EDITORIALES: Garzón, de la megalomanía a la paranoia/ La Cataluñatik Tripartit agrede a Rosa Díez

EDITORIALES DEL DÍA
GARZÓN, DE LA MEGALOMANÍA A LA PARANOIA

RESULTA muy frecuente en la psiquiatría que la megalomanía, caracterizada por los delirios de grandeza, evolucione a una paranoia por la que el sujeto se fabrica una realidad conspirativa que sólo existe en su mente. Es el caso de Baltasar Garzón, que ayer elevó un disparatado escrito al Consejo del Poder Judicial en el que se declara víctima de una «cruel campaña de acoso y desprestigio», encaminada a su expulsión de la carrera judicial.

Dice Garzón que está siendo objeto de «una persecución sin precedentes» por parte de EL MUNDO, que actúa por «resentimiento». El superjuez sostiene que este periódico no deja pasar ninguna oportunidad para buscar su «denigración» desde que un juzgado de Pozuelo de Alarcón condenó en 2007 a su director. Preso de su manía persecutoria, Garzón se refiere a un pleito irrelevante en el que él mismo englobó artículos de diferentes autores de este periódico para presentar una demanda civil contra el director de EL MUNDO. El tribunal se limitó a obligar al periódico a publicar la sentencia. Como es tan chapucero, Garzón subraya en su escrito que ese fallo fue ratificado por la Audiencia de Madrid en la misma fecha en la que se pronunciaba el juzgado de Pozuelo, lo cual es imposible metafísicamente.

Tras descalificar a este periódico, Garzón dedica sus iras al PP, que, según sus palabras, pretende «depurarle» por su papel en la investigación del caso Gürtel. Arremete contra Esperanza Aguirre y Federico Trillo y subraya que el partido de Rajoy no ha cejado con sus «insistentes denuncias» en intentar acabar «a las bravas» con su carrera profesional.

En su escrito, Garzón recusa por enemistad manifiesta a tres miembros del Consejo General del Poder Judicial: su vicepresidente Fernando de Rosa, Gema Gallego y Margarita Robles. A De Rosa le descalifica por ser amigo de Camps. Insulta a la juez Gallego y pone en cuestión su honestidad profesional. De Margarita Robles dice que ha manifestado «una enemistad profunda» desde que él instruyó el caso GAL cuando la vocal era secretaria de Estado de Interior y que, por tanto, no puede ser imparcial al pronunciarse sobre su suspensión.

Habría que recordar a Garzón que fue precisamente Margarita Robles desde su puesto en el Ministerio del Interior quien luchó de forma muy valiente para que la Justicia no dejara impunes los crímenes de los GAL. Entonces estaba de su lado -por razones mucho más puras que las suyas- y no del de Rafael Vera, como parece aviesamente sugerir el juez de la Audiencia Nacional.

Tampoco se libra el Tribunal Supremo de la diatriba de Garzón, que considera que la Sala Segunda ha cambiado de criterio al admitir a trámite las tres querellas contra él, subrayando que siempre ha tenido el apoyo de la Fiscalía. Garzón afirma que las querellas carecen de fundamento, lo que es una manera de poner contra la espada y la pared al Supremo, al que acusa de «priorizar el interés de los querellantes».

La tesis que se desprende de los 26 folios de su escrito es que el PP y varios grupúsculos de extrema derecha, jueces del Supremo, vocales de distinto signo político del CGPJ y este periódico han formado una alianza contra natura para acabar con él, que es al parecer el único paladín de la Justicia en este país.

Pero su problema no es lo que digamos en este periódico ni lo que buena parte de la opinión pública y sus compañeros piensan de él. Su problema son los hechos, como escribía Tomás Vives, ex vicepresidente del Constitucional, que en un demoledor artículo explicaba las razones jurídicas por las que probablemente va a acabar en el banquillo.

Garzón sabe que está al borde del precipicio por sus muchos errores y ha decidido iniciar una huida hacia adelante que sólo está sirviendo para poner en evidencia su desequilibrio personal y su inconsistencia intelectual. El juez ve ahora las mismas conspiraciones de las que le acusaban a él de formar parte cuando instruía el caso GAL

BOICOT EN LA UNIVERSIDAD DE BARCELONA:
Violentos independentistas tratan de silenciar a Díez

LA DIPUTADA de UPyD Rosa Díez volvió ayer a ser víctima de los energúmenos que pretenden proscribir la libertad de expresión de la Universidad española. Unos 50 jóvenes, con simbología independentista, trataron de impedir que diera una conferencia en la Autónoma de Barcelona, profiriendo insultos y amenazas, y ejerciendo violencia. Una de las jóvenes dijo con chulería que tenían «órdenes de no dejarla hablar». La diputada ya ha sufrido otros episodios similares. Por desgracia, cada vez son más habituales estos actos de barbarie en nuestras facultades, como ocurrió hace unos días en una charla de Aznar en Galicia. Y todos resultan impunes. Por su naturaleza, en la Universidad debe primar la libertad. Y una sociedad democrática no puede consentir que las autoridades académicas y políticas no sean capaces de garantizarla

VALENCIA Y MURCIA APOYAN LA MEDIDA DE MADRID:
Los toros necesitan una norma para toda España

LA DECISIÓN de Esperanza Aguirre de declarar las corridas Bien de Interés Cultural en Madrid, iniciativa a la que se han sumado Valencia y Murcia, puede suponer un paso para que la Unesco reconozca el toreo como patrimonio cultural de la Humanidad. Por eso es injusta la crítica que ayer lanzó el ministro Rubalcaba a la presidenta madrileña, a la que acusó de «politizar» la Fiesta. En todo caso, los que politizan los toros son quienes, al albur de las reivindicaciones de los defensores de los animales, pretenden prohibir una manifestación cultural sólo porque es un icono de identidad nacional. Ahora bien, hubiera sido más prudente que Aguirre y otros líderes del PP esperasen a que el Parlamento catalán resolviese, ya que no es difícil imaginar que su intención de proteger las corridas estimulará ahora a los antitaurinos y a quienes en Cataluña les jalean. La polémica demuestra lo absurdo de que las comunidades autónomas traten de resolver el asunto por su cuenta, y lo conveniente que sería un marco legal único en toda España

OBJETIVOS RIDíCULOS ANTE LA ECONOMíA SUMERGIDA:
El plan contra el fraude, otro fiasco del Gobierno

EL GOBIERNO se ha especializado en aprobar planes y medidas con enunciados muy rimbombantes, pero sin contenido ni eficacia, como el plan contra la economía sumergida y el fraude al que ayer dio luz verde el Consejo de Ministros. A través de una mayor coordinación entre Hacienda, la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo, el Ejecutivo calcula que podrá recaudar 1.000 millones más hasta 2013. Lo cual es una nimiedad si tenemos en cuenta la envergadura de la economía sumergida en España, que se calcula en 250.000 millones de euros, o lo que es lo mismo, un 25% del PIB. Por tanto, si las previsiones del Gobierno se cumplen -cosa que no sucede a menudo- el plan sólo permitirá aflorar una suma ridícula. El proyecto ha cosechado las críticas de todo el arco parlamentario -el PP dijo que «conduce a la nada» e IU lo calificó como «un cascarón mediático sin nada sustancial dentro»-, así como las de los inspectores de Hacienda que consideran «muy limitado» el alcance de las medidas
El Mundo en dos minutos
Prohibido prohibir los toros

KATALUÑATIK TRIPARTIT: Nueva agresión de la "Cataluñatik de Montilla, Carod y Saura" a la diputada Rosa Díez

Agresión independentista a Rosa Díez

Decenas de estudiantes "pro Tripartit" intentan boicotear la conferencia de la diputada en Barcelona

DANIEL G. SASTRE

Barcelona

La visita de Rosa Díez a Cataluña empezó mal y acabó peor. La líder de UPyD consiguió finalmente pronunciar su conferencia en la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB), pero en circunstancias precarias: apenas 50 personas pudieron escucharla. Antes y después tuvo que soportar que decenas de estudiantes le silbaran, le escupieran, le llamaran «fascista», intentaran salpicarla con pintura roja, le lanzaran papeles y papeleras, y la persiguieran hasta su coche a la carrera para intentar impedirle la huida.

La diputada de UPyD llegó a la Autónoma invitada por el catedrático de Ciencia Política Joaquín Molins. Estaba previsto que Díez pronunciara su charla, Una alternativa para Cataluña, en el salón de actos. Pero varias decenas de estudiantes independentistas entraron en el recinto antes que ella tras forcejear con cuatro agentes de seguridad privada y coreando consignas como Rosa Díez, fuera de la UAB o Fuera fascistas de la Universidad.

Cuando Díez y sus acompañantes intentaron entrar, los estudiantes consiguieron impedirle el paso. Se formó un embudo y, tras varios minutos de forcejeos, la líder de UPyD desistió. El decano de la facultad de Ciencias Políticas de la UAB, Salvador Cardús, intentó entonces convencerla de que suspendiera el acto porque no podía garantizar la seguridad.

Cardús se subió a una mesa y dijo: «Nos gustaría garantizar el ejercicio de la libertad de expresión. Este decanato lamenta de forma profunda no poder garantizarlo. Sintiéndolo mucho, por razones de seguridad, nos vemos obligados a evacuar la sala». Pero Díez se negó a suspender el acto.

«Le hemos recordado [a Cardús] lo que pasó con Ibarretxe [el ex lehendakari fue víctima de un intento de boicot en la misma facultad la semana pasada] y le hemos exigido que nos ofreciera el mismo amparo», afirmó Molins. El catedrático dice sentirse orgulloso de «haber recuperado la libertad de expresión en la Autónoma, que estaba secuestrada desde los incidentes que se dieron en la visita de Aznar en 1999».

El decano ofreció entonces a Díez un aula alternativa para dar su conferencia, y hacia allí se dirigió la comitiva. Los estudiantes reaccionaron y fueron tras ella, pero cuando consiguieron llegar la diputada ya estaba dentro del aula. En ese momento se enfrentaron con los miembros de seguridad, pero no consiguieron entrar. En cambio, sí alcanzaron con varios litros de pintura roja tanto a seguidores de Díez como a los agentes. El decano Cardús también acabó manchado.

Durante cerca de una hora, la puerta del aula estuvo cerrada por dentro, y los radicales esperaron fuera gritando consignas hasta que Díez terminó de hablar. «No puede venir aquí gente que intenta fracturar Cataluña», decía uno de ellos.

