ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: Rumasa en apuros
CARMEN LLORENTE / Madrid
Ruiz-Mateos lleva de nuevo a su grupo al borde del abismo
Grupo Clesa, Garvey, la empresa hotelera Hotasa, Dhul, Elgorriaga, Hibramer, Trapa, Carcesa, Quesería Menorquina y la sociedad que gestiona el club de fútbol Rayo Vallecano -10 de las más importantes empresas del holding Nueva Rumasa- se han acogido al artículo 5.3 de la ley concursal, lo que supone la antesala de la suspensión de pagos.Sigue en página 32
Ahora, la familia Ruiz-Mateos tiene cuatro meses de plazo para renegociar un aplazamiento de su deuda con los acreedores y conseguir un socio inversor que le aporte la liquidez o tesorería que precisa el grupo para proseguir su actividad. En caso de no lograr un acuerdo con las 23 entidades a las que debe dinero, estas 10 compañías entrarán, definitivamente, en concurso de acreedores.
Acompañado de sus seis hijos varones y parte del equipo directivo, el fundador del nuevo holding de la abeja, un entramado de más de un centenar de sociedades domiciliadas en su mayoría en paraísos fiscales, Ruiz-Mateos reconoció que se ha visto obligado a recurrir al estado preconcursal con el claro objetivo de «proteger los intereses de los 10.000 empleados -unos 6.000 según los sindicatos- y garantizar el futuro de la compañía.
«Tenemos un grupo con un valor de 6.000 millones de euros, según la tasación realizada por reconocidos expertos», aseguró José María Ruiz-Mateos hijo, quien indicó que este gran patrimonio es garantía suficiente para poder renegociar una deuda de 700 millones.
Precisamente, Clesa y Dhul, dos de las compañías que han entrado en la antesala de la suspensión de pagos, acumulaban en 2009 un pasivo de 427 millones de euros.
El fundador de Nueva Rumasa reconocía ayer que la renegociación con los bancos no será fácil debido a la crisis financiera que padece España y a la actitud de algunos de sus principales acreedores -Santander y Banesto son los primeros prestamistas- de presionarles para el pago inmediato de parte de la deuda.
«No pedimos quitas, lo único que buscamos es ampliar el plazo de pago», aseguró Ruiz-Mateos, quien recordó que Nueva Rumasa está sufriendo los mismos problemas de financiación y liquidez que muchas otras compañías españolas, pero con una gran diferencia: «Nosotros no hemos despedido a nadie ni lo vamos a hacer».
Eso sí, el grupo Ruiz-Mateos reconoció que es momento de apretarse el cinturón y tomar medidas, lo que provocará algún Expediente de Regulación de Empleo (ERE) como el que actualmente se negocia en el grupo lácteo Clesa.
La familia aseguró que los retrasos de pagos de nóminas de los trabajadores son «mínimos» y que tan solo se adeuda en alguna compañía la paga extraordinaria del pasado mes de diciembre. Eso sí, reconoció que, en los últimos meses, ante la falta de liquidez, se han producido paradas de producción, interrupciones que le han costado la pérdida de algún importante cliente, como alguna gran cadena de distribución para la que hacía yogures de marca blanca.
Además de la renegociación de la deuda, las esperanzas del grupo Nueva Rumasa están puestas en conseguir un acuerdo con un grupo inversor extranjero que aporte 500 millones de euros a la compañía, una inyección de dinero fresco que serviría para disminuir el endeudamiento y dar la tan necesaria liquidez que necesita el holding para poder proseguir su andadura.
«Estamos en negociaciones muy avanzadas con un grupo inversor que esperamos cerrar en unas semanas», aseguró José María-Ruiz Mateos hijo. Sin embargo, el potencial socio, posiblemente un fondo británico -según fuentes del sector- exigirá a Rumasa grandes garantías sobre sus bienes, algunos de los cuales ya están hipotecados, y un interés muy superior al que aplica la banca tradicional antes de aportar la inyección de capital.
P&R
J. G. / C. LL / Madrid
Guía para el inversor asustado
La solicitud del proceso concursal en 10 empresas del grupo Nueva Rumasa puede suponer un problema para los inversores que compraron los pagarés emitidos por algunas de estas compañías.
¿Qué es el procedimiento especial de la Ley Concursal?
