Su escrito destila no sólo un fuerte malestar, sino una denuncia de lo que entiende que, cuando menos, es una actuación negligente. Y una actuación que perjudicó gravemente las investigaciones que se podían haber llevado a cabo en las primeras horas tras destaparse el chivatazo policial a ETA.
En apenas dos folios, el que fuera el primer instructor del sumario, el magistrado Fernando Grande-Marlaska, puso negro sobre blanco las graves negligencias policiales que se produjeron los primeros días tras aquel 4 de mayo de 2006 en que se perpetró la delación al jefe de la trama de extorsión de ETA, Joseba Elosua. En el escrito, de siete puntos, pide explicaciones a los responsables de la Comisaría General de Información.
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El juez reclamó las explicaciones oportunas fundamentalmente al que, en aquellas fechas, era el comisario jefe accidental de la Unidad Central de Inteligencia, José Cabanillas. También se dirigió con la misma finalidad a su superior, el comisario Telesforo Rubio.
La diligencia está fechada el 22 de mayo de 2006 y es una contestación a un escrito remitido ese mismo día por la Comisaría General de Información, en el que se le adjuntaba otro «escrito-informe» del 15 de mayo elaborado por el jefe accidental de la UCI, Cabanillas.
Grande-Marlaska fue tajante y claro: exigió que en un margen de 24 horas se le diera respuesta a siete cuestiones que suscitaban sus dudas sobre la actuación policial. Es decir, un trámite de urgencia.
El juez preguntó a los mandos policiales las razones por las que, «tal y como se reconoce en el informe, habiendo tenido ambos funcionarios públicos conocimiento de la filtración al menos desde el mediodía del viernes 5 de mayo de 2006, no se comunica en ninguna forma con este titular hasta el mediodía del lunes 8 de mayo, habiendo transcurrido 72 horas». El juez entendía que, «dada la gravedad de los hechos» [el chivatazo policial a ETA], era necesaria una actuación «inmediata». Y constataba que los mandos reprendidos disponían «tanto del teléfono profesional del instructor como de su móvil, más aún cuando en un hecho como el referido es imprescindible la actuación inmediata y el establecimiento de un protocolo de actuación urgente».
Pero no fue ésta la única recriminación del instructor inicial del caso Faisán a los mandos de Información. Reclamaba en el punto 2 del escrito que se le informara de «cómo incluso en el mediodía del día 8 de mayo, el comisario José Cabanillas únicamente se limita a personarse en este juzgado, acompañando una copia de la transcripción de audio del vehículo donde se observaba la filtración y sin ningún tipo de informe oficial en tal sentido ni protocolo de actuación ni diligencia a practicar, debiéndose exigir por este instructor que se pusiera oficialmente en conocimiento a la mayor brevedad posible».
El juez destapó las prisas que existían para investigar este caso y que la Policía parecía no haber detectado.
Asimismo, Grande-Marlaska pidió que se le informara de «por qué ese informe o protocolo lo es de fecha 15 de mayo, tal y como se infiere del informe que antecede, y no se hace llegar personalmente hasta el día de la fecha (22 de mayo), independientemente de que no haya existido comunicación personal». El juez se quejaba de que la Policía tardara una semana en remitirle los primeros informes sobre este caso, considerado por el instructor de la máxima importancia.
Además, Grande-Marlaska exigía a los mandos policiales que indicaran las razones «por las que el comisario jefe accidental pueda entender que las 16.30 horas del 4 de mayo, fecha en la que estaba preparada la operación [se refiere a la que se iba a llevar a cabo contra la trama de extorsión de ETA del bar Faisán y que se vio frustrada por el chivatazo], podía entenderse que era una hora intempestiva para llamar a este instructor, quien estaba pendiente en todo momento del desarrollo de las actuaciones; más aún, cómo pueden entenderse intempestivas las horas siguientes, cuando incluso se conoce posteriormente la filtración y no existe ninguna llamada, sino una visita al despacho transcurridas más de 72 horas». Y remata su malestar profundo: «Que se explique cómo una ceremonia tal como la imposición de condecoraciones tiene la preferencia ante hechos de esta significación».
Grande-Marlaska no entendía que no existiera un «protocolo de actuación para hechos similares», sobre el control inmediato de los teléfonos que pudieran estar afectados. Pero, no obstante, el magistrado transmitió su sorpresa por el hecho de que la Policía no hubiera ya intentado localizar en aquel momento al autor de la llamada. «Que se afirme por qué no se intentó localizar a este titular y, en caso de ser infructuoso, haberlo diligenciado y ponerlo en conocimiento inmediato del juzgado de guardia para actuar a la mayor diligencia». El juez denunciaba que la Policía esperó hasta el día 15 para poner en marcha una investigación, cuando ya el día 8 tenían todos los datos sobre la mesa.