Varios de los asistentes a la charla explicaron posteriormente que entre el público también había estudiantes que se identificaron como independentistas, pero que expusieron su visión con buenas maneras y mantuvieron un coloquio educado con Díez.

Cuando terminó la conferencia, la diputada salió protegida por sus escoltas y llevando un paraguas en la mano, que fue muy útil para evitar que los escupitajos y los papeles que le tiraron cuando huía del edificio la alcanzasen. Posteriormente los estudiantes se dirigieron al aparcamiento, donde intentaron bloquear la salida de su coche, que también golpearon.

En un comunicado posterior, el equipo de gobierno de la Autónoma y el decanato de la facultad de Ciencias Políticas expresaron su «satisfacción» por haber podido garantizar la realización de la conferencia de la líder de UPyD y lamentaron los incidentes y el intento de boicot protagonizados por un grupo de independentistas. «El civismo y el respeto a la libertad de expresión son valores que definen el espacio democrático y que deben ser asumidos por toda la comunidad universitaria», añadieron.

Los precedentes de Aznar e Ibarretxe

> José María Aznar, entonces presidente del Gobierno, visitó la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en 1999 para conocer el Centro Nacional de Microelectrónica. Unos 200 estudiantes se manifestaron en contra de él y la intervención de la policía desembocó en una batalla campal, con barricadas incluidas, que acabó con 19 heridos. El rector, Carles Solà, consideró desproporcionada la actuación de las fuerzas de seguridad y, posteriormente, la Autónoma declaró a Aznar 'persona non grata'.

> La semana pasada, Juan José Ibarretxe sufrió un intento de boicot en la facultad de Ciencias Políticas de la UAB. Unos 20 estudiantes le llamaron «torturador» y gritaron consignas a favor de Arnaldo Otegi

JUEZ SOCIALISTA, PREVARICADOR DE OFICIO: El juez se presenta como víctima de una «estrategia de acoso sin precedentes»

JUECES BAJO SOSPECHA / La reacción del instructor
Políticos, jueces y periodistas contra Garzón

El juez se presenta como víctima de una «estrategia de acoso sin precedentes» - Denuncia una «cruel campaña» instigada por el PP desde 'Gürtel' para 'depurarle'

JOAQUÍN MANSO

Madrid

Todo el mundo contra Baltasar Garzón. El juez de la Audiencia Nacional se presentó ayer ante el Consejo General del Poder Judicial como la víctima de «una cruel campaña» y de «una clara estrategia de desprestigio, acoso y desautorización sin precedentes en la historia judicial española» en la que confluirían «intereses particulares, políticos y mediáticos».

Esa conjura tendría por objeto apartarle de la carrera, se habría iniciado por el caso Gürtel y en ella habrían coincidido el PP, «grupúsculos de extrema derecha» y, en general, el «poder político»; «ciertos medios de comunicación afines ideológicamente»; abogados «querellantes profesionales»; jueces de filiación conservadora y otros de tendencia progresista, y hasta el mismísimo Supremo, que, según el juez, habría cambiado por y para él su jurisprudencia. La punta de lanza serían EL MUNDO y su director, Pedro J. Ramírez.

En el escrito de alegaciones en el que pide al CGPJ que no le suspenda pese a estar imputado por prevaricación en tres procedimientos penales -y por cohecho en uno de ellos-, el juez recusa a tres vocales del órgano de gobierno y dedica un largo exordio extrajurídico para defenderse de una supuesta «estrategia coincidente», con un lenguaje sinuoso cargado de subjetividades y suposiciones y, en cualquier caso, extraño a la práctica judicial habitual.

Garzón expone que se encuentra en la diana de «una campaña alentada por personas a quienes yo imputé y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y prestigio profesional». Así, describe una serie de declaraciones críticas con su actuación de dirigentes del PP como Federico Trillo y Esperanza Aguirre -entre las que incluye las del actual vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa- que «fueron debidamente aireadas y espoleadas por ciertos medios de comunicación afines ideológicamente a los imputados y con cierta experiencia en campañas denigratorias, en particular contra mí».

«Es preciso recordar», continúa el texto, «que, por el solo hecho de haber cuestionado un informe pericial que sugería vinculaciones alucinadas de ETA con el atentado del 11 de marzo de 2004, fui objeto de una persecución mediática sin precedentes por el periódico EL MUNDO».

En este punto, menciona que Pedro J. Ramírez fue condenado el 29 de mayo de 2007 por atentar contra su honor y que la Audiencia de Madrid confirmó esa sentencia en esa misma fecha -lo que, evidentemente, es un error flagrante- y que, desde entonces, el director de este diario «no deja pasar ninguna oportunidad para buscar mi denigración desde el resentimiento». [Garzón se refiere a un pleito civil que entabló contra este diario por una información y seis artículos de opinión críticos con su actuación al imputar a los peritos que vincularon de manera colateral a ETA con el 11-M a través del hallazgo de ácido bórico en casa de un islamista; la Audiencia de Madrid resolvió después que fueron los mandos de la Policía Científica quienes cometieron «irregularidades» al manipular su informe. Sólo dos de esas tribunas las firma Pedro J. Ramírez. El Supremo ya ha admitido a trámite el recurso de casación que ha planteado EL MUNDO contra la resolución que únicamente le obliga a publicar la sentencia].

El magistrado carga de manera reiterada contra el PP, al que casi nunca se refiere por sus siglas, sino por circunloquios como «el partido político afectado por la trama descubierta» o «personalidades políticas próximas a quienes supuestamente se beneficiaron de las presuntas prácticas delictivas».

De esa formación, Garzón dice que «está forzando una nueva estrategia» que, a base de recusarle repetitivamente, termine «a las bravas con mi carrera profesional y, sobre todo, con mi labor en la investigación criminal». «Los que ahora me tachan de partidista se deshacían en elogios hacia mí en el pasado; al parecer, entonces como ahora, buscaban sólo su ventaja política», señala.

En este contexto, cuestiona y reta al CGPJ: «No ayuda en modo alguno el hecho de que el Poder Judicial se encuentre bajo la tutela disciplinaria de un Consejo General cuyos miembros han sido nombrados a propuesta de los distintos partidos políticos, entre ellos, precisamente, del que ahora se muestra públicamente a favor de mi depuración por haber investigado una trama de corrupción que salpica a sus componentes. Justamente por ello, entiendo que es un buen momento para que este Consejo muestre toda su capacidad para elaborar un discurso propio en defensa de la independencia del Poder Judicial».

Una conjura 'alentada y jaleada'

>Garzón denuncia «una campaña alentada por personas a quienes yo imputé, y jaleada por medios de comunicación interesados, por motivos ideológicos y personales, en terminar con mi carrera y prestigio profesional».

> «Es preciso recordar que, por el solo hecho de haber cuestionado un informe pericial que sugería vinculaciones alucinadas de ETA con el atentado del 11 de marzo de 2004, fui objeto de una persecución mediática sin precedentes por el periódico EL MUNDO».

> «No ayuda en modo alguno el hecho de que el Poder Judicial se encuentre bajo la tutela disciplinaria de un Consejo General cuyos miembros han sido nombrados a propuesta de los distintos partidos políticos, entre ellos, precisamente, del que ahora se muestra públicamente a favor de mi depuración por haber investigado una trama de corrupción que salpica a sus componentes».

JUECES BAJO SOSPECHA / Sus argumentos
Acusa al Supremo de inaugurar una doctrina sólo para él

Insiste en defender que sus decisiones sobre el franquismo fueron 'razonables'

JOAQUÍN MANSO

Madrid

El juez Baltasar Garzón se muestra convencido de que ninguna de las tres querellas admitidas a trámite por el Supremo prosperará hasta conseguir su condena pero, principalmente, defiende que, por y para él, el Alto Tribunal ha iniciado una flamante doctrina jurídica. «Se ha iniciado una nueva interpretación jurisprudencial extensiva respecto a los criterios de admisión de querellas, que habrá que ver si tiene alguna continuidad más allá de mi persona, según la cual basta que la querella describa un hecho no absurdo».

El magistrado reconoce «la excepcionalidad» de estar imputado en tres procedimientos penales, pero obvia que, en todos esos casos, la acción penal fue admitida a trámite por unanimidad de los magistrados que componían la Sala, y que éstos no siempre fueron los mismos y representaban a escuelas y tendencias diferentes dentro de la judicatura. El análisis que hace Garzón ante el CGPJ de cada una de las causas que le afectan es el siguiente:

eMemoria Histórica. Garzón se defiende descalificando a las dos acusaciones querellantes, Manos Limpias y Libertad e Identidad: «Dos grupúsculos de extrema derecha, a los que se ha sumado el partido político Falange Española de las Jons». El magistrado, imputado por prevaricación, insiste en que sus resoluciones en el sumario en el que imputó al general Francisco Franco fueron ajustadas a Derecho: «Mi labor jurisdiccional al declararme competente responde exclusivamente a una interpretación razonable y conforme a Derecho de la legislación vigente, a la luz de la Constitución y los tratados internacionales».

La Fiscalía de la Audiencia Nacional no lo entendió así. Tampoco el Pleno de la Sala Penal de esa sede judicial, que tuvo que intervenir con urgencia para suspender cautelarmente sus decisiones. Finalmente, el instructor del Supremo, Luciano Varela, sostiene que Garzón ignoró que no era competente en ningún caso, que eludió las normas sobre prescripción de delitos, que decidió conscientemente «ignorar u orillar» la Ley de Amnistía y que se saltó el principio de legalidad.

Pero Garzón resiste: «La prosecución de esta causa en mi contra se debe exclusivamente a motivos ideológicos nutridos en los baluartes de ideologías totalitarias».

eLos pagos del BSCH. De nuevo, la descalificación como argumento de defensa: «Querellantes profesionales», dice Garzón de los abogados Antonio Panea y José Luis Mazón, a quienes también acusa de actuar de consuno con Manos Limpias. El juez está imputado por prevaricación y cohecho por solicitar dinero del BSCH para financiar los cursos que dirigió en Nueva York en 2005 y 2006. Meses después de regresar a España, desestimó una querella contra esa entidad financiera.

