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sábado, 18 de diciembre de 2010

EDITORIALES: Verdad periodística, verdad judicial y realidad del 11-M

Verdad periodística, verdad judicial y realidad del 11-M

Zapatero embustero

LA SENTENCIA de la Audiencia Provincial de Madrid que desestima el recurso de Sánchez Manzano contra el fallo del juzgado que rechazó su demanda contra EL MUNDO corrobora el trabajo de investigación de este periódico sobre el 11-M y reafirma el principio constitucional de la libertad de expresión. El fallo vuelve en segunda instancia a asestar un duro varapalo al comisario -que había denunciado a cuatro periodistas de EL MUNDO-, al subrayar «la veracidad» de lo desvelado por nuestro periódico y dictaminar que «no hubo intromisión ilegítima en el ámbito de la protección de su honor», dado el interés general de la información y el cargo público que ejercía el demandante.

La Audiencia, que ratifica todas y cada una de las conclusiones de la juez de primera instancia, afirma que el procedimiento no implicaba una revisión de lo que ocurrió el 11-M, pero al analizar los motivos de la demanda de Sánchez Manzano, ex jefe de los Tedax, subraya que todo lo publicado por nuestro periódico es veraz.

La sentencia -escrita en un perfecto español por el ponente García Paredes- se puede dividir en dos partes bien diferenciadas. La primera valora si las revelaciones de EL MUNDO sobre Sánchez Manzano estaban basadas en hechos comprobados y eran, por tanto, veraces. En la segunda, la Audiencia entra a considerar si las expresiones dedicadas al comisario están dentro del legítimo ejercicio de la libertad de expresión.

Centrándonos en la primera parte, el fallo da por probado que la Policía incautó a ETA un documento en el que había un esquema de funcionamiento de explosivos mediante teléfonos móviles como temporizadores, la misma técnica utilizada por los autores del 11-M.

En cuanto a la mochila de Vallecas, la sentencia hace una interesante reflexión al señalar que «la verdad periodística no tiene por qué coincidir con la verdad judicial de la misma manera que ésta no coincide a veces con la verdadera realidad de los hechos». A partir de esa premisa, la Audiencia apunta que, contra lo que esgrime Sánchez Manzano, era cierto lo que decía nuestro periódico: que nada acreditaba que el móvil de la mochila de Vallecas estuviera programado para hacerla estallar a la vez que las demás bombas porque la hora programada había sido borrada al apagarlo. Ya sólo esto prueba la manipulación policial del sumario. Igualmente, el fallo considera justificada la crítica a Sánchez Manzano por no informar al instructor de que la mochila no podía explotar porque los cables estaban desconectados. Sobre la naturaleza de los explosivos, el fallo elogia los esfuerzos de nuestros periodistas por buscar la verdad y señala «que el tema lo demandaba así». Los jueces de la Audiencia consideran justificadas las críticas al comisario por su decisión de realizar los primeros análisis en el laboratorio de los Tedax y por los fallos en la custodia de las muestras, conclusión avalada también por la juez que desestimó inicialmente la demanda.

Entrando en la segunda parte, dedicada a la valoración jurídica de las opiniones, la Audiencia subraya que lo que Sánchez Manzano «califica de campaña de prensa contra él puede considerarse más bien como una actitud pertinaz para esclarecer lo ocurrido en el 11-M». Los magistrados interpretan «las frases descalificadoras y mordaces» de algunos artículos de este periódico no como una voluntad de «lacerar» al comisario sino como expresión de «la rabia periodística de percibir que la verdad de los hechos se podía escapar». De forma significativa, los jueces apuntan que «Manzano era un peón dentro del ajedrez en el que el Estado estaba jugando la partida de la persecución y el castigo de los terroristas». Un peón que realizó un trabajo sucio y que contribuyó a obstaculizar la acción de la Justicia, como nosotros siempre hemos sostenido.

Para acabar, creemos que esta sentencia tiene un valor indiscutible como refrendo de la investigación de nuestro periódico. Estamos seguros también de que será incorporada al procedimiento judicial que se está instruyendo contra Sánchez Manzano como consecuencia de una querella de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M.

Pero la principal aportación de la resolución es esa distinción entre «verdad periodística», que es la suma de nuestros esfuerzos, y «verdad judicial», que es la sentencia de la Audiencia Nacional de la que fue ponente Gómez Bermúdez. La existencia de patentes discrepancias entre ambas es lo que nos lleva a pensar que éste es uno de esos casos en los que -por volver al texto de García Paredes- esa sentencia «no coincide con la verdadera realidad de los hechos». De ahí que la sociedad española tenga una grave asignatura pendiente y nosotros un empeño al que jamás vamos a renunciar.

Retrasará la edad de jubilación aunque no haya acuerdo con los partidos

Zapatero muestra ahora firmeza en las reformas y safisface a Merkel

Zapatero embustero

ZAPATERO resumió ayer a la perfección lo que ha sido para España este Consejo Europeo: el Gobierno, como los del resto de países más débiles, se compromete a acelerar el cumplimiento de sus deberes a cambio de la aprobación del fondo de rescate permanente y de los avances en la integración económica. El presidente se mantuvo firme en que el 28 de enero se regulará el retraso de la edad de jubilación a los 67 años a pesar del desacuerdo que mostró el jueves el Pacto de Toledo. La prolongación de la vida laboral es necesaria para evitar un colapso del sistema de pensiones ante el inexorable envejecimiento de la población. Zapatero va a cumplir con el compromiso contraído con la Unión Europea y no se entiende que el PP se oponga a esta medida imprescindible. Dijo además que el Gobierno tiene recursos para meter en vereda -y que lo hará si es preciso- a las comunidades autónomas que se salten las normas del déficit. Esta contundencia safisfizo a Angela Merkel y esto es lo que hay que aprobar del presidente. Sólo hay una forma de evitar las dudas de los mercados: no tenerlas al acometer las reformas necesarias.

Hace sólo un mes presumía de que trabajaba mucho sin ánimo de lucro

González ficha por una compañía a la que benefició cuando era presidente

POR FIN Felipe González podrá comprarse una casa. Un mes después de afirmar públicamente que no le interesa el dinero y que «si tuviera el ahorro» para adquirir una vivienda «lo emplearía en eso», Gas Natural ha anunciado su fichaje por 126.500 euros al año. Lo curioso es que la compañía dice contratarle por su «profunda conexión con Latinoamérica», cuando su misión será negociar el precio del gas en África, concretamente con Argelia. Se da la coincidencia de que Gas Natural, cuyo principal accionista es La Caixa, se vio beneficiada por el Gobierno de González en 1994, cuando éste le adjudicó la pública Enagás a la mitad de su valor contable. Eran tiempos en los que González gobernaba en minoría gracias al apoyo de Pujol. Otra coincidencia es que la agencia de calificación Standard & Poor's rebajó a Gas Natural su rating precisamente ayer. Parece que González ha decidido dejar a un lado lo que él mismo denominó «esfuerzo non profit» (libre de lucro), y ha apostado por ingresar en caja los servicios que realiza. Continúa siendo un secreto si cobra y cuánto de su amigo Slim, el multimillonario mexicano.

ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: Zapatero retrasa la jubilación a los 67 entre elogios de Merkel

Madrid

La deuda de las CCAA se dispara un 27% hasta los 107.624 millones

Cataluña es la región más morosa, con un pasivo de más de 30.300 millones

Zapatero embustero

La deuda de las comunidades autónomas sigue en aumento y registró en el tercer trimestre del año la cifra más alta de toda la serie histórica: 107.624 millones de euros, equivalentes a un 10,2% del PIB nacional.

El endeudamiento autonómico se acentuó en este periodo un 27% como consecuencia de la crisis económica, que está provocando un incremento de los gastos y una caída muy importante de la recaudación. Los datos del Banco de España muestran además que desde el año 1995, el endeudamiento de las regiones no ha parado de crecer, batiendo en cada ejercicio récords históricos, a pesar del compromiso de estabilidad presupuestaria adquirido en los últimos años.

Los ayuntamientos también han seguido la misma tendencia que las comunidades y su deuda alcanzó en el tercer trimestre los 36.226 millones de euros, lo que representa un incremento del 4,6% respecto al mismo periodo del año anterior. Por su parte, la deuda de la Administración Central repuntó en el mismo periodo un 15%, hasta los 467.348 millones de euros, lo que representa el 44,1% del PIB. En el conjunto de las administraciones públicas el endeudamiento total escaló, por tanto, hasta los 611.198 millones de euros, equivalentes a un 57,7% del PIB y muy cerca del límite establecido por el Tratado de Maastrich (60%).

Claro que no todas las comunidades registran el mismo deterio de sus cuentas públicas. Cataluña es nuevamente la que más deuda soporta, valorada en 30.304 millones de euros, cantidad que representa el 28% del total del pasivo acumulado en el conjunto de las regiones, informa Europa Press.

Tras Cataluña, se situó la Comunidad Valenciana (16.365 millones de euros), que vuelve a ocupar el segundo lugar por delante de Madrid, cuya deuda ascendió a 12.583 millones. Entre las tres, acumulan el 55% del endeudamiento regional.

Navarra (1.544 millones), Extremadura (1.457 millones), Asturias (1.407 millones), Cantabria (881 millones de euros) y La Rioja (739 millones) son, por este orden, las comunidades con menos deuda.

En cuanto a la evolución trimestral, ninguna comunidad autónoma logró reducir la deuda respecto al pasado año, destacando el incremento del 143% en el caso de País Vasco.

Precisamente ayer la agencia de calificación Moody's rebajó las notas de la deuda del País Vasco y de las diputaciones forales de Guipúzcoa y Vizcaya de AAA a AA1, con perspectivas «negativas». La agencia argumenta su decisión por la «disminución del rendimiento financiero de las tres entidades en los últimos tres años y por el deterioro sostenido de los resultados operativos en 2010».

Por su parte, las corporaciones locales arrojaron una deuda de 36.226 millones de euros en el tercer trimestre en relación a igual periodo de 2009, el equivalente al 3,4% del PIB, lo que representa un aumento del 4,6% sobre el mismo periodo del ejercicio precedente.

Del total de la deuda de las corporaciones locales, la mayor parte (29.127 millones) corresponde a los ayuntamientos, con un incremento del 3,6%, y de esta cifra, 14.689 millones pertenecen a capitales de provincia. La deuda de los ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (Barcelona, Madrid, Málaga, Sevilla, Valencia y Zaragoza) alcanzó los 10.755 millones de euros, lo que supone prácticamente un estancamiento (+0,2%) respecto al mismo periodo de 2009.

No obstante, destaca el incremento del 9,5% de la deuda del consistorio de Barcelona, que sumó 794 millones de euros, y el de Valencia, que elevó su endeudamiento un 10,3%, hasta los 872 millones de euros.

La deuda del Ayuntamiento de Madrid (7.134 millones) es superior al de todas las comunidades excepto Cataluña, Comunidad Valenciana y Andalucía, y además es casi diez veces superior a la deuda del Ayuntamiento de Barcelona. Sin embargo, representa un descenso del 3% respecto al año anterior.

El próximo lunes, el Ministerio de Economía publicará por primera vez los resultados trimestrales homogenizados de todas las comunidades autónomas.


J. G. TRECEÑO / Madrid

Madrid celebra su calificación con bronca

El Consistorio aplaude que Fitch no le baje la nota y exige a Zapatero más financiación

«La solvencia del Ayuntamiento de Madrid refleja la solidez de su economía, según ha revelado hoy [por ayer] Fitch Ratings. La agencia internacional de calificaciones crediticias a largo plazo afirma que las perspectivas del Ayuntamiento de la capital española 'son estables'». Así de claro lo decía ayer lo promulgaba el Consistorio capitalino a través de su página web. Esto supone, según la entidad, que Madrid mantenga la calificación de AA- (la segunda mejor nota).

Con respecto a la deuda a corto plazo, merece un F1+, por lo que las perspectivas continúan estables. Estas agencias acreditan la solvencia de las entidades y administraciones. Es decir, lo fiables que son a la hora, por ejemplo, de pagar un crédito.

Hay que recordar que la deuda de la capital asciende a 7.145 millones de euros, la mayor de todos los municipios de España.