Es un procedimiento legal que permite a la empresa pactar durante cuatro meses un acuerdo con sus acreedores para renegociar la deuda. Si en este plazo no se logra, deberá solicitar el concurso de acreedores (antigua suspensión de pagos) y dejar la compañía en manos de un administrador.
¿A quién afectaría una suspensión de pagos?
A todos los acreedores de las compañías que lo soliciten así como a los trabajadores y accionistas.
¿Qué puede ocurrirle a un inversor que compró pagarés?
Hay dos empresas de las que están en preconcurso que han emitido pagarés: Carcesa e Hibramer. Si finalmente entran en concurso, estos inversores serán considerados «acreedores ordinarios». Su derecho de cobro está por detrás de los acreedores «privilegiados», entre los que se encuentra la Seguridad Social y otros que tienen garantías de cobro especiales.
¿Peligra el dinero de estos inversores?
Aunque José María Ruiz-Mateos dijo ayer que «antes de no poder pagar a esos inversores, me pegaré un tiro», lo cierto es que sí existe riesgo de que algunos inversores no reciban su dinero. Para empezar, quienes tienen un pagaré no pueden cobrar el principal hasta la fecha de vencimiento. Algunos caducan a los cinco años de su emisión.
¿Qué tipos de pagarés hay?
Por regla general, se trata de una deuda ordinaria y, por tanto, el inversor es un acreedor más. No obstante, algunos expertos en derecho mercantil señalan que los contratos de emisión pueden incluir algunas cláusulas, como que la deuda se considera subordinada y, por tanto, su garantía de cobro es de menor calidad. En este caso se sitúan casi a la cola en el derecho de cobro.
¿Qué inversor puede tener más problemas?
Los pagarés ofrecen en ocasiones la posibilidad de convertirse en acciones ordinarias del grupo. Si esto ha ocurrido en algún caso, este inversor pasa de ser acreedor de la empresa a accionista. Y los accionistas son los últimos en cobrar en una suspensión de pagos.
¿Qué ocurre con la última emisión de participaciones de Clesa?
A diferencia de los pagarés, la última operación de Nueva Rumasa fue la emisión de acciones de su empresa Clesa. Un inversor podía suscribirlas por un mínimo de 3.300 euros. Al tratarse de una aportación en el capital social, estos también serían los últimos en cobrar.
¿Sirven de algo las garantías de cobro que ofrecía Nueva Rumasa?
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha advertido hasta en siete ocasiones sobre estas emisiones. En varias de ellas se refiere a que las garantías que ofrece la compañía -como las existencias de brandy de Jerez o los activos de Dhul y Clesa- no estaba registrada en el Registro Mercántil ni que existía una valoración real. De hecho, dos de estas garantías, Dhul y Clesa, están también en el proceso previo a la suspensión de pagos.
J. G. GALLEGO / C. LLORENTE / Madrid
«Antes de dejar de pagar a mis inversores me pego un tiro»
El presidente de Nueva Rumasa, José María Ruiz-Mateos, intentó ayer tranquilizar a los 5.000 inversores que le han confiado sus ahorros y juró «por Dios» que el dinero está «completamente a salvo». «Pagaremos a todos y cada uno de los inversores con los que nos hemos comprometido y tenemos una obligación», anunció con tono tranquilo y enérgico, y remató: «Antes de dejar de pagar a los inversores, me pego un tiro».
El fundador del holding de la abeja agradeció a las personas que han confiado en él sus ahorros, personas normales, como, por ejemplo «esa viuda con hijos que ha invertido el dinero del seguro de vida de su difunto esposo» en pagarés de Nueva Rumasa y a la que «de ninguna manera puedo fallar», o a esos miles de empleados que han comprado con sus pequeños ahorros participaciones de grupo.
Con unos y con otros, el grupo ha conseguido levantar más de 150 millones de euros de deuda desde que en febrero de 2009 inició sus emisiones de pagarés. Desde entonces, cada una de ellas ha despertado las sospechas del regulador de los mercados financieros españoles, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), aunque no es esta institución quien tiene la competencia para vigilar dichas emisiones.