El juez insiste en repetir que los mismos hechos ya fueron archivados, cuando el propio Supremo puso de manifiesto que concurría un «hecho nuevo, consistente en la petición personal de los fondos por parte del querellado». Esa circunstancia la reveló el propio banco en unas cartas que envió al Tribunal. Pero Garzón persiste: «Ya consta demostrado que ni pedí, ni gestioné, ni administré, ni recibí dinero».

eLas escuchas de 'Gürtel'. La causa más reciente, en la que está imputado por prevaricación por autorizar escuchas de los acusados con sus abogados en prisión. Garzón apenas se extiende, ya que el sumario sigue secreto, pero argumenta que el querellante manipula los hechos. Esas incorrecciones afectan a cuestiones colaterales, como la vulneración de las normas de reparto o la inhibición a los TSJ.

«No existe riesgo para la Justicia»

El juez Baltasar Garzón pide en su escrito al CGPJ que no le suspenda cautelarmente mientras se tramitan las tres causas penales contra él admitidas en el Supremo. El principal argumento es coincidente con el que presentó la Fiscalía para avalarle: que «no existe riesgo para la Administración de Justicia» en caso de que se acuerde su continuidad al frente del Juzgado Central de Instrucción número 5.

El magistrado alega que ninguno de esos procedimientos está ya en sus manos, por lo que sus decisiones no pueden afectarles, y considera, sin embargo, que su suspensión sí perturbaría la independencia de los jueces que actualmente pueden decidir, sobre todo, en 'Gürtel': verían «una señal, imposible de ignorar, respecto de lo que hacer y de las 'líneas rojas' que harían bien en no traspasar».

Garzón se apoya asimismo en que la Fiscalía no advierte delito en ninguno de esos tres procedimientos y a que, de hecho, el Ministerio Público también se ha manifestado en desacuerdo con que el CGPJ acuerde su suspensión.

Además, añade que todas las querellas «se refieren a hechos de los que este Consejo General ya ha conocido por vía de inspección, sin que se haya observado en ninguno de los casos ni la más leve irregularidad disciplinaria».

El juez sostiene que «la misma suspensión sería la que atentaría contra la independencia del Poder Judicial y contra la garantía de inamovilidad de sus miembros, cediendo a las fuertes presiones del poder mediático y político».

Por último, dice que no hay «ningún antecedente» de suspensión con la mera admisión de la querella cuando el fiscal se opone a ella y no advierte indicios de delito

JUECES BAJO SOSPECHA / Sus argumentos
LOS VOCALES RECUSADOS POR GARZÓN

Enemistad por sus decisiones sobre el informe del ácido bórico

Si a alguien dedica Baltasar Garzón líneas de especial inquina en su escrito, es a la vocal nombrada -«aupada», valora el juez- a propuesta del PP Gema Gallego, a quien recusa, como en los otros dos casos, por «enemistad manifiesta». De ella dice que ha protagonizado «una constante persecución» contra él desde su cargo en el órgano de gobierno. Garzón especula con que la causa de esa supuesta animadversión sea que, «posiblemente», Gallego «se sienta desautorizada» por la Audiencia de Madrid cuando absolvió a los mandos de la Policía Científica por el informe del ácido bórico, procedimiento que ella instruyó y en el que adoptó decisiones opuestas a las del superjuez. En realidad, fue la propia Audiencia de Madrid quien confirmó la decisión de sentar a los mandos en el banquillo y la que resolvió que el documento fue manipulado, aunque los hechos careciesen de relevancia penal. El magistrado no ceja: dice que ese documento vinculaba a ETA con el 11-M «de forma acrítica e irracional» y que lo hacía «al amparo de escabrosas teorías conspirativas».

Coincidieron en Interior y 'mantuvo posturas encontradas'

«Reiteradas noticias de prensa, que no han sido desmentidas por nadie, informan de la 'enemistad profunda' que doña Margarita Robles profesa por mi persona», sostiene Garzón, citando un entrecomillado tomado de una información reciente del diario El País. El juez recuerda que, cuando la actual vocal del CGPJ era secretaria de Estado de Seguridad, «el Ministerio de Justicia e Interior mantuvo posturas encontradas» con el magistrado por sus instrucciones de los GAL o el caso Roldán. Por todo ello, Garzón le atribuye una «enemistad manifiesta». Para acabar de hacer una amalgama entre Margarita Robles y aquellas investigaciones, el juez cita una causa novedosa que no aparece en la ley española, pero sí en la sentencia del Tribunal de Estrasburgo sobre el caso de Rafael Vera contra España. Y lo que dice el juez es que, si la Corte de Derechos Humanos le reprochó a él que no se hubiese abstenido de instruir una causa contra un acusado con el que había coincidido en la función pública, lo mismo ocurre ahora: Robles coincidió con Garzón en Interior.

Amigo íntimo de Camps que «muestra una insólita distancia»

Garzón atribuye al vicepresidente del CGPJ, Fernando de Rosa, «interés personal en el asunto», «amistad íntima con algún interesado [Francisco Camps]» para el que, además, prestó servicios, y «enemistad manifiesta». El juez atribuye a De Rosa una «desaforada defensa de su antiguo jefe, a quien calificó, frente a las primeras noticias de su comportamiento cuestionable, como persona 'absolutamente honorable'» durante un programa en Canal Nou. Garzón se queja especialmente de que el ex consejero de Justicia de la Generalitat valenciana le advirtiese en ese mismo espacio televisivo de que podía estar traspasando «la línea roja» de la prevaricación, «lejos de guardar la debida prudencia a la que su nuevo cargo le obligaba».

«Muestra un insólito enfrentamiento, distancia y enemistad, que desde luego no he buscado», concluye. Asimismo, el instructor de la Audiencia Nacional especula con que De Rosa habría ayudado a redactar un proyecto de querella del Partido Popular contra él.

ZAPATERO Y SU CAMARADA-COMPAÑERO GORILA CHÁVEZ, PROMOTOR DEL SOCIALISMO DEL SIGLO XXI: El Gobierno estudia devolver a Velasco el auto contra Venezuela

LUCHA ANTITERRORISTA / Las vinculaciones internacionales de ETA
El Gobierno estudia devolver a Velasco el auto contra Venezuela

Los servicios jurídicos creen que el texto es «peculiar» y no ven claro lo que se reclama

MARISA CRUZ

Madrid

«Hay que reconducir el tema procesalmente». Con esta frase, un alto cargo del Gobierno explica los problemas con los que han topado los servicios jurídicos del Ministerio de Exteriores para enviar oficialmente a las autoridades venezolanas el auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco, que acusa al Ejecutivo de Hugo Chávez de colaborar en la relación entre la organización terrorista ETA y la guerrilla colombiana FARC.

Exteriores aún no ha dado traslado al auto del juez por los cauces diplomáticos correspondientes, tal y como confirmó ayer la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.

Hasta el momento, la única información que se ha proporcionado a las autoridades venezolanas ha sido de carácter verbal y el encargado de transmitirla ha sido el ministro Miguel Ángel Moratinos.

Aquí radica la clave para entender las palabras de Chávez, quién el miércoles aseguró que el jefe de la Diplomacia española, más que pedirle explicaciones sobre el caso de los etarras a los que supuestamente ampara Caracas, le había proporcionado información.

El caso es que el auto de Velasco presenta puntos débiles, según los juristas de Exteriores, que necesitan de «aclaraciones y precisiones», antes de ser remitido, bajo la forma de suplicatorio, comisión rogatoria, exhorto o petición de extradición al Gobierno venezolano. «El texto del juez», según las fuentes gubernamentales consultadas, «es peculiar».

Ayer, la impresión que cobraba fuerza en el seno del Gobierno era la de que finalmente el auto será devuelto a la Audiencia Nacional para que «aclare» lo que el juez pretende con el mismo. En el Ejecutivo se apuntaba que no sólo existen dudas acerca de la petición exacta del juez, sino también del cauce que ha seguido hasta ahora la misma y del procedimiento que le corresponde.

La vicepresidenta primera confirmó estos detalles. «Es un tema complicado que afecta a hechos muy graves. El auto presenta algunas cuestiones que requieren del examen minucioso y preciso por parte de la asesoría jurídica». Una vez aclarada la corrección del procedimiento, «se le dará el trámite adecuado desde el punto de vista de las normas de la cooperación y de los convenios internacionales suscritos con Venezuela».

El auto suscita dudas porque, según los juristas, procesa en base a indicios a presuntos miembros de ETA y las FARC pero no fundamenta con claridad ni llega a pedir directamente su extradición. «Más bien», apuntan en el Ejecutivo, «pide información con vistas a posibles extradiciones desde Venezuela y Cuba».

A ello se añade un fallo en el procedimiento que se sustancia cuando el juez de la Audiencia Nacional traslada directamente al Ministerio de Exteriores su auto sin haber pasado previamente por el escalón oportuno del Ministerio de Justicia.

En cualquier caso, el camino judicial transcurre por vía distinta a la senda política. En este segundo terreno, el Gobierno pretende trasladar a Chávez un mensaje «firme», reclamándole colaboración para esclarecer el asunto. La vicepresidenta negó cualquier «tibieza» por parte del Ejecutivo y aprovechó para recordar al presidente venezolano que «sólo es respetado quien respeta».

De la Vega se mostró convencida de la disposición de Caracas a «esclarecer» las acusaciones. Preguntada sobre si una actitud poco cooperadora implicará no invitar a Chávez a la Cumbre UE-América Latina, la número dos dio por hecho que el asunto «no tendrá tanto recorrido».

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Apoyos y críticas a Caracas

>Llamazares. El portavoz de IU cree que Chávez no tiene que dar explicaciones, ya que por ahora «no hay ni pruebas ni indicios» que relacionen a ETA y las FARC con Venezuela.

>CGPJ. El vicepresidente del Consejo General del Poder Judicial, Fernando de Rosa, considera «intolerables» las críticas de Chávez a la Justicia española, y pide que se defienda a los jueces de cualquier ataque.

>Patxi López. Para el 'lehendakari', es «evidente» que se necesitan «explicaciones» de Caracas. Para él no es «admisible» que un Gobierno «dé amparo a una banda terrorista».

>Rubalcaba. El ministro del Interior pide a Venezuela que colabore con la Justicia y la Policía española de un manera «más intensa», y que se «investigue hasta el final» si han existido vínculos entre ETA y las FARC

LUCHA ANTITERRORISTA / El conflicto con Venezuela
El portavoz de Exteriores del PP pide a Moratinos que dimita

De Arístegui acusa al Gobierno de «asesor jurídico» de Chávez

Madrid

El portavoz popular en la Comisión de Exteriores del Congreso, Gustavo de Arístegui, pidió ayer que el ministro de Asuntos Exteriores, Miguel Ángel Moratinos, si no dimite, sea destituido del cargo, y calificó de «vergonzosa y vergonzante» la actitud del Gobierno tras la publicación del auto del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco en el que denuncia la presunta cooperación de Hugo Chávez con los terroristas de ETA y las FARC.