No obstante, la agencia precisa que los ratings (o calificaciones) podrían verse negativamente afectados si no logra mejorar la dinámica de ingresos «de tal modo que en los próximos tres años el ahorro bruto cubra el pago de la deuda», precisa la agencia.

Es decir, que por un lado habla de la «solidez» de la economía madrileña, respaldado con una creciente base fiscal (gracias al aumento de población), pero también alerta de su elevado nivel de endeudamiento desde 2004. El motivo, según reconoce, un «fuerte esfuerzo inversor» entre 2004-2007. La capital acometió el soterramiento de parte de la M-30, la vía de circunvalación de la ciudad.

La agencia precisa que las calificaciones subirán incluso si el Ayuntamiento es capaz de mantener un ratio de ahorro bruto sobre ingresos corrientes del 15%, al tiempo que reduce su endeudamiento total.

Si a lo que dice este informe se suma, además, que otra agencia de calificación, Moody's, ha justificado la revisión de la nota de solvencia de España de esta semana por la falta de control del Ejecutivo central sobre las cuentas de las autonomías y que recientemente Zapatero cerró la puerta a Alberto Ruiz-Gallardón a la refinanciación, la revancha estaba servida. El concejal de Hacienda, Juan Bravo, salió ayer a la palestra para reprochar al Ejecutivo el cerrojazo a la refinanciación de la deuda. A su entender, la decisión del Gobierno no está justificada si se atiende al análisis objetivo de los agencias calificadoras.

El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, pidió al presidente una reunión para tratar la refinanciación, que no aumento, de la deuda de la capital. Los municipios, frente a las comunidades autónomas y el propio Estado, no pueden hacerlo. El motivo esgrimido por el Ejecutivo es que Madrid ha sobrepasado todos los límites de endeudamiento que le permite las normas que regulan la actividad de los ayuntamientos. El Gobierno local defiende que su problema no es de deuda si no de liquidez.

El Consistorio, que es el segundo territorio después de la comunidad catalana en aportación al PIB nacional, asegura que tan sólo dedican tres de cada 100 euros a pagar la deuda. Es decir, que la tienen controlada. El problema de Madrid -con 3,2 millones de habitantes-, como reconocen en el Ayuntamiento, es que se le aplica la misma legislación que a municipios menores de 5.000 habitantes (el 85% del total).

José Luis Rodríguez Zapatero no permitió excepciones por el «compromiso», como dijo en el encuentro oficial en La Moncloa, que había adquirido con los mercados. Es decir, no incrementar la deuda. Ahora, la capital airea el informe que certifica su solvencia y retrata las vergüenzas del Ejecutivo al contraponer su nota con la del Gobierno.

JUAN EMILIO MAÍLLO / Granada

El Banco de España ordena a los SIP «vaciar las cajas»

Exige que trasladen ya todo su negocio financiero a los bancos que van a crear

«Hay que vaciar las cajas». Esta orden tajante ha sido trasladada por un alto cargo del Banco de España a varias de las cajas de ahorros que se están agrupando en torno a los denominados Sistemas Institucionales de Protección (SIP), según ha podido saber EL MUNDO.

El sentido de la orden es que todo el negocio financiero, activo y pasivo de las cajas de ahorros, se traslade lo más rápidamente posible a los nuevos bancos que van a crear estas entidades. Es la mejor manera de que el mercado entienda en qué consisten los SIP y sea más fácil que les den su confianza en términos de financiación y, lo que se aventura más complicado, capital.

En esta tesis ahondó ayer el subgobernador del Banco de España, Francisco Javier Aríztegui, durante la clausura de unas jornadas sobre la reestructuración de las cajas organizadas por Caja Granada y KPMG.

En este foro, abierto al público, Aríztegui fue algo más prudente e indicó que la decisión de llevar todos los activos y pasivos de las cajas al nuevo banco «deberá plantearse sin dilación, si así lo demandan los mercados de financiación». Y si lo que se busca es capital, advirtió que los inversores exigirán «un elevado nivel de incertidumbre en los proyectos y en sus estructuras empresariales».

El subgobernador apuntó que «posiblemente» la cesión de parte del negocio de las cajas «pudiera ser suficiente» para captar liquidez, «pero probablemente, cuando se necesite obtener capital, emitiendo acciones del banco situado en el corazón del SIP, será necesario un mayor aporte de activos y pasivos estratégicos a dicho banco».

«Insisto», remarcó Aríztegui, «en la coyuntura actual, esta decisión hay que tomarla con prontitud si se desea obtener el capital precio para los proyectos empresariales que todos debemos impulsar».

Una tesis en la que abundó el consejero delegado de Analistas Financieros Internacionales (AFI), Ángel Bergés: «A los mercados se sale como banco, y para eso hay que tener chicha, patrimonio».

Todo ello en una coyuntura complicada, a juicio de la práctica totalidad de los ponentes que acudieron a la jornada. Bergés y José Carlos Díez, economista jefe de Intermoney, coincidieron en un contundente y duro diagnóstico: «Aquí no emite ni Dios». Y Díez advirtió de sus consecuencias: «Cuando uno tiene una crisis de solvencia, pierde dinero, cuando la crisis es de liquidez, pierde el banco».

Díez trató de ilustrar la gravedad del momento: «Las cajas ya no estáis estigmatizadas, estáis apestadas. Captar capital está bien, pero primero os tendrán que comprar cédulas hipotecarias», el activo de mayor calidad, y que tampoco aceptan hoy por hoy los mercados.

Joaquín Maudos, catedrático de la Universidad de Valencia, señaló que el éxito del proceso de integración de las cajas se medirá en si se abre el grifo del crédito y si las nuevas entidades «son atractivas» para los inversores.

Héctor Flórez, socio de Deloitte, apuntó que la reestructuración de las cajas «no es suficiente para garantizar la viabilidad del sistema financiero». A su juicio, «las entidades que sobrevivan en 2015 serán tremendamente rentables. El problema es que no todas van a sobrevivir».

Mientras, el socio responsable del sector financiero de KPMG, Francisco Uría, sostuvo que «las cajas deben avanzar en la definición de un nuevo modelo de negocio que resulte atractivo para los inversores».

El contexto sigue siendo de tensión para la banca. Ayer se conoció que, de nuevo en octubre, la morosidad volvió a repuntar y alcanzó el 5,66%, su nivel más alto desde enero de 1996. Los activos de dudoso cobro alcanzan los 103.685 millones.

De esta cantidad, la mitad proviene de constructoras e inmobiliarias, que han dejado activos morosos en el balance de la banca por casi 51.000 millones de euros. La morosidad de las inmobiliarias es del 11,8%, mayor entre los bancos (12,6%) que entre las cajas (11,2%). Mientras, las constructoras tienen en impago el 10,4% de sus créditos.

Sevilla

El impuesto a la banca enfrenta al PSOE andaluz con Chaves

El PSOE-A defendió ayer la aplicación del impuesto a la banca andaluza, que entrará en vigor el 1 de enero, una medida que el Ministerio de Política Territorial que preside Manuel Chaves ha recurrido al Tribunal Constitucional (TC) y que para los socialistas es «adecuada y sin ánimo recaudatorio».

El recurso presentado por el Ministerio de Manuel Chaves se basa en la invasión de competencias al afectar a bienes situados fuera de la comunidad, una opinión que no comparten ni la Junta ni los socialistas andaluces que creen que «no se produce la vulneración» de las competencias, ha aseguró ayer Susana Díaz, secretaria de Organización del PSOE-A.

La tasa, con la que la Junta espera recaudar unos 132 millones de euros en 2011, es una medida «adecuada y sin afán recaudatorio», manifestó Díaz en rueda de prensa, en la que ha explicado que será «muy positiva» para que las entidades bancarias faciliten el crédito a las empresas y la familias.

La dirigente ha precisado que el recurso del Gobierno central «no supone una sorpresa», teniendo en cuenta que en 2002 el Gobierno de José María Aznar recurrió también ante el TC una «medida exactamente igual» aprobada por la Junta de Extremadura sobre la que aún no hay decisión de este tribunal. «Éramos conocedores de que el Gobierno de (José Luis Rodríguez) Zapatero interpretaba, igual que en el caso de Extremadura, que este tributo podía vulnerar las competencias estatales», ha detallado.

La Junta y el PSOE-A esgrimen, sin embargo, que la medida es «adecuada para la situación económica en la que estamos inmersos y no vulnera» competencias estatales. La número dos del PSOE andaluz concretó, no obstante, que el procedimiento de inconstitucionalidad permitirá convocar a la comisión bilateral de cooperación entre la Junta y el Gobierno, un órgano de negociación que «intentarán llegar a un acuerdo» sobre esta cuestión en el plazo máximo de seis meses que evite los tribunales.

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas

Zapatero retrasa la jubilación a los 67 entre elogios de Merkel

Baraja también que la ampliación del periodo de cálculo de las pensiones no sea de 20 sino de 25 años, frente a los 15 actuales

Corresponsal

Zapatero embustero

Los trabajadores españoles, y los pensionistas, se deberían parecer más a los alemanes, los suecos, los británicos o los daneses. Eso espera el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que subirá la edad de jubilación de 65 a 67 años, pese a la falta de acuerdo entre los partidos políticos para la reforma de las pensiones.

Para responder a la cultura de la austeridad que ha impuesto Angela Merkel en la Unión Europea, el Gobierno español se compromete a acelerar esta reforma estructural pendiente, además de controlar más las deudas de las Comunidades Autónomas y las cajas de ahorros.

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FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid

La reforma que quiere el Gobierno

Retiro a los 67 años, 25 años en el cálculo de la pensión y retraso de las prejubilaciones

Cumplido el tramite parlamentario de elaboración por parte de la Comisión del Pacto de Toledo de las recomendaciones sobre la reforma de las pensiones, el Gobierno va a comenzar a elaborar el proyecto de ley. Y mantendrá las dos modificaciones que comunicó el 3 de febrero por la mañana a Bruselas en el Programa de Estabilidad, y que suprimió del texto el mismo día por la tarde aduciendo que se trataba de un «error». Tal como se apunta en este documento inicial, retrasará la edad de jubilación «en dos años» y aumentará «en una década el número de años considerados para calcular la pensión». Es decir, se impone la reforma anunciada, y después desmentida, de la vicepresidenta Salgado, que sigue mirando de reojo a los mercados.

Zapatero embustero

Jubilación a los 67 años. Según reconoció ayer el secretario de Estado de Seguridad Social, Octavio Granado, «hay que prolongar la edad real de jubilación y la única forma que tenemos es la de alargar la edad legal», fijada actualmente en 65 años, «tal como están haciendo otros países». El retraso voluntario puesto ya en marcha, incentivando a trabajadores y empresarios, ha ocasionado que un 7% de los jubilados (frente al 1,8% de hace dos años) haya alargado su vida laboral más allá de los 65 años. Sin embargo, la mayoría son autónomos. Granado señaló que los trabajadores por cuenta ajena se quejan de que las empresas les despiden a esa edad sin indemnización (les rescinden el contrato) y no pueden seguir en su puesto de trabajo. «Estamos estudiando cómo evitar ese despido, y la fórmula es la de aumentar la edad legal de jubilación incrementando la capacidad de decisión del trabajador», manifestó.

Este incremento se haría de forma paulatina y seguramente tal como anunció en su momento la vicepresidenta Salgado. Es decir, la edad legal aumentaría en una media de unos dos meses por año, hasta alcanzar los 67 años en 2025, siempre y cuando la reforma se hiciera operativa a partir de 2013 (después de las elecciones generales y con un nuevo Gobierno). Los empresarios tendrían que adaptar la rescisiónde los contratos a este calendario.

En cualquier caso, Granado matizó que «lo que sí tenemos decidido es que la legislación debe ser más flexible». ¿En qué consistirá esa flexibilidad? Es lo que tendrá que decidir el Gobierno. Las fórmulas posibles son: excluir a determinados colectivos que realizan trabajos penosos de este retraso en la edad legal de jubilación; premiar a las carreras más largas de cotización como sucede en Francia (con 40 años trabajados los empleados pueden jubilarse sin penalización a partir de los 62 años); o generalizar el modelo mutualista de adelantar la jubilación con una nueva penalización.

