CUANDO EL DELINCUENTE ES EL MINISTERIO DEL INTERIOR: El fiscal del Faisán contradice a Rubalcaba y dice que Camacho conocía la operativa
M. MARRACO / F. LÁZARO / Madrid
El fiscal contradice la versión de Rubalcaba sobre el Faisán
Pese al esfuerzo del fiscal Carlos Bautista por restar relevancia a lo que pudiera aportar Camacho en su declaración, lo que no hace es negar la mayor. Es decir, mantener, como ha hecho el vicepresidente y responsable de Interior, que el entonces director general de la Policía no informó a su jefe directo de la mayor operación policial contra la red de extorsión de ETA. Una operación que, además, se producía en plena tregua y que incluía en la lista de futuros detenidos a un miembro de la Ejecutiva del PNV.
De acuerdo con los autos del magistrado Pablo Ruz, ambos contactaron telefónicamente en tres ocasiones el 3 de mayo de 2006, víspera del chivatazo, y otras dos el mismo día de los hechos. El fiscal considera que esas las llamadas fueron «ajenas» a la delación y que una eventual declaración de Camacho al respecto «ni añade ni quita nada a la secuencia telefónica señalada por el equipo investigador, ni aporta nada al esclarecimiento de los hechos». Por contra, dice que «las llamadas del secretario de Estado obedecen a la lógica y natural relación diaria entre órganos ministeriales y son ajenas al contexto de tiempo y lugar en el que se desarrollan los intercambios de llamadas de los imputados».
Finalmente, resalta que no existe en los 19 tomos de la causa «ningún asidero que acredite ni la trascendencia de las llamadas ni la necesidad de conocer su contenido, máxime cuando en las mismas fechas, 3 y 4 de mayo, se está desarrollando una operación antiterrorista de la que, necesariamente, el secretario de Estado se Seguridad debe estar al corriente».
Estas últimas palabras chocan con la negativa con la que el Gobierno respondió el pasado día 11 a una pregunta parlamentaria del Partido Popular: «¿Mantuvo algún contacto el secretario de Estado de Seguridad el día 3 de mayo de 2006 con el director general de la Policía en relación con la acción conjunta hispano-francesa contra la red de extorsión etarra prevista para el día siguiente?».
El 'no' de Interior fue ratificado ayer mismo por el propio Alfredo Pérez Rubalcaba, quien preguntado sobre el caso Faisán al término del Consejo de Ministros, afirmó que se remitía a sus respuestas en el Congreso.
La declaración testifical de Camacho ya fue rechazada hace dos semanas por el juez instructor, que se apoyó en un nuevo informe policial que considera sus llamadas intrascendentes para el caso.
La decisión fue recurrida por Dignidad y Justicia, lo que llevó al instructor a pedir el parecer del fiscal. Este primer recurso de reforma debe resolverlo el propio Ruz, mientras que el de apelación también interpuesto recae en la Sala de lo Penal, que podría corregir la decisión del magistrado.
Al margen del asunto Camacho, la Fiscalía se pronunció en otro escrito sobre las nuevas diligencias reclamadas por las partes. El Ministerio Público pide al juez que rechace practicar un careo entre el investigador principal del chivatazo, Carlos Germán, y el ex responsable de la Unidad Central de Inteligencia José Cabanillas, superior de aquél en el momento del chivatazo.
La diligencia ha sido reclamada por Dignidad y Justicia atendiendo a unas contradicciones entre ambos que el fiscal describe como «colaterales y accesorias». Bautista añade que los careos son un instrumento de «escasa o nula utilidad».
En una reciente comparecencia como testigo, Cabanillas arremetió contra Germán y afirmó que le había propuesto destruir la grabación en la que se desvelaba la existencia del chivatazo.
El fiscal sí respalda, en cambio, que el investigador del chivatazo vuelva a comparecer como testigo, tal y como pide la AVT. Eso sí, matiza que el momento de la comparecencia no es ahora. «La prudencia aconseja su ejecución en un momento posterior, debiendo esperarse a la prueba de todas las diligencias pendientes, especialmente las de la pieza secreta, habida cuenta, además, que en la causa se van aportando informes del equipo investigador que, por su contenido, resuelven muchas de las cuestiones que pudieran plantear las partes», dice el fiscal.
