CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Ediles socialistas imputados, a carros/

DAVID VIGARIO / Mérida

Imputados 13 ediles por prevaricación

El ex alcalde de Olivenza y un alto cargo de la Junta extremeña, entre los implicados

Corresponsal

El Juzgado de Primera Instancia 1 de Olivenza ha imputado a 13 ediles socialistas relacionados con el caso Lusográfica, en el que el grupo empresarial Lerner cobró 13 millones de euros en subvenciones de la Junta de Extremadura para montar una empresa gráfica en esa localidad.

La actividad sólo permaneció cinco años, dejó en la calle a 47 trabajadores y se apropió de 65.000 metros cuadrados. Todos los imputados pertenecieron al Gobierno municipal de Olivenza durante dos legislaturas, la de 1999-2003 y 2003-2007.

Entre ellos se encuentra el ex alcalde Ramón Rocha y el actual director general de Política Energética, José Luis Andrade, que sigue conservando el acta de concejal, al igual que otros dos ediles implicados, José Enrique Sánchez y Francisco Cedeño.

A todos se les imputan los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude y exacciones ilegales. Además, están acusados de presuntas irregularidades en la cesión definitiva en un Pleno municipal en el año 2001 de 65.000 metros cuadrados de propiedad municipal a la empresa por el simbólico precio de un euro, ya con la calificación industrial.

Se dio además la circunstancia de que la empresa sólo ocupó una sexta parte del total de los terrenos, ubicados en la mejor zona de Olivenza. Las plusvalías obtenidas podrían alcanzar en la actualidad un valor de 3,9 millones de euros.

En 2006, cuando la fábrica se encontraba ya en una situación muy delicada, la Junta de Gobierno del Ayuntamiento acordó cancelar las condiciones resolutorias en el pliego de condiciones económico-administrativas que daban la posibilidad de recuperar los terrenos al municipio. Por el contrario, se los regaló definitivamente al grupo Lerner.

CARMEN TORRES / Sevilla

La Fiscalía dice que la Junta le envió datos incompletos de Mercasevilla

El Gobierno andaluz se limitó a aportar un escrito con unas grabaciones sin identificar

«Colaboración activa con la Justicia y depuración de responsabilidad, eso lo que está haciendo la Junta que no hacen todos los gobiernos». Con estas palabras, el presidente de la Junta andaluza, José Antonio Griñán, volvía a defender el jueves en el Parlamento autonómico la actuación de la Administración autonómica en el caso de los fondos opacos para subvencionar expedientes de regulación de empleo (ERE) en los que se han producido prejubilaciones fraudulentas.

Griñán y el PSOE andaluz insisten en que la Junta de Andalucía llevó el caso a los tribunales y que ha tomado medidas contra sus responsables. Lo cierto es que mantuvo cuatro meses al delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, imputado por el caso de las comisiones ilegales en Mercasevilla, y que sólo ha expulsado del PSOE a Francisco Javier Guerrero, el alto cargo de Empleo que admitió ante la Policía la existencia del «fondo de reptiles».

Por lo que respecta a su «colaboración activa con la Justicia», se limitó a enviar un «escrito firmado» por el entonces viceconsejero de Empleo, Agustín Barberá, «en el que se aporta un CD, sin indicar cuál sea su contenido, ni identificar a las personas que intervienen en la conversación, ni acompañar transcripción», según informó la Fiscalía de Sevilla a este periódico.

El escrito se recepciona el 17 de febrero de 2009 y, «tras la inmediata audición personal para conocer el contenido y su transcendencia penal», la Fiscalía abrió diligencias de investigación y ordenó a la Policía Nacional la transcripción de las grabaciones, la identificación de sus protagonistas y otras diligencias de investigación.

Entre ellas, la fiscal jefe de Sevilla, María José Segarra, tomó declaración sólo dos días después, el 19 de febrero, al viceconsejero, al que solicitó los documentos sobre el expediente de concesión de la subvención a la Fundación Mercasevilla y a la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla Grupo La Raza, que había denunciado las irregularidades a la Junta de Andalucía. Se los envío el día 23.