Cálculo con 25 años. Granado reconoció que si se amplía en cinco años más el periodo de cálculo de la pensión, de 15 a 20, «el ahorro sería insuficiente». Según la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea), la reducción de gasto sólo sería del 3%. Por tanto, es muy probable que el cómputo de vida laboral que figure en el proyecto de ley sea de 25 años. Se establecería de forma paulatina, a una velocidad media de un año más por cada ejercicio transcurrido. Según Granado, «la gente se acomoda a los nuevos requerimientos y es un elemento poderosísimo para aumentar los ingresos».

Prejubilaciones a los 54 años. El retraso de la edad de jubilación arrastraría también a la que ahora existe para las prejubilaciones (52 años). Lo normal es que fueran dos años más (hasta 54), pero podría tomarse incrementando esa cifra. «Tenemos que ir a un sistema que evite las prejubilaciones», señaló Granado. Para evitar el abuso por parte de las grandes empresas, el Gobierno quiere que las compañías con beneficios paguen las prejubilaciones de sus cuentas de resultados.

Pensión anticipada a los 63 años. El aumento de la edad legal de jubilación acarreará también un alza de la edad mínima para la jubilación anticipada, que ahora está en los 61 años con un descuento por año adelantado según los ejercicios cotizados; o en los 60 años y menos reducción para los mutualistas con cuotas anteriores a 1967. Podría situarse en los 63 años y serviría para desincentivar las prejubilaciones.

AJUSTE DE CUENTAS

JOHN MÜLLER

Delito de 'lesa diplomacia'

En la reunión de los empresarios con el presidente Zapatero el 27 de noviembre pasado, Baldomero Falcones, presidente y consejero delegado de FCC, dejó en evidencia con una simple pregunta cuán descentrado puede estar un Gobierno. Falcones planteó tres cosas. La primera, inquirió hasta dónde defendería la UE a Portugal. La segunda, defendió la importancia de exportar. Y en tercer lugar, reclamó más atención del Gobierno con los países amigos que deberíamos tener en cuenta. «¿Cuántos ministros del Gobierno han estado en Alemania en el último mes?», preguntó Falcones.

Hay testigos que dicen que la vicepresidenta Elena Salgado comenzó a rebuscar entre sus papeles. «No lo sé», le habría musitado al presidente. Éste no respondió. «Ninguno», habría remachado el jefe de FCC.

La pregunta tuvo un enorme efecto ilustrativo entre los presentes, porque varios de ellos recordaron la inopinada visita de Trinidad Jiménez a Evo Morales en un hospital boliviano apenas unas semanas antes, cuando había estallado la crisis del Sáhara. «Bolivia 1, Alemania 0», pensó uno de ellos. «Ésas son nuestras prioridades y así nos va».

Ayer, Zapatero dio un paso en la buena dirección al anunciar que ha acordado con Angela Merkel celebrar una cumbre bilateral el próximo 3 de febrero en Madrid en la que participarán empresarios y sindicatos de ambos países.

Lo que resulta increíble y sólo puede tacharse de irresponsabilidad manifiesta del Gobierno es que no se haya celebrado una sola cumbre hispanogermana desde enero de 2008. Esto significa que durante su segundo mandato, que ganó en marzo de ese año, Zapatero no ha sentido la necesidad de mantener contactos más estrechos con el Gobierno alemán, cuestión que resulta de todo punto insólita dado el enorme predicamento que Merkel tiene en Europa.

El vínculo de Zapatero con Merkel ha estado lleno de tontos e inoportunos agravios que se le han infligido a la canciller. Pero esos episodios pueden convertirse en meras anécdotas entre dos gobernantes si las relaciones se amplían mediante cumbres bilaterales e intercambios que hagan que la relación sea más profunda.

Las afrentas pueden ser fruto de la imprudencia humana, pero la ausencia de cumbres bilaterales es un crimen de lesa diplomacia que debería hacer enrojecer al equipo que dirigía Miguel Ángel Moratinos, tan aficionado a los países exóticos, al Medio Oriente, a Cuba y Venezuela.

Reparar esta desconexión, fomentar la comprensión de nuestros problemas mutuos, facilitar la actuación de nuestros empresarios, identificar tareas conjuntas son apenas el inicio de una larga lista de las cosas que España ha dejado de hacer con Alemania en casi tres años. Afortunadamente, Falcones le abrió los ojos al presidente sobre esta gravísima deficiencia de nuestra política exterior.

john.muller@elmundo.es

LUIS Á. SANZ / Zaragoza

PP: «Trabajar para no pedir ayuda»

El presidente del PP, Mariano Rajoy, dedicó buena parte de su discurso de clausura de la 17 Unión Intermunicipal del partido, que se celebró ayer en Zaragoza, al Consejo Europeo de esta semana. Sin entrar en detalles, el líder de la oposición comenzó afirmando que su partido «apoyará todas las decisiones que se tomen que sean buenas para España».

Acto seguido, puntualizó que el PP «trabajará» para «no tener que demandar ayudas, ni rescates, ni vivir en permanente sobresalto».

Según Rajoy, el Consejo de esta semana ha sido «el Consejo de las urgencias», que mejor sería que no se hubiese celebrado: «Lo mejor de este Consejo Europeo es que no se hubiera celebrado; si se ha producido es porque algunos gobiernos, como el español, generan desconfianza dentro y fuera de sus fronteras».

Por eso, el presidente 'popular' exigió al jefe del Ejecutivo español «que termine con las chapuzas y la improvisación» que, dijo, han llevado a España a su situación actual.

Rajoy insistió en su tesis de que la salida de la crisis para España pasa por un cambio de gobierno. Y por que el nuevo ejecutivo lo presida él.

«Hace falta otro gobierno», enfatizó, «con gente competente que presente un plan económico para cuatro años y no un paquete de medidas a la semana».

Según su óptica, ese plan, que no especificó, daría «seguridad y certidumbre» a España frente a Europa y de cara a los mercados internacionales.

EDUARDO SUÁREZ / Londres

Moody's deja a Irlanda a dos pasos del bono basura

Recorta cinco escalones la calificación de su deuda pública y avisa de que la situación del país podría empeorar en breve

Corresponsal

Zapatero embustero

Desde hace meses Irlanda es un país sin orgullo nacional: humillado por el desplome de sus bancos y el fracaso de sus políticos. Desde ayer es además un país cada vez menos respetable para las agencias de calificación, que no se fían de que pueda devolver el dinero que pide prestado.

El veredicto corresponde a Moody's, que rebajó ayer en cinco peldaños la calificación de la deuda irlandesa, hasta Baa1. Un derrumbe propiciado por la recapitalización de las entidades bancarias y remachado por el rescate europeo y las nuevas medidas de austeridad. Según la agencia, la situación podría empeorar en los próximos meses. «Si la capacidad del ajuste de Irlanda se demuestra insuficiente», dice su informe, «podríamos emitir una nueva rebaja de la calificación».

La noticia no afectó a la cotización del euro, pero sí al coste de la deuda irlandesa, que no baja del 8% desde que los mercados empezaron a especular con un rescate de Bruselas. También se dejó notar por momentos en la cotización de la deuda pública española (5,51%) y, sobre todo, en el Ibex, con un descenso superior al 1% que le priva una semana más de los 10.000 puntos.

De nada sirvió el dato de crecimiento del tercer trimestre: una subida de medio punto que mantiene alejado por ahora el fantasma de una recaída del país hacia la recesión. El temor de Moody's es que el plan de ajuste frene el consumo y merme la inversión y que el país entre en unos años sin crecimiento y sin creación de empleo.

Irlanda acaba de aprobar un plan de austeridad por valor de 15.000 millones de euros. Alrededor de 6.000 están incluidos en los presupuestos del año que viene. El resto se repartirán entre los tres años siguientes. Aunque la letra pequeña está por confirmar: en el primer trimestre de 2011 habrá elecciones anticipadas y gobernarán los laboristas y los conservadores del Fine Gael. Dos partidos que se han comprometido a no cambiar el montante del plan pero sí sus detalles más impopulares.

Según Moody's, la deuda irlandesa se disparará en 2013 hasta el 120% del PIB. Una cifra sorprendente si tenemos en cuenta que en 2009 se situaba en un 66%. Pero no tanto si consideramos que el país desembolsó en septiembre en las entidades un tercio de su renta nacional.

La rebaja en la calificación deja a la deuda irlandesa a sólo dos escalones de los bonos basura. Una situación propiciada en gran medida por la gestión de los problemas de sus bancos, en los que el Gobierno se ha comprometido a inyectar unos 50.000 millones de euros. «Los problemas del sector bancario se hicieron más agudos», dice Moody's, «a medida que se fueron evaporando la confianza y la financiación de los bancos irlandeses».

La agencia recuerda que la UE ha extendido hasta 2015 el plazo en el que el país deberá reducir su déficit hasta el 3%. Un detalle que percibe como un síntoma de que la UE reconoce que se avecinan tiempos difíciles para Dublín.

No todo son malas palabras para Irlanda. El informe elogia la competitividad de la economía irlandesa, que ha reducido sus salarios y sus rentas en los últimos años. Y habla bien de su régimen fiscal, que ha atraído tantas inversiones extranjeras.

La de Moody's no es la primera rebaja que afronta Irlanda en los últimos días. Fitch recortó su calificación en tres peldaños la semana pasada. El primer ministro, Brian Cowen, dijo que le parecía «decepcionante» y «un poco excesiva». Su colega Nicolas Sarkozy le echó un cable tildándola de «sorprendente» y diciendo: «No entiendo lo que hacen. Pero están en su derecho».

P&R

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Corresponsal

La UE y sus 'mecanismos'

Una de las palabras predilectas en la Unión Europea, sobre todo desde que estalló la crisis económica, es mecanismo, lo suficientemente ambigua y oscura para contener casi cualquier cosa. Detrás de ella se esconde ahora una negociación sobre el dinero: cuánto será público y cuánto privado a la hora de ayudar en los próximos años a los Estados de la zona euro con dificultades de financiación.

¿Por qué la UE crea un fondo permanente de rescate?

El actual de los Estados de la zona euro, aprobado con prisas en mayo en el fragor de la crisis de deuda tras el colapso de Grecia, caduca en junio de 2013 y su legalidad ya se cuestiona ante la Justicia de Alemania, el país que más dinero pone en el fondo (casi el 30%). Además, Angela Merkel quiere aprovechar el nuevo «mecanismo permanente de estabilidad financiera» para cambiar el modelo de quién tiene que pagar.

¿Y qué pasa con el actual?

Sigue funcionando, pero, por primera vez, Alemania está abierta a utilizarlo más y mejor si hace falta. En principio, no considera que sea urgente ampliarlo porque quedan, en teoría, unos 422.000 millones una vez descontados los préstamos a Irlanda. Sin embargo, en la práctica, hay menos dinero porque el fondo tiene que emitir bonos de deuda que convierte en préstamos con garantías muy elevadas para conseguir la máxima calificación (los Estados en el fondo tienen que avalar más de lo que luego pueden prestar). Una posibilidad sería rebajar el nivel de garantías, pero los títulos de la zona euro podrían perder la nota sobresaliente de las temidas agencias de calificación.

¿Se va a utilizar el dinero actual de más maneras?

Alemania, la más reticente, dice estar dispuesta a hacer «todo lo necesario» con este fondo en 2011. Entre las opciones estudiadas, el fondo puede, como el Banco Central Europeo, comprar deuda de los países con más problemas para colocarla o dar créditos a corto plazo más rápido y sin el dramatismo de los planes multianuales.

¿Cuándo se ampliará?

En función de las necesidades, fuentes europeas indican que el debate empezará en la reunión de los ministros de Economía de la zona euro del 17 de enero. Los posibles cambios se podrían cerrar entre la reunión de los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete de febrero y marzo.

¿Y qué se ha aprobado en esta cumbre?

Una modificación del Tratado de Lisboa que permita crear el nuevo fondo, o más bien sistema, de 2013, cuando los Estados insolventes, además de recibir préstamos de los vecinos del euro, también estarán obligados a renegociar sus deudas con los bancos y otros acreedores.

¿Seguro que entrará en vigor?