Pero, además, en su última conclusión pide, en cuatro renglones demoledores, explicaciones a estos mandos policiales sobre cómo llegan a «determinadas conclusiones» [en las que apuntaban la posible implicación del agente que posteriormente investigó el chivatazo] «cuando no se ha practicado diligencia». Fernando Grande-Marlaska estaba al frente del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional cuando se produjo el chivatazo.
El magistrado, además de ordenar a Carlos G. y a su equipo de la Comisaría General de Información que se hicieran cargo de las pesquisas sobre la delación, también activó a un grupo de agentes de la Guardia Civil para que realizaran una investigación en paralelo.
Tras sus primeros pasos, todo el que conocía el caso tuvo claro que este magistrado no iba a parar y que pensaba tirar de la manta. Por este motivo, algunos idearon maniobras para tratar de paralizar a este juez en una investigación que se podía volver, en cualquier momento, políticamente peligrosa. Y le llegaron cantos de sirena, ofertas sobre una importante mejora profesional. Le ofertaron ocupar la plaza de juez de enlace en Londres, un puesto muy apetecible y ansiado por la profesión judicial.
Pero Grande-Marlaska no bajó la guardia y evitó siquiera contestar a la oferta que le llegó a través de compañeros de la carrera judicial. Siguió dando pedales y tratando de resolver uno de los mayores escándalos policiales de la legislatura. Pero el titular de la plaza, el magistrado Baltasar Garzón, aceleró su regreso a la Audiencia Nacional, su vuelta de Estados Unidos. Y nada más llegar se hizo cargo del sumario. Una de sus primeras decisiones fue poner fin a la participación de la Guardia Civil en las pesquisas. Todo el peso del caso quedó en manos del equipo policial dirigido por Carlos G. La instrucción judicial se llevó al ralentí. No obstante, el grupo de agentes de la Comisaría General de Información, que no debían dar datos a sus superiores por órdenes de los jueces instructores, continuaron realizando su investigación sobre los teléfonos que se utilizaron en la zona del bar Faisán en el momento en el que se presumía que se había producido el chivatazo.
Elevaron al juez varios informes sobre los análisis de los números de teléfono sospechosos. Y llegaron a conclusiones: que, entre otros mandos policiales, los presuntos autores del chivatazo pudieron ser el entonces director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior de Policía del País Vasco, y un inspector que en aquellas fechas estaba destinado en Vitoria y se dedicaba a la lucha contra el terrorismo islamista. Pero el fiscal, en su informe, no consideró concluyentes los datos aportados por los agentes.
No obstante, la instrucción, que una vez suspendido Garzón quedó en manos del juez Pablo Ruz, no está concluida. El magistrado, que está estudiando de forma muy detallada todos los tomos de las investigaciones, está a la espera de un informe que puede resultar clave: las aportaciones de la juez francesa Laurence Le Vert. Y es que Francia se negó a realizar la actuación conjunta contra la trama de extorsión de ETA poco después de que se produjera el chivatazo. Y el juez le reclama desde hace meses que le explique por qué. Ese porqué puede desvelar una de las grandes incógnitas: ¿quién y cómo convenció a la magistrada francesa para que no realizara la operación?
Los protagonistas del escándalo
>Fernando Grande-Marlaska. Fue el primer instructor de la causa del chivatazo policial a la organización terrorista ETA. Estaba al frente de la operación contra la red de extorsión de los terroristas cuando surgió la delación del bar Faisán. El magistrado de la Audiencia Nacional pidió explicaciones a los responsables de la Comisaría General de Información por lo que entendió que fue un extraño retraso en comunicarle información sensible. Encargó las investigaciones al equipo de policías de Carlos G. y a otro de la Guardia Civil.
>Comisario accidental de la UCI. José Cabanillas, 'número dos' de Información, era a quien el inspector jefe Carlos G. reportaba las informaciones sobre la trama de extorsión. Comunicó a Grande-Marlaska el chivatazo tres días después de que se produjera. Remitió el 15 de mayo un informe al juez en el que lanzaba sombras de sospecha sobre Carlos G. y sus subordinados y dejaba entrever que podía tener algún interés en que no se concretara la operación contra el dueño del Faisán y presunto jefe de la trama, Joseba Elosua.
