ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: El Gobierno socialista vuelve a cambiar los plazos
JAVIER G. GALLEGO / Madrid
El Gobierno cede y da un año más a las cajas
Sólo cinco de ellas podrán seguir como cajas; el resto tendrá que convertirse en banco
La vicepresidenta económica, Elena Salgado, confirmó que el requisito mínimo de solvencia (core capital) será del 8%, aunque se elevará al 10% para las entidades que tengan más de un 20% de su necesidad de financiación en los mercados mayoristas de deuda y quienes no tengan al menos un 20% de su capital colocado entre inversores.
El próximo 10 de marzo el Banco de España determinará la situación de capital del conjunto del sector y el dinero adicional que necesita cada entidad.
A partir de ese momento, tendrán hasta el 30 de septiembre para diseñar un plan de recapitalización, bien a través de la salida a Bolsa, bien con la ayuda pública a través del Frob o bien con la bancarización aunque finalmente no se cotice en Bolsa. En este caso se se podrán también emitir obligaciones convertibles en acciones antes de 2014. Desde el momento de su emisión estos títulos computarán también como core capital.
Una de las novedades es que quienes decidan salir a Bolsa tendrán de plazo adicional hasta el 31 de marzo de 2012, aunque antes de septiembre deberán haber presentado al regulador el calendario de la operación y haber dado mandato a una entidad colocadora de las acciones. El Banco de España también podrá dar un plazo adicional de tres meses (hasta el 31 de diciembre) a las entidades que sin salir a Bolsa estén a punto de conseguir la entrada en su capital de nuevos inversores.
Salgado recordó que aquellas entidades que opten por recibir la ayuda Frob, no tendrán por qué esperar hasta el 30 de septiembre. Ahora bien, avisó de que en ese caso tendrán tres meses para trasladar toda su actividad financiera en banco: «El Frob entrará a través del capital, y por tanto sólo lo hará en bancos», apostilló.
Así que las alternativas que tienen la mayoría de cajas conducen de una manera u otra hacia una única solución: su conversión en bancos. Por un lado, pueden optar, como La Caixa -ahora CaixaBank- o Banco Financiero y de Ahorros (el grupo liderado por Caja Madrid y Bancaja), por salir a Bolsa, aunque lo harán como bancos, dejando a un lado la caja, encargada de gestionar las participaciones industriales y la obra social. Ayer mismo NovacaixaGalicia anunció que su principal opción es la bancarización.
Otra opción es dar entrada al Frob y asumir una nacionalización parcial y temporal, aunque para ello también habrá que convertirse en bancos. El Frob, que ya ha invertido 12.000 millones de euros en las cajas, entrará en el capital durante un máximo de cinco años y sentará en estas entidades a consejeros ejecutivos «profesionales y conocedores del sector financiero», aseguró la ministra de Economía y Hacienda.
Durante los dos primeros años desde la entrada del Estado en el capital de estas entidades, el banco tendrá preferencia para recomprar dichas acciones (lo haría a través de la caja accionista y por tanto no se consideraría autocartera). A partir de entonces, y hasta el quinto año, el Estado venderá a un tercero su participación a precios de mercado.
Por el momento, y a falta de conocer los datos definitivos el próximo 10 marzo, sólo cinco de las 45 entidades que existían antes de la crisis -Unicaja, Kutxa, Vital, Ontinyent y Pollença- podrían seguir siendo cajas como hasta ahora, ya que sus ratios de solvencia superan ya el 10% exigido.
Otra opción para el resto sería mantener su actual estatus y cotizar en Bolsa con cuotas participativas. Sin embargo, no parece una opción factible puesto que las cuotas no tienen derechos políticos, y difícilmente se conseguiría colocar al menos un 25% entre inversores sin tener poder en las decisiones de gobierno.
Otro punto que aclaró ayer la vicepresidenta económica es la posible limitación de la retribución de los directivos en aquellas cajas que no cumplan los niveles de solvencia mínimos. En este caso, Salgado apuntó que a partir del 30 de septiembre se podrá limitar temporalmente la retribución a las cajas que no cumplan «coyunturalmente» con el capital exigido. Esta obligación de mantenerse por encima de un nivel determinado es «permanente» y, en el caso de que se incumpla por encima del 20%, «se llevará a cabo una restricción de dividendos y remuneraciones hasta que el Banco de España abra un expediente sancionador», explicó la ministra.
