Una cifra que bien puede resumir una de las semanas más convulsas para la economía española son los 24.816 millones de euros que se han esfumado de la Bolsa en tan solo cinco sesiones. Este importe equivale a los 724 puntos que ha perdido el Ibex o, dicho de otro modo, la caída del 7% en lo que ha sido su peor semana desde mayo.
Sin duda la Bolsa española se ha convertido en un fiel reflejo de lo que piensa el mercado sobre la economía española. La desconfianza cotiza en máximos y el miedo ha hecho saltar por los aires los 9.800 puntos, un soporte que los analistas técnicos consideran clave para salvaguardar a la renta variable de retrocesos más profundos.
Gran parte de esta caída se debe al sector bancario, principal objetivo de los especuladores cuando se trata de cubrirse contra el riesgo de un país. No en vano, bancos, cajas de ahorros y, también, aseguradoras, son los principales tenedores de la deuda española.
Los ocho bancos que cotizan en la Bolsa de Madrid se han dejado en cinco días de mercado un valor de 12.074 millones de euros. La cifra engorda en otros 694 millones de euros si se suma el castigo infringido a Mapfre y Catalana Occidente, las dos únicas aseguradoras cotizadas.
El desplome medio de estas 10 empresas ha sido el 9,93%, aunque el mercado ha diferenciado entre el 11,7% de descenso del Santander y el 5,18% del Sabadell.
La entidad que preside Emilio Botín ha registrado una caída de su capitalización bursátil de 8.213 millones en una semana. Bastaría coger el dinero de ese descenso para comprar, a sus precios actuales, la suma de Sabadell, Bankinter, Banco de Valencia y Banco Pastor.
No deja de tener su curiosidad que el mercado se haya cebado con los dos bancos que menos dependencia tienen de la evolución de España. Para el Santander nuestro país apenas representará este año el 17% de su beneficio, y en el del BBVA, poco más del 30%. El banco que preside Francisco González ha caído un 8,5%.
Fuentes del parqué explican que si esto ha sucedido así es porque los valores con mayor capitalización y liquidez son los más utilizados para tomar posiciones cortas de inversores europeos. Incluso cuando el foco del problema está en otro país, es común que el Santander y BBVA caigan más que sus propios bancos.
Las «dudas del mercado» sobre España, como volvió a repetir ayer el comisario europeo Joaquín Almunia, han dejado también la cotización del bono español a 10 años por los suelos. Su precio se ha desplomado conforme la rentabilidad exigida para las nuevas emisiones sigue en aumento, superando ya el 5,1%, el mismo nivel que tenía Portugal durante la crisis griega. Hoy el rendimiento de la deuda lusa supera peligrosamente el 7%.
El Ejecutivo, no obstante, está lanzando mensajes de tranquilidad sobre la presión de la deuda pública que, según la vicepresidenta económica, Elena Salgado, está muy cerca de su «mínimo histórico», si bien en el último año la rentabilidad media ha pasado del 2,15% al 2,44%.
La ministra de Economía reconoció ayer que el Tesoro mantendrá las subastas programadas hasta finales de año, aunque reducirá su volumen porque las necesidades de financiación para este año están cubiertas.
Un informe de Nomura llamaba la atención sobre la extraordinaria cantidad de vencimientos que se aproximan en los próximos meses. En concreto, 60.000 millones de euros para la primera mitad del año y, en conjunto, 130.000.
No obstante, Salgado recordó ayer que «la necesidad neta de financiación» -es decir, la que excluye las amortizaciones- será en 2011 «bastante reducida» gracias al cumplimiento de la consolidación fiscal y a los ingresos que generará el Fondo de Adquisición de Activos Financieros (Faaf), el vehículo que en 2008 creó el Gobierno para comprar activos de la máxima calidad de la banca, algunos de los cuales deberán ser recomprados por las entidades el próximo ejercicio.
La seguridad que muestra el Gobierno contrasta en algunos casos con mensajes mucho más pesimistas por parte de algunos protagonistas del mercado. Por ejemplo, el economista jefe de Citigroup, Willem Buiter, señaló en una presentación ante inversores a la que tuvo acceso Efe que Portugal se verá forzado a pedir ayuda antes de final de año y España «poco después». Por su parte, el economista jefe de Deutsche Bank, Thomas Mayer, sugirió que España podría solicitar al Fondo Monetario Internacional (FMI) una línea de crédito flexible, aunque aseguró que es necesario trazar una «línea divisoria» entre la situación de España y la de Portugal o Irlanda.