Del mismo modo, considera innecesaria la petición de Dignidad y Justicia de que declaren miembros del Área de Especial Seguimiento, ya que dejaron de controlar las grabaciones sobre el bar Faisán -centro de la red de extorsión- «bastante antes» del chivatazo.
Finalmente, rechaza la petición de otro de los imputados, el jefe superior de Policía del País Vasco, de dejar sin efecto varias de las diligencias encomendadas por el juez instructor al equipo de Germán.
M. M. / Madrid
La Fiscalía pedirá al Supremo que ilegalice Sortu
El entorno de Batasuna tiene desde ayer un motivo más para pulir los detalles de su plan b para las elecciones. La Fiscalía General del Estado anunció a última hora de la mañana que presentará una demanda para que el Tribunal Supremo impida la inscripción de Sortu en el registro de partidos, requisito para poder presentarse a los comicios municipales y forales del País Vasco y Navarra.
La decisión se basa en el contenido de los informes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que, junto a los estatutos de la nueva formación abertzale, el Ministerio del Interior remitió a la Fiscalía General esta misma semana.
La Fiscalía estima que su contenido es suficiente para anunciar la demanda, pero además indica que, «en todo caso, y bajo la dirección de esta Fiscalía, los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado continúan realizando investigaciones complementarias».
El eventual resultado de esas nuevas investigaciones podría perfectamente ser incorporado al escrito de la demanda, ya que ésta no se presentará hasta el mes de marzo. El plazo máximo para hacerlo concluye el próximo día 11, según indica la propia Fiscalía.
La vía anunciada por el Ministerio Público para impedir la participación de Sortu -la ejecución de sentencia- es la más expeditiva. Se basa en que la nueva formación no es sino «una continuación de Batasuna», lo que permitiría a la Sala especial del Tribunal Supremo declarar su ilicitud amparándose en la sentencia con la que ilegalizó Batasuna, sin necesidad de un nuevo y mucho más lento proceso de ilegalización específico para Sortu.
Al camino anunciado ya por la Fiscalía podría sumarse en los próximos días o semanas la Abogacía del Estado, que también recibió de Interior los informes de la Fuerzas de Seguridad y la orden de preparar la eventual demanda.
Tanto la Policía como el Instituto Armado coinciden en que el nuevo partido es «el instrumento» elegido por ETA para la sucesión de Batasuna. «Es una iniciativa vinculada a los proyectos de ETA desarrollados por la estructura dirigente de Batasuna, que ha sido ejecutada bajo su control directo», dicen las Fuerzas de Seguridad.
Para ello aportan documentos elaborados por la organización terrorista y por los dirigentes de Batasuna que indican que la condena al terrorismo de los estatutos de Sortu no es sino una trampa para intentar colar sus candidaturas, y que sus «promotores reales» son los dirigentes de Batasuna, no quienes presentaron el partido en el registro del Ministerio del Interior.
La Policía considera que el dirigente de Batasuna en libertad provisional Rafael Díez Usabiaga se ha estado reuniendo con Rufino Etxebarria y con Iñigo Iruin para darles indicaciones y coordinar la puesta en marcha de Sortu, cuya presentación pública corrió a cargo de ambos.
Como dato concreto de la conexión Sortu-Batasuna, la Policía destaca en su informe que los dos vehículos en los que los promotores de Sortu se desplazaron al registro habían sido alquilados por Patxi Jagoba Bengoa, que fue miembro de Jarrai, está condenado por delito continuado de terrorismo cuando era menor y fue apoderado de EH y del PCTV; y por José Alfonso Rojo Martín, candidato en 2007 por la ilegalizada ANV por Bilbao.
OORBYT.es
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FERNANDO LÁZARO / Madrid
Interior estudia una gran reforma de todas las estructuras policiales
Apenas algo más de 50 folios pueden poner en marcha la mayor reestructuración en la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado de la historia democrática de España. El borrador está sobre la mesa de los máximos responsables del Ministerio del Interior, que no lo ven con malos ojos. Está en fase de estudio, pero para los que toman decisiones políticas en el Departamento de Seguridad el proyecto elaborado desde el Centro Nacional de Coordinación antiterrorista «tiene buena pinta».
