EDITORIALES: Linchamiento al juez que instruye el 'caso Garzón'
Linchamiento al juez que instruye el 'caso Garzón'
LA CAMPAÑA de desprestigio contra el Supremo y, particularmente, contra el magistrado Luciano Varela arrecia y alcanza niveles intolerables. A los insultos y coacciones de estos días y al intento de asimilar a los jueces del Alto Tribunal con los torturadores franquistas siguió ayer el linchamiento de Varela, al que llegó a calificarse de «peón de los verdugos» en la emisora de radio del grupo que intenta que Garzón no sea juzgado. Hoy hay convocadas nuevas manifestaciones contra el Supremo. Hasta Felipe González calificaba ayer de «injusto» e «incomprensible» el proceso a Garzón, pronunciándose en la misma línea irresponsable en que lo han hecho miembros del Gobierno como Chaves o Blanco.
Incluso la decisión de Varela de expulsar a Falange de la causa se utilizó ayer como munición en su contra. Desde la izquierda se apresuraron a calificar esa resolución de «lavado de cara». Sin embargo, estamos ante una recta aplicación de la norma. No hubiera sido de recibo que Varela, que ha demostrado desde el principio que, estando en las antípodas ideológicas de los denunciantes, aplica sin prejuicios la ley, hubiera tomado ahora una decisión arbitraria para no manchar su imagen. La realidad es que los abogados del partido ultraderechista se equivocaron al incluir valoraciones ideológicas en su acusación, al no concretar los hechos que consideran punibles y al no entregar en plazo la nueva versión requerida por el magistrado.
Qué duda cabe que el caso se presta fácilmente a manipulación y al abuso de los estereotipos. Para quien no conozca el asunto que se juzga, ver a un partido como Falange triunfante ante el juez que se ha presentado ante el mundo como el adalid de las víctimas de las dictaduras resultará chocante. Por eso, la exclusión de Falange puede ser clarificadora. Pero ha de quedar patente que, si hasta los terroristas pueden acudir a los tribunales, debe permitírsele también a un partido que, por repelente y anacrónico que pueda parecernos, está registrado legalmente y cumple con los requisitos establecidos.
Lo realmente intolerable sería que la Justicia decidiera quién puede presentar una denuncia y quién no, en función de su posición ideológica o de su buen nombre, porque eso supondría la quiebra del Estado de Derecho. Pues bien, aun cuando Falange ha quedado fuera, se insiste en el carácter ultra de Manos Limpias para deslegitimar la acusación. Se olvida, por ejemplo, que si Atutxa fue condenado por desobedecer a la Justicia al no disolver el grupo parlamentario batasuno de Sozialista Abertzaleak fue sólo gracias a una denuncia de ese sindicato.
El propio Garzón es víctima de la contradicción en la que se mueve su grupo de defensores. Ayer pidió que se anulen los escritos de acusación argumentando que el instructor ha ayudado a los querellantes. La tesis revela una ignorancia supina de la doctrina constitucional, que obliga al juez a dar la oportunidad de subsanar los defectos formales en que incurran los escritos de las partes. Por ello no parece que la petición de Garzón pueda prosperar, como tampoco lo ha hecho la recusación de varios magistrados de la Sala Penal del Supremo por su supuesta «falta de imparcialidad». Paradójicamente, para tratar de tumbar el proceso, Garzón defiende el derecho de Falange a que Varela no toque una coma de su denuncia. Pero es que además, no puede acusarse al magistrado de «asesorar» a Falange, al tiempo que se le critica por recurrir a un tecnicismo para apartarla de la causa.
Los defensores de Garzón tratan de hacer creer que lo que se dilucida en el Supremo es franquismo, sí o franquismo, no. Es mucho más sencillo: hay que determinar si Garzón se saltó la ley. Y todo el ruido y todas las presiones no deben desviar de ese objetivo al Tribunal.
Dice que hay jueces más 'obedientes' que otros
Montilla no entiende la división de poderes
JOSÉ MONTILLA no sabe en qué consiste la división de poderes a juzgar por sus declaraciones de ayer a la televisión catalana. El presidente de la Generalitat afirmó que los jueces «conservadores» del Tribunal Constitucional «son más fieles y obedientes a la formación que los ha propuesto» que los promovidos por el PSOE. Según Montilla, esos jueces cercanos al PP «lo tienen muy claro». Una de las principales autoridades del Estado debería abstenerse de hablar en estos términos por un mínimo respeto a las reglas de juego de una democracia. Pero es que, además, da la impresión de que al presidente de la Generalitat le gustaría un comportamiento partidista y sectario de los jueces, en función de sus ideas políticas. Esa es la idea que parece tener Montilla del poder judicial y de las altas instituciones del Estado, que, según se desprende de sus palabras, deberían funcionar de forma clientelar a los partidos.
La Iglesia defiende la libertad religiosa de Najwa
Obispos y Gobierno, de la mano en el uso del 'hiyab'
LOS OBISPOS españoles consideran «anticonstitucional» prohibir el velo en las escuelas porque consideran que conculca el principio de libertad religiosa consagrado en la Carta Magna. Coinciden así con el Gobierno en la defensa de la adolescente Najwa, a la que el instituto de Pozuelo en el que estudiaba le ha prohibido entrar con la prenda. Al margen de que la postura de los obispos -si quieren crucifijos en las escuelas tienen que aceptar el hiyab y otras manifestaciones religiosas- es más coherente que la del Ejecutivo -algunos de cuyos miembros discriminan según la religión- lo cierto es que en este tema es absurdo intentar establecer un código de conducta único. No se puede regular el problema de la misma forma en un colegio de Melilla que en otro de León o en un pueblo de Castilla-La Mancha donde sólo hay un instituto. Hay que dejar autonomía a los centros para que sus consejos escolares decidan en función de sus circunstancias concretas. Con esto y con el empleo del sentido común se evitarán muchas absurdas acusaciones de xenofobia o anticlericalismo.
Cesado el director del centro femenino de Meco
El Estado no debe tolerar abusos en las cárceles
LAS CÁRCELES volvieron ayer a ser noticia. La directora general de Instituciones Penitenciarias, Mercedes Gallizo, decidió destituir al responsable, a dos ayudantes y a varios funcionarios del centro femenino de Meco. Se les está investigando por permitir o mantener relaciones sexuales con las reclusas a cambio de bebidas alcohólicas y favores en la prisión. El Gobierno ha puesto los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que tomará cartas en el asunto. El sindicato de funcionarios CSIF acusó ayer a Gallizo de haber reaccionado tarde. Los hechos son tan graves como repugnantes, por lo que sólo cabe esperar que la Justicia lleve a cabo una investigación rigurosa para castigar a los culpables. La integridad física y moral de una persona que está privada de libertad por haber sido condenada tiene que estar protegida por el Estado, que no puede permitir abusos en las cárceles y menos si son cometidos por funcionarios. No estaría de más que Interior realizara una investigación interna para detectar si se han producido en otros centros actos de esta naturaleza.
Locos por el juez campeador
posted by e-pesimo | 08:21
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EL PSOE, que lleva meses dando clases de ética al PP a cuenta del caso Gürtel, acaba de premiar a quien a finales de los 80 ocultaba en la contabilidad del partido los ingresos recibidos de la trama de Filesa. José Blanco, que ha elegido a Ramón Moreda para presidir una de las filiales de Renfe, justificó ayer ese nombramiento por la necesidad de «reparar el honor» de «las personas inocentes» cuando éste «ha sido puesto en cuestión».