Todos ellos, además, coinciden que el actual fondo de rescate creado por los países de la zona euro no será suficiente si finalmente España debe ser ayudada. Algo que inquieta al BCE, como demostró su consejero Axel Weber, y que tiene su repercusión en el euro. La moneda comunitaria ha sufrido en las dos últimas semanas un pronunciado descenso del 5% hasta los 1,32 dólares en los que se fijó ayer el cambio oficial.
Méndez pide «más aplomo» al Gobierno
«Más aplomo» pidió ayer el secretario general de UGT, Cándido Méndez, tanto al Gobierno español como a la Comisión Europea para resistir la presión de los mercados. «Por más ofrendas que se les haga, no van a contentarlos», advirtió. Por el contrario, esas concesiones a los mercados «provocan dolor en la ciudadanía y desconfianza, además de un alejamiento de las instituciones democráticas y de las posibilidades de recuperación y de reducción del paro». También tachó de «esperpéntico» que se vincule el alza de la prima de riesgo con las reformas estructurales pendientes. «¿Que no hemos hecho reformas? Irlanda las ha hecho todas y los mercados han ido a por ella igual», resaltó. A su juicio, la economía española es «solvente» y, por tanto, no va a ser rescatada. La CEOE también hizo ayer una petición a los gobiernos europeo y español: que adopten con urgencia medidas «contundentes» para defender el euro.
JUAN E. MAÍLLO / Madrid
Bancos y cajas tendrán que "poner encima de la mesa" sus activos tóxicos
Las entidades detallarán en sus balances el riesgo inmobiliario
El Banco de España lleva más de medio año clamando en el desierto al exigir a las entidades financieras que sean mucho más transparentes a la hora de detallar su exposición al sector inmobiliario. Nadie le hacía caso. O casi nadie. Apenas el Banco Santander sí detalla en la actualidad cómo es la situación de sus activos problemáticos ligados al inmobiliario.
A la vista de que sus peticiones no surtían efecto, por raro y extraño que parezca cuando el que pide algo es el Banco de España, ha recurrido al Gobierno y, en aras a la transparencia para tratar de mejorar la maltrecha imagen de nuestro país, por decreto los bancos y las cajas deberán retratar sus problemas.
El anuncio lo hizo en Barcelona el subgobernador del Banco de España, Javier Aríztegui, pero los detalles los ofreció desde la mesa de la rueda de prensa del Consejo de Ministros la vicepresidenta segunda y ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado.
En apenas dos meses, cuando bancos y cajas empiecen a difundir sus resultados de este año, tendrán que ofrecer «información complementaria normalizada sobre la cartera de promoción y construcción y la cartera hipotecaria residencial». Asimismo, habrán de especificar las garantías que respaldan estos préstamos, su estado de pago, las coberturas constituidas y el loan to value, esto es, el porcentaje que el préstamo representa sobre el valor del activo.
El primer trabajo que tiene el Banco de España, que colaborará en la tarea con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Comisión Nacional del Mercado de Valores, es citar a las patronales de bancos y cajas para fijar un criterio común de información a difundir.
En todo caso, el plazo para que las entidades se retraten finaliza el 31 de marzo, cuando deberán presentar los estados contables consolidados de este año, incluidos los de los nuevos grupos que nazcan de las fusiones de cajas.
El Banco de España, con datos de 30 de junio, cifraba en 180.800 millones de euros los activos problemáticos ligados al sector inmobiliario que presentaba el sistema financiero español.
Dichos créditos suponían un 41,2% de toda la inversión del sector financiero ligada al mundo del ladrillo, que es de 439.000 millones.
Pero no es que esos 180.800 millones sean todos morosos. El Banco de España los divide en cuatro categorías. Por un lado, los créditos en situación de impago, que suman 47.900 millones de euros. Y hay otros 57.600 millones en préstamos al corriente de pago pero que el supervisor augura que acabarán dando problemas. A estos se añaden 70.000 millones más en activos adquiridos por la banca y 5.300 millones que ya se han traspasado a fallidos, es decir, se han dado por perdidos. Esos préstamos cuentan con coberturas del 33%.
Lo que quiere el Banco de España es que el sector financiero detalle, entidad por entidad, cómo se reparten esos activos.
Por ahora sólo el Santander ha decidido incluir esta información en sus últimas presentaciones. Sus activos problemáticos, siguiendo el criterio del Banco de España, suman 15.900 millones de euros, sobre una exposición al sector de 38.600 millones, el 41%, en línea con la media. Sus previsiones, sin embargo, superan las del conjunto del sistema.
El Banco de España y, ahora también, el Gobierno no quieren que la transparencia se reduzca a la entidad que preside Emilio Botín y el resto del sector deberá retratarse en apenas cuatro meses.