Sin embargo, son muchos los que ya han levantado la voz de alarma: se puede crear una superestructura policial que, por sí sola, tendría mayor poder que el Ministerio del Interior. Y es que el Gobierno está estudiando una reestructuración de los servicios antiterroristas y de lucha contra el crimen organizado. Y todo, enmarcado en la responsabilidad del Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista.
El borrador, según explicaron a este periódico fuentes conocedoras del texto, contempla una unificación operativa de las unidades especializadas dedicadas a estos servicios tanto de la Guardia Civil como de la Policía Nacional y del Centro Nacional de Inteligencia.
Por partes. El Gobierno, tras el 11-M, puso en marcha una estructura nueva de inteligencia, en ningún caso operativa: el Centro Nacional de Coordinación Antiterrorista (CNCA). Su función básica era evitar los episodios de descoordinación policial que se detectaron tras la matanza de Madrid. Y es que antes de esta masacre, las investigaciones de la Guardia Civil y de la Policía Nacional sobre tramas relacionadas con el terrorismo internacional se cruzaron en mil y una ocasiones y, fruto de esa descoordinación, no se detectaron datos que hubieran podido ser claves antes de la matanza.
Sistemas informáticos
Este organismo, el CNCA, hasta ahora trata de que los cuerpos policiales no se «pisen» o «estropeen» las investigaciones. Detecta cuando un cuerpo está pidiendo datos sobre sospechosos que están siendo investigados por otro cuerpo, a través de sofisticados sistemas informáticos. Su objetivo es evitar duplicidades o invasiones en las pesquisas en materia antiterrorista.
Poco después se creó otro centro similar, el Cico (Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado), con los mismos objetivos pero para el crimen organizado.
Ahora, los especialistas en seguridad quieren dar el salto definitivo: quieren unificar ambos organismos (CNCA y Cico) y que superen el plano de la inteligencia. En el borrador se contempla una nueva superestructura policial que tendría ya carácter operativo, es decir, que controlaría, organizaría y mandaría sobre todas las unidades policiales y de los servicios secretos dedicados a la lucha contra el terrorismo y el crimen organizado.
Según explicaron estas fuentes, el nuevo organigrama será el que tenga el mando sobre la Comisaría General de Información de la Policía Nacional, el servicio de Información de la Guardia Civil, la comisaría general de Policía Judicial, las mismas unidades de Policía Judicial de la Guardia Civil y las secciones de los servicios secretos dedicadas a estos cometidos.
Hasta ahora son análisis, pero lo que buscan es tener capacidad decisoria y operativa. Todo pasaría por sus manos. Además, el borrador elaborado por el CNCA, que está en poder del Ministerio del Interior, incluye contar en determinadas ocasiones tanto con las policías autonómicas como con las municipales.
El nuevo centro quiere aglutinar, además, todo tipo de informaciones de que dispongan las comunidades autónomas sobre las «actividades de las entidades religiosas» de todo tipo, según explicaron estas fuentes. Es decir, para controlar la posible implantación del islamismo radical se quiere tener información de todo tipo de tendencia religiosa que actúa en España, y de sus actividades. El proyecto lo ven con buenos ojos el director general de la Policía y la Guardia Civil, Francisco Javier Velázquez, y el númerodos de Interior, Antonio Camacho. Pero está levantando recelos entre especialistas de la seguridad de la Guardia Civil y de la Policía, que entienden que es un paso atrás unificar todo bajo el mismo mando y se preguntan si esta nueva estructura no sería, en realidad, un avance hacia una unificación entre policías y guardias civiles.
Las mismas fuentes indican que el CNCA ha pedido ya al Gobierno un aumento de su plantilla de más del 40% para poder ir asumiendo poco a poco nuevas competencias, si se da luz verde definitivamente a este proyecto. Esta nueva iniciativa está pendiente de que Rubalcaba le dé el visto bueno y la traslade al Consejo de Ministros para ponerla en marcha.
posted by e-pesimo | 10:47
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