Ésta fue, de hecho, la primera polémica de los pagarés de Nueva Rumasa. En sus anuncios en prensa, radio y televisión, el grupo que preside Ruiz-Mateos aseguraba que la operación tenía «el visto bueno de la CNMV». Inmediatamente el regulador lanzó su primera advertencia señalando que, por sus características, la emisión no estaba sujeta a su supervisión. Y es que la oferta era para inversores considerados como «cualificados» (con un importe mínimo de inversión de 50.000 euros). Además, no cotizaba en mercados organizados y no contaba con una empresa de servicios de inversión que la comercializase. Todos ellos son requisitos para que la CNMV actúe como regulador.
El organismo que preside Julio Segura recomendó entonces a los inversores «informarse adecuadamente acerca de la naturaleza y características del producto ofertado, así como de la situación jurídica y económico-financiera del emisor».
«Rentabilidad garantizada»
La segunda colocación tuvo lugar apenas unos meses después y su emisor, Hibramer, ofrecía una «rentabilidad garantizada» que inmediatamente fue matizada por la CNMV. En todos los casos, la empresa emisora no detallaba el tipo de garantía -de carácter personal o garantía real- ni su valoración exacta. En una operación en la que se puso como garantía las existencias de la empresa de brandy de Jerez, se vio implicado el prestigioso profesor del IESE Pablo Fernández. Un trabajo suyo que valoraba las existencias de brandy en 1.217 millones de euros apareció en la publicidad de Nueva Rumasa para dar más atractivo a la emisión. Posteriormente, Pablo Fernández se desentendió de aquel mensaje asegurando que su valoración «no fue realizada como garantía de esos instrumentos que la firma emite» y que la inclusión de su nombre en la publicidad del grupo no había sido solicitada ni autorizada.
El pasado año la CNMV también salió al paso de la cuarta emisión de pagarés recordando que, conforme al Real Decreto aprobado por el Gobierno en junio, «en las colocaciones de emisiones que estén dirigidas al público en general empleando cualquier forma de comunicación publicitaria deberá intervenir una entidad autorizada para prestar servicios de inversión a efectos de la comercialización de los valores emitidos». El regulador trataba así de asegurarse que una sociedad de valores supervisaba la oferta.
Nueva Rumasa llegó en mayo a un acuerdo con la sociedad Gestión de Patrimonios Mobiliarios (GPM) para comercializar las siguientes emisiones, aunque el grupo no llevó a cabo ninguna más. Sí aprovechó el pasado mes de diciembre para lanzar dos ampliaciones de capital en sus filiales Dhul y Clesa, que se encuentran ahora en la antesala del concurso de acreedores.
FRANCISCO NÚÑEZ / Madrid
Ruiz-Mateos: de la expropiación pública al concurso de acreedores
José María Ruiz-Mateos llegó a ser el personaje más admirado de la clase empresarial y política de los primeros años de la democracia española. En 1980, era oficialmente el español más rico, al menos para Hacienda. Lideraba el primer y único listado que el fisco ha publicado de declarantes en la historia. Tres años después, el contador de su patrimonio se puso a cero. El 23-F de 1983, exactamente dos años después del asalto al Congreso del teniente coronel Antonio Tejero, el Gobierno de Felipe González decidió la expropiación de Rumasa por decreto-ley, urgente y extraordinario.
Según la versión oficial, el Ejecutivo intervino Rumasa «por razones de utilidad pública e interés social». Según declaró años más tarde el entonces ministro de Economía, Miguel Boyer, la medida no se realizó para sancionar a Ruiz-Mateos por sus actuaciones empresariales (Rumasa era una empresa que tenía bancos), sino que fue «una medida de política económica con la que se quiso evitar la crisis total de un grupo en quiebra».
El ex ministro recordó también que las auditorías que se practicaron, tras la intervención pública, demostraron un déficit patrimonial de 259.000 millones de pesetas. Pero al mismo tiempo reconoció que, cuando se realizó, el Ejecutivo no conocía las posibles actividades delictivas de Ruiz-Mateos. Tampoco conocía el Gobierno el entramado de las más de 700 empresas del holding, de las que más tarde se informó que sólo un tercio estaban operativas, con 65.000 trabajadores y una facturación de casi 350.000 millones de pesetas.
A partir de aquí, reclamado por la Justicia española, Ruiz-Mateos inició una rocambolesca cruzada dentro y fuera de España. Huyó a Londres. Fue detenido y encarcelado en Fráncfort. Y, extraditado, se fugó de la Audiencia Nacional disfrazado con una gabardina, una peluca y unas gafas oscuras.