Será la manera, por ejemplo, de conocer la morosidad inmobiliaria de un buen número de cajas de ahorros. En general los bancos, por exigencias del mercado, son más claros en este ámbito.
A 30 de junio -los datos de septiembre se conocen dentro de tres semanas- la banca española tenía un ratio de créditos dudosos vinculados al sector inmobiliario del 11,2%. Mientras, el de la construcción tenía en impago el 9,8% de sus préstamos.
Ahora, por fin, se conocerá cómo están en este ambito las distintas entidades, y también cuántos activos inmobiliarios han adquirido o se han adjudicado tras procesos judiciales y que no aparecen en las estadísticas de morosidad.
Además del inmobiliario, la banca deberá dar información complementaria periódica sobre la situación de la financiación mayorista.
Semana de tensión para España
>Los mercados. El rescate a Irlanda acordado el pasado fin de semana alentó desde el lunes la caída de la Bolsa española y la tensión sobre la deuda soberana. El Ibex 35 comenzó la semana perdiendo un 2,7% arrastrado por la banca. Mientras, la prima de riesgo inició ese día su escalada que culminó el miércoles cuando alcanzó los 260 puntos.
>La prensa internacional. 'The New York Times' planteó el jueves la posibilidad de que España sea el próximo país en tener que acudir a un rescate y analizó las consecuencias negativas que tendría para el euro la caída de un país con una economía del tamaño de la española. Por su parte, el semanario 'The Economist' ha afirmado esta semana que Zapatero es la «clave» para el futuro de la moneda única.
>La Unión Europea. El comsiario de Competencia, Joaquín Almunia, afirmó el jueves que hay serias dudas sobre «si España tiene algo más, aparte de lo que ya está encima de la mesa» e instó al Gobierno a despejar esas incógnitas «cuanto antes».
>Alemania. El presidente del Bundesbank y candidato a suceder a Jean Claude-Trichet al frente del BCE, Axel Weber, aseguró que la UE está dispuesta a aumentar el fondo de rescate si aumenta la presión sobre España y Portugal.
>El Gobierno. La ministra de Economía, Elena Salgado, trató de calmar los ánimos el viernes al asegurar que el Tesoro Público reducirá el volumen de las emisiones de deuda de aquí a finales de año, dado que el Estado cuenta con «recursos líquidos» suficientes para financiar todos los gastos hasta que concluya 2010. Por su parte, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, descartó que España vaya a necesitar acudir a un rescate.
TOÑI CARAVACA / Córdoba
Pliego de cargos para Cajasur
El Banco de España ha esperado a que culminase el formalismo más importante para dejar Cajasur en manos de BBK, a fin de remitir el pliego de cargos a los cinco ex directores generales y 35 ex consejeros de la caja cordobesa expedientados.
A partir de ahora, cuentan con un plazo máximo de 30 días hábiles para presentar alegaciones. Todos podrán ser sancionados por la excesiva concentración de riesgos, de la que ya fueron advertidos en 2005. También deberán afrontar los problemas de organización que tenía la entidad y que le impidieron valorar y afrontar los riesgos. Según las fuentes consultadas, las sanciones quizá superen los 500.000 euros. Los ex consejeros, además, pueden ser inhabilitados durante un máximo de 10 años para ejercer en el sector financiero.
Los gestores de Cajasur deberán rendir cuentas por desobedecer las instrucciones del Banco de España, aunque de forma desigual: el regulador distingue entre quienes el 21 de mayo apoyaron la fusión con Unicaja y quienes se opusieron y votaron pedir ayuda al FROB, exponiéndose a la intervención. Entre éstos se hallan el ex presidente Santiago Gómez Sierra y los cinco canónigos del Cabildo Catedralicio, cuatro impositores y el representante de los trabajadores, José Leiva.
Entre los expedientados no figura el cura Miguel Castillejo, máximo gestor de la caja durante 30 años hasta que se jubiló en 2005. Pero sí se encuentra en la lista su sucesor, Juan Moreno, al igual que el obispo auxiliar de Bilbao, Mario Iceta, y el canónigo Juan Arias.
M. VEGA / Madrid
Los controladores retoman su guerra con Fomento por Navidad...
Anuncian el cierre del espacio aéreo gallego y advierten de que extenderán los paros
Tras varios meses manteniendo la calma, la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) ha reanudado su guerra contra Aena coincidiendo con la llegada de las vacaciones de Navidad. Los controladores anunciaron ayer nuevos cierres parciales del espacio aéreo, argumentando que si siguen trabajando con normalidad de aquí a final de año sobrepasarán el tope legal de horas anuales trabajadas. El Gobierno las estableció por Real Decreto en 1.670 la pasada primavera para acabar con las horas extra de este colectivo.
