarán al padrón a los extranjeros que tengan su domicilio habitual en el municipio».

El texto «más restrictivo» de los últimos años, en palabras de las ONG, fue aprobado con los votos a favor de PSOE, CiU y Coalición Canaria, y con los votos en contra de PP, IU-ICV, ERC, PNV, UPyD y Nafarroa Bai. El Bloque Nacionalista Galego se abstuvo.

Entre las principales novedades que establece la norma que acaba de cumplir un mes de vida está el aumento del plazo de retención de sin papeles desde los 40 a los 60 días, las limitaciones en la reagrupación familiar y la penalización de los que acojan en su casa a aquellos a quienes les ha caducado el visado de turista.

También ayer, en Toledo, la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, lanzó veladas críticas hacia los que ella considera que utilizan de manera «oportunista» la polémica sobre el empadronamiento de los sin papeles, y alertó de posibles «conatos o movimientos que alienten al racismo o que busquen una oportunidad para obtener un rédito electoral» gracias estas cuestiones, «que sólo generan tensión en una materia de extremada delicadeza».

Rumí, tras la reunión del Consejo informal de Justicia e Interior sobre inmigración, consideró que, a aquéllos que intenten utilizar la inmigración como «tarjeta electoral», se les volverá contra ellos.

«Políticas universales para todos»

El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, inauguró ayer el Año Europeo de Lucha Contra la Pobreza» con un llamamiento para evitar la exclusión social y garantizar sanidad y educación a todos sus ciudadanos. Para Zapatero, «la lucha contra la exclusión social no responde sólo a un paradigma ético, también a una arraigada y certera convicción». Por ello, dijo que la UE debe contemplar «políticas universales para todas las personas». En la imagen, junto a González y Trinidad Jiménez

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / La controversia política
Alcarrás exige también el permiso de trabajo

El Ayuntamiento ilerdense sólo cambiará su actuación si se le obliga «legalmente»

MARTA SERRET

Lérida

El Ayuntamiento de Alcarrás, un municipio de Lérida de 7.000 habitantes, no sólo exige a los inmigrantes que tengan los papeles en regla antes de empadronarles, sino que también les pide un contrato de trabajo, lo que convierte sus condiciones en las más duras de las conocidas hasta ahora. Así lo confirmó ayer el primer teniente de alcalde de la localidad, Jordi Casals, quien aseguró que la medida se aplica desde hace años sin que nadie se haya quejado. «Algo falla desde el Gobierno central cuando se permite la llegada masiva de ilegales», señaló.

El municipio tiene oficialmente más de un 20% de población inmigrante, una proporción que se dispara durante la campaña de recogida de la fruta por la llegada de temporeros. De ahí que Casals, miembro del Gobierno convergente, secundara algunas de las tesis del alcalde de Vic y asegurara que los municipios con mucha inmigración no tienen recursos económicos para dar respuesta a las necesidades que plantea. «Los ayuntamientos nos vemos obligados a adoptar las soluciones que tenemos a nuestro alcance» cuando «el Gobierno no propone medidas», declaró. Según Casals, el objetivo de la norma es «asegurar que los inmigrantes que se inscriben en el padrón realmente son vecinos del pueblo».

La normativa se aplica desde hace años sin que haya generado conflictos, por lo que el equipo de Gobierno, de CiU, no tiene previsto cambiarla pese al pronunciamiento de la Abogacía del Estado. Una negativa con matices: «Si nos obligan legalmente, la cambiemos», dijo Casals

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / La controversia política
«Una cuestión de supervivencia»>

>El presidente del grupo del PP en Badalona, Xavier García Albiol, aseguró ayer que los servicios sociales están «a punto» del colapso.

>En el caso de que se llegue a saturación, Albiol apuesta por que los 'sin papeles' sean atendidos los últimos.

> Asegura que la petición de Vic «no es xenofobia», sino «una cuestión de supervivencia».

A CONTRAPELO
Incongruencias

SANTIAGO GONZÁLEZ

Decía ayer el ministro de Fomento en estas páginas algo que uno había sostenido hasta el momento, a saber: que la Ley de Bases de Régimen Local y la de Extranjería incurren en una incongruencia al obligar a los ayuntamientos a empadronar a los inmigrantes sin papeles, al mismo tiempo que decretan para ellos la expulsión.

A propósito de las palabras de Blanco, el lehendakari comentaba ayer: «Yo me quedo con que, por encima de todo, lo que hay que garantizar a todo ser humano es su condición de ciudadano, una condición que implica obligaciones y derechos». Es un paso más que nadie había contemplado: que la inscripción en el padrón lleve aparejada de forma automática la inclusión en el censo electoral.