El nuevo decreto incluye también una modificación del régimen jurídico del Frob. La comisión rectora estará integrada por dos miembros más en representación del Ministerio de Economía y Hacienda. Salgado se mostró convencida de que el texto -que ayer mismo continuaba siendo revisado por la CNMV, el Banco de España y la CECA- obtendrá el apoyo suficiente para aprobarse en el Congreso.
P&R
J. G. / Madrid
Las claves de la reforma
El texto aprobado ayer por el Consejo de Ministros introduce algunos cambios en la reforma del sistema financiero que había diseñado el Gobierno. El principal cambio tiene que ver con los plazos de la reforma.
¿Cuándo concluirá la reforma del sistema financiero?
El 31 de marzo de 2012 es la fecha límite para la transformación de las cajas de ahorros. Éste será el último día para que, quienes así lo decidan, salgan a Bolsa. El calendario, no obstante, incluye tres fechas clave. La primera será el 10 de marzo, cuando el Banco de España hará públicas las necesidades de capital de cada entidad. El 30 de septiembre deberán haber logrado esos requisitos mínimos de capital exigidos. Marzo de 2012 será la fecha final para culminar el proceso.
¿Cuál es el límite de capital que deberán tener las entidades financieras españolas?
El Gobierno exige un nivel máximo de solvencia (denominado core capital) del 8%. Se elevará al 10% para las entidades que tengan una dependencia a los mercados de deuda de más del 20% o quienes no tengan al menos un 20% de su capital distribuido entre otros inversores.
¿Qué activos computan como 'core capital'?
Los que estipula la normativa internacional Basilea III (capital y reservas), más los instrumentos suscritos por el Frob (serán acciones y no participaciones preferentes, como hasta ahora) y obligaciones convertibles obligatoriamente en acciones antes de 2014. Ésta última es una novedad que introdujo ayer el Gobierno.
¿Cuántas entidades cumplen ya esos requisitos?
Tal y como está ahora el sector, a las cajas se les exigiría un 10%. Sólo cinco de ellas (Unicaja Kutxa, Vital, Ontinyent y Pollença) superan este nivel. A los bancos, por tener su capital muy diversificado, se les pide un 8%. Sólo Bankinter y Banco de Valencia no lo cumplen.
¿Qué alternativas tienen las cajas para cumplir las nuevas exigencias de capital?
Hay varias. Por un lado, transformarse en bancos y dar entrada en su capital a nuevos invesrores. De este modo, su exigencia de capital pasaría del 10% al 8%. Otra opción es salir a Bolsa a través de cuotas participativas, aunque es menos factible. También podrían vender activos para mejorar su solvencia o pedir ayuda pública al Frob, lo que también implicaría convertirse en bancos.
¿En qué consiste la ayuda pública del Frob?
El Estado podrá entrar en el capital de las entidades hasta completar su nivel de solvencia exigido. Lo hará con una inyección de capital a través del Frob, aunque exige como requisito que en un plazo de tres meses la caja derive toda su actividad financiera a un banco.
¿Cuánto tiempo estará el Frob en su capital?
Elena Salgado confirmó ayer que será un máximo de cinco años. Durante los dos primeros años la entidad se reserva el derecho de recompra. A partir de entonces, el Estado negociará con otros inversores para vender su participación a precios de mercado. Salgado dijo ayer que previsiblemente las desinversiones generarán plusvalías al Estado.
El PP se muestra «escéptico» ante el decreto y evita respaldarlo
Las nuevas exigencias de capital establecidas ayer por el Ejecutivo a las entidades financieras tuvieron un recibimiento desigual entre las diferentes organizaciones políticas, sociales y financieras.
El PP se mostró «escéptico» sobre los resultados de la norma y, tras criticar las «formas» con las que Elena Salgado ha conducido las negociaciones, señaló que no ha decidido si lo respaldará en el Congreso. En este sentido, las críticas más duras llegaron desde Galicia, cuyo presidente, Alberto Núñez Feijoó, no dudó en acusar al Gobierno central de «ejecutar», a través de la «deslealtad» y el «engaño», la desaparición de las cajas de ahorro «tal y como se conocían hasta ahora».