Galicia y el norte de Portugal serán la primeras regiones afectadas por la reactivación de la lucha entre los controladores y el Ministerio de Fomento, ya que los paros comenzarán este fin de semana en el centro de control de Área Terminal de Santiago de Compostela que da servicio de aproximación a los tres aeródromos gallegos y a algunas llegadas del aeropuerto portugués de Oporto.
En una nota colgada ayer en su página web, USCA explicó que «éste es uno de los efectos derivados de la entrada en vigor de la Ley 9/2010, que marca el límite legal de horas trabajadas anualmente en 1.670».
Por su parte, Aena respondió con otro comunicado en el que desmintió «rotundamente» que algún controlador de ese centro gallego haya superado ese límite horario este año.
«La amenaza» del sindicato, añadió la gestora aeroportuaria que depende de Fomento, está «totalmente injustificada».
Aena aseguró que ya ha ofrecido a los controladores explicaciones sobre cómo deben realizar el cálculo de horas anuales, que fue fijado en un Real Decreto que entró en vigor el pasado agosto.
Sin embargo, el sindicato denuncia que el «gran número de servicios mensuales que los controladores han debido realizar» no tiene parangón con el resto de Europa.
Además de asistir a este cruce de acusaciones entre Aena y los controladores, las aerolíneas y los pasajeros sufrirán una vez más las consecuencias de esta larga guerra en una época especialmente sensible para el transporte aéreo, como es Navidad.
Según advirtió ayer desde Galicia a los medios de comunicación un portavoz de USCA, estos paros se irán «extendiendo» y «generalizando» por el resto de España, informa Europa Press.
Por su parte, el presidente de USCA, Camilo Cela, aseguró en una nota que «de nuevo, estamos ante la falta de planificación de Aena», tras recordar que la pasada primavera, el sindicato ya advirtió de las consecuencias que tendría para los viajeros la entrada en vigor del Real Decreto de José Blanco.
Los controladores han pedido una reunión con el secretario de Estado de Transportes, Isaías Táboas, para evitar que el «goteo» de paros que iniciarán en Santiago se convierta en una «cascada» según avancen las semanas y el personal vaya cumpliendo el máximo legal de horas trabajadas en otras dependencias.
M. V. / Madrid
... y los pilotos amenazan con una huelga por descansar pocas horas
Sepla urge a Blanco a poner en marcha la normativa que regula sus tiempos de trabajo
Los pilotos españoles exigieron ayer al ministro de Fomento, José Blanco, la «publicación inmediata» de la normativa que regula los tiempos de actividad y descanso de este colectivo. Y amenazaron con iniciar «movilizaciones» si el Gobierno no cumple de manera «inmediata» con su compromiso de regular esta materia básica para la seguridad aérea.
Hace ya un año que Blanco se comprometió a publicar una circular aeronáutica con el fin de recoger toda la normativa europea en materia de trabajo y descansos de las tripulaciones aéreas.
Sin embargo, aunque el documento está disponible desde el pasado julio, Fomento «ha sido incapaz» de sacarlo adelante, según denunció ayer en un comunicado el Sindicato Español de Pilotos de Líneas Aéreas (Sepla).
Ante la demora de la circular, el colectivo amenazó este viernes con iniciar movilizaciones, ya que si no se regulan sus tiempos de trabajo, los pilotos temen que las aerolíneas aprovechen el retraso de la normativa para anteponer sus intereses en la negociación de los convenios colectivos en perjuicio de los trabajadores cuando el sector se recupere, algo que el Sepla prevé que ocurrirá en el segundo semestre de 2011.
Además, la ausencia de regulación juega en contra de la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Los pilotos recordaron ayer que varios estudios científicos indican que la fatiga es un factor que contribuye al 20% de los accidentes de aviación.
El sindicato puso como ejemplo el reciente accidente de un avión de Air Indian Express (filial de bajo coste de la compañía estatal) en el que murieron 158 personas. Según la investigación posterior, la fatiga de la tripulación durante la maniobra de aterrizaje fue un factor clave en el trágico desenlace.
Dada la importancia de regular los tiempos de descanso, la única explicación que el Sepla encuentra al retraso en la publicación de la circular que evitaría la fatiga en España «es la presión ejercida a Aviación Civil por los operadores».
En este contexto, los representantes de los pilotos lamentaron que «la ley anteponga los intereses económicos de las aerolíneas a la prevención de la fatiga».
