EL PP CATALÁN PROPONE REPATRIAR A LOS INMIGRANTES QUE NO ENCUENTREN TRABAJO

BELÉN PARRA / Barcelona

El PP repatriará a los inmigrantes que estén en paro

Sánchez-Camacho lanza la propuesta y Montilla la acusa de «propiciar xenofobia»

La candidata del PP a la Presidencia de la Generalitat, Alicia Sánchez-Camacho, rescató ayer una vieja propuesta del presidente de su partido, lanzada hace dos años precisamente en Barcelona, y anunció que impulsará un contrato de integración para los inmigrantes que les obligará a regresar a su país «si por espacio de un tiempo permanecen desocupados».

Este nuevo compromiso para los recién llegados es una iniciativa que, hasta ayer, no formaba parte del programa electoral del PP para los comicios catalanes del 28-N, en el que los populares hablan de un «doble compromiso de integración y convivencia». Bajo el mismo epígrafe de la inmigración, la hoja de ruta de los populares catalanes apela al aprendizaje «de las lenguas oficiales y a pagar sus impuestos y cotizaciones sociales».

En su visita a Santa Coloma de Gramanet, localidad del extrarradio barcelonés con altos índices de población inmigrante, Sánchez-Camacho apostó por la repatriación para aquellos que «no tienen oportunidades de ganarse la vida». Allí subrayó incluso la necesidad de «abrir el debate» sobre esta cuestión con el objetivo de «consensuar» entre todos los partidos cuál debería ser el plazo máximo de permanencia en el país para un inmigrante en situación de desempleo.

El contrato de integración promovido por el PP catalán «garantiza», según Sánchez-Camacho, «los derechos, pero también las obligaciones de los inmigrantes», por lo que la candidata popular confía en promover con él la «plena integración, respetar sus creencias y sus costumbres», siempre que no sean contrarias «a las leyes del país y a nuestro marco de convivencia».

Para Sánchez-Camacho, este tipo de contratos es un instrumento eficaz «para ordenar la inmigración», que ya está dando «muy buenos resultados» en países como Francia, Bélgica, Holanda y el Reino Unido. «Con cerca del 20% de parados, no se puede mantener la misma política de inmigración que cuando teníamos el 8% de trabajadores sin trabajo», sostuvo la presidenta del PP catalán, para quien la crisis «obliga» a tomar medidas como ésta del contrato de integración. Sobre todo teniendo en cuenta, según dijo, que «uno de cada cinco parados es extranjero».

El programa electoral de los populares catalanes también advierte de que su partido garantizará que «una mayor inmigración no vaya en perjuicio de las becas, ayudas y servicios que nuestros ciudadanos reciben». Por ello, su formación promete que, de resultar decisiva para conformar el próximo Gobierno catalán, tratará de establecer «la residencia de larga duración como requisito para acceder a determinadas ayudas sociales, a excepción de los servicios básicos».

Nada más conocer las intenciones del PP catalán, el presidente Montilla reprochó a Sánchez-Camacho que esté haciendo «populismo y demagogia» con la inmigración, por lo que alertó de que transmitir un mensaje «miserable» puede «propiciar xenofobia y racismo». Según Montilla, propuestas de este tipo ahora «no tienen sentido», puesto que la crisis económica hace que ya no lleguen inmigrantes a España a buscar trabajo.

DAVID VIGARIO / Mérida

La orden de retirar los crucifijos del colegio de Almendralejo fue de la Junta

Aceptó la petición del portavoz socialista del pueblo antes de que decidiera la Justicia

Corresponsal

Fue la Consejería de Educación de la Junta y no una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJE) la que obligó al colegio público Ortega y Gasset de Almendralejo (Badajoz) a retirar los crucifijos de dos de sus aulas, donde estudian los hijos, de 10 y cinco años, del ex concejal y actual portavoz del PSOE en el municipio, Lorenzo Losada, docente de profesión, que interpuso una demanda para que se eliminase cualquier símbolo religioso del centro educativo.

Losada tampoco quiere que se vuelvan a desarrollar otras actividades religiosas que se celebran cada año en este colegio, como una misa en una parroquia cercana cada inicio de curso y el Miércoles de Ceniza, el rezo del Ángelus, la entrega de flores amarillas a la Virgen en mayo, el belén en Navidad o la campaña benéfica del Domund.

La administración regional llegó a esta decisión tras un acuerdo a última hora con la familia denunciante, después de dos años de procesos administrativos y judiciales y sólo poco antes de que se pronunciara el TSJE. Fue este propio organismo quien ayer desmintió que hubiera emitido un auto al efecto, ni tampoco el haberse pronunciado sobre el fondo del asunto «ni a favor ni en contra». Sólo procedió a «un auto de archivo del procedimiento» tras llegar a un acuerdo entre las partes afectadas (los padres y la Administración).

El padre denunciante se muestra convencido de que «cualquier acto religioso en un colegio público es lesivo para los derechos del alumnado, porque queremos una educación para nuestros hijos tolerante, aconfesional y democrática, de respeto a las creencias, pero las de todo el mundo», relata Losada. «Los colegios públicos no pueden recordar a la España de los años 50, del franquismo», remacha.

Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos, Dolores Galán, anunció que se ha convocado para hoy a todos los padres del centro con el fin de organizar una manifestación en contra de la medida, «porque la mayoría no está de acuerdo».

Mientras, el presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, aseguró que hay que abordar este conflicto desde «la normalidad» y que se debe «solucionar» desde «el diálogo» y no «tirándonos el crucifijo a la cabeza los unos a los otros».