En la misma línea, la Consejería de Hacienda gallega denunció que el Gobierno penalice a las cajas, imponiéndoles «condiciones de solvencia superiores a las pactadas para el horizonte de los próximos cinco años». A su vez, el portavoz popular de Economía en el Parlamento gallego, Pedro Puy, tachó de «paradójico» que sea un Gobierno socialista el que «está liquidando un modelo financiero en el que sus beneficios revertían en el conjunto de la sociedad a través de la obra social», una reflexión compartida por diversas organizaciones sociales como la Plataforma de ONG de Acción Social, indignada porque «la bancarización» de las cajas «antepone el interés privado frente a la misión social».
Por su parte, José Antonio Olavarrieta, director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), aseguró que los parámetros «draconianos» que se manejan «no tienen parangón» respecto a otras entidades financieras, «hasta el punto de que las 20 instituciones más grandes europeas no llegarían a cumplir los ratios que se están pidiendo», para luego añadir que lo que se ha hecho es adelantar a este año las exigencias de Basilea III, que debían entrar en vigor en 2013.
Asimismo, el líder de la CECA se mostró confiado en que la norma «contribuya a despejar todas las dudas generadas sobre el sector financiero», para finalmente destacar aspectos «muy positivos» del decreto ley, como dejar libertad a las cajas «para recapitalizarse como estimen oportuno» o mantener «intacta» la redacción de la Ley sobre Organos Reguladores de las Cajas de Ahorro (Lorca) que se aprobó en julio en el Parlamento.
Por su parte, CCOO volvió a incidir en las diferentes exigencias establecidas para cajas y bancos, razón por la que el sindicato advirtió de que sigue estudiando la posibilidad de acudir a los tribunales, ya que, en su opinión, el decreto ley mantiene una diferencia entre entidades que, «a priori, puede ser discriminatoria y distorsionar la competencia».
En la misma línea, el portavoz de ERC en el Congreso, Joan Ridao, describió el texto como una forma de «aprovechar» que algunas cajas pasan dificultades para «cargarles el muerto de los problemas que arrastra el sistema financiero», con el objeto de «recentralizar los recursos y el poder económico». Un análisis opuesto al del también catalán Josep Sánchez Llibre, portavoz económico de CIU, quien aseguró que el decreto ley «aportará más credibilidad y solvencia al sistema financiero».
Madrid
La mayor mora en 15 años
Para los expertos consultados por Efe, la tendencia de futuro aún es «complicada», ya que, recordaron, la mora seguirá subiendo mientras lo siga haciendo el desempleo y éste no empezará a relajarse hasta finales de este año o principios del próximo.
La morosidad de los bancos volvió a ser más alta que la de las cajas por tercer mes consecutivo, aunque por muy poco, ya que los primeros registraron una tasa del 5,826 % frente al 5,820 % de las segundas, según el Banco de España.
La morosidad del crédito concedido por bancos, cajas, cooperativas y establecimientos financieros de crédito a empresas y particulares cerró el pasado ejercicio en el 5,81 %, con lo que recuperó los niveles de hace 15 años, en concreto de diciembre de 1995, cuando fue del 5,725 %. El sistema financiero español tenía un volumen de impagados de 107.173 millones a cierre de diciembre, frente a los 104.682 millones que tenían un mes antes.
MARIA TERESA COCA / Barcelona
Ryanair planta a la Generalidad de Cataluña y esta busca un apaño para Gerona en su subvencionada Spanair
La Generalitat, a través del nuevo director general de Transporte y Movilidad, Ricard Font, ha sondeado a algunas líneas aéreas para intentar que operen desde el aeropuerto de Gerona, después de que Ryanair anunciara que suprimirá 18 de las 64 rutas que realizaba desde el mismo. En principio, según fuentes del sector, la Generalitat habría planteado el tema oficiosamente a Spanair -línea de la que es accionista a través de diversas instituciones públicas-, Vueling y Air Nostrum.