Los pilotos arrastran este conflicto desde 2008, cuando la Unión Europea aprobó el denominado 'Subparte Q', un documento que regula los tiempos de trabajo y descanso de las tripulaciones en el ámbito comunitario. La transposición de esta normativa supone en algunos puntos una «regresión» respecto a la regulación española, denuncian.
Por otra parte, la división de Sepla Iberia anunció ayer que la candidatura de su actual dirigente, Justo Peral, logró el respaldo mayoritario en las elecciones del sindicato de la aerolínea. Así, Peral continuará con el proceso para la negociación del nuevo convenio puesto en marcha con la compañía.
MARISA CRUZ / Madrid
Zapatero ofrece 'transparencia' en vez de acelerar las reformas
Se reafirma en su política tras una semana dramática para la Bolsa en la que la deuda llegó a máximos / La banca deberá detallar su riesgo inmobiliario
El Gobierno, acosado por los ataques de los mercados que no dan tregua a la deuda soberana, ha decidido desplegar una estrategia intensa de comunicación interior y exterior consistente en martillear con datos, promesas de firmeza y garantías de austeridad para apuntalar un mensaje de tranquilidad que despeje las dudas que se ciernen sobre la solvencia de la economía española.
Zapatero opta así por el camino de la información transparente en lugar de imprimir un acelerón a los procesos de reformas y a los planes de ajuste. Ahora, la batalla frente a los mercados se pretende librar con una invitación: pasen y vean.
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El presidente está convencido de que las medidas que se han puesto sobre la mesa son suficientes, que el calendario previsto es el adecuado y que los resultados aún muy parciales que empiezan a observarse demuestran que se está en el buen camino. Por eso, desde La Moncloa se insiste en que los ataques que sufre la economía proceden de la pura especulación alimentada por datos «sesgados e incompletos». Este análisis es el que induce al Gobierno a pensar que la solución pasa por arrojar toda la luz posible sobre el estado de la economía.
Los planes del Ejecutivo se confirmaron ayer después de que la vicepresidenta segunda y ministra de Economía, Elena Salgado, presentara en el Consejo de Ministros un informe cuyo objetivo es «impulsar una mayor transparencia en el ámbito de la información financiera».
El documento recoge las nuevas exigencias de presentación trimestral de datos económicos, financieros y presupuestarios que deberán cumplir las comunidades autónomas. Hasta ahora, dicha información sólo se rendía ante el Ministerio de Economía y no existía obligación de hacerla pública.
Con este paso se pretende demostrar que las administraciones autonómicas también están comprometidas firmemente con la reducción del gasto y que podrán cumplir con el objetivo de déficit previsto.
Además, el Gobierno informará mensualmente de la evolución de la deuda pública y el Banco de España reclamará a las entidades financieras que hagan un esfuerzo «adicional» de transparencia en la presentación de sus cuentas anuales y en sus avances trimestrales, desagregando al máximo los datos y ofreciendo minuciosos detalles del tratamiento que han dado a sus activos tóxicos, a fin de no dejar ninguna zona de sombra que permita alimentar dudas sobre la fortaleza del sistema.
Salgado acompañó ayer al vicepresidente primero y portavoz durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros para dar cuenta de estos planes y, de paso, aprovechar para desmentir, como ya hiciera Zapatero unas horas antes, la posibilidad de que España siga el camino de Grecia e Irlanda y finalmente tenga que ser rescatada de la bancarrota. La presencia de Salgado ante los medios de comunicación fue decidida en el último momento.
La nueva estrategia del Gobierno empezó a hacerse evidente el jueves cuando la Casa del Rey reveló que Don Juan Carlos se había reunido con la vicepresidenta para recibir explicaciones sobre la situación económica. Fuentes de Zarzuela apuntaron que se decidió hacer público el encuentro para evidenciar la «preocupación y el interés» del Rey en un momento de «debilidad de la economía». Si la reunión se hubiera intentado mantener en secreto y finalmente se hubiera filtrado, las alarmas habrían saltado de inmediato.
Hoy, será Zapatero quien se someta al examen de la comunicación. El presidente comparecerá al término de su reunión con las 39 empresas más importantes del país para rendir cuentas. También tiene previsto trasladar sus explicaciones sobre la solidez económica de España en todos los foros internacionales a los que acuda. El primero será la próxima semana en Argentina, con motivo de la Cumbre Iberoamericana.
Del plan informativo no se librará ningún miembro del Gobierno. Todos los ministros machacarán el mensaje de confianza y al mismo se sumarán los altos funcionarios que transmiten mayor credibilidad ante los medios de comunicación.
Más información en página 36.