>Comisario de Información. Fue quien ordenó que se informara al juez de que en la baliza del coche de Elosua había quedado registrada una conversación de la que se desprendía que se había producido el chivatazo. El juez le sacó del caso por el retraso con que recibió los datos desde su comisaría. Rubalcaba le apartó de la Comisaría General de Información. Está destinado en Moscú, como enlace del Ministerio del Interior.
>Inspector jefe Carlos G. El agente 16.586 dirigía el grupo conjunto con Francia en las investigaciones sobre la trama de extorsión. Es el mando al que Marlaska le encargó la investigación sobre el chivatazo, pese a que sus superiores en la comisaría le habían colocado como uno de los sospechosos. En sus informes, apuntó como responsables de la delación al que fue director de la Policía Víctor García Hidalgo, al jefe superior del País Vasco y a un inspector de Vitoria.
FERNANDO LÁZARO / Madrid
El comisario jefe de la UCI señaló al investigador
Envió un informe en el que trató de desprestigiar a Carlos G.
Uno de los mandos policiales a los que el juez Grande-Marlaska tiró de las orejas por su gestión durante los primeros días tras el chivatazo policial a ETA elevó un informe al magistrado arremetiendo contra uno de sus agentes.
En dicho informe, elaborado el 15 de mayo de 2006 y entregado al juez una semana después, el 22 de mayo, el comisario accidental de la Unidad Central de Inteligencia (UCI), José Cabanillas, arremetió contra el agente que dirigía la operación contra el entramado de extorsión de ETA, el entonces inspector jefe Carlos G.. Con este informe, compuesto de una docena de folios y que está incluido en el sumario, el comisario lanzaba sombras de sospecha y trataba de desprestigiar la labor que hasta ese momento había realizado Carlos G.. El juez, en su contestación, le reclamó datos que avalasen su tesis. Se preguntaba el juez cómo era posible que le remitieran un informe con conclusiones sobre los hechos «cuando no se ha practicado ninguna diligencia».
Y es que el informe remitido por Cabanillas apenas aportaba indicios sobre la mala gestión de Carlos G. en las investigaciones sobre la trama de extorsión. En el documento se trataba de desprestigiar preventivamente al agente. No obstante el juez Grande-Marlaska encargó precisamente a este inspector jefe las pesquisas sobre el chivatazo, además de a un equipo de agentes de la Guardia Civil.
En su escrito, Cabanillas acusaba a Carlos G. de ser «reticente en diversos momentos a la realización» de la operación contra el entramado de cobro del impuesto revolucionario, «argumentando que era una operación que conllevaba riesgos políticos, dado el momento de la tregua, así como la presunta implicación de un miembro destacado del PNV, Gorka Aguirre».
Cabanillas indicaba en su escrito que «en el despacho del propio juez, tanto durante la mañana del día 3 de mayo como por la tarde, en presencia del magistrado de enlace francés, en diversos momentos, expresó que era un asunto 'muy gordo' y que el propio juez no iba a tener tiempo para leer el documento de análisis que presentó, contestándole el juez que no dudara de su capacidad».
Según el informe del jefe accidental de la UCI, «tras salir de la reunión con el juez y en presencia del conductor del comisario que suscribe, dijo que con esta operación tanto él como el comisario que ahora informa iban a salir 'crucificados' por las implicaciones políticas que conllevaba su realización».
Este mando acusaba también a Carlos G. de remitir al juzgado un oficio sin haberlo visado él, con lo que trataba de dar a entender que este mando de la Comisaría General de información funcionaba «por libre» y que toda su actuación en las investigaciones sobre la extorsión de ETA estaba bajo sospecha.
También resaltó la falta de entendimiento entre Carlos G. y el responsable del equipo de investigación francés con el que se había cerrado la operación del bar Faisán. Este comisario aseguraba que, cuando le preguntó a Carlos G. sobre el incidente, le contestó: «No lo llamaría una discusión, sino exposición de puntos de vista jurídicos sobre el delito flagrante». Esta discusión se produjo ante la negativa de Francia de actuar contra los sospechosos de integrar la trama de extorsión de ETA.
Cabanillas detalló en su informe del 15 de mayo que el 5 de ese mismo mes, al día siguiente del chivatazo, Carlos G. le dijo que le tenía que contar «algo muy grave», pero que tenía que ser en persona. «Le pedí que subiera al despacho. Me informó verbalmente de que en la baliza se había recogido» el chivatazo.
«Expresó que se sentía traicionado porque si desde la superioridad no se quería hacer nada, con habérselo dicho a él hubiera sido suficiente, y ya lo habría arreglado él evitando esa situación; igualmente afirmó que el día 4, cuando iba para el juzgado, se enteró de que ese día el presidente del Gobierno iba a recibir a Imaz y él ya se temió que algo iba a ocurrir para impedir el servicio».
ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid
Otegi intenta que Estrasburgo presione al Estado para quedar libre
En una carta al Tribunal, asegura que está preso desde 2003 «sólo» por opinar
Arnaldo Otegi ha apelado al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo con la intención de que esta institución presione al Gobierno y a los jueces españoles -al «Estado»- para que lo pongan en libertad. En la carta remitida, su letrado -que es el firmante de la misiva- asegura falsamente que el dirigente de la izquierda
abertzale está en prisión desde 2003 únicamente por delitos de opinión y argumenta que ha de quedar libre porque «el País Vasco vive hoy una situación favorable» y él «es uno de los actores principales de esa evolución».
El Tribunal de Estrasburgo, en una inusual decisión, informó el jueves al Ejecutivo de la recepción de esta carta, fechada el día 5 de noviembre, seis días antes de que se celebrase el juicio contra Otegi por presunto enaltecimiento de ETA en el acto celebrado en 2004 en el velódromo de Anoeta.
A su vez, el Gobierno solicitó al tribunal europeo que aclarase el motivo por el que le informaba de la existencia de la solicitud del dirigente de la izquierda abertzale: tras comprobar que las intenciones del alto tribunal eran únicamente informativas y después de que éste precisara que la carta del preso no influirá en un recurso que éste tiene presentado en Estrasburgo, el Ministerio de Justicia ha decidido remitirle un informe con las causas pendientes del preso para evitar cualquier tipo de «tergiversación».
El abogado de Otegi, Didier Rouget, se dirige al presidente de la Corte subrayando que su cliente «sigue en prisión desde 2003». «En el momento de los hechos, era portavoz de Sozialista Abertzaleak, grupo parlamentario de la izquierda independentista vasca en el Parlamento Autónomo vasco. Fue condenado por injurias al Rey y por ese delito de opinión ha sido condenado a un año de prisión firme que ha cumplido. En el momento actual está todavía en prisión únicamente por otros delitos de opinión, similares a los que han sido penalizados», agrega.
Al final del texto, el abogado sostiene que «significadas personalidades solicitan la liberación de Arnaldo Otegi» y añade: «Hoy el País Vasco vive una situación favorable y el señor Arnaldo Otegi es uno de los actores principales de esta evolución. Es por ello que le pedimos, Sr. Presidente, que tenga a bien intervenir ante el estado demandado para que recupere la libertad».
La misiva contiene tergiversaciones muy estudiadas que presentan a Otegi como la víctima de una injusticia, pero que también tratan de ocultar ante el tribunal europeo que la última vez que el dirigente de la izquierda abertzale fue detenido y acusado de presunta pertenencia a banda armada, estaba intentando recomponer una organización heredera de Batasuna, formación con la que los jueces de esta Corte de Derechos Humanos fueron implacables en la sentencia en la que ratificaban su ilegalización.
Según Estrasburgo, la disolución de Batasuna vino dada por una «necesidad imperiosa» para el «mantenimiento de la seguridad, la defensa del orden y la protección y los derechos del otro» en una sociedad democrática. La sentencia dejó bien claro que los responsables de la formación ilegalizada «incitan a recurrir a la violencia» y desarboló así las filas abertzales, que habían puesto sus esperanzas en el único tribunal al que reconocían autoridad.
Así pues, en primer lugar Otegi no está en prisión desde 2003. De hecho, en esas fechas se reunía con representantes socialistas en secreto para preparar un proceso de negociación que fue presentado oficialmente en noviembre de 2004 en el velódromo de Anoeta ante 13.000 asistentes. Otegi intervino en ese acto en el que fueron homenajeados presos de ETA y también miembros de la banda fallecidos a los que el ex portavoz de Batasuna dio las gracias porque su esfuerzo había posibilitado que la izquierda abertzale llegara al punto en el que estaba.
En los años posteriores, el portavoz de Batasuna participó en la mesa de Loyola, formada por la izquierda abertzale, el PSE y el PNV, durante la negociación con ETA. Y, tras el atentado contra la T-4 en el que fueron asesinados los ciudadanos ecuatorianos Estacio y Palate, intervino en los encuentros secretos que se celebraron en Suiza.
No fue hasta el otoño de 2009 -en julio habían sido asesinados los guardias civiles Carlos Sáenz de Tejada y Diego Salvá Lezaun- cuando fue arrestado Otegi por su participación en el proceso Bateragune. Según el juez Garzón, esa nueva organización con la que se pretendía sustituir a la ilegalizada Batasuna pretendía «conseguir treguas encubiertas para Euskal Herria de acciones de ETA» y cumplía las órdenes de la banda de «crear un referente político» para la primavera de 2010.