No. El cambio requiere la ratificación en cada uno de los Veintisiete y la experiencia del Tratado fue muy mala y muy larga, con los referendos fallidos en Francia, Holanda e Irlanda, el bloqueo del presidente polaco y el checo y varias votaciones por los pelos en parlamentos nacionales. Aunque no se eviten los referendos ahora, cualquier hemiciclo, presidente o Gobierno en apuros puede dar el susto y pararlo todo.

«Despierta, José Luis»

Zapatero embustero

LA FOTOGRAFÍA se tomó en un sala llena de gente y con mucho ruido. Los jefes de Gobierno de la UE se preparaban para la cumbre rodeados de ayudantes y asesores. Pero los protagonistas parecen ajenos al ruido ambiental, como si estuvieran en la intimidad. La madre de Europa ha visto desde lejos que el hijo más problemático está solo y ensimismado, pensando en sus cosas, y se acerca para despertarlo de forma cariñosa. El hijo, ensimismado en sus papeles y en sus muchos y grandes problemas, aun no se ha dado cuenta de la presencia femenina. El gesto concentrado, los ojos entrecerrados, los labios cerrados, las ojeras pronunciadas. Zapatero tiene en la instantánea el aspecto que corresponde a su situación política.

Sin embargo, la atmósfera de la foto no coincide con las crónicas que la acompañan. Se supone que la mujer está enfadada con el hombre porque mientras ella ahorraba, él derrochaba, por lo que ahora le quiere imponer una severa penitencia. Pero la mano de Angela Merkel no es una mano amenazante, ni de castigo. Es una mano que se quiere posar suavemente sobre el brazo para no asustar ni sobresaltar al primer ministro más concentrado de la cumbre. Tampoco la canciller parece enfadada, sino más bien preocupada. Le mira con gesto delicado, como diciendo: «A este muchacho le pasa algo».

La foto es noticia porque rara vez podemos contemplar a Angela Merkel en tierna actitud hacia un colega tan distinto a ella. La canciller no ha erigido su liderazgo sobre bolas de algodón ni contemplaciones. Ella es una mujer dura llamada a poner firmes a los europeos. Justo lo contrario de ese primer ministro todavía joven, aunque muy desgastado, que no se da cuenta de que la madre de Europa se le está echando encima para despertarle de un sueño que ha evolucionado en pesadilla. «José Luis, hijo, despierta, que se te hace tarde, tienes mucho que hacer y no sé si te va a dar tiempo a todo. Anda, hombre, no te deprimas, que aunque has sido un descarriado, te vamos a echar una mano entre todos».

11-M: La Audiencia ratifica la 'veracidad' de la investigación de EL MUNDO sobre el 11-M

MANUEL MARRACO / Madrid

La Audiencia ratifica la 'veracidad' de la investigación de EL MUNDO sobre el 11-M

Zapatero embustero

«Las frases descalificadoras y los epítetos mordaces responden más a la rabia periodística de percibir que la verdad de los hechos se podía escapar que a una intencionalidad lacerante contra quien era un peón del gran ajedrez»
Sostiene al rechazar el recurso del comisario Sánchez Manzano que «la verdad periodística no tiene por qué coincidir con la verdad judicial, de la misma manera que ésta no coincide a veces con la verdadera realidad de los hechos»

La Justicia avaló ayer por segunda vez la investigación de este diario en el 11-M, en concreto sobre la actuación del ex jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano y las pesquisas en torno a los explosivos de la masacre. La Sección Octava de la Audiencia Provincial de Madrid ha confirmado la sentencia dictada el año pasado por un juzgado de primera instancia, que rechazó íntegramente la demanda de protección al honor interpuesta por Manzano: «Este tribunal entiende -con la sentencia de instancia- que la información contenida en los artículos objeto de enjuiciamiento ha sido veraz».Sigue en página 4

Editorial en página 3



F. LÁZARO / Madrid

«La sentencia es un paso para que se conozca la verdad»

Ángeles Domínguez denuncia el «ninguneo» de Interior

La palabra que sale de su boca es clara: «Esperanza». Desde la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M, su presidenta, Ángeles Domínguez, entiende que tras la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que ratifica las informaciones publicadas por EL MUNDO habrá un antes y un después y «deja una puerta abierta a que se sepa la verdad de los atentados».

«Nos alegramos por los medios de comunicación, en este caso el diario EL MUNDO, y por los periodistas demandados, que han estado al lado de las víctimas en todo este durísimo proceso, y que, además, siguen estándolo», incidió la presidenta de la asociación, que aún está batallando para que se esclarezca todo aquello que entiende que queda pendiente de la masacre.

La Asociación de Ayuda tiene abierto un pleito precisamente contra el que fuera comisario jefe de los Tedax Sánchez Manzano. «Para nosotros, la sentencia supone esperanza y confianza en la Justicia, que nos da la razón y nos reafirma en nuestras denuncias, que se han realizado desde la Asociación AV11M que presido. Esta sentencia es un pasito para saber la verdad del 11-M», añadió en declaraciones a este periódico.

Recuerda que durante «demasiado tiempo» la Justicia no se ha hecho acreedora de la confianza de los que buscan aún toda la verdad sobre la masacre de Madrid, pero que esta sentencia es «una bocanada de aire puro».

«Queda claro, como ya se dictó en primera instancia, que EL MUNDO no mintió y queda acreditada, por tanto, la veracidad de las noticias y de los hechos que se denunciaban», puntualizó Ángeles Domínguez.

Recordó que una parte sustancial de la querella que la asociación de víctimas puso contra el ex responsable de los desactivadores de la Policía Nacional en el momento de la masacre «se basa en hechos que se le imputan a este mando policial y que, con esta sentencia, se dan como hechos probados. Por eso esta sentencia es tan positiva para nosotros».

«Además, entendemos que es un paso adelante el obtener una sentencia judicial de esta índole desde fuera de la Audiencia Nacional. Consideramos que es una vía nueva de trabajo para nuestra Asociación». Porque Domínguez cree que la Audiencia Provincial de Madrid ha abierto una enorme veta de trabajo encima de la mesa para todos los que quieren abundar en las investigaciones. Recuerda cómo algunos hablaban del «caminito de Jerez» que debían tomar aquellos mandos que habían actuado con presunta negligencia durante la masacre de Madrid y que se quedó en una mera amenaza.

«En julio de 2009 nosotros presentamos una querella contra Sánchez Manzano que actualmente se encuentra paralizada porque el Ministerio del Interior no colabora con la Justicia, no colabora con las víctimas y se niega a trasladar la información requerida al Juzgado».

Domínguez recuerda que hace ya 255 días que «estamos esperando a que el ministro Rubalcaba se digne a contestar al juzgado y a las víctimas, con el consiguiente desgaste económico, y anímico que este ninguneo supone para las víctimas». Y es que Interior sigue sin facilitar a la Justicia el manual de funcionamiento de los Tedax.

«Recomendamos que el público lea la sentencia. La verdad del 11-M comenzará a saberse desde ahora», finalizó la representante de las víctimas.

A FONDO

CASIMIRO GARCÍA-ABADILLO

La conspiración de los hechos contra Manzano

Argumenta el abogado José María Fuster Fabra, defensor del ex comisario jefe de los Tedax Juan Jesús Sánchez Manzano en su escrito de apelación ante la Audiencia Provincial, que la juez de primera instancia no tuvo en cuenta «la existencia de una campaña de desprestigio» contra su cliente.

Cuestión pertinente, porque sitúa el 11-M en un especial medio ambiente que ayuda a entender por qué las cosas sucedieron como sucedieron.

Me explicaré. Tras el atentado, ya con el PSOE en el gobierno, la tesis oficial de que el atentado era responsabilidad de un grupo islamista, ligado a Al Qaeda, que había decidido atentar en España en venganza por la decisión de Aznar de apoyar la Guerra de Irak, se convirtió en dogma de fe. Tal vez porque el Gobierno de Aznar se aferró a la autoría de ETA y porque esa cerrazón fue la que, bien utilizada por Rubalcaba, le dio al PSOE el triunfo inesperado el 14 de marzo de 2004, cualquier cosa que se saliera de esa versión era tachada indefectiblemente de conspiratoria o parte de «una campaña» desestabilizadora.

El Gobierno hizo una deducciónperversa: los que ponen en duda la versión oficial (sostenida por la investigación policial o por la Fiscalía), cuestionan la legitimidad del triunfo electoral del Partido Socialista.

Muchos medios se alinearon con delectación a esa simplificación, renunciando a una investigación independiente.

Por eso es relevante que Fuster Fabra acuda al argumento de la campaña para defender a su cliente. Los hechos no son lo importante, sino la intención.

Lo esencial, tanto de la sentencia del juzgado número 56, como de la que hoy publicamos (sección 8 de la Audiencia Provincial), es que se centra en los hechos, que, para disgusto de Sánchez Manzano, dan la razón a EL MUNDO.

Cito textualmente: «Lo que el apelante califica de campaña de prensa contra él puede considerarse más bien como una actitud pertinaz del citado periódico por esclarecer qué había ocurrido realmente en los atentados del 11-M... Reflejan un interés continuado porque la investigación policial y la instrucción judicial fuesen lo más transparentes y acertadas posibles».

Muchos de ustedes se preguntarán: si lo que decía EL MUNDO sobre los explosivos, la mochila de Vallecas o los teléfonos móviles era cierto, ¿qué ocurre con la sentencia de la Audiencia Nacional sobre el 11-M?

Para responder a esa pregunta recurro a un extracto del escrito del ponente y presidente de la sala, Antonio García de Paredes: «La verdad periodística no tiene por qué coincidir con la verdad judicial (de la misma manera que ésta no coincide a veces con la verdadera realidad de los hechos y no por eso es maliciosamente falsa)».

No hay verdades absolutas. En el 11-M, tampoco. Lo que hicimos en este periódico fue tratar de esclarecer los hechos, independientemente de que éstos casaran o no con una teoría previa sobre la autoría del atentado. No hicimos como el Gobierno, que adecuó los hechos a una tesis que había que mantener contra viento y marea.

DELINCUENCIAS ZP, NEGOCIACIÓN CON BANDA TERRORISTA: ¡Otra vez la burra al trigo!

ÁNGELES ESCRIVÁ / Madrid

Ares intentó que Etxeberria fuese entrevistado en la EiTB hace un año

Tanteó al PP, pero el intento se frustró cuando poco después ETA mató a un gendarme

Zapatero embustero

La entrevista realizada en EiTB a Rufino Etxeberria, uno de los dirigentes de Batasuna, no es consecuencia de la improvisación ni tiene un objetivo meramente informativo. La comparecencia de Etxeberria -al que la Fiscalía ha solicitado recientemente 12 años de prisión- en un ente público es representativa de lo que, de modo más amplio, viene ocurriendo con la izquierda abertzale: el cambio de estrategia que ha permitido a sus dirigentes dejar de ser investigados y perseguidos por continuar con una actividad considerada ilegal por el Supremo en aplicación de la Ley de Partidos.

Ya en su momento, los responsables socialistas realizaron esfuerzos para que, en momentos muy puntuales, la izquierda abertzale tuviese presencia en los medios públicos. Consta un primer intento en febrero o marzo, cuando el consejero de Interior, Rodolfo Ares, tanteó al PP para intentar vencer su resistencia a que Etxeberria fuese entrevistado.

La ausencia en los programas públicos de portavoces de formaciones ilegalizadas acostumbrados a exhibir desde allí su propaganda durante años fue uno de los más llamativos acuerdos de Gobierno entre el PSE y el PP. Pero a principios de este año corrían nuevos tiempos. Meses antes, la izquierda abertzale había hecho pública la declaración de Alsasua, se había producido una lucha interna entre Batasuna y ETA por el control del poder y, aparentemente, los posibilistas de Otegi habían ganado de manera exigua esa batalla. Los socialistas consideraron conveniente ampliar esa ventaja.

Arnaldo Otegi se encontraba en prisión por el proceso Bateragune. De esa época son sus declaraciones en las que reconocía que su evolución por las «vías políticas y pacíficas exclusivamente» venían motivadas por la necesidad de sobrevivir. «¡Que me saquen de una puta vez!», decía después de recibir la visita de funcionarios de prisiones y de intermediarios del presidente del PSE, Jesús Eguiguren. «Y si no me sacan a mí, que saquen a Rafa», añadió refiriéndose al secretario general de LAB y en la convicción de que Etxeberria no iba a poder organizar solo el foro soberanista, crear un nuevo partido e iniciar un proceso democrático.