Pamplona
Rajoy pide a Zapatero que aclare las «dudas» que tiene Europa sobre España
El presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, aseguró ayer que no desea «echar más leña al fuego» en la polémica sobre la credibilidad de los datos económicos que ofrece el Gobierno. Pidió a Zapatero que aclare las «dudas» que tiene la Comisión Europea sobre esta cuestión.
En una rueda de prensa en Pamplona, afirmó que si el vicepresidente de la Comisión Europea -el español Joaquín Almunia- le dice al Gobierno «que despeje las dudas que está generando en los mercados», Zapatero debe atender esa demanda, porque «así no podemos seguir mucho más tiempo».
Opinó que los mercados no desconfían de España, sino de su Gobierno, y que «el principal factor de desconfianza en la economía es el señor Zapatero».
«Cuando hay una política de vaivenes, cuando no hay criterio, cuando se está instalado en la improvisación permanente, al final lo que se genera es una enorme desconfianza», indicó, según informa Efe.
Confía en que nunca se plantee un plan de rescate para España, porque es un país «con fundamento», que tiene «un tejido empresarial «de primer orden». «El problema es que se ha hecho una política económica disparatada y hay quien entendió que gobernar era hacer gracias en lugar de tomar decisiones», subrayó.
AGUSTÍN YANEL / Madrid
Llamazares: el informe entregado al Rey es «reaccionario y con ribetes golpistas»
El diputado Gaspar Llamazares, de Izquierda Unida, criticó ayer con dureza el informe que los empresarios agrupados en la Fundación Everis han entregado al Rey, y lo calificó de «impresentable, infumable, reaccionario y con algunos ribetes golpistas».
Ese informe, según dijo, hay que inscribirlo «en las posiciones de la derecha extrema», porque sus autores no se lo han entregado al presidente del Gobierno, «que ha sido elegido democráticamente, aunque pueda no gustarnos», sino al jefe del Estado sobrepasando sus competencias.
Afirmó que el documento «deteriora» la política y pone en duda la legitimidad de los representantes elegidos democráticamente. «No sé si, además de imponer el golpe de los mercados, quieren que sean los mercados los que gobiernen directamente y los que tengan representación en el Parlamento», manifestó.
Reclamó a Zapatero que en la reunión que va a mantener hoy con 37 de los más importantes empresarios españoles «no sólo les dé palmadas en la espalda», sino que también les exija «compromisos para salir de la crisis».
Hasta ahora, dijo, Zapatero sólo ha pedido esfuerzos a «pensionistas, funcionarios y trabajadores», mientras las grandes empresas siguen con «abultados» beneficios y sólo «piden, piden y piden».
C. SEGOVIA / Madrid
Un 50% más de invitados para frenar el malestar
Zapatero sube a 39 la lista de empresarios de hoy. Botín, Fainé o Rato confirman mientras González, Ortega y Roig se desmarcan
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha tenido que aumentar la lista de empresarios invitados para hoy en un 50% sobre lo previsto ante el fuerte malestar de los excluidos inicialmente. Ayer mismo, la lista se elevó a 39 con la incorporación de los presidentes de Agbar y de Abengoa cuando la intención declarada del presidente hace dos semanas era de un máximo de 25.
De ahí pasó esta semana a 30 y el jueves tuvo que aumentar a 37. Para eso fue clave el malestar expresado por el presidente del grupo Planeta y de Antena 3, José Manuel Lara, al ver entre los invitados iniciales a -entre otros- el presidente de Telecinco, Alejandro Echevarría. Fuentes gubernamentales señalaron que el criterio inicial era convocar a las empresas del selectivo bursátil Ibex -entre las que sí figura Telecinco y no Antena 3-, complementada con grandes grupos no cotizados como El Corte Inglés o Mercadona.
Pero el criterio no fue claro y también reaccionó con dureza el presidente de Abertis y del Círculo de Economía, Salvador Alemany, otro excluido pese a figurar en el Ibex. Los empresarios consultados atribuyen la selección al director de la Oficina Económica de Presidencia del Gobierno, Javier Vallés, aunque fuentes gubernamentales aseguraron ayer a este diario que ésta fue elaborada «por el presidente y su gabinete».
Y mientras unos presionaban para entrar, otros no mostraron interés en aceptar la invitación. El presidente del BBVA, Francisco González, y el de Inditex, Amancio Ortega, confirmaron ayer que enviarán en su representación a sus lugartenientes respectivos, Ángel Cano y Pablo Isla. Ambos alegaron compromisos personales ineludibles, pero en el caso de González es un gesto claro de desmarcarse de lo que se presenta como una reunión puramente mediática para el presidente en vísperas de las elecciones catalanas y en pleno vendaval en los mercados.