De Arístegui criticó en la Cope que el Gobierno no haya «reaccionado» con «contundencia», haya «pedido disculpas» y haya «agachado la cerviz» al que en estos momentos es «cómplice declarado judicialmente» de uno de los «peores enemigos» de la democracia europea como es ETA.

Más aún, al conocer el propósito del Gobierno de devolver el auto a la Audiencia Nacional para pedir aclaración, el portavoz popular acusó al Gobierno de «ejercer» de «asesor jurídico» del «régimen» de Hugo Chávez y de intentar «vender» a la opinión pública la idea de que el auto del juez Eloy Velasco está «insuficientemente justificado».

En declaraciones a Europa Press, De Arístegui manifestó su «profunda perplejidad» al saber que el Ejecutivo «podría estar considerando que el auto no dice lo que dice», en alusión al estudio que del texto judicial está haciendo la Asesoría Jurídica del Ministerio de Exteriores.

Ya antes de conocer estos extremos, el diputado del PP había declarado a la Cope: «Es evidente que este Ejecutivo carece de arrojo, tenacidad, coraje, autoridad moral y ética, puesto que ha estado durante seis años y medio jaleando a un gobierno instalado en el totalitarismo más absoluto».

Según De Arístegui, el Ejecutivo de Zapatero «tiene miedo a Chávez». Por su parte, aseveró que «no es verdad» que el PP haya «propiciado, propugnado o pedido la ruptura de relaciones», sino que lo que ha pedido es una «graduación y una respuesta» que, en su opinión, «no puede ser bajo ningún concepto la vergonzosa y vergonzante actitud de España a través de su ministro de Asuntos Exteriores».

Tras reiterar que España «debería llamar a consultas» al embajador de España en Venezuela, se refirió a la causa abierta en este asunto por la Audiencia Nacional como Cóndor de los aires porque, aseguró, es «mucho más grave» que el caso Faisán.

Entretanto, el Grupo Popular ha hecho causa política de ambos asuntos. Los populares dirigirán al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, sus preguntas sobre la supuesta colaboración del Gobierno venezolano con las FARC y ETA, y sobre las últimas novedades del caso Faisán ante la ausencia de los titulares de Interior y de Asuntos Exteriores, Alfredo Pérez Rubalcaba y Miguel Ángel Moratinos, respectivamente, del Pleno del próximo miércoles.

En un encuentro informativo con periodistas, el secretario general de los populares en el Congreso, José Luis Ayllón, criticó que Rubalcaba y Moratinos, a los que inicialmente iban a ir destinadas ambas cuestiones, se hayan «escaqueado» de la sesión de control al Gobierno del miércoles. «Es una desfachatez sin precedentes», denunció

ESPAÑOLES POR EL MUNDO: Al Qaeda pide ahora que Mauritania libere presos a cambio de los rehenes/ Otro ataque pirata a nuestros atuneros

Al Qaeda pide ahora que Mauritania libere presos a cambio de los rehenes

El rescate pactado ya no es suficiente
ERENA CALVO. ESPECIAL PARA EL MUNDO

Bamako

Las negociaciones sobre los tres rehenes españoles secuestrados por Al Qaeda en el Magreb Islámico (AQMI) han dado un giro inesperado. A las reivindicaciones económicas para la liberación de los cooperantes catalanes, los terroristas han sumado ahora la petición de libertad para un grupo de radicales encarcelados en Mauritania, según ha podido saber EL MUNDO de fuentes cercanas a la negociación. Sin embargo, el Ejecutivo español calificó ayer esta nueva exigencia de los islamistas de simple «rumor».

En cualquier caso, la República Islámica de Mauritania ha expresado en diversas ocasiones sus reticencias a poner en libertad a algunos reos para intercambiarlos por rehenes.

Hasta ayer, la filial de Osama bin Laden en el norte de África, que mantiene retenidos a los españoles en el desierto malí desde hace más de tres meses, había pedido el pago de 3,7 millones de euros para dejar libres a Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta, lo que hacía más sencilla su liberación que la del francés Pierre Camatte y los dos italianos Sergio Ciccala y Filomena Kabouree, por quienes los islamistas reclamaron desde el principio la excarcelación de otros terroristas.

«Vengo del refugio de los salafistas y los responsables de Al Qaeda han insistido en la liberación de sus combatientes», declaró ayer uno de los negociadores a France Presse.

El vínculo de esta reclamación con los españoles, sin embargo, no ha sido confirmado por el Ejecutivo español, que se limita a calificarlo de «rumor» y a llamar a la prudencia, como ha hecho desde que el 29 de noviembre fueron secuestrados los cooperantes de la ONG catalana Acción Solidaria a 170 kilómetros de Nuakchot, capital de Mauritania, cuando formaban parte de un convoy con ayuda humanitaria que transitaba por la principal carretera del país.

«No tenemos conocimiento en absoluto de ese comunicado», zanjó ayer por la tarde el ministro de Asuntos Exteriores y Cooperación, Miguel Ángel Moratinos. «Hasta ahora no ha llegado nada y, por tanto, no le damos ninguna trascendencia; es otro rumor, otra declaración más y, por tanto, no voy a hacer más comentarios».

Durante la reunión informal de ministros de Exteriores de la Unión Europea celebrada ayer en Córdoba, Moratinos dijo que el Ejecutivo «no tiene conocimiento en absoluto» de la existencia de un «supuesto comunicado» de Al Qaeda en el Magreb Islámico en el que el grupo terrorista reclame la liberación de varios presos islamistas en Mauritania a cambio de los cooperantes, informa Europa Press.

En el caso del galo Pierre Camatte -que pudo abandonar el bastión del argelino Abu Zeid el 24 de febrero-, los terroristas reclamaron la puesta en libertad de cuatro presos (un mauritano, dos argelinos y un natural de Burkina Faso) que finalmente pudieron ser canjeados por el francés después de que Mali cediera a las presiones de Francia.

Su ministro de Exteriores, Bernard Kouchner, hizo en febrero dos viajes relámpago a Bamako, la capital de Mali, donde consiguió arrancar un compromiso del presidente de la República, Amadou Toumani Toure, para liberar a los presos, que fueron juzgados y condenados a nueve meses de cárcel que ya habían cumplido. La sentencia terminó materializándose en su salida de prisión y su entrega a la célula del argelino.

La decisión de Mali generó entonces una crisis diplomática con las vecinas Argelia y Mauritania, que se opusieron públicamente a la liberación de los terroristas y retiraron a sus embajadores en Bamako como señal de protesta.

Mauritania ya ha dejado claro que no liberará a los salafistas que reclama Al Qaeda para salvar la vida de los rehenes italianos y, ahora, de los españoles.

El primer ministro de la República Islámica, Mulay Uld Mohamed Lagdaf, decía este jueves que su país «jamás negociará con los terroristas» para salvar la vida de los rehenes.

Lagdaf recordó que el Gobierno de Mauritania, además de la lucha armada, emplea otras estrategias para erradicar este fenómeno, entre ellas el diálogo de sus líderes espirituales con los presos salafistas para conseguir que abandonen el radicalismo.

Las autoridades religiosas mauritanas emprendieron este diálogo hace más de un mes y algunos presos se comprometieron a abandonar los discursos radicales, según apuntan analistas mauritanos, que añaden que -a pesar de las reticencias de la República Islámica- ésta podría ser «una excusa» para liberar a los presos.

El rehén italiano Sergio Ciccala (65 años) pedía ayuda este domingo al presidente italiano, Silvio Berlusconi, para su liberación. «Confío en que el Gobierno se interese pronto por nuestras vidas». Era el mensaje lanzado por Ciccala y su esposa, Filomena Kabouree, de 39 años y originaria de Burkina Faso, en un audio difundido por Al Qaeda a través de internet.

ELMUNDO.es Cronología: Secuestro en el desierto

ANÁLISIS
En medio del fuego cruzado de tres países

ANTONIO RUBIO

Las presiones realizadas por Argelia, Mauritania y Estados Unidos contra Mali después de que el presidente Amadou Toumani dejara en libertad a cuatro presos salafistas (dos argelinos, un mauritano y uno de Burkina Faso) a cambio de que Al Qaeda en el Magreb Islámico no ejecutara al francés Pierre Camatte ha motivado que la liberación de los tres cooperantes españoles, que era inminente, sufra un brusco parón.

Tras la liberación de los cuatro miembros de AQMI, Argelia y Mauritania llamaron a consulta a sus embajadores en Bamako. El Gobierno argelino fue incluso más lejos e hizo ver al presidente Toumani que había incumplido los tratados de seguridad firmados por ambos países en septiembre de 2009 y que fueron ratificados en febrero de 2010.

Las autoridades de Argelia y Mauritania, de manera rápida y eficaz, le han devuelto la jugada a Toumani y han detenido en territorio de Mali, concretamente en el desierto sahariano que linda con la frontera argelina y mauritana, a cuatro terroristas islamistas que podrían estar implicados en el secuestro de Alicia Gámez, Roque Pascual y Albert Vilalta.

Y, ahora, los miembros de AQMI intentan contrarrestar la jugada de Argelia y Mauritania volviendo a las primeras exigencias que habían planteado para la liberación de los tres cooperantes de Barcelona Acción Solidaria: dinero y la liberación de un grupo de salafistas retenidos en las cárceles de Mali y Mauritania.

Esa primera reivindicación de AQMI, que llegó al Ejecutivo español en Navidad, se transformó, gracias a la intervención y mediación de los enviados especiales de Toumani, en una simple exigencia económica. El propio presidente de Mali trasladó al Gobierno español que, si se materializaba el pago, él se comprometía a que Vilalta, Pascual y Gámez volvieran a España sanos y salvos.

A partir de ese momento los intermediarios españoles y los enviados especiales de ATT, como se conoce popularmente al presidente de Mali, negociaron intensamente con los miembros de AQMI y lograron rebajar el precio del rescate de los cooperantes españoles desde 10 millones de euros a cinco, pasando por un punto intermedio de siete millones.

Cuando todo estaba pactado y el dinero puso rumbo a la región de Kidal, donde están secuestrados Vilalta, Pascual y Gámez, el Gobierno argelino levantó la voz y recordó al Ejecutivo español que tanto el presidente Rodríguez Zapatero como el ministro Moratinos habían prometido el pasado día 7 de enero, con ocasión de la visita a Madrid del presidente argelino, Abdelaziz Buteflika, que nunca pagarían a los terroristas de AQMI.

