JUSTICIA INTERVENIDA: Y el fiscal no se excita ante el desaforado enriquecimiento de Pepe "el aspirina"

AGUSTÍN YANEL / Madrid

El PP pide que el fiscal general aclare por qué no actúa contra José Bono

Presenta un quinto escrito para que investigue los bienes del presidente del Congreso

El PP solicitó ayer a la Fiscalía General del Estado, por quinta vez en los dos últimos meses, que investigue el patrimonio de José Bono. Además, quiere que el fiscal general, Cándido Conde-Pumpido, explique en el Congreso por qué no ha intervenido todavía en este caso.

Con su quinto escrito, el PP dio ayer un paso más contra José Bono. En él reclama al fiscal general del Estado que investigue los «desajustes patrimoniales» que pudieran existir entre los bienes que ha declarado oficialmente el presidente del Congreso y los que realmente posee, según las informaciones difundidas por varios medios de comunicación.

Además, el PP anunció que va a solicitar que Conde-Pumpido comparezca con urgencia en el Congreso, para que explique «su pasividad» en este caso y por qué no ha abierto una investigación de oficio, como ha hecho con otros casos similares, que incluso han tenido menos trascendencia pública y menor importancia por el patrimonio a investigar.

El PP se queja en su escrito de que la Fiscalía General contestó con rapidez a José Bono, cuando éste se dirigió a ella tras divulgarse las primeras informaciones, y le dijo que no veía indicios de delito para investigar. En cambio, hasta ahora ha mantenido silencio ante las peticiones realizadas por este partido en cuatro ocasiones. «Parece un patente agravio comparativo», indican los populares.

En este partido no creen «razonable» que, a pesar de las informaciones publicadas, «la Fiscalía omita, obvie y/o eluda toda respuesta».

Poco después de que el diario La Gaceta publicara las primeras informaciones sobre el patrimonio de Bono, hace más de dos meses, el PP solicitó al fiscal general que iniciara una investigación. Posteriormente amplió esa petición con otros tres escritos, en los que incorporó otras informaciones que iban publicando medios de comunicación, entre ellos EL MUNDO.

Ayer, en un nuevo «escrito de denuncia», el PP pidió al fiscal general que traslade estas informaciones y sus solicitudes a Anticorrupción, para que incoe las correspondientes «diligencias prejudiciales».

En este último escrito, el partido que dirige Mariano Rajoy recopila una docena de informaciones publicadas por varios medios en las dos últimas semanas.

Esas noticias se refieren, entre otras cuestiones, a que Bono pagó sólo una tercera parte del valor de las obras que costó el hipódromo que posee su familia en Toledo; a las rebajas que le hizo una constructora en obras realizadas en pisos de su propiedad; a subvenciones concedidas a un empresario con el que mantenía buenas relaciones, y a un vehículo Porsche que, al parecer, El Pocero regaló en su día a la esposa del entonces presidente de la Junta de Castilla-La Mancha.

En definitiva, según el PP, esas informaciones deben ser investigadas porque se refieren a «las vinculaciones existentes con un concreto promotor inmobiliario», las «importantes ventajas económicas» que ese empresario habría otorgado a José Bono y «los beneficios» que habría obtenido dicho promotor del Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha en forma «tanto de recalificaciones como de subvenciones».

Esas informaciones ahondan en «la desconcertante situación patrimonial» de Bono, añade el PP, y «ponen en clara evidencia las discrepancias entre la versión ofrecida por el aludido sobre el volumen real y la forma de obtención de su patrimonio en los últimos años, y los diferentes datos sobre el verdadero alcance del mismo que vienen difundiendo medios de comunicación».

Según el PP, esas conductas del actual presidente del Congreso pueden ser constitutivas de los delitos de cohecho pasivo impropio, contra la Hacienda Pública y contra la Administración Pública.

Por ese motivo, además de pedir que la Fiscalía Anticorrupción las investigue, solicita que se practiquen diligencias para comprobar las informaciones publicadas.

Los 'populares' se quejan de que el fiscal no ha contestado a cuatro escritos suyos

El PP no acepta el veto a López y podría recurrirlo

El PP no va a tirar la toalla ante la decisión de la Mesa del Senado de vetar a uno de sus candidatos a ser magistrado del Tribunal Constitucional. Sus servicios jurídicos aún no han determinado si llevarán el rechazo a la candidatura del ex portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Enrique López a los tribunales. Una de las vías que estudia es presentar un recurso de amparo ante el TC, que determinaría si la decisión se ajusta a Derecho.

Ayer, el coordinador de Justicia popular, Federico Trillo, denunció «la tropelía de fondo y de procedimiento» que la Mesa cometió contra López. Trillo criticó que el Senado diga «que no tiene los 15 años de servicio como juez necesarios para ser magistrado del TC» y defendió que López cuenta con una trayectoria de entre 21 y 22 años en la carrera judicial.