¿Se puede considerar ciudadanos españoles (o europeos) a los inmigrantes de terceros países sin papeles? Ser titulares de derechos humanos no les hace acreedores de los derechos que el artículo 23 de la Constitución reserva para los ciudadanos. Esto sí que nos pondría en la vanguardia de las civilizaciones, acercándonos a la hipótesis que planteaba Bajo Ulloa en Airbag, tener un lehendakari negro y sin papeles. Lo que seguramente ha querido decir López es que a todo ser humano hay que garantizarle los derechos humanos, pero dicho así suena a tautología y no se ha dado cuenta de que, al considerarles ciudadanos, ha declarado innecesarios tantos esfuerzos y tanta regularización.

España vive sin vivir en sí en lo que respecta a dos asuntos de naturaleza tan distinta como la educación y la inmigración, pero unidas ambas por una indefinición que nos ha llevado a contar con cinco leyes educativas en los últimos 30 años, cuatro de ellas elaboradas por el PSOE y una, que no llegó a estrenarse, por el PP. La sobreabundancia de material legislativo es causa de que el Informe PISA nos coloque sistemáticamente en el furgón de cola de la educación europea.

Hace 10 años que el PP elaboró su primera Ley de Extranjería y en esta década ha sido enmendada cuatro veces, primero a iniciativa del PP y a partir de 2005, a la del PSOE. La última reforma fue aprobada definitivamente por el Congreso el 27 de noviembre con los votos del PSOE, CiU y CC, y entró en vigor el 12 de diciembre. Fue hace exactamente 40 días, sin que nadie entre quienes la votaron, se opusieron o prefirieron la abstención propusiera una sola enmienda para resolver la incongruencia que señalaba Blanco.

En realidad, la incongruencia es el alma española de esta ley, siempre atravesada por la contradicción entre la actitud «firme y exigente», pero a la vez «abierta», que anunciaba Zapatero en la materia. Fue el propio presidente el que calificó de «progresista» la dura directiva de retorno aprobada por la UE en junio de 2008. Es verdad que la última reforma proporciona a los inmigrantes mayores garantías ante el proceso sancionador, pero alarga de 40 a 60 días el plazo de internamiento y endurece el reagrupamiento familiar. ¿Incongruencia? Hay que recordar que durante los buenos tiempos de la regularización, el inmigrante sin papeles era detenido durante un plazo de 40 días en un centro de internamiento de donde salía con una orden de expulsión; que era, en la práctica, su carta de residencia. Es nuestro estilo.

España vive sin vivir en sí en dos asuntos como la educación y la inmigración

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / La reacción municipal
Marcha atrás del alcalde de Vic tras el informe oficial

Empadronará a los 'sin papeles', pero CiU lleva el caso a Bruselas

JORDI RIBALAYGUE

Barcelona

El alcalde de Vic (Barcelona), Josep Maria Vila d'Abadal (CiU), se resignó ayer a acatar la ley y a inscribir a todos los inmigrantes, también a los que están a la espera de obtener el permiso de residencia. Eso sí, alertó otra vez sobre las dificultades que, en su opinión, reviste seguir acogiendo a los sin papeles.

El alcalde afirmó que «el Ayuntamiento de Vic acata, aunque no comparte» el informe de la Abogacía del Estado y advirtió de que la decisión de empadronar a inmigrantes en situación irregular «puede tener grandes costes sociales en el futuro» si no se discuten los criterios para llevar a cabo la inscripción en el padrón.

Pese a atender el dictamen de la Abogacía, CiU no renuncia a enarbolar, incluso en Europa, la propuesta de impedir el registro de los sin papeles. La dirección local de la federación nacionalista anunció que formulará una pregunta en Bruselas para que la Unión Europea se pronuncie sobre el caso. Según explicó, cuenta con el visto bueno de la Ejecutiva de CiU.

Los nacionalistas reclamarán a los organismos comunitarios que se posicionen sobre el informe de la Abogacía y que confirme si las normativas europeas autorizan a incluir en el padrón a un extracomunitario sin el visado en regla. La agrupación local en Vic acusó al Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero de obviar la Ley de Extranjería. «No hacen su trabajo», se quejan los nacionalistas, que ven en el dictamen del Gobierno «la renuncia al control de la inmigración». CiU también presentará mociones de apoyo al Ayuntamiento de Vic en los consistorios y formulará una iniciativa en el Congreso.