Ahora, la suerte de los españoles ya no depende de esos cinco millones de dólares que exigía AQMI. Vilalta, Pascual y Gámez se encuentran, sin quererlo ni buscarlo, en medio del fuego cruzado de tres países y un grupo terrorista. Y mientras tanto, EEUU permanece vigilante.

Ya se han cumplido tres meses del secuestro, que produjo el 29 de noviembre, y la salud de los tres cooperantes comienza a deteriorarse

Otro ataque a un atunero español eleva la tensión en el océano Índico

El 'Intertuna II' logró repeler a los piratas, que también acosaron a otros cuatro buques

MIKEL OTAEGI

Bilbao

Vuelve el terror al océano Índico. La piratería somalí se cierne, con mayor intensidad si cabe, sobre los mares donde faenan los atuneros españoles. El jueves fue atacado el Albacan; ayer, el Intertuna II. Y, también ayer, el Artxanda y el Intertuna III avistaron varios esquifes piratas, pero lograron huir antes de que se les acercaran. Salvo el Artxanda, todas las embarcaciones pertenecen a una misma empresa armadora, Albacora, de Bermeo (Vizcaya).

Hacia las 9.00 horas de ayer, mientras faenaba a unas 70 millas de la zona en la que fue atacado el Albacan, a unas 350 millas de la costa de Kenia, el Intertuna II se percató de que tres embarcaciones piratas (dos esquifes y un lanchón de apoyo) se aproximaban a su posición «con la intención de capturarlo», aseguró Ricardo García, de la armadora.

«Cuando se dieron cuenta de la aproximación de los piratas, los tripulantes del Intertuna II activaron el protocolo de seguridad. Hubo un intercambio de fuego» entre los tres escoltas británicos (entrenados militarmente) que conforman la protección del barco y los corsarios. Se logró «repeler el ataque e impedir que los avistados consiguieran su objetivo. Cuando vieron que no podían hacer nada, comenzaron a alejarse».

El Artza y el Alakrana (el mismo atunero que sufrió un secuestro de 47 días el pasado octubre), que estaban en las cercanías, se aproximaron al Intertuna II para ayudarle. El avión español P3-Orión, que se encontraba en la zona, realizó igualmente maniobras disuasorias sobre los esquifes, para alejarlos de los atuneros. Y, por último, el comandante de la operación Atalanta, a bordo del petrolero italiano Etna, ordenó a la fragata francesa Nivoise que se desplegara en la zona. Durante la agresión, ningún miembro de la tripulación de Intertuna II, 29 marineros y tres escoltas, resultó herido. Tampoco hubo daños materiales. El Intertuna II navega ahora hacia Puerto Príncipe, su base en las Seychelles. Llegará el lunes.

Los otros cuatro intentos de secuestro se dieron contra el Artxanda, un buque auxiliar propiedad de la empresa Atunsa; contra el Intertuna III, y contra los barcos franceses Trevignon y Drennet. Los dos primeros, de tripulación vasca, huyeron sin enfrentarse con los piratas.

Según García, están «muy preocupados por el cariz que está tomando el tema, pero, por otro lado, aliviados, porque los miembros de la tripulación están perfectamente. Lo bueno es que, gracias a los equipos de protección, no tienen la sensación de inseguridad del año pasado. Pero la preocupación no se les quita ni a ellos ni a nosotros».

El armador del Albacan y el Intertuna II ha decidido retirar sus buques de las zonas en las que han ocurrido los últimos ataques. «Van a intentar pescar en otras áreas, hasta que por parte de las autoridades navales se garantice que la zona está más segura».

ELMUNDO.es Gráfico: La piratería en el Índico.

Capturan un petrolero

> Un grupo de piratas secuestró ayer un petrolero noruego cerca de las costas de Madagascar y lo desvió hacia Somalia.

> El barco, el 'UBT Ocean', había partido de los Emiratos Árabes Unidos, donde había cargado petróleo, y navegaba hacia Tanzania. Lleva 22 tripulantes, la mayoría de origen birmano

ZAPATERO Y SU CAMARADA-COMPAÑERO EL PROGRESISTA DICTADOR CASTRO: Los presos de conciencia, uno a uno (II)

EL FUTURO DE CUBA / Los presos de conciencia, uno a uno (II) / RICARDO GONZÁLEZ ALFONSO Periodista
Un corresponsal 'peligroso'

Fundador de la Agencia Cuba Press, fue detenido en 2003 y condenado a 20 años de prisión por «actos contra la independencia o la integridad del Estado»

ÁNGEL TOMÁS GONZÁLEZ. ESPECIAL PARA EL MUNDO

La Habana

Ricardo González Alfonso vive en una celda que llora agua por sus paredes. Y sólo una vez por semana puede calentar sus huesos al sol en el patio de la prisión capitalina de Combinado del Este. Una mole de hormigón herida de insuficiencias estructurales que obligan al preso cubano, de 40 años, a colocar un nailon encima de su camastro para no despertarse mojado por la llovizna que le cae del techo.

«Esa permanente humedad le ha afectado la salud. Ha tenido cuatro intervenciones quirúrgicas», comenta a EL MUNDO su esposa. Alida de Jesús Viso Bello asegura que en Combinado del Este la comida «es espantosa» y que, «cuando le dan pescado, es una masa triturada en la que están incluidas tripas, ojos y escamas». La mujer explica que puede visitar a su marido una vez cada tres meses. Ricardo puede llamarla por teléfono todos los viernes, pero solamente durante 25 minutos.

«Llevarle comida es un problema serio, porque cada vez hay menos cosas en los mercados», señala Alida, explicando su peregrinación por las tiendas de La Habana a la búsqueda de leche en polvo, galletas y otros alimentos que no caduquen por falta de refrigeración.

Ricardo fue arrestado el 18 de marzo de 2003, en la desmedida redada policial que en pocas horas puso entre rejas a 75 opositores. Sometido a juicio sumarísimo el 4 de abril del mismo año, fue condenado a 20 años de prisión porque sus crónicas como periodista independiente fueron más allá de lo permitido por el régimen, que las calificó de «actos contra la independencia o la integridad territorial del Estado».

Fue en reuniones de periodistas independientes donde Ricardo conoció a su esposa. Tienen dos hijos: David, de 23 años, y Daniel, de 17. Alida cuenta a este diario que se enamoró de su marido porque era muy «alegre» y «honesto».

El ahora «preso de conciencia», según la definición de Amnistía Internacional, formaba parte de un grupo de periodistas independientes que surgió en los años 90 y que llegó a fundar la Agencia Cuba Press, de la que Ricardo era subdirector y cuyo cometido era difundir noticias en medios extranjeros contando sucesos de la realidad social y política cubana que no aparecían en los medios oficiales de la isla.

Para que este movimiento tuviera su propia organización, Ricardo -quien desde 1998 fue corresponsal de Reporteros Sin Fronteras- fundó en 2001 la Sociedad de Periodistas Manuel Márquez Sterling. También con la intención de ofrecer a los cubanos la posibilidad de acceder a un medio al margen de la prensa oficialista, fundó y dirigió la revista De Cuba, junto con el poeta y periodista Raúl Rivero. Pero la tolerancia del Gobierno duró poco y la publicación no llegó a su tercer número. Lejos quedaban los años 80, cuando Ricardo González recibió varias distinciones por su trabajo de guionista en la televisión estatal cubana

EL FUTURO DE CUBA
Una huelga «irreversible»

El disidente cubano Guillermo Fariñas cumple hoy diez días en huelga de hambre y sed y no parece que vaya a dar un paso atrás. Ayer, el diplomático español Carlos Pérez Desoy -número tres de la embajada de España en La Habana- le visitó en su casa de Santa Clara para pedirle que deje el ayuno. Fariñas le respondió que su protesta es «irreversible» porque ya hay «un muerto de por medio y es posible que haya otros pronto». Fariñas (en la imagen junto a un grupo de opositores el pasado jueves) envió una «petición» al Gobierno español que no detalló

ECONOMÍA: El Banco de España cuestiona la recuperación económica/ «La reforma de las pensiones es inevitable»

EMERGENCIA ECONÓMICA / Los indicadores

El Banco de España cuestiona la recuperación económica

Drástica caída en la inversión de las administraciones públicas

MARÍA VEGA

Madrid

La recuperación de la economía española no es sólida. Así lo cree el Banco de España, que en su último Boletín Económico subraya que el año 2010 ha comenzado con una «importante desaceleración» de la demanda pública, sin que la iniciativa privada haya tomado el relevo definitivo de la inversión necesaria para reactivar la economía.

En el documento, que ha sido elaborado con los datos disponibles en febrero, el organismo afirma que los indicadores referidos al consumo privado «dan señales dispares» sobre el comportamiento de los ciudadanos.

Gracias a las ayudas para la compra de coches del Plan 2000E, las matriculaciones de automóviles han crecido en los dos primeros meses del año un 33%, con lo que la automoción se ha convertido en el principal motor del consumo privado, que por primera vez desde el cuarto trimestre de 2007 ha registrado una tasa intertrimestral positiva del 0,3%.

No obstante, este avance ha ido acompañado por una caída del 1,7% en la tasa intertrimestral del consumo público, según los datos de Contabilidad Nacional. Esto se debe a que para cumplir con los objetivos de déficit para 2013 impuestos por Bruselas, el Gobierno ha decidido frenar el gasto, sobre todo en materia de inversión pública, escudándose en que las empresas privadas están listas para tomar el relevo.

Esta teoría no se corresponde con la radiografía que el Banco de España recoge en su boletín sobre la evolución del consumo público y privado en el conjunto del año, que es aún menos positiva que la intertrimestral.

Entre octubre y diciembre de 2009, la demanda privada se contrajo un 3,4% en tasa interanual, mientras que el incremento del consumo público creció en el mismo periodo un 0,8%, frente al incremento del 6,3% que registró hace un año.

Ese retroceso no ha hecho más que comenzar. El Plan de Austeridad aprobado por el Gobierno para no disparar el déficit hace prever que la caída de la inversión pública en los próximos meses será todavía más aguda.

El boletín del Banco de España recuerda que el sector de las Administraciones Públicas cerró 2009 con un déficit del 11,4% del PIB. Esa cifra agrupa el déficit de la Administración Central, que alcanzó el 9,5% del PIB, el de las comunidades autónomas, que se situó en el 2,2%, y el de las corporaciones locales (0,5%).