Ortega, por su parte, se mantiene siempre ajeno a cualquier acontecimiento social de este tipo en el que hay cámaras de por medio. El presidente de Mercadona, Juan Roig, también excusó su asistencia. Tiene reputación de no acudir a reuniones sin contenido como la que se perfila. El consejero delegado de Cepsa alegó un consejo en Dubai.
En la misiva de convocatoria, se mantiene que la duración máxima será de tres horas sin un protocolo claro de intervenciones, pero Moncloa hizo circular ayer informalmente entre algunos de los invitados que el deseo del presidente es que todos tomen la palabra, para lo que no deberían extenderse más de tres minutos. Si se divide el tiempo convocado por el número de asistentes, teóricamente tendrían unos cuatro minutos cada uno, contando con que el presidente les propinará alguna de sus largas intervenciones habituales.
«Me han dicho que no hay que hablar más de tres minutos, pero todo es improvisado y sin ningún protocolo. Hasta que no vaya allí, no sé qué pasará», comentó a este diario uno los invitados. «Que yo sepa, no hay ninguna obligación de hablar, así que seguramente escucharé», afirmó otro.
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, justificó la convocatoria a las grandes empresas por su papel de locomotora. «Es verdad que el empleo se genera en las pequeñas y medianas empresas», apuntó Salgado, pero añadió que «el Gobierno es consciente de que las grandes empresas [invitadas] son las tractoras de la economía». «Son ellas con las que queremos discutir sobre las perspectivas de crecimiento», resaltó.
Según la vicepresidenta, que asistirá a la reunión, «habrá un intercambio de opiniones, observaciones y posiciones sobre la internacionalización de las empresas y otros asuntos como las inversiones y opciones de crear empleo».
AJUSTE DE CUENTAS
JOHN MÜLLER
Entre la compasión y la 'opción nuclear'
Mucho trabajo han tenido en el Palacio de la Moncloa estos días con la convocatoria del sábado. Ayer, los fotógrafos tomaban medidas para comprobar cómo registrar la visita de 39 empresarios. La foto de familia estaba casi descartada ante las múltiples bromas que hay con el asunto. «He estado en la foto de los sofás, de la mesa... No se me ocurre cómo nos pondrán ahora», especulaba un empresario.
La noticia de que Francisco González, presidente del BBVA, no acudirá a la cita agitó la mañana. González no pudo aplazar un compromiso personal. Acudirá el consejero delegado, Ángel Cano. Éste es uno de los riesgos de invitar con premura. Las cartas de José Enrique Serrano, director de Gabinete de Zapatero, llegaron apenas el martes. Y a los 30 invitados originales se sumaron nueve más después de que personas como Salvador Alemany, presidente de Abertis, hicieran saber que no podían ser marginados.
La ausencia de González desencadenó discusiones entre jefes de comunicación y directivos sobre el nivel de representación en la cita. Hasta ahora, el único invitado que había dicho que no iría era el consejero delegado de Cepsa, Dominique de Riberolles. En su lugar irá el presidente, Santiago Bergareche.
Los empresarios se imaginan que en la reunión el presidente no sólo les va a solicitar que inviertan y creen empleo, sino que les va a pedir que se retraten y salgan a hablar bien de España. El formato, tan masivo, puede deparar alguna sorpresa. Muchos empresarios creen que, disponiendo de sólo tres minutos para hablar, tendrán que emplearse con contundencia. A muchos no les parece poco tiempo. Por el contrario, creen que varios acabarán repitiéndose.
Ayer se perfilaban dos tipos de posiciones entre los empresarios. Una, la más compasiva y generosa con el Gobierno, que iba por la línea de exigirle al presidente -con distintos grados de dureza verbal- que cumpla ya con las reformas prometidas. Este grupo piensa que con la crisis de Gobierno que aupó a Rubalcaba a la Vicepresidencia, se ha perdido impulso y se han enviado mensajes en sentido contrario, con un ministro de Trabajo que viene a templar gaitas con la reforma laboral y la de las pensiones.
Este grupo espera que el Gobierno avance con decisión en estas dos materias y en la reforma de las cajas de ahorros. Este último punto irrita especialmente a los bancos, que piensan que nuestra credibilidad sufre cuando la tasa de mora de las cajas de ahorro es menor que la de los bancos, simplemente porque la autoridad decide imputar la mora de la intervenida y ruinosa Caja Castilla-La Mancha (CCM) al epígrafe de los bancos.