De esa fecha es la gestión de Ares sobre la entrevista de Etxeberria. El Gobierno estaba convencido de que podía debilitar a ETA reforzando a los miembros de Batasuna que habían demostrado sus mejores intenciones aun sin condenar el terrorismo, y optó por esta estrategia que se ha prolongado hasta hoy. El tanteo de Ares se vio frustrado al principio de todo esto, definitivamente, porque un par de semanas más tarde ETA asesinó a un gendarme.

Han pasado los meses, las declaraciones y los comunicados y se les ha dejado hacer. Los dirigentes socialistas Pastor y Gil se han reunido con ellos; el presidente del PSE efectúa con ellos un trabajo en equipo en el que deciden cuál es el camino más adecuado; Interior sigue auspiciando la salida de algunos de los presos alejados de la dirección de la banda.

El director de la EiTB, Alberto Surio, un excelente profesional, argumentó ante el PP, cuando informó a este partido de la entrevista, que el protagonista tiene interés informativo, que los radicales se han estado reuniendo con los directores de todos los periódicos y que la televisión vasca no podía quedarse atrás. Rechazó motivos políticos. Es cierto. Pero también lo es que durante meses se ha visto presionado por la dirección del PSE para que en la EiTB queden plasmadas las opiniones de los radicales en este nuevo tiempo.

Los populares, aun así, se negaron a que Etxeberria fuera entrevistado y aseguran que lo ocurrido tendrá consecuencias.

MIGUEL M. ARIZTEGI / Bilbao

Parlamentarios del PSE apoyan a Eguiguren

Lucen un lazo verde en el Parlamento vasco en apoyo de sus tesis sobre el final de ETA

Una decena de parlamentarios del Partido Socialista de Euskadi (PSE-PSOE) lució ayer en el Pleno celebrado en el Parlamento vasco lazos verdes en sus solapas para evidenciar tanto su «esperanza» de paz como el apoyo al presidente del partido, Jesús Eguiguren, y a sus tesis acerca de la pacificación del País Vasco y el final del terrorismo.

Aunque el lehendakari, Patxi López, evitó propiciar la fotografía y no se colocó adorno alguno, sí lo hicieron pesos pesados del partido como el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor, y el secretario general del Grupo, Óscar Rodríguez, además del propio Eguiguren. Se sumaron también a la iniciativa Francisco García Raya, Txaro Sarasua, Teresa Laespada, Mari Carmen Gallastegi, Bixe Itxaso y Natalia Rojo.

La primera impulsora del lazo verde fue la presidenta de las Juntas Generales de Guipúzcoa y esposa de Eguiguren, Rafaela Romero. Ella insistió, en una entrevista publicada en EL MUNDO, en que el significado del lazo se limitaba a mostrar una «esperanza» o un «deseo» de paz y no implicaba en modo alguno un apoyo o un voto de confianza al actual proceso interno que viven la izquierda abertzale ilegalizada y la propia banda terrorista ETA.

Sin embargo, lo cierto es que los parlamentarios sí han querido mostrar con el gesto su apoyo al propio Jesús Eguiguren, cuyo análisis optimista acerca del fin del terrorismo ha sido censurado por altos responsables del PSOE, como el propio vicepresidente y ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Después de que Eguiguren hiciera público su optimismo acerca del final del terrorismo en diversos medios de comunicación, el aparato del PSOE le llamó al orden y advirtió de que las únicas voces vascas autorizadas para hablar de la política respecto al fin del terrorismo eran el propio lehendakari, el consejero de Interior, Rodolfo Ares, y el portavoz parlamentario, José Antonio Pastor.

Y aunque a Jesús Eguiguren le acompaña la fama de ser un verso suelto dentro del PSE a pesar de que ocupa la Presidencia del partido, lo cierto es que sus tesis, tal y como recordó la propia Rafaela Romero, son compartidas por «muchos» cargos públicos socialistas y buena parte de la militancia de base.

Fue el propio Eguiguren quien llevó ayer lazos verdes al Parlamento vasco y los dejó sobre la mesa de la Secretaría del Grupo para que sus compañeros de partido tuviesen la oportunidad de lucirlos. Con ese gesto respeta la decisión del partido de evitar una multiplicidad de discursos no coincidentes respecto al fin del terrorismo en su seno, pero invita al mismo tiempo a alimentar un mensaje con un cierto deje reivindicativo.

Esperanza es una palabra también utilizada por los portavoces de la izquierda abertzale ilegalizada al referirse a la situación política actual, y aunque las distancias que separan uno y otro discurso son amplias, no deja de incomodar a buena parte del partido a escala nacional.

F. LÁZARO / Madrid

Nuevos beneficios penitenciarios a tres etarras con delitos de sangre

En los casos de Martín Karmona y Josu Corporales, el fiscal informó en contra

Permisos para tres etarras, con delitos de sangre, y petición de un nuevo régimen de semilibertad para un cuarto. La dinámica penitenciaria sigue su curso. En algunos casos, pese a la negativa del Ministerio Público. Y todos estos movimientos cuando desde el mundo político se espera, hasta con impaciencia, un nuevo comunicado de la organización terrorista ETA.

Mientras, la Audiencia ha concedido dos permisos de salida a dos etarras que, a criterio del juez de Vigilancia Penitenciaria, han dado signos de arrepentimiento y de alejarse de ETA: Koldo Martín Carmona y Josu García Corporales. Ambos podrán pasar las Navidades en sus casas. Y la medida se ha acordado con la oposición del fiscal.

Así lo decidió el juez de Vigilancia Penitenciaria José Luis Castro, que también ha concedido el segundo grado flexible al terrorista José Manuel Fernández Pérez de Nanclares, que podrá salir diariamente de la prisión aunque permanecerá en la cárcel durante los fines de semana. En este caso, la medida sí ha contado con un informe favorable del Ministerio Público.

El juez entiende que tanto García Corporales y Fernández, que cumplen condena en la prisión de Nanclares de Oca (Álava), como Martín Carmona, que permanece en Villabona (Asturias), se han «desvinculado» de ETA, han pedido «perdón» a las víctimas por el daño que les han causado y se han comprometido a asumir su responsabilidad civil por los atentados en los que participaron.

En el caso de Martín Carmona, el juez destaca que «no está de acuerdo con la lucha armada» y que ha defendido la necesidad de construir «un nuevo tiempo» en que se tendrán que «reparar los daños y el sufrimiento causado por la violencia terrorista» para lograr «la consecución de una nueva Euskadi». En una conversación que mantuvo con los funcionarios de la cárcel el pasado mes de octubre, el interno valoraba su desvinculación de la banda: «Yo he sentido una paz que necesitaba porque he soñado muchas veces con la cara de los familiares de las víctimas que ocasioné y he visto que, dando este paso, compenso en alguna medida todo el daño que hice y del cual estoy profundamente arrepentido».

Corporales, por su parte, ha reconocido el «fracaso» de la banda y se ha distanciado de ella negándose a participar en sus actos de protesta. Conocido como Gitanillo, formó parte del comando Madrid a principios de la década de los 90. Entre otras acciones, se le atribuye la colocación, el 30 de noviembre de 1992, del coche bomba que causó la muerte del subteniente jubilado de la Guardia Civil Miguel Miranda.

Martín Carmona, cabecilla del comando Vizcaya, fue condenado por varios atentados, entre ellos los asesinatos de los guardias civiles Fernando Jiménez Pascual y José San Martín Bretón.

Además de estos tres casos, según informa Europa Press, la Junta de Tratamiento de la cárcel de Nanclares de Oca ha propuesto permisos para los presos Kepa Pikabea Ugalde y Ángel Carlos Figueroa Fernández, y la propuesta para conceder el régimen de semilibertad a Luis María Lizarralde Izaguirre, condenado por dos asesinatos. En realidad, todos ellos son presos de ETA condenados por delitos de sangre.

La muerte de Anza, «crimen de Estado».Los militantes de Batasuna Juan José Petrikorena y Joseba Zinkunegi presentaron ayer el libro Jon Anza ¿El último crimen de Estado?, en el que apuntan que la muerte del militante de ETA fue propiciada y ejecutada por las Fuerzas de Seguridad. Anza desapareció en 2009 tras coger un tren que iba de Bayona a Toulouse. Su cuerpo apareció en marzo de 2010 en un depósito de cadáveres.

JUAN MANUEL BELLVER / París

«Hasta que el País Vasco sea libre»

'Antza' dice que ETA seguirá la lucha poco antes de ser condenado a 20 años en Francia

Corresponsal

«Somos resistentes, igual que aquellos franceses que combatieron contra la ocupación nazi. Hemos luchado generación a generación y, si no dejáis a nuestros hijos vivir en paz y en libertad, les enseñaremos a seguir resistiendo. Hasta que el País Vasco sea libre, no pararemos». Con estas palabras resumía Mikel Antza su intervención de ayer en la sesión final del proceso que se sigue en el Palacio de Justicia de París contra el que fuera durante años jefe político de ETA, su compañera María Soledad Iparraguirre, Anboto -acusada de manejar las finanzas de la organización- y otros ocho miembros de la banda terrorista, apresados en octubre de 2004 dentro una operación policial conjunta franco-española.

Su proclama no sirvió de nada a los etarras: Mikel Antza y Anboto recibieron una pena de 20 años de cárcel cada uno como dirigentes de la organización terrorista y los otros ocho acusados fueron condenados a penas de entre dos y 17 años de prisión.

Antes de pasar a deliberar la sentencia, el Tribunal Especial que preside el juez Philippe Vandingenen otorgó el turno de palabra a los 10 encausados, que fueron interviniendo a lo largo de la mañana. Había cierta expectación ante el discurso del veterano ideólogo Mikel Antza, justo en unos momentos en los que, desde el entorno abertzale, se propagan rumores de un inminente alto el fuego definitivo. Pero el histórico dirigente se mantuvo, al igual que sus correligionarios, en la más estricta ortodoxia del discurso etarra, incidiendo en la dureza de las penas solicitadas por la Fiscalía -30 años, 10 más de lo finalmente decidido por el tribunal- e interpretando éstas como «un mensaje de intransigencia del Estado francés al pueblo vasco y a todos los que buscan una solución pacífica y democrática del conflicto».

Antza denunció el «ensañamiento» del representante del Ministerio Público y añadió que, tras esa requisitoria, se oculta una razón «política». Por su parte, Anboto se dirigió al fiscal: «Me lo imagino cada noche en su casa, añadiendo líneas de odio y de mentiras al proceso, le veo sonreír revisando las penas, negando la existencia de la tortura. Quiero decirle que es un honor estar en la trinchera de enfrente. Este dossier está orquestado por la Guardia Civil. El fiscal ya debe tener comprado un billete para Madrid, donde pronto le darán una tercera medalla». La ex tesorera de ETA criticó igualmente «las calumnias» y «la manipulación» de la prensa.

«Orgulloso de pertenecer a ETA», se declaró Juan Cruz Maiza Dagoki, que fue condenado a 17 años de cárcel como responsable de los arsenales. Maiza se quejó de no poder expresarse en euskara, denunció que en España «se sigue torturando como en la época de Franco», habló de las víctimas de la guerra sucia, comparó la lucha armadaabertzale a la resistencia que impulsó en 1940 el general De Gaulle y criticó al Gobierno francés por sus ojivas nucleares y por fomentar el tráfico de armas.

Los otros siete encausados, todos dueños de propiedades en las que la banda escondía armas y explosivos, tuvieron intervenciones similares, destacando la del camionero Peio Alcantarilla, que asumió su «responsabilidad» y dijo que se conformaría con la condena que el tribunal le impusiera -finalmente, 10 años-, pero solicitó clemencia para su mujer, Lourdes Urdampilleta -que recibió una condena de cuatro años-.