El boletín del organismo que dirige Miguel Ángel Fernández Ordoñez también refleja su preocupación por la situación del mercado laboral español.

Al igual que han hecho en los últimos días otros organismos, como Funcas, el Banco de España demanda en su informe «mayores esfuerzos» para acabar con el fuerte crecimiento de la tasa de paro.

De hecho, el documento afirma que «la consecuencia más grave de la crisis económica es el intenso aumento de la tasa de paro, que ha pasado de un 8% en el segundo trimestre de 2007, en el que alcanzó su mínimo, hasta el 18,8% en el cuarto trimestre de 2009».

Tras hacer este diagnóstico, el boletín de febrero alerta de que si no se toman medidas, el incremento del número de jubilados en el largo plazo «generará una fuerte presión al alza sobre el gasto en pensiones».

El Boletín Económico da por buenas las previsiones del Instituto Nacional de Estadística (INE) que estiman que la tasa de dependencia, es decir, la proporción de pensionistas sobre trabajadores, se duplicará de aquí a 2050.

Esta «presión» irá acompañada de una «contracción» de la población en edad de trabajar (entre 16 y 64 años) que dificultará la evolución del mercado de trabajo.

La institución recuerda que antes de la crisis el funcionamiento del mercado laboral descansaba en «los intensos flujos migratorios» y en la incorporación de la mujer al mundo del trabajo.

El dato más optimista del boletín es el relativo al turismo, ya que el Banco de España confirma que 2010 ha arrancado con «cierta mejoría» en este sector.

En enero, la llegada de turistas extranjeros a España creció un 1,1%, lo que supone la primera subida interanual que registra el turismo desde junio de 2008.

No obstante, parece pronto para aventurar si la tendencia se consolidará en los próximos meses. En su boletín, la institución también recuerda que el índice de confianza de los consumidores en Europa sigue en retroceso.

EMERGENCIA ECONÓMICA

«La reforma de las pensiones es inevitable»

Fedea dice que harían falta 35 millones de inmigrantes para sostener el sistema en 2049

BEGOÑA P. RAMÍREZ

Madrid

La reforma de las pensiones es «urgente» e «inevitable» y debe abordarse de forma «integral» porque, debido a la evolución demográfica, tal como está el sistema es «insostenible». El diagnóstico lo firman un centenar de economistas auspiciados por la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), que defienden la ampliación tanto de la edad de retiro como del periodo de cálculo de la pensión. También creen que debería reducirse la tasa de sustitución de las pensiones, es decir, la relación entre la prestación percibida y el último salario cobrado, que en España es del 80%, la más alta de la OCDE después de Grecia. Si la economía crece y, por tanto, también los salarios, hay margen para reducir ese porcentaje hasta el 52% sin que la la pensión quede por debajo de la cuantía media actual (16.500 euros), según explicó el profesor de la London School of Economics Luis Garicano. O eso, añadió, o en 2049 tendrán que vivir en España 35 millones más de inmigrantes, o bien la tasa de fecundidad deberá aumentar hasta los cinco hijos por mujer, si se quiere mantener la ratio actual de cuatro trabajadores activos por cada pensionista.

Los firmantes, que se declararon ayer «independientes» y negaron ejercer de «grupo de presión», reclaman que una comisión de expertos elabore un Libro Blanco. El Pacto de Toledo debería entonces «asumir» las propuestas de ese documento. «No queremos superarlo ni eliminarlo», explicaron, «pero ha cumplido su ciclo». Así, además, se «despolitizaría» el debate.

Tras calificar de «valiente» al Gobierno por proponer el aumento de la edad de jubilación, criticaron que haya «titubeado» cuando surgieron las críticas sindicales. También consideran que la reforma de las pensiones y la reforma laboral son «complementarias». Y aunque no quieren «poner en la mesa recetas concretas», sí que sugirieron ayer la necesidad de prolongar la vida laboral al menos «tres o cuatro años» desde los 63 actuales, la edad real de jubilación en España. «No queremos cambiar el sistema público de pensiones por uno privado, sino preservar el sistema por el que tanto apego sienten los españoles», aseguró el fundador de la consultora Multa Paucis, César Molinas, que alabó el sistema de previsión social como «la mayor conquista social de España».

El secretario de Acción Sindical de UGT, Toni Ferrer, censuró ayer en Pamplona la idea de que deba reducirse la ratio entre último sueldo y pensión percibida por «sorprendente y falta de rigor», informa Efe. «El sistema sigue siendo financieramente sostenible», concluyó

EMERGENCIA ECONÓMICA / Cerco al 'dinero negro'
El plan contra el fraude sólo aflorará mil de los 250.000 millones que hay sumergidos

MERCEDES GÓMEZ

Madrid

El Gobierno dio ayer luz verde al nuevo Plan Integral de Prevención y Corrección del Fraude Fiscal con una meta poco ambiciosa. Su objetivo es aumentar la recaudación en unos 1.000 millones de euros, en el horizonte de 2013, intensificando la persecución a las actividades ocultas y al trabajo no declarado. Sin embargo, los expertos calculan que la economía sumergida representa un total de 250.000 millones de euros que no se declaran a la Agencia Tributaria.

A todas luces, las pretensiones se quedan muy cortas, si tenemos en cuenta que la economía sumergida representa en España un 25% del PIB. O lo que es lo mismo: 250.000 millones por los que no se tributa.

Por esta cantidad defraudada, Hacienda prevé llegar a recaudar en 2013 alrededor de 1.000 millones (un 0,1% del PIB). Estos 1.000 millones de euros extra que el Estado confía en ingresar dentro de cuatro años combatiendo la economía b se alejan de los logros de la inspección durante los ejercicios pasados. Y es que, desde 2005, la lucha antifraude ha reportado a la Agencia Tributaria un monto de 35.500 millones de euros adicionales, según detalló ayer la vicepresidente y ministra de Economía, Elena Salgado.

Entre 2008 y 2009 la recaudación sólo aumentó un 1,8%, siete veces menos que el ejercicio anterior. Este visible retroceso en la recaudación procedente de operaciones no declaradas, se debe a la caída de la actividad de la economía y al desplome del sector inmobiliario, el principal foco de fraude en años pasados, según explicó Salgado tras el Consejo de Ministros.

En su intervención, Salgado intentó dejar patente la inflexibilidad que mostrarán los organismos públicos sobre cualquier indicio de fraude, sobre todo, en una situación de crisis como en la que nos encontramos. «El fraude distorsiona la actividad económica, supone competencia desleal, un ataque directo a los derechos de los trabajadores y sitúa en una situación de indefensión a los consumidores», indicó.

El plan cuenta con una batería de 60 medidas. Sin embargo, Salgado no entró en detalles y se limitó a exponer su filosofía: la mejora de los sistema de captación de información, la puesta en marcha de acciones de control conjuntas y el diseño de actuaciones de recaudación coordinadas para mejorar su eficacia.

Como gran novedad, la Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo -instituciones a las que les compete la persecución del fraude-, compartirán sus sistemas de información. Al cruzarse los datos disponibles en estos organismos, será más fácil destapar, por ejemplo, las empresas que realizan su actividad con trabajadores que no están dados de alta en la Seguridad Social.

El Gobierno también prevé implicar en la tarea a los agentes sociales y a todas las administraciones para efectuar acciones conjuntas de control sobre los sectores de riesgo y más proclives a ocultar su actividad. Así, se intensificará la inspección entre las empresas aparentemente insolventes pero que se mantengan en activo, y también el rastreo sobre indicios de comercio irregular y contrabando.

Hacienda también mirará con lupa las sociedades en proceso concursal -antigua suspensión de pagos-, que se han multiplicado a raíz de la crisis. En este supuesto, será una comisión mixta integrada por la Agencia Tributaria, Seguridad Social y la Inspección de Trabajo la que coordinará la supervisión. Se da la circunstancia que el concurso de acreedores deja en suspenso las obligaciones tributarias de esas firmas durante el periodo que se prolongue esa situación.

El anuncio del plan antifraude no logró demasiados aplausos. El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, criticó que el fraude no se combate con «la represión» y culpó al Gobierno de su aumento por la crisis económica y por su «pésima» política.

Tampoco dejó satisfechos a los profesionales vinculados a las tareas de control. Para el secretario general y portavoz de la Organización Profesional de Inspectores de Hacienda del Estado (IHE), Francisco de la Torre, el plan es «insuficiente». En su opinión, no contempla «prácticamente» ninguna de sus propuestas como la modificación del sistema de módulos, «un nido de facturación falsa», y tampoco algunos temas que perjudican a la «conciencia fiscal», como la fiscalidad de las Sociedades de Inversión de Capital Variable (Sicav).

Por su parte, los técnicos de Economía y Hacienda (Gestha) calificaron el plan de ser muy poco ambicioso y aseguran que será ineficaz para combatir la economía sumergida. Según este colectivo, «el 92% del fraude escapa del control del fisco», algo que no ocurriría si se implantase «un plan que redujese en 10 puntos las bolsas de fraude, y que permitiría a la Agencia Tributaria ingresar cada año unos 385.000 millones de euros evadidos».

EMERGENCIA ECONÓMICA / Cerco al 'dinero negro' /
P&R

¿Qué falla en la lucha 'antifraude'?

FRANCISCO NÚÑEZ

Madrid

La economía sumergida ha tenido tradicionalmente mucho peso en España. Y más en tiempos de crisis. El Ministerio de Hacienda no cuenta, pese a todo, con suficientes medios para combatirla.

¿Hay datos fiables de economía sumergida?

El dinero negro es muy difícil de cuantificar. Sin embargo, diferentes estudios cifran su peso en España entre el 22 y el 25%, es decir, entre 220.000 y 250.000 millones. La gravedad de la recesión y el desplome de los ingresos del Estado hace pensar que, en estos momentos, estamos en la parte alta de la horquilla. Dos datos para entender la gravedad de la situación: el consumo cae a tasas del 3,4% mientras que la recaudación por IVA, el impuesto que sirve para medir el fraude, baja a tasas del 30%.

¿Detecta suficiente dinero negro el Estado?