Poco después, el 7 de abril, cuando recibió el atestado policial, la Fiscalía pidió más documentación al Ayuntamiento de Sevilla y a la Consejería de Empleo y ordenó una auditoría externa de la Fundación Mercasevilla. Asimismo, citó a los «sospechosos» para tomarles declaración a partir del día 20. Estas actuaciones finalizan el 27 de abril, cuando el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla abrió diligencias tras la denuncia del PP de Sevilla por el mismo caso.

Antes de enviar el CD a la Fiscalía, la Junta se dio un tiempo en el que realizó varias maniobras. Los empresarios presuntamente extorsionados denunciaron el caso ante el entonces jefe de gabinete del presidente, Juan Gallo, el día 20 de enero. Desde entonces y hasta el 17 de febrero, la Junta pidió a los empresarios que realizaran las grabaciones, cosa que hicieron y que entregaron a Juan Gallo el 28 de enero, según sus declaraciones.

A partir de ahí, y hasta su traslado a la Fiscalía, la Junta avisó al delegado provincial, Antonio Rivas, y al alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, que ordenó el cese del director de Mercasevilla, Fernando Mellet, uno de los grabados, y lo enmascaró como una «dimisión por motivos personales», que se realizó con las «felicitaciones» por su trabajo por parte del consejo de administración. El subdirector, Manuel Ponce, también grabado, no fue despedido hasta después de que el caso saliera a la luz pública.

MANUEL MARÍA BECERRO / Sevilla

Andalucía veta cinco comisiones al año

El PSOE promovió investigaciones en el Parlamento regional antes de llegar Chaves

Los dos últimos presidentes de la Junta de Andalucía -Manuel Chaves y José Antonio Griñán- suman 72 comisiones de investigación rechazadas en el Parlamento desde 1996, a un ritmo de cinco por año.

La aversión del PSOE a esta figura de control le sobrevino a partir de la IV Legislatura regional, justo cuando Chaves perdió la mayoría absoluta y quedó a merced de la Cámara autonómica. Anteriormente, los socialistas no sólo apoyaban la creación de comisiones de investigación propuestas por la oposición, sino que eran proactivos.

En la II Legislatura, con José Rodríguez de la Borbolla presidiendo la autonomía, fue el propio Consejo de Gobierno quien promovió la creación de una comisión de investigación sobre la frustrada adquisición del edificio Presidente, acerca del acuerdo de compra de la Junta con Inmobiliaria Osuna para adquirir un inmueble a un precio superior a lo que marcaba entonces el mercado.

Aquella comisión se constituyó el 2 de marzo de 1987. Es la única vez que el Ejecutivo andaluz impulsó directamente este mecanismo regulado en el artículo 52 del Reglamento del Parlamento andaluz, y del que ahora Griñán dice que sólo serviría al PP para «difamar» aprovechando la «inmunidad parlamentaria».

También el PSOE como grupo parlamentario impulsó en su día comisiones de investigación. En la I Legislatura, los socialistas solicitaron la creación de una «comisión permanente para el seguimiento, investigación y control sobre todas las presuntas irregularidades ocurridas en el Parque Nacional de Doñana».

Igualmente, en la III Legislatura se aprobaron comisiones para determinar (en plena investigación judicial del caso Ollero, sobre comisiones ilegales pagadas a través del hermano de un director general) las «posibles responsabilidades políticas o administrativas que en su caso pudieran derivarse por parte de la Consejería de Obras Públicas de una obra a la empresa Ocisa», y para el «estudio de la financiación de los partidos políticos y coaliciones con representación en el Parlamento».

Todo cambió con Chaves al frente de la Junta. Desde entonces, ni el PSOE ni el Gobierno andaluz han vuelto no ya a impulsar, sino ni siquiera a permitir la constitución de cualquier comisión de investigación.

¿Qué ocurrió en la IV Legislatura para que se produjera esta reacción? En 1994, se constituyó la comisión para el «estudio del proceso de fusión de la Caja de Ahorros de Jerez y la Caja de Ahorros San Fernando de Sevilla». Uno de los beneficiarios de los préstamos era el propio Chaves, quien a principios de 1985 (aún no era líder de los socialistas andaluces) había recibido, junto a otros destacados dirigentes del PSOE, 600.000 pesetas de los casi 19 millones en pólizas que, finalmente, acabaron siendo condonadas por la Caja de Jerez al PSOE. Y por primera vez en la historia de la autonomía, un presidente de la Junta fue investigado por el Parlamento regional.