Una polémica sentencia del Tribunal Constitucional (con el voto de calidad de su presidente) avaló el decreto de expropiación de Rumasa, que fue troceada y privatizada en un polémico y costoso proceso para el erario público (4.056 millones de euros según el Gobierno y 6.010 millones según el PP). El Tribunal Supremo también falló contra la reversión de las empresas de Rumasa.
Renuncias a la defensa para dilatar los procesos judiciales, así como su elección como europarlamentario, idas y vueltas a los juzgados y a las cárceles, denuncias incluso de envenenamiento, muchos disfraces (desde Supermán a chulapo) y una sonada bofetada a Boyer (!Que te pego leche!), jalonaron muchos años de puestas de escena del empresario.
En 1997 resultó beneficiado por el nuevo Código Penal y fue absuelto por el Tribunal Supremo de los delitos de falsedad contable y en documento mercantil. Volvió a la cárcel, a Alcalá Meco (Madrid), durante unos días en 1997, con 66 años de edad, para cumplir una pena de tres años por alzamiento de bienes e insolvencia punible en el caso de la agencia de viajes Mundo Joven. Salió unos días después por su avanzada edad y para recibir tratamiento médico.
Ayudado por sus hijos, volvió a sus orígenes empresariales en 1996. Logró recomprar la jerezana Bodegas Garvey y creó el embrión de la Nueva Rumasa con la adquisición de otras bodegas y una amplia presencia en el sector alimentario y el inmobiliario. Y justo después de la intervención del Banco de España, en 2007 se ofreció para gestionar y reflotar Caja Castilla-La Mancha «para garantizar la viabilidad de la entidad en el futuro».
Su falta de ortodoxia financiera le llevó a realizar a partir de 2009 varias emisiones de pagarés con extratipos por encima del mercado y fuera de los controles de la CNMV.
MARÍA RAMÍREZ / Bruselas
Lisboa, presionada para pedir el rescate en marzo
Corresponsal
Pese a la resistencia de su Gobierno, Portugal sigue el camino de Irlanda en lo que puede ser el rescate más peligroso de la zona euro para los intereses de España.
La ayuda al Gobierno portugués, que tiene que pagar precios prohibitivos por su deuda en los mercados, es ya parte de la negociación sobre la ampliación del fondo de rescate de la zona euro, según fuentes europeas consultadas por este diario. De hecho, los préstamos al Estado portugués podrían discutirse en la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del 11 de marzo.
Jean-Claude Juncker, presidente del Eurogrupo, reconoció el lunes que «en las próximas semanas» los gobiernos de la moneda única tendrán bajo «observación» al país según su comportamiento en los mercados. Ayer, el bono a diez años de deuda portuguesa tenía que ofrecer casi un 7,5% de interés para convencer a los inversores, un precio insostenible para que el Estado acuda al mercado en abril con sus grandes emisiones del año.
Un alto cargo europeo dijo a Reuters y a Dow Jones que el rescate será antes de abril, aunque la fecha exacta dependerá de los vaivenes bursátiles. «En los últimos meses, ha estado claro que Portugal pediría en algún momento un rescate…Esto no ha cambiado y continúa la presión por parte de países como Alemania. El consenso es que, mientras no haya una mejoría dramática en las finanzas lusas, los portugueses seguirán muy probablemente el camino de Grecia e Irlanda», dijo. «Portugal se ahoga. No va aguantar hasta finales de marzo», comentó otro alto cargo.
El bono portugués ya ha llegado al nivel de intervención europeo, es decir cuando el interés se acerca al 8%, según la experiencia de Grecia e Irlanda. El Gobierno de Lisboa acusa a Alemania de alimentar la actual inestabilidad en los mercados por retrasar la ampliación del fondo de rescate y supeditarlo a un pacto de coordinación económica, aunque sea genérico y sólo una forma de justificar ante los electores alemanes el aumento del dinero para los vecinos del sur.
Pero lo que realmente preocupa a Portugal es verse forzado a pedir préstamos en las condiciones actuales, con un interés alto (Irlanda y Grecia tienen que devolver los créditos a los socios con más de un 5% extra) y programas de control estrictos de la UE y el FMI.
