DELINCUENCIAS ZP, EL INCONSTITUCIONAL ESTATUT: El PP recurrirá el decreto que institucionaliza a los directores como gestapo lingüistica del catalanis

P. D. SOTERO / Madrid

El PP recurrirá el decreto que obliga a los directores a vigilar la lengua

Sánchez-Camacho acusa al tripartito de «actuar hasta el final contra el castellano»

El último decreto educativo del tripartito, aprobado en el mes electoral como colofón del despliegue de la Ley de Educación de Cataluña, ha entrado en la campaña y despedirá a su autor, el socialista Ernest Maragall con pies de barro. A los dos recursos iniciales interpuestos por dos sindicatos docentes, por la capacidad sancionadora que otorga a los directores de colegio sobre los profesores, se suman los recursos por soslayar la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut.

La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez-Camacho, anunció ayer que recurrirá el decreto de dirección de centros educativos públicos por la función que atribuye a los directores de colegio de «garantizar que el catalán sea la lengua vehicular de la educación y de comunicación utilizada normalmente en las actividades del centro», según dice su artículo 6.

El texto, cuyo objetivo es desarrollar la Ley de Educación de Cataluña (también recurrida por el PP en el TC), choca con la sentencia del Constitucional al establecer ésta última que tanto el catalán como el castellano, como lenguas oficiales, pueden ser vehiculares de la enseñanza en Cataluña.

«Este decreto es el colofón del tripartito identitario, que ha actuado hasta el último minuto intentando cumplir su propósito de eliminar el castellano de las aulas», afirmó la candidata del PPC en declaraciones a EL MUNDO.

Sánchez-Camacho considera «muy grave» que se «utilice a los directores como comisarios lingüísticos» y ve este extremo como la «ilustración más evidente» de los «intentos de adoctrinamiento en la enseñanza» y de «impedir en los colegios la realidad de bilingüismo que se da en la calle» que, en su opinión, han caracterizado al tripartito desde la pasada legislatura. Recordaba así las tentativas de que los alumnos vigilaran la lengua en la que se expresan los docentes en el aula y para que los docentes vigilaran la que los niños hablan en el recreo.

Como «único garante de la libertad y el bilingüismo» y del «desarrollo del Estatuto constitucional», términos con los que definió a su partido, la líder del PPC aseguró que «lo más pronto posible» presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para «proteger la libertad y dar amparo a los directores y profesores». Y fue más allá: «si el Partido Popular es definitivo en el próximo Gobierno de Cataluña, va a exigir la derogación del decreto».

También advirtió de que si Artur Mas obtuviera mayoría absoluta, la imposición lingüística sería la misma. «Por eso es tan importante que tengamos capacidad de decisión», añadió.

Su recurso se suma al anunciado por el diputado independiente José Domingo (que llegó al Parlament en las filas de Ciutadans) y su plataforma cívica Impulso Ciudadano.

Por parte de Ciutadans, Jordi Cañas calificó el decreto como «el último ejemplo de un Gobierno insumiso a la legalidad», y subrayó que esta vez ha ido más allá al «obligar al funcionariado público a que incumpla la ley».

«El objetivo de profesionalizar la figura del director de escuela es convertirlos en auténticos comisarios lingüísticos al servicio de la construcción nacional para crear un modelo excluyente e ilegal, al obligarlos a supervisar el cumplimiento de una Ley inconstitucional».

También la presidenta de UPyD, Rosa Díez, inmersa en la campaña catalana junto al candidato, Antonio Robles, enmarcó la nueva función directiva escolar en la «obsesión identitaria» de los partidos nacionalistas catalanes y en la intención del tripartito de «nombrar comisarios políticos que controlen la lengua en que se habla» en la escuela, «rememorando tiempos pasados, en vez de preocuparse de mejorar la calidad educativa» de Cataluña, que «está a la cola en resultados, arrastrando además la media española hacia abajo», según advirtió.

En opinión de Díez, el decreto supone un «abuso de poder escandaloso» que demuestra hasta qué punto «estos políticos se dedican a crear problemas al ciudadano debatiendo sobre identidad todo el día».