ESPAÑA NINGUNEADA: Tres barcos británicos acosan a una patrullera de España frente

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Tres barcos británicos acosan a una patrullera de España frente a Gibraltar

Otra vez. En esta ocasión, con tres barcos. Este miércoles, una patrullera de la Guardia Civil fue acorralada por embarcaciones británicas. En concreto, sobre las 16.00 horas, a 1,5 millas de Gibraltar, en la bahía de Algeciras, en aguas españolas. La nave del Instituto Armado fue rodeada por una patrullera de la Royal Navy y dos embarcaciones de Gibraltar y obligada a abandonar la zona.Sigue en página 10

La presión sigue día tras día. El acoso y hostigamiento se repite día tras día. En aguas territoriales españolas, las naves de la Guardia Civil se sienten «acorraladas» día tras día. Y es que, ante la falta de respuesta, las embarcaciones de la Royal Navy británica y de Gibraltar comienzan a campar a sus anchas en aguas nacionales.

La última se produjo el pasado miércoles. La presión y amenaza a una patrullera del Instituto Armado se produjo en la bahía de Algeciras, a milla y media de Gibraltar, claramente en aguas españolas.

Por allí andaba una embarcación de la Guardia Civil, en sus habituales labores de vigilancia del territorio español. Al ser observada ya dentro de la zona de la milla y media, salieron raudas a cortarle el paso tres naves. En concreto, la patrullera de la Royal Navy P-287, una embarcación semirrígida de la Policía de Gibraltar y otra nave de Aduanas también de Gibraltar. La escalada aumenta y la presión también. Y es que era la primera vez que tres naves británicas y gibraltareñas acosaban a una de la Guardia Civil. «Se sintieron acorralados», explican fuentes cercanas a los afectados. La nave española fue obligada, empujada, fuera de la milla y media. Por el camino, y en un canal abierto de comunicación marina, los tripulantes españoles fueron amenazados e insultados, según explicaron las mismas fuentes.

Reino Unido defiende como propias las aguas alrededor de Gibraltar que se extienden 1,5 millas en la zona de la bahía de Algeciras.

Sin embargo, como recogen todos los tratados internacionales, esas aguas son españolas. De manera oficiosa, España únicamente reconoce como gibraltareñas las aguas del puerto.

Según las fuentes consultadas por este periódico, los incidentes que constantemente provocan la Royal Navy y la Policía gibraltareña son similares a los actos de piratería.

Ante el cariz que tomaron los acontecimientos del miércoles, el Instituto Armado abandonó la zona. Sus instrucciones son claras: evitar los enfrentamientos. Pero la Royal Navy, incluso emitió una queja contra la Guardia Civil por este incidente, acusándola de «agresiva». Y esta queja llegó al Ministerio de Defensa.

La víspera de este grave caso de acoso se volvió a producir otro suceso, de menor importancia, pero también en aguas españolas. Dos buques estaban en aguas territoriales españolas, en la zona de la bahía, repostando combustible. La Guardia Civil se acercó para expulsar de allí a tres embarcaciones de recreo, con el fin de evitar una situación de riesgo. Rápidamente, una nave de la Royal Navy se les echó encima y les obligó a alejarse de la zona.

Contra la bandera

El episodio más escandaloso, hasta el momento, se produjo cuando la Guardia Civil sorprendió a la nave de la Royal tras realizar prácticas de tiro contra una bandera española, en aguas territoriales españolas.

Desde las filas populares, su diputado José Ignacio Landaluce día tras día pide explicaciones al Ejecutivo de Zapatero sobre estas continuas violaciones de territorio español. Pero sólo obtiene silencio o respuestas vagas, nada concretas. El Ejecutivo esquiva el debate. Landaluce denuncia que Reino Unido está acusando a la Guardia Civil de actuar «de manera agresiva». El popular defiende en todo momento la actuación del Instituto Armado y, en declaraciones a EL MUNDO, acusa de pasividad al ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos. Considera que el silencio de Moratinos «sólo favorece a los intereses de Reino Unido y Gibraltar en detrimento de los derechos internacionales que nos avalan».