Por su parte, las organizaciones que asesoran a los inmigrantes en Vic lamentan la imagen que la ciudad se ha labrado. «Lo que ha ocurrido no beneficia a la tarea de integración», piensa la presidenta de Veus Diverses, Carme Roquer. «Seguiremos trabajando con el Ayuntamiento, pero estaremos encima de ellos», añade Roquer, que teme que la xenófoba Plataforma per Catalunya (PxC) obtenga réditos de la polémica. El portavoz de la comunidad ecuatoriana en Vic, Carlos Ordoñez, consideró que Vila d'Abadal demostró «prepotencia» al afirmar que discrepaba de la respuesta del Gobierno. «Por fortuna, las leyes están para cumplirse y ahora estaremos muy pendientes de los movimientos del Ayuntamiento», aseguró. SOS Racismo también apuntó al alcalde y le acusó de «irresponsabilidad».

La PxC de Josep Anglada exigió que desoiga a la Abogacía del Estado y aplique el veto a los sin papeles

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
La clase política preocupa más

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

La última encuesta del Centro de Estudios de Opinión (CEO) de la Generalitat desmiente que la inmigración obsesione a los catalanes. Pese a que la medida que propuso el Ayuntamiento de Vic ha acaparado la atención mediática y ha suscitado un debate en torno a los recién llegados, la preocupación de los ciudadanos por el asunto cae a la cuarta posición. Por debajo, por ejemplo, de la clase política, que preocupa mucho más a los catalanes.

Tras la publicación de escándalos como los casos Palau de la Música, 'Pretoria' y 'Gürtel', la insatisfacción con la política ha crecido 22 puntos, y ya es la segunda preocupación de los catalanes. El primer problema para los ciudadanos sigue siendo el paro y la precariedad laboral: si hace un año un 55,4% lo identificaba como su principal preocupación, ahora es el 64%.

La encuesta se realizó el pasado mes de diciembre, cuando la decisión del Ayuntamiento de Vic aún no había llegado a las portadas de los diarios. Pero es significativo que la inmigración pase de ser el tercer problema (con un 28,7% de respuestas) al cuarto, con un 23,9%.

El tercer problema de los catalanes, según el CEO, es el funcionamiento de la economía, que preocupa a un 28,5%. Por detrás están las relaciones entre Cataluña y España (23%) -que sube tras los enfrentamientos a cuenta del Estatuto-, pero la mayoría de los catalanes (43,6%) sigue considerándose tan español como catalán. Únicamente un 16,4% se siente sólo catalán

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / La exigencia
Un sindicato de la Policía pide tener acceso al padrón

La CEP cree que así se podría localizar a los 'sin papeles' con más facilidad

XIANA SICCARDI / JOAQUÍN MANSO

Barcelona / Madrid

En plena discusión sobre la voluntad de algunos alcaldes de no empadronar a inmigrantes en situación irregular, el comité regional de la Confederación Española de Policía (CEP) se ha mostrado partidario de que los agentes tengan una conexión informática «directa» con los datos del padrón para localizar, y llegado el caso expulsar, a los sin papeles, según explicó ayer mediante un comunicado.

El sindicato defendió que los funcionarios policiales «deben saber en qué localidad se encuentran empadronados» los inmigrantes, para poder tener una copia de su pasaporte y comprobar si están regularizados. Para conseguirlo, son partidarios de habilitar un enlace informático con las bases del padrón municipal para que el Cuerpo Nacional de Policía «pueda y deba llevar a término sus competencias en materia de extranjería y documentación, labor ésta que únicamente recae sobre esta policía en todo el Estado».

Su petición no estaba exenta de crítica, ya que este sindicato policial también lamenta que, con la legislación actual, la búsqueda de inmigrantes sin papeles se convierte en «un auténtico juego de azar» en el que, en muchas ocasiones, hay que esperar a que «la diosa fortuna tome parte en la ejecución de la expulsión».

Esta petición no es compartida, no obstante, por todos los sindicatos policiales. Mucho menos entusiasmado con esa iniciativa se mostró el portavoz del mayoritario Sindicato Unificado de Policía (SUP), José María Benito, quien recordó que el cuerpo ya tiene «acceso libre» al padrón municipal, ya que no es necesaria autorización judicial ni ningún otro requisito para que los ayuntamientos lo cedan.

El responsable policial consideró que la Agencia Española de Protección de Datos no autorizará que la Policía tenga un enlace con el padrón desde su base informática -«sería ilegal»-, pero precisó que, a su juicio, «tampoco sería demasiado útil, ni mucho menos imprescindible». «El padrón puede servir de ayuda, como otras 20 cosas más, pero los datos que contiene no son muy fiables», señaló.