PARTIDOS:

LUIS ÁNGEL SANZ / Zaragoza

Gallardón: «Zapatero es débil con las autonomías»

El alcalde de Madrid critica al Gobierno por no ser más riguroso con las comunidades, en lugar de serlo con los municipios

Zapatero embustero

Enviado especial

El PP clausuró ayer su 17ª Unión Intermunicipal con la vista puesta en las elecciones de mayo de 2011. Lo hizo en Aragón, una comunidad en la que espera ganar las autonómicas de la mano de Luisa Fernanda Rudi. El presidente del partido, Mariano Rajoy, estuvo arropado en Zaragoza por la cúpula popular y por varios de sus principales alcaldes, encabezados por Alberto Ruiz-Gallardón.

De hecho, el discurso del regidor madrileño fue el de mayor calado del cónclave. Tras él, Mariano Rajoy insistió en centrarse en la economía, pero sin hacer anuncios nuevos, reiteró promesas conocidas y volvió a criticar «las chapuzas» y «los sobresaltos» del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Ruiz-Gallardón, por su parte, aprovechó la tribuna que le ofreció el PP para erigirse en portavoz de los ayuntamientos, la administración que, dijo, menos ha contribuido a que crezca el déficit. El regidor siempre habló del conjunto de los municipios, sin detallar la deuda de Madrid, que concentra la quinta parte de toda la deuda municipal de España, con 7.134 millones de euros. El alcalde acusó al Gobierno de «presentar a los ayuntamientos como responsables de la situación financiera de España» y de ser «el más antimunicipalista de la democracia».

Según sus cifras, las comunidades autónomas han incrementado su deuda en un 65% desde que empezó la crisis, el Gobierno en un 57% y los ayuntamientos «sólo» en un 20%.

A cambio, añadió, el Ejecutivo «estrangula» a los ayuntamientos y rechaza «el plan de refinanciación» de la administración que él dirige, a pesar de que son los municipios «quienes han actuado de forma más contenida y no han caído en el exceso».

Por contra, Gallardón acusó en varias ocasiones a las comunidades de tener gran parte de la culpa de que el déficit se haya disparado e incluso recriminó a Zapatero que no sea más duro con los gobiernos autonómicos: «¿Por qué Zapatero carga contra los débiles?», se preguntó, «¿por qué ha sido groseramente fuerte con los débiles, los ayuntamientos, y débil con los fuertes, las comunidades?». En la cabeza de casi todos estaba, mientras pronunciaba esas palabras, la guerra que mantiene con Esperanza Aguirre, presidenta de la Comunidad de Madrid.

Ruiz-Gallardón resaltó que si Zapatero «se aplicara a sí mismo las normas que exige a los ayuntamientos, entraría en suspensión de pagos el 7 de enero».

Por su parte, Mariano Rajoy respaldó las peticiones de Ruiz-Gallardón y volvió a anunciar que va a presentar iniciativas en el Congreso que permitan al Ayuntamiento de Madrid refinanciar su deuda.

El presidente del PP aseguró que sus candidatos en las próximas elecciones municipales y autonómicas serán «austeros» y abogó por aplicar en España «un ajuste» como el que ha llevado a cabo la empresa privada: «Habrá que hacer más con menos», enfatizó.

A continuación, reiteró las propuestas que va a presentar en el Congreso a favor de los ayuntamientos. Entre ellas, pedirá que el ICO pueda dar créditos a los municipios para que paguen a los proveedores, con lo que aumentarían su deuda, y que puedan aplazar las devoluciones al Estado, lo que iría en contra de la reducción del déficit estatal.


Más información en página 39.

AGUSTÍN YANEL / Madrid

Rosa Díez quiere acabar con los privilegios de los parlamentarios

Desde hace siete meses reclama que no les mejoren la pensión

La diputada de Unión, Progreso y Democracia (UPyD), Rosa Díez, propuso hace más de siete meses que el Parlamento modifique los complementos que reciben los diputados y senadores en sus pensiones, cuando dejan de serlo, para que reciban el mismo trato que cualquier ciudadano. Como aún no ha recibido respuesta, ayer envió una carta a los presidentes de ambas Cámaras quejándose por tan prolongado silencio.

En julio de 2006, el Congreso y el Senado aprobaron un sistema de pensiones para aplicar a los parlamentarios cuando dejan el escaño, que complementa y mejora lo que les corresponde percibir por el régimen común de la Seguridad Social o por clases pasivas.

Esa mejora fue acordada para equiparar a los parlamentarios españoles a la media de los de otros países de la Unión Europea.

En opinión de Rosa Díez, esa decisión sería necesaria si los diputados y senadores tuvieran los mismos derechos que cualquier otro ciudadano, para que no se vieran perjudicados por dedicarse a la vida política. Pero, como se les conceden «derechos inalcanzables» por los demás trabajadores, considera que se les da «un privilegio».

Por ese motivo, y teniendo en cuenta la crisis económica actual, la diputada Díez pidió al Parlamento que adopte medidas urgentes para que se cumpla el principio constitucional de igualdad, de tal manera que los diputados y senadores reciban el mismo trato que «el resto de los trabajadores españoles» en prestaciones de Seguridad Social y desempleo.

El 8 de septiembre pasado, cuando habían transcurrido cuatro meses y nueve días de su solicitud sin recibir una respuesta, Rosa Díez recordó por escrito su petición al presidente del Congreso, José Bono, y al del Senado, Javier Rojo.

Ayer, después de tres meses y ocho días más sin respuesta, se dirigió de nuevo a ambos para comunicarles que considera «verdaderamente incomprensible» su silencio, máxime cuando se está estudiando en el Congreso la reforma del actual sistema de pensiones para toda la ciudadanía.

El presidente del Congreso, José Bono, declaró ayer a Punto Radio que está dispuesto a reformar el sistema de pensiones de los parlamentarios si alguien lo propone.

«Si mañana alguien me propone el cambio, yo no me opondría», afirmó, además de recordar que cuando le nombraron presidente ya se aplicaba el actual sistema.

M. C. / Madrid

Rubalcaba está «cómodo» supliendo a Zapatero

El presidente sortea el debate sucesorio y elude precisar quién es la «liebre» del Gobierno

El debate acerca de la sucesión de Zapatero al frente del PSOE y como futuro candidato a la Presidencia del Gobierno se ha extendido como una mancha de aceite. Trufada de bromas, ironías, maledicencias e incluso calculados silencios, la serpiente repta por los despachos oficiales, recorre los pasillos de La Moncloa y de Ferraz y se enrosca entre los escaños socialistas.

Ni siquiera el propio presidente del Gobierno puede obviar su presencia, aunque hace esfuerzos para intentar aparentar que no la ve. Ayer, en Bruselas se le preguntó directamente qué ministro es la «liebre» del Gobierno, en referencia al calificativo que utilizó el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, el pasado miércoles para referirse a Alfredo Pérez Rubalcaba como el mejor situado en el debate sucesorio.

Zapatero sorteó la cuestión asegurando que él «no es experto» en cuestiones cinegéticas y apuntando que en estos momentos existen otros asuntos más relevantes para el país, como la futura reforma de las pensiones que se debate en el Pacto de Toledo. Esta actitud entra dentro de la línea argumental más ortodoxa del Ejecutivo, empeñado ahora en intentar demostrar a los españoles que en sus días no hay ni un solo minuto libre para ocuparse de nada que no sea cómo resolver la ecuación de la crisis.

El otro gran protagonista del debate, el vicepresidente primero, ministro del Interior y portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, también se resiste a entrar públicamente en el juego, aunque es plenamente consciente de que la discusión existe y es imparable.

Él, que ha acumulado un poder que hasta ahora no había tenido ningún otro ministro de la democracia, reconoce abiertamente sentirse bien con sus nuevos cometidos, que incluyen estar en primera línea política de la mañana a la noche, supliendo muy a menudo al propio presidente.

Ayer, al término del Consejo de Ministros, presidido una vez más por él en sustitución de Zapatero, Rubalcaba fue interrogado en dos ocasiones por la sucesión.

En la primera salió a relucir de nuevo la comparación con la «liebre», que ha puesto de moda José Bono. Y a ello, el número dos respondió con una larga cambiada, de las que suele echar mano cuando prefiere no entrar en profundidades: «La cosa cinegética no es de hoy», zanjó.

En la segunda ocasión se le preguntó directamente si se sentía «cómodo» en el papel de «presidente en funciones», habida cuenta de que cada vez es más habitual verle asumiendo labores que en otros momentos parecían reservadas sólo para Zapatero.

Y la respuesta de Rubalcaba fue: «Yo soy una persona responsable, y cuando elijo un cargo es porque me siento cómodo con él. Si me sintiera incómodo», puntualizó, «no lo habría aceptado».

CARLOS SEGOVIA / Madrid

Gas Natural ficha a González en plena crisis del gas con Argelia

Cuando presidía el Gobierno, adjudicó a la gasista la pública Enagás a bajo precio

Gas Natural Fenosa, el tercer grupo energético español, anunció ayer el fichaje del ex presidente del Gobierno Felipe González como nuevo miembro de su consejo de administración. En su comunicado oficial, la gasista participada por la Caixa y Repsol YPF destaca, entre otras cualidades de González, su experiencia en «el arco mediterráneo». Su incorporación se produce en pleno conflicto con Argelia, que exige a la gasista catalana el pago de 1.500 millones de euros tras haberla ganado un litigio sobre precios del gas.

Se trata del primer puesto que acepta González -que guardó ayer silencio- en el consejo de administración de una gran empresa desde que dejó el Gobierno y, a sus 68 años, no tiene incompatibilidades legales para asumir este tipo de puestos. Aunque su relación con Gas Natural data de antiguo. En 1994 adjudicó a la compañía, como presidente del Gobierno, la venta de la pública Enagás. Lo hizo, además, a un precio poco superior a la mitad del valor contable de la empresa pública, según un informe oficial posterior del Ministerio de Economía en la etapa del Partido Popular. Aquel informe resaltó que González y su entonces ministro de Industria, Juan Manuel Eguiagaray, adjudicaron el 91% del capital de Enagás sin licitación previa a un precio de 51.233 millones de pesetas (307 millones de euros), ocasionando una pérdida para el Estado de otro tanto. «De los balances auditados de Enagás, correspondientes a los ejercicios 1993 y 1994, se deducen unos valores teóricos, referidos al porcentaje del 91%, de 92.124 millones y 93.114 millones, respectivamente». Gas Natural replicó en su momento que tuvo que asumir Enagás en condiciones difíciles y que el precio de venta se produjo en la horquilla recomendada por Santander Investment, uno de los bancos de inversión contratados por Eguiagaray.

Además, el Estado asumió entonces la cláusula take or pay del contrato que tenía Enagás con Argelia, consistente en que Gas Natural debía pagar todo el gas contratado, lo necesitara o no. El Consejo Consultivo de Privatizaciones creado por el PP valoró en 230.000 millones de pesetas el riesgo asumido por el Estado con esa cláusula. Fuentes de Gas Natural explicaron ayer que el Estado no la asume ya.

El Gobierno argelino exige actualmente una compensación por el hecho de que Gas Natural se haya negado a subir precios de compra de su gas desde 2007 e intenta, además, consolidar las subidas a partir de este año y los próximos. González no ha acreditado una particular relación con Argelia, sino con su vecino y rival Marruecos. Además, el ex presidente se ha definido a favor de que el Sáhara Occidental no sea independiente -como apoya Argelia-, sino autónomo dentro de Marruecos, como pretende Mohamed VI.

La agencia de calificación de solvencia S&P's anunció ayer la rebaja de la calificación de Gas Natural precisamente por sus dudas de que pueda salir airosa de su conflicto con Argelia, además del problema regulatorio con el Gobierno español. En la empresa catalana concedieron más importancia a la red de relaciones de González en Latinoamérica -donde la empresa genera ya la mitad de sus clientes y un tercio de sus beneficios- y el centro y norte de Europa, que considera estratégico.

El fichaje fue cerrado hace dos semanas por el presidente de Gas Natural, Salvador Gabarró, con apoyo del presidente de la Caixa, Isidro Fainé. La caja catalana es el primer accionista de la gasista y es aliada en Latinoamérica de Carlos Slim, el magnate mexicano amigo personal de González. También apoya el fichaje el presidente de Repsol YPF, Antonio Brufau. La petrolera es el segundo accionista.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Ferrer Molina.

EL INCONSTITUCIONAL ESTADO DE ALARMA: ¿Negociar un convenio bajo militarización?¿Puede hacerlo un militar? ¿Se es libre militarizado?¿Es legal?