El Supremo había condenado a un año de cárcel a Arnaldo Otegi en noviembre de 2005 por injurias al Rey, pero el Tribunal Superior del País Vasco suspendió la pena por tres años, con el informe favorable del fiscal -la negociación con ETA ya estaba en marcha-, a condición de que no volviese a delinquir. El Tribunal consideró entonces que no debían ser tenidos en cuenta sus antecedentes por secuestro en 1989 y justificó que no hubiera pagado a sus víctimas porque se había declarado insolvente.
Ésa es la sentencia, la del año por injurias al Rey, que tiene recurrida ante Estrasburgo.
Ya en prisión por el proceso Bateragune, en marzo de este año Otegi fue condenado a dos años por un delito de enaltecimiento, por participar en el homenaje a un preso de ETA. Tiene otras causas abiertas y espera la sentencia sobre Anoeta.
IKER RIOJA ANDUEZA / Vitoria
«¿Por qué no va usted a los tribunales?»
El 'lehendakari' reta a Egibar, que le había interpelado sobre González y los GAL
El lehendakari, Patxi López, defendió ayer el buen hacer de los socialistas en la lucha contra el terrorismo -«Estado de Derecho, nada más»- y conminó a quienes vean en las declaraciones de Felipe González a El País las palabras del señor X de los GAL a que se querellen contra él. «No sé cuántas veces lo vamos a tener que repetir: mi posición, la de mi partido, ha sido siempre, antes y ahora, de rechazo absoluto a cualquier grupo terrorista, tenga las siglas que tenga», zanjó.
El lehendakari pidió que no se azucen «fantasmas del pasado» en busca de réditos políticos, que no se practique el ensucia, que algo queda, porque todas las responsabilidades por las acciones cometidas por los GAL ya están depuradas. «Los hechos ya están juzgados. Y hubo condenas», remachó López, que solicitó a la clase política que acate y respete esas resoluciones judiciales.
Es la primera vez que el jefe del Ejecutivo vasco se pronuncia acerca de las palabras del ex presidente del Gobierno, que dijo haber tenido la oportunidad de «volar» a la cúpula de ETA. Y accedió referirse a ellas porque el portavoz del PNV en el Parlamento autonómico, Joseba Egibar, le interpeló en la Cámara vasca. Hasta entonces, su Gobierno se había limitado a apuntar que eran «desafortunadas» y sólo el líder del PSE-EE en Álava, Txarli Prieto, se había atrevido a condenarlas públicamente.
En su intervención, Egibar fue contundente: la ecuación de los GAL ya está resuelta porque el propio González se situó en la X. ¿Por qué? «Demuestra que en esa ocasión decidió no ser terrorista. Pero, ¿quién decidió entre 1983 y 1987?», planteó en referencia a los 27 asesinatos que, según recordó, se registraron en ese periodo.
Egibar aseguró que le asquea la «impunidad» con la que se movieron los gobiernos socialistas entre 1982 y 1996 -años que incluyen los periodos en los que su partido, el PNV, compartió Ejecutivo con el PSE- y lamentó que «por menos de lo que dijo, hay gente en la cárcel, periódicos cerrados y partidos ilegalizados». Es más, parafraseando la intervención del propio López en el homenaje a las víctimas del terrorismo del pasado día 10, pidió reparar también a las del GAL e investigar a González, porque «la fuerza de la memoria consiste en abrir expedientes que la Historia y el Derecho daban por definitivamente cerrados».
Demócrata y mártir
Se cumplen ahora 10 años del asesinato de Ernest Lluch. No es este crimen de ETA lo único que hay que recordar cuando se menciona a Lluch. En años anteriores, durante el franquismo, este profesor de Economía tuvo una actitud arriesgada en la Universidad de Barcelona. Ahora son muchos los que nos dicen que ellos combatieron la dictadura. Sin embargo, la relación auténtica de aquellos demócratas es bastante breve. En Barcelona, y en el resto de España, fueron mayoría los tibios, dispuestos siempre a colocarse bajo el sol que más calentase. Lluch, con unos compañeros de la Facultad de Derecho, se rebeló y luchó valientemente, a veces incomprendido, siempre criticado por los bienmandados, censurado por los ortodoxos del momento. Hay que recordarlo como una víctima de ETA -efectivamente-, pero también como un demócrata de toda la vida, incluso en los momentos más duros de la dictadura franquista. / SECONDAT