La reforma del fondo europeo, que está ahora paralizada, supondría la concesión de créditos a corto plazo y sin condiciones adicionales mientras el Estado cumpla con la reducción del déficit público y las recomendaciones de la Comisión Europea, como sería el caso de Portugal. Lisboa no quiere pasar por el trauma del desembarco del FMI, que ahora controla los rescates europeos y que ya dictó la política portuguesa en los años 70 y 80.
Aparte de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro del 11 de marzo y de la reunión ministerial habitual del 14, Juncker ya ha convocado otro cónclave extraordinario del Eurogrupo para el 21 de ese mes. El rescate portugués podría estar en marcha en alguna de estas citas antes de que se reúnan los líderes de los Veintisiete el 24 y 25 de marzo.
MIGUEL G. CORRAL / Madrid
Los científicos arremeten contra la 'malnutrición' del I+D en España
Acusan al Gobierno de favorecer al País Vasco por motivos políticos
Para tener una idea precisa de la cantidad de dinero que se invierte en España en investigación, no queda otro camino que remangarse y bucear entre las farragosas cifras de los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Y eso es precisamente lo que hace cada año la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Pero en ese análisis no hay que quedarse sólo en las actividades y fondos del Ministerio de Ciencia e Innovación. También hay investigación e innovación dependiente de los ministerios de Industria, Turismo y Comercio; de Sanidad o de Defensa.
Y en el panorama global los fondos para I+D+i en España se han reducido un 7,38% (o cerca de un 10% si le descontamos el 3,3% de inflación actual), a pesar de que el Ministerio de Ciencia e Innovación proclame a los cuatro vientos que su presupuesto ha sido el único que no se ha reducido este año. «Empezamos el año 2010 en una situación mala y en 2011 estamos peor», aseguró ayer Joan Guinovart, presidente de la COSCE y director del Instituto de Investigación Biomédica de Barcelona.
«Cuando se presentaron los presupuestos del año 2010, todos los investigadores esperábamos que en 2011 mejorara la situación», explicó Guinovart, «pero si en 2010 nos sometimos a una cura de adelgazamiento y muchos institutos de investigación sobrevivieron gracias a las reservas de grasa, en 2011 la ciencia entra en un periodo de malnutrición y de enfermedad».
Presupuesto sin gastar
Para agravar la situación, buena parte de los fondos contabilizados en los presupuestos son en forma de créditos para favorecer la innovación de las empresas, y en este punto existe un grave problema. En 2009, el 25% del presupuesto se quedó sin gastar debido a la falta de asignación de estos créditos, una cantidad cercana a los 1.500 millones de euros.
No obstante, más grave es la situación cuando se revisa la relación de enmiendas presupuestarias aprobadas para el año 2011. Entre el proyecto de PGE para este año y lo que finalmente se aprobó hay una diferencia de 92 millones de euros. Pero la alarma salta en el momento en que se analiza a qué comunidad autónoma ha ido a parar ese dinero público. El 83,14% de los fondos de esas enmiendas se otorgó a organismos del País Vasco, y el dato no sorprende si se recuerda que los presupuestos generales salieron adelante gracias a los votos del Partido Nacionalista Vasco.
«En lugar de aumentar los fondos para investigación con el objetivo de mejorar la ciencia de excelencia se han utilizado con una finalidad política», afirmó José de No Sánchez de León, investigador del Instituto de Automática Industrial del CSIC. Como señalaron ayer los expertos, quizá alguno de los institutos beneficiarios hubiera obtenido el dinero gracias a su calidad investigadora, pero parece excesivo que más del 80% de los fondos correspondan a centros, universidades y fundaciones vascas.
Aurelia Modrego, secretaria ejecutiva de la Comisión de la COSCE para el estudio de los PGE, aseguró que, para acabar con esa enfermedad que está atacando a la ciencia española hay que aplicar «un tratamiento de choque», que pasaría por la «creación urgente de una Agencia Estatal de Investigación y la recuperación de la senda de aumento inversor en ciencia», que lleva descendiendo de forma continua desde el año 2008.
«Si miramos lo que podemos comprar con los fondos asignados para 2011, estamos por debajo del año 2007», explica José Molero, presidente de la comisión para el análisis de los PGE. «Hemos retrocedido cuatro años». Guinovart también coincide en que la solución precisa del aumento de fondos y de la creación de dicha agencia, ya incluida en el programa electoral del PSOE en 2004.
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de la ciencia española, por Joan Guinovart.
posted by e-pesimo | 10:40
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