ANA DEL BARRIO / Madrid

Justicia impulsa la reforma de la Comisión Islámica

Asuntos Religiosos insta a los musulmanes a que den pasos adelante para lograr una mayor representatividad

El Gobierno está impulsando una reforma de la Comisión Islámica de España, el órgano de representación de los musulmanes, para que sea más democrática y participativa. El Ministerio de Justicia cree que ha llegado la hora de abrir la puerta de este organismo, ya que, según sus cálculos, hay un tercio de comunidades islámicas que se ha quedado fuera.

«Es necesario reestructurar la Comisión Islámica para lograr una mayor representatividad. Los musulmanes tienen que dar los pasos para conseguirlo y no pueden mirar para otro lado. La realidad del islam en 2010 no tiene nada que ver con la de hace 20 años», asegura el director general de Asuntos Religiosos, José María Contreras, a EL MUNDO.

La Comisión Islámica es el máximo órgano de interlocución de los musulmanes con el Gobierno y se encarga de negociar asuntos como el reparto de las subvenciones, la asistencia religiosa en colegios, cárceles y cuarteles, o la creación de cementerios islámicos.

Este organismo, creado en 1992 y que este año recibe una subvención de 623.500 euros, está formado por dos grandes federaciones: la Unión de Comunidades Islámicas de España (Ucide), liderada por Riay Tatary, y la Federación Española de Entidades Religiosas Islámicas (Feeri), encabezada por Mohamed Hamed Ali.

Sin embargo, desde hace tres años, numerosas comunidades que no están inscritas en ninguna de estas dos federaciones quieren ingresar en la Comisión Islámica y exigen una renovación de la misma.

De las 791 comunidades musulmanas inscritas en el registro del Ministerio de Justicia, un 58% pertenece a la Ucide, un 9% a la Feeri y el 32% restante (254) se encuentra al margen de estas dos federaciones.

La propuesta del Gobierno pasa por que cada comunidad islámica que lo desee pueda ingresar en la Comisión sin cortapisas y que ésta responda a la estructura territorial del Estado y se articule por CCAA. Así, cada 15 comunidades podrían elegir a un representante que formase parte de la Comisión Permanente, en la que también estarían presentes los presidentes de las comisiones islámicas autonómicas.

Todos ellos elegirían a su vez a la Junta Directiva y la candidatura más votada tendría la potestad de escoger los cargos que ocuparía (presidente, vicepresidente, tesorero, secretario y seis vocales), en función del porcentaje de votos obtenido.

«La falta de una estructura está provocando que se paralice el sistema. No se trata de una reforma que afecte al islam, sino a su organización. Queremos un interlocutor para que negocie con el Gobierno y las comunidades autónomas. Necesitamos que busquen el mecanismo para encontrar un único interlocutor», explica Contreras.

En ocasiones, asuntos como la certificación de la comida halal para los niños musulmanes en los colegios se han visto paralizados por la falta de un interlocutor válido con los ayuntamientos o porque a las reuniones acuden distintos portavoces con criterios diferentes.

Las negociaciones para cambiar los Estatutos de la Comisión avanzan despacio y con dificultades, debido a las discrepancias entre la Ucide y la Feeri, que también se quejan de ciertas interferencias por parte del Ejecutivo.

El presidente de la Feeri, Mohamed Hamed Ali, ya presentó a la Dirección General el año pasado una propuesta basada en la convocatoria de elecciones para elegir a los representantes de los musulmanes, siguiendo el sistema francés. Con este modelo, cada entidad religiosa musulmana tendría un voto. En primer lugar, se elegirían los consejos islámicos autonómicos; y, éstos, en segunda instancia, votarían a los miembros de la Comisión Islámica.

Riay Tatary, de la Ucide, tampoco es partidario de abrir la Comisión Islámica a cualquier entidad local porque es «necesario que exista detrás un arraigo y una determinada formación», aunque se muestra esperanzado en conseguir un acuerdo.

Un tercio de comunidades islámicas se queda fuera de la Comisión
«La falta de una estructura está provocando que se paralice el sistema»