Otro grupo es el que alienta la opción nuclear. Éstos piensan que se ha perdido tanto tiempo que la única forma de recuperar credibilidad ante los mercados es anunciar ya que España se compromete a reducir el déficit al 3% o a cero en 2011. «Sí, es increíble», dice un empresario, «pero lo que nos está pasando también es increíble». Y esa reducción implica hacer las reformas prometidas y otras nuevas. «Si no hay gente manifestándose en las calles, los mercados no se creen las reformas», dice un directivo. «Así no más es», sentencia.
john.muller@elmundo.es
INFORME EVERIS / PROPUESTAS PARA TRANSFORMAR ESPAÑA (3)
IGNACIO ANASAGASTI / Madrid
Un Estado de Bienestar «sostenible»
Es «urgente» una revisión «profunda» de las pensiones para evitar más «tensiones»
La dura crisis económica que atenaza a España, junto a los cambios demográficos experimentados en los últimos tiempos, están poniendo en tela de juicio la sostenibilidad del actual modelo de Estado de Bienestar. Las cifras empiezan a no cuadrar del todo y a ponerse en cuestión, lo que obliga a realizar un «replanteamiento urgente y profundo» de las bases del sistema.
Así de claro lo plantea el informe Transforma España de la Fundación Everis, que califica la misión de «reto mayúsculo». No sólo por la complejidad y el alcance de la misma, sino por la necesidad de que sea impulsada por el conjunto de las fuerzas políticas para dar confianza y estabilidad futuras.
«El Estado de Bienestar del que disfrutaba España antes de la crisis se apoyaba en factores demográficos que han cambiado y cambiarán más acusadamente en el futuro, en factores económicos que igualmente han cambiado (tasa de paro muy alta, fuerte caída del crecimiento del PIB, etcétera) y en una posición competitiva en el mundo en claro retroceso. Para evitar escenarios extremos, es imprescindible reformular el espacio y las reglas del Estado de Bienestar para asegurar su viabilidad», expone.
En este debate, que está a día de hoy muy candente, el elemento que tiene un mayor protagonismo es, sin duda, el sistema de pensiones, sobre el que hay en juego una próxima reforma que está levantando críticas exacerbadas entre los agentes sociales. Los 100 expertos y empresarios firmantes de la propuesta de la Fundación Everis se han sumado a la polémica y plantean «una revisión profunda de su concepción y diseño».
«A lo largo de los últimos años, el modelo de pensiones sólo ha experimentado modificaciones ligeras (por ejemplo, en el periodo de cálculo), mientras que la pirámide poblacional ha vivido cambios profundos (envejecimiento, aumento de la esperanza de vida, etc.). Los desajustes actuales y esperados entre volúmenes de cotizantes y beneficiarios son la antesala de tensiones que se ampliarán en los años venideros», sentencian.
Ahora mismo, con la tasa de desempleo disparada, existen 2,2 cotizantes (excluidas las cuotas que abona el Inem a los desempleados) por cada pensionista. Una cifra preocupante que requiere pasar a la acción.
El Gobierno, en principio, tiene previsto aprobar el proyecto de ley de la reforma, como tarde, en abril con el mayor consenso posible. Los cambios que se podrían incluir son: el aumento de la edad de la jubilación de los 65 años actuales a los 67 y del periodo de cálculo de las pensiones, que actualmente está en los últimos 15 años de la vida laboral.
Frente a este calendario, desde Bruselas se pide una mayor celeridad a tenor de las crecientes presiones de los mercados sobre la deuda española, que están elevando la prima de riesgo. El presidente de la Comisión, Durão Barroso, y el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, han transmitido en privado a Zapatero y a Elena Salgado la necesidad de acelerar los tiempos. Desde el Gobierno hacen oídos sordos, de momento. El ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, asegura que no van a actuar al dictado de los mercados «ni de nadie».
EL MUNDO, en su documento 100 propuestas para defender y fortalecer la democracia, fue muy prolijo en el tema de las pensiones. Aparte de proponer un aumento de las mínimas («subirán dos puntos por encima del IPC durante los cuatro años de la legislatura») y la igualdad de cuantía en toda España, consideró oportuno establecer «incentivos para retrasar la jubilación».
Además de ello, ofreció una batería de medidas para reforzar el Estado de Bienestar, como un plan integral de ayuda a las familias y otro de conciliación familiar y laboral, entre otras. En opinión de los firmantes de Transforma España, la iniciativa del cambio de modelo la deben tomar los políticos (Gobierno y oposición), aunque los ciudadanos también deben representar un papel protagonista.
Se pide de ellos, sobre todo, que sean «responsables» y que hagan un uso racional de los servicios públicos. «Todos tenemos que ser conscientes del coste del funcionamiento del sistema», recalca el presidente de la Fundación Everis, Eduardo Serra, quien además apunta que «si queremos mantenerlo, no podemos hacer que tenga costes desbocados anualmente».