Madrid

Negociación en plena alarma

Aena y los controladores anuncian que el lunes retomarán las conversaciones laborales, a pesar de que el Gobierno mantendrá al colectivo militarizado hasta el 15 de enero

Zapatero embustero

Sólo 24 horas después de que el Congreso de los Diputados autorizara, a petición del Gobierno, prorrogar hasta el 15 de enero el estado de alarma decretado el pasado 4 de diciembre, tanto los controladores aéreos como Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (Aena) anunciaron ayer que el lunes retomarán las negociaciones para intentar poner fin al conflicto laboral.

El anuncio es ciertamente sorprendente, ya que se produce en un momento en el que todo el colectivo de controladores está, por voluntad del Ejecutivo de Zapatero, militarizado y, por tanto, sujeto a las normas de las Fuerzas Armadas, incluido el régimen disciplinario.

Sobre el papel, esta situación impide a los controladores, como a todos los militares, realizar actividades sindicales, incluida la negociación colectiva de sus condiciones de trabajo. De hecho, desde que se decretó el estado de alarma los dirigentes de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca) han dejado claro a los medios de comunicación que sus declaraciones eran a título personal, ya que no podían hacerlas como portavoces de un sindicato.

En la práctica, sin embargo, esta circunstancia se va a pasar por alto, ya que tanto Aena, que depende del Ministerio de Fomento, como Usca confirmaron ayer a la agencia Efe que el lunes se van a retomar las negociaciones para intentar alcanzar un acuerdo sobre un nuevo convenio colectivo para los controladores.

Fuentes de Aena indicaron que «se trata de un primer contacto», pero que su intención es que las conversaciones se vayan intensificando a lo largo de la semana que viene. Desde Usca incluso se habló de que ya hay un calendario de contactos elaborado y se mostró la esperanza de que se pueda firmar al fin un nuevo convenio. El último se pactó en 1999 y no está vigente desde 2004.

La organización sindical de los controladores ya había manifestado su intención de seguir negociando. De hecho, durante la misma crisis del 3 de diciembre, cuando hubo que cerrar el espacio aéreo español al abandonar el colectivo sus puestos de trabajo, los portavoces de Usca intentaron en varias ocasiones mantener abiertas las conversaciones con el Ejecutivo, primero con Fomento y después con Defensa. Sin embargo, al final se decretó el estado de alarma y los contactos se vieron totalmente interrumpidos.

Pasadas dos semanas, los controladores hicieron un nuevo movimiento, al presentar el pasado miércoles un documento firmado por el 85% del colectivo, en el que se comprometían -siempre a título personal- a garantizar la prestación del servicio de control aéreo y mostraban su disposición a volver a la mesa de negociación para alcanzar un acuerdo con Aena. Y ayer mismo mostraban su disposición a cerrar con éxito las conversaciones «en menos de 10 días».

El cambio sustancial se ha producido en el Gobierno y en tiempo récord. El jueves, durante el Pleno en el Congreso en el que se debatió la prorrogación del estado de alarma, el portavoz del Grupo Socialista, José Antonio Alonso, se marcó una rotunda proclama al señalar que, «ante un desafío al Estado, no hay negociación que valga, sólo la firmeza».

Con sus palabras, el portavoz parlamentario del PSOE parecía resumir las intenciones del Ejecutivo al menos hasta el 15 de enero, cuando concluirá el estado de alarma. Desde esa fecha, una vez superadas las fiestas de Navidad, ambas partes tenían sólo 15 días para llegar a un acuerdo, ya que el plazo límite para negociar finaliza el 31 de enero.

De hecho, los socialistas hicieron oídos sordos a las reclamaciones de casi todos los grupos parlamentarios para que se retomaran las conversaciones. Lo hizo de forma implícita el PP y de forma explícita CiU, PNV y CC -que votaron a favor de la extensión del estado de alarma- y ERC, Na-Bai y UPyD.

Sin embargo, las cosas han cambiado radicalmente en apenas 24 horas y el Gobierno se sentará a negociar desde ya con los controladores, a los que tiene militarizados, para cerrar un nuevo convenio.

CORRUPCIONES:

Madrid

José Bono, el enriquecido de forma desaforada y no proporcional a su sueldo, dice que no descarta denunciar a sus querellantes

Zapatero embustero

El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, no descarta la posibilidad de emprender acciones judiciales contra dos asociaciones que se querellaron contra él por supuestos delitos de cohecho en relación con su patrimonio. El Tribunal Supremo ha rechazado esas querellas porque se fundamentan en «opiniones» y no en datos «objetivos».

No obstante, Bono precisó ayer, en declaraciones a la cadena Ser, que no tiene «prisa» en decidir si emprende acciones legales contra las asociaciones Preeminencia del Derecho y Ciudadanía Anticorrupción, que son las que le denunciaron.

Esas asociaciones le acusaron de haber cometido un delito al permutar varios inmuebles de su propiedad y al aceptar como regalo de la inmobiliaria Reyal Urbis que decoraran la habitación de su hija en su casa de Olías del Rey (Toledo).

Frente a esas acusaciones, el Supremo ha afirmado que los querellantes ofrecen alegaciones «confusas» y no facilitan unos datos que justifican la actuación de Bono en ese caso, por lo que no existen indicios de que haya cometido delitos.

Bono ha declarado que ayer, por el jueves, día en que se conoció la decisión del Supremo, fue «el día más feliz del año», porque la Justicia ha evitado que «la calumnia triunfe».

Según dijo, su familia ha sufrido «mucho» por este caso. «En las cárceles tiene que haber celdas para los corruptos y al lado otras para los calumniadores», declaró. «Se trata de unos delincuentes peligrosos, porque pretenden hacer daño a la fama, la moral y la honradez de las personas», añadió.

Bono espera que «esto no le vuelva a ocurrir a nadie, ni de la derecha, ni de la izquierda».

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

El hotel del Palau provocó tensión en el Consistorio

Una ex concejal contraria al proyecto se enfrentó a sus compañeros antes de irse

«Utilizada y traicionada». Así se sintió la ex concejal del Distrito de Ciutat Vella Itziar González, cuando conoció que tras el proyecto del hotel del Palau de la Música se escondían intereses privados y no los representantes de la entidad cultural. González declaró ayer de nuevo ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona, que investiga la causa contra los ex responsables del Palau Fèlix Millet y Jordi Montull; el teniente de alcalde de Barcelona Ramón García Bragado (PSC); el gerente municipal de Urbanismo, Ramón Massaguer, y el director jurídico de Urbanismo, Enric Lambies, además del arquitecto Carlos Díaz. A petición de la defensa de García Bragado, Itziar González declaró de nuevo, aunque por videoconferencia, ya que se encuentra fuera de Cataluña.

La ex concejal destacó que, cuando se conoció que el hotel del Palau estaba promovido por Olivia Hotels, pidió en una reunión del grupo municipal que se retirase el proyecto, pero García Bragado se opuso por considerar que legalmente no se podía. A partir de aquí intentó que el alcalde, Jordi Hereu, y el primer teniente de alcalde, Carles Martí, parasen el proyecto, aunque sin éxito.

Itziar González reconoció ante el Juzgado que estaba en contra del hotel, aunque lo defendía ante los vecinos porque asumía la disciplina del Consistorio. También dijo que, tras el proceso de participación y los cambios que se ordenaron en el proyecto, quería volver a empezar de nuevo todo el proceso normativo para su aprobación, una situación con la que García Bragado estuvo de acuerdo en un principio, aunque después quiso acortar los plazos urbanísticos. Esta situación supuso un enfrentamiento entre ambos que culminó con la decisión de la concejal de dimitir en abril pasado. González también admitió presiones «internas y externas» al Ayuntamiento, aunque no especificó de quién.

Por su parte, el abogado del teniente de alcalde, Francesc Jufresa, explicó que la ex concejal negó que García Bragado la presionase y que sólo le rebotaban las cartas que el Palau enviaba al Ayuntamiento pidiendo celeridad en el proyecto. Según Jufresa, González destacó que con García Bragado tenía una relación de «colaboración y cordialidad», de personas que forman parte del mismo Gobierno, con independencia de las discrepancias que tenían. Por eso, el abogado considera que García Bragado no tiene implicación en la trama del hotel y pedirá el archivo de la causa contra su cliente. El fiscal considera que el teniente de alcalde, junto a otros miembros de Urbanismo de Barcelona, diseñó todo el proyecto para que el hotel tuviese una tramitación por interés público, cuando había una empresa particular tras su construcción.

Jordi Montull reconoció que en el proyecto inicial se planteaban pedir 700.000 euros al constructor del hotel como cantidad adicional, aunque finalmente este dinero no se reclamó. En un manuscrito aparece esta cantidad bajo la letra B, aunque el acusado negó que fuesen peticiones de dinero en negro. También reconoció que él y Millet hicieron un documento en el que establecían que el proyecto se iba a ofrecer a varias constructoras con un precio mínimo de 15 millones que finalmente se concedió a Olivia Hotels. La Fiscalía ha mantenido que los procesados subastaron el proyecto al mejor postor y consiguieron una cantidad de dinero por entregar el hotel.

MANUEL MARRACO / Madrid

Garzón recusa a 5 magistrados designados para juzgarle

El juez Baltasar Garzón ha recusado a cinco de los siete magistrados designados para formar parte del tribunal que le juzgará por su presunta prevaricación en la causa sobre el franquismo. Se trata del presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Saavedra, y de los magistrados Adolfo Prego, Joaquín Giménez, Francisco Monterde y Juan Ramón Berdugo.

Garzón alega en un extenso escrito que están contaminados por haber participado «de forma tan notoria» en la fase de instrucción, «exteriorizando de forma relevante una particular visión [irremisiblemente colmada de prejuicios] de los hechos».

Además, el escrito considera que los cinco han exhibido un «interés indirecto» en la causa, lo que supondría una segunda causa de recusación. Afirma que en múltiples ocasiones han dado muestra de tener «un claro interés por ser ellos, y no otros», quienes juzguen a Garzón, evitando en lo posible entrar en el fondo del asunto cuando revisaban los recursos contra las decisiones del instructor.

De las recusaciones del juez sólo se libran los magistrados Andrés Martínez Arrieta y Miguel Colmenero, que hasta ahora no habían intervenido en la causa del franquismo.

DIOS NOS LIBRE DEL SOCIALISMO: Socialismo del Siglo XXI

JAIME LÓPEZ / Caracas

Hugo Chávez se convierte en emperador

El presidente venezolano recibe del Parlamento saliente 18 meses de poderes especiales
Podrá legislar sobre finanzas, infraestructura, defensa nacional u ordenación territorial

Zapatero embustero

Especial para EL MUNDO

«Ya tengo la primera batería de leyes. Tengo casi listas unas 20». El presidente de Venezuela, Hugo Chávez, advirtió así el jueves por la noche de que los primeros decretos con rango de ley serán aprobados en los próximos días y servirán para corregir «problemas estructurales».

El Parlamento saliente, cuyo mandato finaliza el 4 de enero, sometió el martes en primera lectura la cuarta Ley Habilitante de Hugo Chávez desde que empezó a gobernar Venezuela en 1999. Ayer se aprobó definitivamente, en una sesión en la que la oficialista Asamblea Nacional acordó otorgarle 18 meses de poderes especiales -hasta junio de 2012- a pesar de que sólo había pedido un año.

El líder bolivariano, que en septiembre perdió la mayoría absoluta en el Parlamento para los próximos cinco años, solicitó la semana pasada poderes especiales para legislar, a fin de atender los daños provocados por las intensas lluvias de las últimas semanas, que dejan 38 muertos y más de 130.000 damnificados.

La oposición, sin embargo, estima que el mandatario aprovecha la emergencia de las lluvias para concentrar más poder y restar influencia a sus adversarios, que ocuparán 67 de los 165 escaños de la Asamblea Nacional a partir del 5 de enero.

«El presidente está tomando medidas desesperadas porque sabe que no cuenta con el apoyo popular», explicó ayer en rueda de prensa el diputado electo de la oposición, Julio Borges. «Cada día está más claro que el Gobierno pretende imponer su modelo socialista por la fuerza en su obsesión egoísta de ser el dueño de todo», agregó el dirigente del partido Primero Justicia.

