EDITORIALES: El fraude de los ERE o la peor cara del PSOE

El fraude de los ERE o la peor cara del PSOE

LA NEGATIVA de José Antonio Griñán a abrir una comisión de investigación sobre las gravísimas irregularidades detectadas en decenas de Expedientes de Regulación de Empleo aprobados y financiados por la Junta de Andalucía es muy reveladora. Supone, en primer lugar, asumir que el PSOE no quiere que haya luz y taquígrafos en unos de los mayores caso de corrupción conocidos hasta la fecha en esta comunidad. Pero además, alimenta las suspicacias sobre la actuación de la Administración andaluza que, ahora, con varios años de retraso -la primera denuncia es de la Intervención General de Hacienda y se remonta al año 2005- trata de presentarse como víctima y no como parte del fraude de los ERE. Si la Junta y el PSOE no tienen nada que ocultar, nada deberían de temer a la transparencia.

Es ya una tradición en Andalucía que los socialistas utilicen su rodillo en la Cámara para impedir la apertura de cualquier comisión de investigación. Así lo han venido haciendo de forma sistemática en los últimos 15 años.

El argumento utilizado ayer por Griñán de que la comisión de investigación sobre los ERE sería un «altavoz de intereses partidistas» y sólo serviría para «difamar con inmunidad parlamentaria» es de un gran cinismo. Por esa misma regla de tres habría que suprimir las comisiones de investigación, que sin embargo el PSOE ha reclamado con entusiasmo en tantas ocasiones en otras cámaras como ejemplo de democracia. Más aún, sus manifestaciones suponen un ataque directo al Parlamento, puesto que si la inmunidad sólo es la coartada de los diputados para difamar, lo harán igual en los plenos y en el resto de comisiones, lo que, siguiendo la máxima del presidente de la Junta, debería llevar a cerrar todas las Cortes.

Ocurre que los socialistas andaluces pretenden reducir el caso únicamente al ámbito judicial para limitar su repercusión y evitar así el desgaste de tener que dar explicaciones de hechos escandalosos que empañan su gestión. Hay que recordar que el fraude de los ERE empezó a producirse cuando el hoy vicepresidente del Gobierno era presidente de la Junta de Andalucía y su hoy sustituto, Griñán, consejero de Hacienda.

Lo cierto es que ha habido desviación de caudales públicos para fines fraudulentos y se ha beneficiado a personas próximas al PSOE. Todavía no se sabe cuántos ERE aprobados por la Junta están podridos ni cuánto dinero se ha empleado en prejubilaciones fantasma de personas que nunca habían trabajado para las empresas auxiliadas. Si algo resulta evidente es que al margen de las responsabilidades judiciales que determinen los tribunales en su momento hay también unas responsabilidades políticas que habría que empezar a asumir. El caso pone a Griñán contra las cuerdas.

Pero el PSOE no es el único que ha quedado retratado en este asunto: también la Justicia. Es incomprensible que la Fiscalía Anticorrupción, que ha demostrado tantos reflejos en casos cuantitativa y cualitativamente menores, se haga la distraída y siga sin tomar cartas en el asunto. Y llueve sobre mojado, porque ocurrió lo mismo con el escándalo de las subvenciones de la Junta a la empresa en la que trabajaba la hija de Chaves.

Cada vez se ve con mayor claridad que el posible vuelco electoral que vaticinan las urnas en Andalucía es ya una urgente necesidad. Las décadas de poder ininterrumpido del PSOE han generado tanta corrupción, clientelismo, nepotismo e incompetencia que se impone una regeneración democrática.

Inaugurado en Madrid el mayor centro de Europa

Una tienda de chinos que no debe ser zona franca

EL MINISTRO de Fomento inauguró ayer en Fuenlabrada (Madrid) el mayor centro comercial chino de Europa: una superficie de 40.000 metros cuadrados dedicados a la importación y exportación entre los dos países. Seguro que muchos productores y comerciantes españoles se han asustado al conocer la iniciativa porque consideran que se coloca una alfombra roja oficial a la competencia desleal. Bien está que el gigante económico se fije en España como destino prioritario de sus inversiones, aunque no aporten demasiado valor añadido. Pero el Gobierno y las demas administraciones, empezando por el ayuntamiento fuenlabreño, deben evitar a toda costa que Plaza de Oriente -como se llama el centro- se convierta en una zona franca desde la que empresas chinas comercialicen productos en España y en Europa sin los requisitos laborales, legales y de calidad que se exigen a las compañías occidentales

28 años después de la expropiación de Rumasa

Ruiz-Mateos hace temblar de nuevo a sus inversores

MÁS DE de 5.000 inversores y cientos de acreedores se van a ver afectados por la crítica situación financiera de Nueva Rumasa, el grupo de Ruiz-Mateos, que anunció ayer que va a intentar renegociar en un plazo de cuatro meses los pagos de su deuda, cifrada en 700 millones de euros. El empresario jerezano aseguró que se pegará un tiro antes de dejar de pagar sus deudas, pero no es posible ignorar el poco tranquilizador precedente de la intervención de Rumasa hace 28 años. Su saneamiento costó al Estado una cifra superior al billón de las antiguas pesetas. Ahora se verían afectados los ahorradores que compraron pagarés y títulos de la empresa con unos tipos de interés que llegaron casi hasta un temerario 10%. La delicada situación de Nueva Rumasa suscita grandes interrogantes, empezando por las responsabilidades del propio empresario y terminando por la permisividad de la que se ha beneficiado para captar capitales en unas condiciones de extraordinaria opacidad.

En Bahrein piden un rey como Juan Carlos

La revuelta árabe se extiende al Golfo Pérsico

LA OLEADA revolucionaria se extiende por Libia -donde la policía de Gadafi causó 11 muertos en el Día de la ira- y ha saltado al Golfo Pérsico. Los ciudadanos del pequeño estado de Bahrein han salido a la calle en demanda de reformas democráticas, pero las autoridades han respondido a sangre y fuego. El caso de Bahrein es singular, ya que la monarquía reinante es de confesión suní, mientras que el 70% de la población sigue la disciplina chií, por lo que la violenta represión podría derivar en un enfrentamiento sectario. Estados Unidos, aliado preferente de un país en cuyas aguas se encuentra la V Flota, ha exigido que se respeten las demandas ciudadanas y se castigue a los responsables de la muerte de los manifestantes. Sea en Bahrein o en Libia, a estos regímenes les va a resultar imposible sofocar con balas las ansias de una población que parece haber perdido el miedo y que sabe muy bien lo que quiere. Al Jalifa encabeza una monarquía que se dice parlamentaria, pero los manifestantes piden un rey como Don Juan Carlos. La Transición española puede ser un modelo para esos países.
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