En los últimos cinco años logró ingresar más de 35.500 millones procedentes del fraude. Sin embargo, entre 2008 y 2009 las intervenciones apenas aumentaron. Los ingresos sólo crecieron un 1,18% frente al 16% de 2007. La razón radica en la paralización de la construcción y el mercado inmobiliario, que eran los sectores donde se movía el dinero negro. De aquí, que gran parte del éxito contra el fraude venía por las recaudación inducida. Es decir, a quienes se les pillaba sin poder justificar la tenencia de cantidades de billetes de 500 euros, se les instaba a regularizar su situación. Ahora, el Gobierno aspira a incautaciones más limitadas porque, aunque la economía sigue en plena inmersión, le es más difícil detectarla con los medios que tiene (los inspectores y los técnicos se quejan de la falta de efectivos y de tener que dedicarse más a labores burocráticas que a realizar actuaciones). Además, el defraudador se resiste más a regularizar su situación.

¿Qué va a hacer Hacienda contra la economía B?

En el ámbito de las empresas, pretende fiscalizar a las que se encuentran en suspensión de pagos por si realizan algún tipo de actividad en negro. Para ello, necesita cruzar los datos con la Seguridad Social, algo que, aunque parezca extraño, raras veces se hace. A ambas instituciones les interesa colaborar, puesto que, cuando una empresa suspende pagos, el primero en cobrar es el fisco, y después la Seguridad Social. En cuanto a los autónomos, es mucho más difícil, puesto que las facturas del IVA fraudulentas son mucho más complejas de intervenir. Actualmente existe un auténtico mercado negro de facturas de este impuesto

EL "EFECTO AGUIRRE" SE EXTIENDE: El 'efecto Aguirre' se extiende a Valencia y Murcia

TOROS
El 'efecto Aguirre' se extiende a Valencia y Murcia

Camps y Valcárcel se adhieren a la declaración de la Fiesta como Bien de Interés Cultural

MARISOL HERNÁNDEZ. SALVADOR FERRER

Valencia

El debate sobre la prohibición de las corridas de toros en Cataluña saltó ayer las fronteras del Parlament y contagió a otras autonomías, que reaccionaron casi a golpe de decreto en contra de esta posibilidad. Sólo 24 horas después de que Esperanza Aguirre apuntara la idea de proteger la fiesta con una declaración de Bien de Interés Cultural (BIC), dos regiones -la Comunidad Valenciana y Murcia- aprobaron iniciar los trámites para alcanzar esta calificación.

En el caso valenciano ni siquiera ha mediado cierta efervescencia social sobre el asunto y, sin necesidad de contar con defensores y detractores de las corridas de toros, la Generalitat decidió calificar como BIC la «fiesta nacional» y, por extensión, los bous al carrer (toros en la calle), una expresión autóctona de la tauromaquia.

En Murcia sí se ha producido una discusión de mayor recorrido ya que, aunque alimentada también por el caso catalán, el Club Taurino de esta región reclamó al Gobierno de Ramón Luis Valcárcel la declaración de BIC. A raíz de ello el Ejecutivo autonómico solicitó a la Universidad de Murcia y las Academias de Alfonso X y de Bellas Artes informes sobre la materia y ayer resolvió iniciar administrativamente el proceso. Según la consejera de Presidencia de Murcia, María Pedro Reverte, «la fiesta de los toros forma parte de la cultura española y es una seña de identidad de España».

Podría intuirse que el eje popular Madrid-Valencia-Murcia ha encontrado en su defensa un nuevo modo de sostener los pilares de España, torpedeados de vez en cuando por Cataluña, según esta visión. Pero la teoría se viene abajo con la intervención en la polémica del presidente extremeño, Guillermo Fernández Vara, comunidad socialista, que ayer se mostró a favor de la pervivencia de las corridas por razones mucho más profanas. Ni culturales, ni artísticas, ni políticas; en los tiempos que corren simplemente económicas. El dirigente arguyó el peso de este sector en Extremadura -más de 300 ganaderías- y dijo que genera «riqueza y empleo». «Si alguien no lo entiende que vaya a mi pueblo [Olivenza] este fin de semana y compruebe lo que mueve la fiesta de los toros en crecimiento, en riqueza y en mantenimiento del ecosistema de la dehesa», explicó.

Pero, pese a la objetividad del argumento, en este conflicto no pueden sustraerse las motivaciones políticas. El conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que informó ayer tras la reunión del pleno del Consell de la determinación de la Generalitat Valenciana, rechazó que hayan intervenido criterios políticos como, apostilló, «en otras comunidades», en referencia más que explícita a Cataluña. Sin embargo, en su listado de razones a favor de calificar la tauromaquia BIC de Patrimonio Inmaterial, intentó evitar que se utilice «la fiesta nacional como un motivo más de rechazo de lo español». El presidente, Francisco Camps, de viaje en Brasil, autorizó un día antes la decisión.

Estos movimientos en Madrid, Valencia y Murcia suponen un primer paso para la consecución de una de las inquietudes más ansiadas por parte de los distintos estamentos taurinos: que la Fiesta pase a depender, definitivamente, del Ministerio de Cultura. De hecho, y según el diputado de Asuntos Taurinos, Isidro Prieto, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, ya ha trasladado a Mariano Rajoy la iniciativa de que en el próximo programa electoral del PP se incluya esta posibilidad.

Mientras, el Gobierno de Madrid apenas ha tomado cartas en el asunto de la polémica de la prohibición hasta que se pronunció ayer el ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba. La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega apenas manifestó un lacónico respeto a todas las opciones y consideró que «no es razonable que un asunto de esta naturaleza sea objeto de una polémica institucional»

LA POLÉMICA DE LA PROHIBICIÓN
Sabiduría del toreo

CARLOS MARZAL

Corren tiempos revueltos para el mundo taurino. El hecho de que se discuta, de que se hable sobre los toros, forma parte consustancial de ellos, porque son, en el inmediato instante después de haber sucedido, por su misma condición efímera, por el carácter irrecuperable de una faena, cultura oral, narrativa. Pero una cosa es que se hable, y otra distinta que se desbarre, que se disparate.

Lo que está ocurriendo en el Parlamento Catalán (un espectáculo, por cierto, que me parece muy poco catalán, muy alejado del pragmatismo, la liberalidad y la cordura que suelen demostrar los catalanes), así como las réplicas de otras comunidades autónomas, con su algo de desplante castizo, de contrachulería chulapona, suenan más a batallas políticas y nacionalistas que a ganas de hablar de toros. En cualquier caso, el intento de prohibir las corridas en Cataluña, además de un importante empobrecimiento de naturaleza cultural, y del ataque a un sector de la población que sí es partidaria del arte de los toros, sienta un precedente que inspira cierto miedo, porque instaura la costumbre de prohibir lo que algunos no entienden ni disfrutan.

Yo sí entiendo, en cambio, que algunos sientan rechazo por el espectáculo que se vive en la plaza, precisamente porque no entienden su esencia. Porque no saben que allí no se hace nada que esté dirigido al sufrimiento del animal. Porque no entienden que a un animal como el toro, lo único digno y honrado que se debe hacer con él es combatir sus instintos mediante la inteligencia y el valor. Se trata, qué duda cabe, de un espectáculo duro, de un rito primitivo - es decir, primigenio-, pero la naturaleza de la realidad también es primitiva y dura.

Los toros son lo que son -una fuente de emoción estética, de transmisión de conocimiento acerca del vivir, con su peligro y su muerte, con su alegría de luchar y su final trágico-, porque su tradición ha inspirado al arte de todos los tiempos. Los aficionados asistimos a las plazas de toros con todo lo que se ha escrito y pintado, con todo lo que se ha cantado y referido, a nuestra espalda. O deberíamos hacerlo. Con Goya y Bergamín, con Ramón Gaya y Manuel Machado, con Alberti y Lorca, con Brines y Barceló.

Pero, además, asistimos para recibir una lección ética: la ética del toreo, que consiste en entender que los compromisos ineludibles se cumplen, que la palabra empeñada se respeta, que hay que hacer frente a la adversidad, que la vida, a pesar de los pesares, de las cornadas, necesita ser vivida con arrojo, con decisión, con vergüenza torera. Quien no sepa ver eso, debería pararse a pensar, porque se está perdiendo un motivo de placer, pero sobre todo una fuente de sabiduría

LA POLÉMICA DE LA PROHIBICIÓN
Rubalcaba dice que Aguirre 'politiza' el debate taurino

LUCAS PÉREZ

Madrid

La decisión de Esperanza Aguirre de declarar los toros Bien de Interés Cultural en la Comunidad de Madrid ha levantado ampollas en el Gobierno. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, expresó el interés de Aguirre de rentabilizar electoralmente la polémica sobre la prohibición de la Fiesta al asegurar que «algún movimiento de última hora tiene más que ver con la política que con el debate».

Rubalcaba admitió que, pese a no ser aficionado a las corridas de toros, tampoco las prohibiría. «En general tiendo a prohibir poco, salvo cuando se refiere a seguridad o de la salud, que soy bastante estricto», aseguró. En cualquier caso, solicitó que el debate sobre los toros «no se politice» o se intente «sacar un voto» ya que, a su juicio, «algún movimiento de última hora tiene más que ver con la política que con el debate», informa Europa Press.

Teniendo en cuenta el gran número de aficionados a los toros como otros en contra de la Fiesta Nacional, el ministro reclamó «canalizar el debate». «Tiene que existir gente a la que le gusta mucho y a otros nada. Canalicemos este debate pero no hay que politizarlo todo», sentenció.

La decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, secundada por en Valencia por Francisco Camps y en Murcia por Ramón Valcárcel, también ha tenido respuesta por parte de la secretaria de Organización del PSOE, Leire Pajín. Respecto a Aguirre dijo: «coge con una mano la montera y con la otra reduce las ayudas a las fiestas de toros en Madrid». Y, respecto a Camps, advirtió: «A muchos ciudadanos de la Comunidad Valenciana lo que nos gustaría es que protegiera la sanidad pública, la educación y esos ordenadores que hoy no tienen los niños y niñas valencianos por la falta de visión política y por la miopía de los miembros del Gobierno valenciano del PP».

El Secretario General del PSM-PSOE, Tomás Gómez, respondió también al quite de Aguirre en pro de la Fiesta: «La mejor ayuda que se le puede hacer a los toros es evitar que haya tanto desempleo en Madrid, para que la gente pueda ir».