Ante los miles de afectados por las lluvias, Chávez ha ordenado tomar hoteles de lujo para alojar a damnificados. También ha animado a las personas que se habían quedado sin techo a ocupar los «edificios de los ricos» para «ponerlos a la orden del pueblo» y ha «recuperado latifundios», como las 40 fincas agrícolas que ayer expropió el Ministerio de Tierras en el estado de Zulia. «Me dicen que soy un irresponsable porque estoy tomando los terrenos para el pueblo y ocupamos hoteles privados. El derecho a la vida prevalece sobre otro derecho. ¡Ah! Entonces me acusan de tirano y dictador… allá ellos. Primero es la patria y nuestro compromiso con el pueblo», señaló Chávez el jueves, tras anunciar que sus primeros decretos tocarán el sector de la vivienda y castigarán la propiedad de tierras ociosas urbanas, servicios suntuarios e inmuebles cercanos a obras públicas.

Según el proyecto de ley, el jefe del Estado podrá legislar durante 18 meses en ámbitos como las finanzas, infraestructura y vivienda, seguridad, defensa nacional, sistema socioeconómico, cooperación internacional, uso de la tierra urbana y rural y ordenación territorial.

Pero la ley que habilita a Chávez para legislar por la vía rápida no viene sola. Antes de ceder espacios a sus enemigos políticos, el Parlamento saliente -controlado por el chavismo- aceleró su agenda socialista, con la discusión y sanción de polémicas reformas y leyes. Según la oposición, este paquetazo navideño (que acompaña a la Ley Habilitante) ignora los resultados electorales de septiembre, cuando los opositores reunidos en la Mesa de la Unidad (MUD) y los partidos independientes obtuvieron cerca del 40% del hemiciclo y sumaron el 52% de votos.

Entre las más criticadas destacan la reforma a la Ley de Responsabilidad de radio y TV, que ahora supervisa el contenido de los medios digitales e internet; cuatro Leyes del «Poder Popular» basadas en la figura de los consejos comunales -que establecen un Estado paralelo de gobierno que podría restar competencias a alcaldías y gobernaciones-; la reforma a la Ley de Telecomunicaciones o la nueva Ley de Bancos, que fue aprobada ayer, y permite a Chávez ordenar la intervención de bancos por razones de «bien público» y obliga a las instituciones financieras a destinar parte de sus ganancias a organizaciones comunitarias.

Desde que asumió el poder en 1999, Chávez ha utilizado poderes especiales en tres ocasiones (2000, 2001 y 2008), cuando aprobó más de un centenar de leyes y nacionalizó los principales contratos petroleros, todo el sector eléctrico y la mayor operadora de telecomunicaciones.

OORBYT.es

>Jaime López analiza los poderes extraordinarios de Hugo Chávez.

TRIBUNA

La 'sinrazón' de Estado en Venezuela

Profesores universitarios denuncian la violación continuada del Estado de Derecho

En Venezuela, el llamado Socialismo del Siglo XXI se presenta como una razón de Estado absoluto que permite al presidente actuar sin limitaciones jurídicas. Los profesores de Derecho Público y materias afines de las Universidades venezolanas abajo firmantes rechazamos y denunciamos el desconocimiento por el actual Gobierno, en todos los niveles, de los valores y derechos previstos en la Constitución, que configuran a Venezuela como un Estado democrático y social de Derecho, en el cual ha de regir la institucionalidad, el ordenamiento jurídico, el pluralismo y en el que los funcionarios públicos han de estar siempre al servicio de los ciudadanos, no de parcialidad alguna. En tal sentido, deben actuar sujetos a las limitaciones jurídicas derivadas de la libertad e igualdad de las personas, de manera que los derechos humanos (...) sean respetados y garantizados a todos por igual.

El respeto de la Constitución (...) garantiza la estabilidad, convivencia y paz de la sociedad, necesarias para el progreso. No obstante, en Venezuela las normas han dejado de ser las que habilitan y determinan el actuar de los funcionarios públicos, para convertirse en meros instrumentos para la imposición de la voluntad caprichosa desde las altas esferas del poder.

Vivimos en un Estado donde los jueces o tribunales independientes son la excepción. En la actualidad la regla es que toda decisión del presidente o sus agentes reciba el aval del Tribunal Supremo de Justicia, responsable principal de esta situación intolerable, y del resto del Poder Judicial. Al contrario, los fallos judiciales tienen la vocación de intentar legitimarles cualquier arbitrariedad u ocurrencia. Éste es el mayor peligro para nuestros derechos y para la democracia.

Síntoma de lo anterior es el cada vez más elevado número de personas perseguidas o privadas de su libertad por motivos políticos y no jurídicos, así como la ya común y para nada encubierta práctica de sancionar con remoción o destitución a jueces que han enfrentado concretos intereses de altos funcionarios o del Gobierno, llegando incluso a la detención arbitraria, con múltiples violaciones de derechos humanos, de alguno de ellos.

Vivimos, asimismo, la negación reiterada de los derechos humanos reconocidos en la Constitución. Los derechos constitucionales son indivisibles e interdependientes. Los derechos constitucionales son todos y para todos. No se puede lograr la satisfacción de los derechos civiles y políticos sin los sociales, económicos y culturales, ni viceversa.

Las muertes violentas de personas que ocurren a diario, y que nos han convertido en uno de los países más violentos del mundo, son una violación del derecho a la vida; los secuestros son una violación de los derechos a la libertad y seguridad personal; el lenguaje excluyente utilizado por el presidente y otros funcionarios contra los venezolanos que no comparten su proyecto político particular son agresiones al derecho de igualdad y pluralismo político; la ausencia de un trabajo digno para todos es una violación del derecho al trabajo; la falta de una vivienda adecuada, segura, cómoda, higiénica, con servicios básicos esenciales, es una violación del derecho a la vivienda; las expropiaciones arbitrarias que viene ejecutando el Gobierno menoscaban el derecho a la propiedad; los ataques y ocupaciones arbitrarias a las empresas e industrias lesionan los derechos a la libertad económica y a la iniciativa privada; los juicios iniciados contra manifestantes, periodistas y demás personas por sus opiniones, así como el cierre arbitrario de medios de comunicación, son una violación del derecho a la libertad de expresión; la ausencia de disponibilidad suficiente y estable de alimentos y las limitaciones para su acceso oportuno y permanente al público consumidor menoscaban el derecho a la alimentación; las medidas que planifican y restringen la oferta de bienes y servicios son una violación de los derechos de los consumidores (...).

No en vano el Estado venezolano se encuentra hoy día en una situación de grave incumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, con ocasión del desconocimiento de las decisiones dictadas por los órganos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de Naciones Unidas (...).

Todo lo anterior ha sido ejecutado abiertamente bajo un denominado «Estado Global», que se basa en una supuesta actuación mancomunada de los poderes y en la primacía absoluta de un contradictorio y confuso interés general, que concuerda plenamente con los intereses del Gobierno.

Convocamos a la sociedad venezolana a tomar conciencia de las consecuencias negativas que conlleva el modelo jurídico, económico y social que se pretende imponer a los venezolanos (...). Solo asumiendo y defendiendo todos los principios y derechos reconocidos en la Constitución e instrumentos internacionales (...) podremos los venezolanos forjar nuestro futuro como personas libres y dignas.


Manifiesto firmado por 141 profesores de Derecho Público para denunciar la violación de derechos en Venezuela.

IRENE HDEZ. VELASCO / Roma

El Vaticano arremete contra Pekín por violar la libertad religiosa

Emite un duro comunicado en el que condena el «temor» del Gobierno chino

Corresponsal

Zapatero embustero

Guerra abierta entre China y el Vaticano. La Santa Sede emitió ayer un severo comunicado en el que acusa a las autoridades de Pekín de estar violando de manera intolerable el derecho a la libertad religiosa de sus ciudadanos, lo que a su decir constituye un claro signo de «temor y de debilidad» por parte del Gobierno chino.

El comunicado, bastante insólito por su dureza, es la respuesta del Vaticano a la convocatoria por parte de las autoridades chinas de la VIII Asamblea de Representantes Católicos, celebrada en Pekín del 7 al 9 de este mismo mes. La citada asamblea -que pretende pasar por un pseudoparlamento católico pero donde la democracia brilla sin embargo por su ausencia- constituye la máxima autoridad de la iglesia oficial china, creada en 1957 por Mao como una institución independiente a la Santa Sede.

El Vaticano -que en 1951, dos años después de la llegada al poder de El Gran Timonel, rompió sus relaciones diplomáticas con Pekín- nunca ha reconocido a la iglesia oficial china, considerándola incompatible con la doctrina católica. Lo que ha dado pie a la existencia de una comunidad católica clandestina, de la que se estima forman parte entre nueve y diez millones de personas, y que vive acosada. Dos obispos y varios sacerdotes de esta Iglesia subterránea en comunión con Roma están en la actualidad detenidos.

La Santa Sede expresaba ayer un «profundo dolor» por la celebración de la VIII Asamblea de Representantes Católicos chinos. «El modo en que ha sido convocada y en que se ha desarrollado manifiestan un comportamiento represivo ante el ejercicio de la libertad religiosa, que se esperaba que ya hubiera sido superado en la China actual», se lee en la nota emitida por la oficina de prensa vaticana, que destaca cómo «la persistente voluntad» por parte de las autoridades de Pekín «de controlar la esfera más íntima de los ciudadanos, como es su conciencia, y de injerir en la vida interna de la Iglesia» constituye «un signo de temor y de debilidad». El Vaticano no duda en hablar de «intransigente intolerancia».

La Santa Sede apunta en ese sentido que «muchos obispos y sacerdotes han sido obligados a participar en la Asamblea». «La Santa Sede denuncia esta grave violación de sus derechos humanos, en particular de su libertad religiosa y de conciencia», prosigue el comunicado.

Aunque en marzo el Vaticano dio instrucciones a sus obispos para que no asistieran a la Asamblea, las autoridades de Pekín querían que todos ellos acudieran. Y según numerosos observadores no han dudado en emplear todos los medios a su alcance, incluida la fuerza física, para conseguirlo.

A pesar de las fuertes presiones gubernamentales, algunos obispos optaron sin embargo por plantar cara a las autoridades de Pekín. El obispo Peter Feng Xinmao de Hengshiu, en Jingxian, anunció, por ejemplo, que no tomaría parte en la Asamblea, con la solidaridad de unas 80 personas que rodearon su casa para protegerle. Las autoridades locales, sin embargo, mandaron un centenar de policías para atraparle, lo que provocó que los católicos decidieran rendirse. El obispo les bendijo mientras era llevado a la fuerza a Pekín. Y un segundo obispo, Jospeh Li Liangui de Cangzhou (Xianxian), optó por esconderse para asegurarse de que no sería obligado a tomar parte en la Asamblea. Las autoridades amenazaron con ponerle en la lista de delincuentes más buscados si no se entregaba, pero no lo hizo, por lo que se enfrenta a consecuencias graves.

«La Santa Sede expresa su más profundo aprecio a todos aquellos que, en distintas modalidades, han dado testimonio de su fe con valentía», se afirma en la nota, que concluye subrayando cómo las discretas relaciones informales que sólo en los últimos años el Vaticano y China habían comenzado a mantener han entrado en vía muerta. «La Santa Sede, mientras reafirma su voluntad de dialogar honestamente, siente el deber de precisar que actos inaceptables como los apenas mencionados provocan en los fieles, dentro y fuera de China, una grave pérdida de la confianza necesaria para superar las dificultades y construir una relación correcta con la Iglesia, en beneficio del bien común».

El proceso de ruptura entre la Santa Sede y China comenzó el pasado 20 de noviembre, cuando el Gobierno de Pekín decidió, por primera vez en los últimos cuatro años, ordenar a un obispo no autorizado por el Papa. El Vaticano ya emitió entonces un comunicado en el que se declaraba «alarmado» por las noticias procedentes del gigante asiático, concretamente por el hecho de que un grupo de obispos en comunión con el Papa fueran obligados a participar en esa «ordenación episcopal ilícita», lo que no dudaba en calificar de «grave violación de la libertad de religión y la libertad de conciencia».

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