Sobre esta misma cuestión, y a un nivel más político, el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, se preguntó ayer «qué ganan» los alcaldes que se niegan a empadronar a inmigrantes ilegales, y recordó que la competencia en materia de extranjería es del Estado, por lo que ningún ayuntamiento puede introducir requisitos añadidos a lo que marque la Ley de Extranjería y la Ley de Régimen Local.

El primer edil madrileño afirmó tajantemente que «las normas de empadronamiento del Ayuntamiento de Vic son ilegales» y, aunque no se manifestó en el mismo sentido con respecto al Consistorio de Torrejón de Ardoz, subrayó que «todo lo que signifique establecer cualquier requisito añadido al marcado por la Ley de Extranjería y la de Régimen Local supone una ilegalidad».

«No estamos de acuerdo en poner limitaciones a los inmigrantes que quieran empadronarse, porque la legislación española vigente no establece tales limitaciones, y corresponde al legislador nacional establecer la política de extranjería y no es competencia que los ayuntamientos puedan asumir de forma individual. No podemos establecer restricciones donde la ley estatal no las ha previsto», afirmó.

«Limitar los derechos de los inmigrantes a empadronarse», continuó, «es privarles de los derechos y de las prestaciones sociales imprescindibles para asegurar su supervivencia y garantizar su dignidad».

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN / La exigencia
«Vic no es casual; algo no va bien»

Alcaldes de CiU de la comarca de Osona exigen más control

JORDI RIBALAYGUE

Barcelona

Pese al varapalo de la Abogacía del Estado, los municipios de la comarca de Osona gobernados por CiU siguen predicando las propuestas de Vic. «No es casual que Vic inicie el debate; si ha ocurrido es porque algo no funciona bien», piensa el alcalde de Taradell, el nacionalista Lluís Verdaguer, que opina que, tras la reprimenda al Ayuntamiento que encabeza Josep Maria Vila d'Abadal, el Gobierno debe «buscar el encaje» entre normas en las que detecta incongruencias: «Lo que no puede ser es que se modifique cada dos por tres la Ley de Extranjería y aún tenga deficiencias». Verdaguer echa mano a la crisis para argumentar su postura: «Hemos hecho tareas de integración y hemos estado a favor de que vinieran inmigrantes a trabajar, pero la situación ha cambiado». En Taradell, la población extranjera no supera el 8%, lejos del 25% de Vic.

El alcalde de Gurb, el convergente Joan Roca, plantea que los consistorios soliciten una cédula de habitabilidad y critica que el censo se limite a ser «un mero registro». «Desde un punto de vista político, se ha determinado que inscribamos a todos, pero en los ayuntamientos vivimos la proximidad y nos hacemos responsables de no impedir la aparición de pisos patera o camas calientes», dice. En Gurb, la tasa de inmigración se reduce al 3%.

Contrario a los postulados blandidos en Vic, el alcalde de Manlleu, Pere Prat (ERC), cree que la última modificación de la Ley de Extranjería da pie a diferentes lecturas de la norma: «Hay dudas de interpretación; se debería unificar los criterios e incrementar el control sobre el padrón». Manlleu tasa en un 15% la población foránea que acoge.

En cambio, los socialistas rechazan modificar la legislación. «No se pueden confundir las cosas, los ayuntamientos somos órganos administrativos y tenemos todas las competencias para ejercer nuestras tareas», señala el alcalde de Centelles, Miquel Arisa (PSC), que también preside el Consejo Comarcal

LA REGULACIÓN DE LA INMIGRACIÓN
Cae una red que falseaba padrones

XIANA SICCARDI

Barcelona

El Cuerpo Nacional de Policía ha desarticulado una banda que se dedicaba a falsear certificados de empadronamiento y que tenía contactos en varias ciudades españolas. Un total de 24 personas han sido detenidas -la mayoría paquistaníes-, entre ellos también víctimas de la banda. Algunos de ellos reconocieron en sede policial a una persona de la red que podría haber trabajado en un ayuntamiento tinerfeño, pero aún no ha sido identificada. La importancia de estos certificados es que permitían atribuir los tres años de arraigo en nuestro país a personas que no los cumplían. Para ello, sus clientes eran capaces de pagar cantidades de entre 1.500 y 3.000 euros. Los máximos responsables de la red fueron detenidos en la provincia de Barcelona. Se les intervino numerosa documentación, entre la que había fotocopias de certificados de empadronamiento de las localidades tinerfeñas de La Candelaria y Arona, junto a Gandía (Valencia), Azpeitia (Guipúzcoa) y Premiá de Mar (Barcelona)