El portavoz popular, que trabaja en la respuesta legal del partido, hizo hincapié en que el Senado «no puede decir» que López no cumple los requisitos cuando ha sido aceptado por «siete parlamentos autonómicos» [en realidad fueron cinco].

ENTREVISTAS PARA PRESIDIR EL TSJ DE CATALUÑA

JOAQUÍN MANSO / Madrid

Los candidatos piden más catalán en los juzgados

La presidenta, de la APM, reclama «instrumentos de traducción»

Los tres candidatos a presidir el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña durante los próximos cinco años coincidieron ayer en su diagnóstico del problema fundamental de la judicatura catalana -la elevadísima tasa de vacantes en sus órganos judiciales que se suplen con interinos o sustitutos, con la consiguiente pérdida de eficiencia- y en la conveniencia de potenciar el uso del catalán entre los jueces y magistrados que actúen en esa comunidad autónoma.

La Comisión de Calificación del Consejo General del Poder Judicial entrevistó ayer en Madrid a la actual presidenta, María Eugenia Alegret -cuyo mandato venció en julio de 2009 y se presenta a la reelección-, y a sus dos rivales: el ex decano de Barcelona Joaquín Bayo -ahora magistrado de su Audiencia Provincial- y Miguel Ángel Gimeno -que preside la Sección Sexta de ese órgano-. Se trata del primer paso para designar al representante del Poder Judicial en Cataluña.

Alegret llevó a cabo una intervención muy técnica, abrumadora en cuanto a aportación de datos. Así, destacó la reducción del volumen de casos pendientes durante su mandato -de 24.000 a 15.000, aseguró- y reclamó que se «acometa decididamente» el problema de las vacantes, para lo que propuso la puesta en marcha de incentivos profesionales. En el turno de preguntas, la vocal Margarita Robles le reprochó que, respecto a ese asunto, hubiese hecho declaraciones a la prensa en las que sugería la posibilidad de que llegasen a suspenderse señalamientos.

Sobre el uso del catalán, la presidenta afirmó que «no debe ser un elemento de tensión añadido para aquellos ciudadanos que se acercan a un tribunal de Justicia», e hizo hincapié en que la lengua autonómica sigue siendo minoritaria entre los funcionarios judiciales y en que, en su opinión, «deben proveerse los instrumentos de traducción necesarios si el juez no la conoce».

A este respecto, se mostró mucho más contundente Joaquín Bayo, partidario de que se ponga «énfasis» en la «utilización efectiva y constante del catalán» por parte de los jueces y magistrados para que «nadie que lo utilice se vea en la situación de que le responden en otra lengua». «La lengua catalana no se ha utilizado hasta ahora como refleja la sociedad», señaló, y sugirió que las sentencias que apliquen el derecho civil catalán se escriban en ese idioma.

Bayo también incidió en el problema de las vacantes, que achacó al escaso atractivo que para los jueces tiene ejercer en Cataluña, a la vista del elevado volumen de trabajo y de la remuneración, menor que en otras comunidades en relación al coste de la vida. Para solucionarlo, propuso, entre otras cosas, la rápida sustitución de los juzgados unipersonales por tribunales de primera instancia. En este sentido, coincidió con Miguel Ángel Gimeno, que apostó también por aprovechar que la sede de la Escuela Judicial se encuentra en Barcelona para promocionar la comunidad autónoma.

Gimeno incluyó, asimismo, en su programa de actuación la conveniencia de reforzar el conocimiento del catalán. «El juez debe, al menos, entenderlo, porque algo que está en la sociedad no puede dejar de estar en la Administración de Justicia», dijo, y añadió que «el ciudadano debe esperar la misma calidad en la Justicia se exprese en una lengua u otra».

Aunque inicialmente parecía claro que Alegret, de la mayoritaria Asociación Profesional de la Magistratura, renovaría al frente del TSJ, algunas fuentes especulan ahora con que una negociación conjunta de los tribunales autonómicos de Cataluña, Andalucía (sus aspirantes también fueron entrevistados ayer) y el cotizadísimo de Valencia -su presidente dirigirá las deliberaciones del caso Gürtel- la perjudicaría respecto a los otros dos candidatos, ambos de la progresista Jueces para la Democracia, para que el sector conservador se conformase con la sede levantina. En cualquier caso, se trata de hipótesis que soslayan otros criterios y que se plantean en un momento todavía alejado de la decisión: el Pleno en el que se debata el asunto (en el que harán falta 13 votos favorables) será, como muy pronto, a mediados de julio.

«La lengua no se ha utilizado hasta ahora como refleja la sociedad», según Bayo
Gimeno dijo que «el ciudadano debe esperar la misma calidad en los dos idiomas»