VALENCIA PERMITIRÁ A LOS ALUMNOS ELEGIR LENGUA DE EXAMEN

N. DE LA T. / Valencia

Valencia permitirá que los alumnos elijan la lengua en la que examinarse

Hasta ahora, la evaluación se realizaba en el idioma en el que se impartía la materia

La Conselleria de Educación del Gobierno valenciano dio ayer a conocer una nueva orden sobre centros plurilingües que supondrá un vuelco en su política lingüística: introduce por primera vez la posibilidad de que los alumnos de Primaria o Secundaria puedan elegir el idioma en el que desean ser evaluado, independientemente de cuál sea el que emplea el profesor para impartir la asignatura.

La cuestión no es menor, pues basta recordar lo ocurrido con el polémico caso Natalia, cuando el padre de una niña denunció el año pasado el suspenso de su hija en Conocimiento del Medio por responder el examen en castellano. Ésta es una asignatura de Primaria con docencia en valenciano, por lo que la evaluación del alumno debe ser en esta misma lengua.

Lo que, en concreto, dice el borrador de la norma es que «en los centros pertenecientes a la red plurilingüe, con independencia del idioma en que se imparta cada una de las áreas, materias o módulos en las distintas enseñanzas, el alumnado tendrá derecho a realizar las pruebas de evaluación de carácter parcial o final en castellano o en valenciano». El artículo en cuestión, además, deja claro que la decisión la adoptará «exclusivamente» el propio alumno.

Esto significa que, de momento, dicha alternativa existirá únicamente en los centros que se apunten al programa de plurilingüismo por dar alguna materia no lingüística en un idioma extranjero, preferentemente el inglés. Sin embargo, se sienta un precedente que nunca antes se había permitido desde la aprobación en 1983 de la Ley de Uso y Enseñanza del Valenciano.

Entidades que defienden el uso de la lengua autóctona, como el sindicato STEPV o Escola Valenciana, no tardaron en reaccionar con dureza a la propuesta del Departamento que dirige Alejandro Font de Mora, el conseller que trató de imponer Educación para la Ciudadanía en inglés.

Para estas entidades, «se desvirtúan» los programas lingüísticos que han venido funcionando desde entonces, ya que «no se garantiza en absoluto el objetivo de adquirir las mismas competencias lingüísticas en las dos lenguas oficiales» de la Comunidad Valenciana (castellano y valenciano), tal y como recoge la ley.

Lo cierto es que, ya a principios del curso, el conseller cuestionó la viabilidad del actual sistema de líneas por su elevado coste económico.Era también la primera vez que admitía en público que no funcionaban correctamente, ya que había escolares que pedían la docencia en una u otra lengua y no siempre veían satisfecha su demanda.

En su día, se comprometió a estudiar el modelo de Galicia y País Vasco para analizar si se podía importar a la Comunidad Valenciana el sistema de los tercios: castellano, valenciano e inglés convivirían en igualdad.La normativa que se presenta ahora supone otorgar más opciones a los centros educativos para tener el distintivo de plurilingües.

ALFONSO MATEOS / Madrid

Panorama caótico en el Ministerio del Educación

Madrid dice que convocará y superará el límite como Andalucía

Será porque España puede presumir de ser el tercer peor país de Europa en índices de fracaso escolar. O quizá por los continuos malos resultados patrios en cada edición del informe Pisa. El caso es que las comunidades autónomas se están tirando los trastos a la cabeza con motivo de la convocatoria de oposiciones a cuerpo docente.

Se supone que a comienzos de marzo tienen que estar las cosas claras. Y se supone también que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2011, el número de plazas convocadas en cada autonomía no debe superar el 30% de reposición de vacantes. Sin embargo, hoy, y a la espera de la reunión convocada esta mañana en el Ministerio de Educación, el panorama puede describirse como caótico.

Hasta ayer, cinco comunidades (Asturias, Cantabria, Canarias, Castilla-La Mancha y Murcia) habían asegurado que no convocarían las dichosas oposiciones. Una sexta, Madrid, reculó y pasó de la nada al todo: Esperanza Aguirre anunció en la Asamblea autonómica que, al contrario de lo dicho el lunes pasado por la consejera de Educación, Lucía Figar, su Gobierno sí convocará elecciones a cuerpo docente y, aunque no especificó el número concreto de plazas, desde la Consejería aseguran que supondrá más del 30% de reposición y que se ha tomado esa decisión toda vez que Andalucía ya había anunciado que se saltará la limitación.

Éste es el penúltimo acto de un esperpento que tiene como protagonistas a los gobiernos autonómicos, de tramoyistas a los sindicatos y de público a los opositores. Y, en todo esto, el Ministerio de Educación ejerce un papel parecido al del convidado de piedra. Porque todos miran a Ángel Gabilondo y todos le reclaman que interceda, que actúe como ministro y que ponga un poco de cordura en forma de coordinación global; aunque desde la sede de la calle de Alcalá recuerdan que ellos no pueden obligar a las autonomías a convocar oposiciones.

Eso quieren los sindicatos, que ayer hicieron público un comunicado conjunto (FE-CCOO, STES-i, Anpe, CSI-F y Fete-UGT) en el que exigen que se convoquen exámenes en todo el territorio y, además, invitan a los gobiernos autonómicos -con cierto éxito visto lo visto- a saltarse la limitación del 30%. De no ser así, amenazan con iniciar movilizaciones en aquellos lugares donde la oferta no sea, a su juicio, suficiente.

Estos sindicatos recuerdan, además, que el índice de interinidad entre el cuerpo docente nacional está muy lejos del 8% establecido como ideal desde el Gobierno. También señalan que éste es un año distinto, pues ante las alteraciones en las jubilaciones puede haber un número de vacantes extraordinario debido a los prejubilados.

Pero el discurso de los sindicatos puede parecer errático: mientras a nivel nacional mantienen un discurso, hay varios casos en los que las mismas organizaciones piden la congelación de las convocatorias a nivel regional (en Extremadura han entregado más de 2.000 firmas que apoyan esta solicitud). La razón, argumentan, es un «miedo natural» a una posible avalancha de opositores de territorios vecinos.

Y eso mismo temen las administraciones que todavía no se han definido. Sirva de ejemplo Castilla y León, que insiste en la necesidad de llegar a un acuerdo -miran con buenos ojos a la reunión de hoy, pero no tienen esperanzas de que sea definitiva- y Extremadura, que inicialmente dijo que convocaría 239 plazas pero ahora está a la espera de ver si se alcanza un acuerdo.