Además, el parlamentario catalán del PSC David Pérez aseguró que Aguirre tiene «toda la legitimidad del mundo» para abrir el debate y que le hubiera gustado que se hubiera producido en Cataluña. Agregó que sus declaraciones han sido «oportunistas» y que «lo ha hecho» porque ha pensado que «a lo mejor le podía venir bien». A su vez, Pérez aprovechó para reiterar su petición a CiU a que digan «lo que piensan» respecto al tema porque «ya ha habido el debate y ya se han explicado todas las cosas».

Desde el Partido Popular, su Portavoz en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, acusó a los partidos catalanes de convertir las corridas de toros en un debate identitario en el Parlament catalán, y criticó que se haya intentado hacer de este debate un elemento de confrontación «que no tiene ningún sentido». «No es un tema ligado a las ideologías, pero sí que se ha intentado por parte de algunos políticos catalanes convertirlo en un debate sobre otra cosa», aseguró. Sobre la decisión de declarar los toros Bien de Interés Cultural, Sáenz de Santamaría aseguró que «la Fiesta Nacional y las corridas tienen un arraigo muy importante en nuestro país, un arraigo cultural, que es lo que son, más allá de un espectáculo público».

El presidente de CiU y candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, respondió que «es mejor no entrar al trapo» ante «según qué declaraciones» y afirmó que es «mejor apartarse» de «provocaciones» procedentes de «algunas ganaderías que se mueven por el centro de España».

Al que no parece haberle sentado bien la fotografía de Aguirre con un capote en sus manos es a Joan Herrera, secretario general de ICV, que calificó la imagen como «el episodio más esperpéntico dentro de la agresiva reacción de la derecha española» y comparó las corridas de toros con los cazadores de focas que las golpean hasta la muerte, o las peleas de perros o de gallos. «No veo una fiesta, sólo personas que disfrutan viendo el sufrimiento, la tortura y la sangre de un animal».

Por último, el coordinador general de IU, Cayo Lara, aseguró ayer que su formación no tiene todavía una «posición definida» respecto a declarar Bien de Interés Cultural la Fiesta de los toros, aunque señaló que los dirigentes del PP que han realizado esta propuesta «forman parte de la España cañí».

ELMUNDO.es

Videoblog: EL MUNDO en 2', por Pedro J. Ramírez

LA POLÉMICA DE LA PROHIBICIÓN
«Hay gente 'pa'to'»

RAFAEL DE PAULA

Bien por Esperanza Aguirre. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha alzado la voz a favor de la Fiesta declarando a los toros Bien de Interés Cultural. Y yo me uno a ese grito y a su iniciativa. Ahora el que tenga oído, que oiga. De momento, es un paso adelante importante para que la Fiesta esté donde debe, en Cultura. Soy partidario de que los toros salgan de Interior y decisiones como ésta y la de sus colegas de otras comunidades que han cogido su testigo son muy buenas en estos momentos de debates de prohibición.

Lo que no es normal es que se llegue a estas discusiones sobre algo que debería considerarse obvio. La política siempre debería estar al margen de estas cosas. Filósofos, escritores, bailaores, pintores, escultores, cantantes... Históricamente los toros siempre han estado ligados a la Cultura. ¿Qué hay que debatir?

El otro debate es el de la prohibición. Entiendo que haya gente a quien no le guste este espectáculo. Lo entiendo y lo respeto. Lo que no entiendo es que no se respete igual desde el lado contrario. La democracia consiste en eso, en el respeto. Y el respeto debe existir para todo. En religión, los cristianos respetamos a budistas, musulmanes, a Alá, a Mahoma. En los continentes existe respeto entre las culturas y sus tradiciones. ¿Por qué no se tiene respeto por los que amamos la Fiesta? En el Parlament comparaban los toros con el maltrato y la ablación de clítoris de las mujeres en África. Como dijo Rafael el Gallo cuando le presentaron a Ortega y Gasset como filósofo pensador: «Hay gente pa'to»

LA POLÉMICA DE LA PROHIBICIÓN
Un ejemplo a seguir

ENRIQUE PONCE

La decisión de Valencia y Murcia de seguir el ejemplo de la Comunidad de Madrid de declarar a la Fiesta Bien de Interés Cultural me parece muy acertada en unos momentos tan delicados como estos. Es una forma de decir basta ya a tanta absurdidad que se ha dicho en el Parlamento estos días por parte de los antitaurinos, que han demostrado una gran ignorancia y un gran desconocimiento del toro bravo.

Como valenciano que soy, quiero agradecer a Francisco Camps, presidente de la Comunidad, y a Serafín Castellanos, conseller de Gobernación, su apoyo y su firmeza a la hora de defender la Fiesta con decisiones como ésta. Decisiones que son un ejemplo que deberían seguir el resto de comunidades autónomas, y Cataluña en primer lugar. Los que allí quieren quitar la Fiesta demuestran no conocer al toro bravo, ni su cría, ni sus valores. Sus argumentos en el Parlamento nos dan más fuerza porque no se puede decir tanta tontería y tener más falta de respeto. Debería darles vergüenza. Los que realmente defendemos al toro bravo somos los taurinos. Querer prohibir las corridas es querer exterminar al toro bravo

FRANCOIS ZUMBIEHL / Vicepresidente del Observatorio de Culturas Taurinas de Francia
«Reconocer los toros como Bien de Interés Cultural es vital»

ZABALA DE LA SERNA

Madrid

Desde su Francia natal, Francois Zumbiehl se ha abrazado a la iniciativa de Esperanza Aguirre de declarar los toros Bien de Interés Cultural como si fuese suya. Y en cierta forma lo es: el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas lleva trabajando tiempo en la idea de que la Unesco reconozca la Fiesta como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. Pero para ello son esenciales una serie de pasos previos, el primero el que ha dado al frente Aguirre en Madrid, secundado en Valencia por Francisco Camps y en Murcia por Ramón Luis Valcárcel.

«Es muy importante, imprescindible diría, lo que han hecho Esperanza y Camps. Es el camino previo para el reconocimiento a nivel nacional, que tendrá que serlo a nivel del Ministerio de Cultura. La idea es la siguiente: un patrimonio puede ser reconocido a partir de que los pueblos, las regiones, las comunidades, lo reconocen como tal. Y por eso es vital que los políticos, que representan al pueblo, reconozcan la Fiesta como Bien de Interés Cultural inmaterial», señala entusiasmado Zumbiehl.

La Convención de la Unesco del 13 de octubre de 2003 que fomenta la promoción del patrimonio cultural inmaterial es la madre del cordero que inspira el trabajo del Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas: «El toreo suscita una serie de valores estéticos y éticos, como bien se ha esgrimido en el debate de estos días en el Parlament. Otro de los conceptos importantes es que la Fiesta se transmita como patrimonio inmaterial de generación en generación, que haya un relevo. La juventud es importantísima».

Otra Convención de la Unesco referente para Francois Zumbiehl fue la de 2005 para la promoción de la diversidad de las expresiones culturales. «Siento un poco», dice Zumbiehl, «que no se haya tocado este asunto en los debates en el Parlament de Cataluña. No sólo es el derecho a la libertad, sino la afirmación de la legitimidad de la diversidad de las expresiones culturales. Y por supuesto la Fiesta pertenece a una sensibilidad particular que es una prueba de la diversidad, que como tal tiene que protegida».

Zumbiehl se despide no sin antes contar que en el Observatorio de las Culturas Taurinas «se ha puesto en marcha una especie de comité científico, de grupo de expertos, antropólogos, filósofos, sociólogos, para el borar un argumentario que apoyará una candidatura ante nuestro Ministerio de Cultura para que se reconozca la Fiesta como patrimonio cultural inmaterial».

José Tomás vuelve a Barcelona el 18 de julio

Hoy arranca en Olivenza su año más intenso desde su regreso

LUCAS PÉREZ

Madrid

En medio de la tormenta de discusiones sobre la Fiesta que se está viviendo estos días en Cataluña, ha cobrado especial trascendencia la noticia de las fechas en las que José Tomás volverá a la Monumental de Barcelona: la primera, el 18 de julio con toros de Victoriano del Río y con El Fundi y Manzanares de compañeros; la segunda, el 26 de septiembre, con una corrida de Cuvillo que servirá, como es habitual, para que el madrileño concluya su temporada.

José Tomás inicia esta tarde en Olivenza su año más intenso desde su reaparición en Barcelona en 2007. Una campaña con un planteamiento más amplio en número de festejos y más comprometido en cuanto a plazas de primera categoría en la que volverá a pisar ruedos como el de Las Ventas -ausente el pasado año- y el de Vista Alegre de Bilbao, donde no torea desde 2002.

La de hoy de Olivenza es una plaza virgen para JT desde su regreso y a la que vuelve para conmemorar el XX aniversario del ciclo. Junto a él harán el paseíllo El Fundi y Miguel Ángel Perera, que lidiarán una corrida de Núñez del Cuvillo. Eso si el tiempo no lo impide, ya que las previsiones para este fin de semana en la localidad extremeña pronostican lluvias en un 95% de probabilidades. El agua no ha dado tregua a los toros en el campo bravo y ahora, en el comienzo de temporada, parece dispuesta a amenazar también la celebración del ciclo extremeño. De suspenderse el festejo de hoy, la corrida se celebraría el 27 del marzo con el mismo cartel de toros y toreros.

Tras Olivenza, José Tomás hará el paseíllo en Castellón, Arnedo -donde inaugurará el nuevo coso riojano-, Málaga, Aguascalientes (México), Jerez, Nimes, Bilbao y Córdoba antes de su cita madrileña. En este inicio de campaña se echan en falta dos plazas clave: Valencia y Sevilla. «La intención de la empresa de Valencia es que José Tomás toree allí durante el año, pero la intención de JT era la de estar en Fallas», asegura su apoderado Salvador Boix. Para explicar la ausencia de la Maestranza, Boix es más crítico: «Ha sido una puñalada trapera más de la empresa de Sevilla, que ha preferido no ver reducido su margen de beneficios que contratar a José Tomás».

El 3 de junio JT regresa a Madrid, donde repetirá apuesta el 12 del mismo mes. «Son dos tardes con alicientes. La primera por el cartel, coincidiendo con un gran torero como Castella, y la segunda por la ganadería, la de El Ventorrillo, hierro con el que no suele anunciarse», asegura su apoderado.

Después, Granada, Alicante, León, Barcelona, Mont de Marsán, Santander, Huelva, San Sebastián, Málaga, Almería, Linares, Valladolid, Salamanca y Murcia marcarán el ritmo de la temporada de JT, que echará el telón de nuevo en su plaza talismán, la Monumental de Barcelona, el 26 de septiembre en la Mercé