Ricard Font coincidió el jueves pasado con responsables de éstas y otras compañías en las jornadas internacionales de aeropuertos regionales y líneas aéreas que tuvieron lugar en Fuerteventura y en las que se puso de manifiesto el problema que ocasionará la retirada parcial de Ryanair para la economía de la zona de influencia del aeropuerto. Con la presencia de Ryanair, el aeropuerto de Gerona-Costa Brava se ha posicionado entre el octavo y décimo aeródromo a nivel nacional, de ahí la insistencia tanto de la administración catalana como del sector turístico y económico de la zona para insistir en la necesidad de que las compañías participen «activamente» en la gestión del mismo.
De las mencionadas aéreas, sólo Spanair admitía ayer que tendrá en cuenta la propuesta del gobierno catalán y que diseñará un plan de negocio para operar desde Gerona, a partir del otoño próximo, aunque la decisión final no está tomada. Spanair, la compañía que preside Ferran Soriano, ya realizaba vuelos desde Gerona en los años 2007 y 2008, con destinos como Madrid, Ibiza, Mallorca y Mahón, pero abandonó a raíz de la entrada en escena de Ryanair.
De hecho, la presencia de otras banderas se había visto como una opción excelente para romper el pseudomonopolio que Ryanair había establecido en Gerona, a cambio de 4,1 millones anuales que recibía de la Generalitat, la Diputación de Gerona y la Cámara de Comercio con el compromiso de transportar cuatro millones de pasajeros. No obstante, Ryanair ante las reticencias del gobierno de Artur Mas de ratificar un preacuerdo establecido en diciembre pasado con el ejecutivo socialista saliente, en el que la cantidad en concepto de promoción se elevaba a 7,5 millones de euros, decidió romper unilateralmente el pacto y reducir rutas antes de su finalizar su vigencia en diciembre.
JOHN MÜLLER
Rigor versus folclore
Al final, la vicepresidenta ElenaSalgado cedió respecto de sus pretensiones iniciales. El Gobierno ha dado la impresión de que sólo hizo concesiones en el tiempo, pero no es así. Hay importantes modificaciones en el concepto de core capital, por lo que la exigencia del 8% o del 10% se ha suavizado mucho. Y, muy importante, han desaparecido limitaciones que condenaban totalmente el modelo, como la que confinaba a las cajas que quisieran seguir siendo cajas a una región determinada.
Es cierto que la concesión más importante son los plazos que ahora llegan hasta el 31 de marzo de 2012. Tan importante es esto que probablemente Salgado y su secretario de Estado, José Manuel Campa, estén embalando y recogiendo sus despachos cuando las últimas cajas salgan a Bolsa.
Así que es muy probable que ocurra que Mariano Rajoy sea el encargado de terminar este trabajo. Por eso, todo lo que el diga el líder de la oposición es importante hoy. Y ayer soltó que el Gobierno «ha apostado por el fin de las cajas», afirmación que en gran parte es cierta, pero tiene muchos matices. Primero, que el actual modelo ya estaba muy perfilado en la reforma que él apoyó el año pasado. Segundo, que cinco cajas -Kutxa, Vital, Unicaja, Pollensa y Ontinyent- podrán conservar su actual estatus porque cumplen el baremo del 10% de su capital básico. (Dos son irrelevantes económicamente, pero las otras son dos cajas medianas vascas y una andaluza grande). Tercero, que las dos más grandes -La Caixa y Banco Financiero, la fusión que pilotan Caja Madrid y Bancaja- han anunciado su conversión en banco y su salida a Bolsa sin que las apretaran mucho desde fuera. Y en el resto, hay de todo.
Las palabras de Rajoy guardan una gran similitud con la reacción de Alberto Núñez Feijoó que dijo ayer que el Gobierno ha «ejecutado» a las cajas. El presidente gallego sigue enredado en el brete en el que se metió al forzar la fusión de las dos cajas de su comunidad autónoma, una operación ilógica desde el punto de vista comercial y que sólo se explica por una cuestión identitaria: la famosa «galleguidad». Este concepto se está demostrando inviable financieramente, pese a que la Xunta ha tocado a varios grandes empresarios para intentar allegar el capital que falte para seguir mediatizando a Novacaixagalicia como banco público local.
Muchas de las reticencias que Rajoy tiene hoy las han sembrado Feijoó y Rodrigo Rato, el presidente de Caja Madrid, uno de cuyos asesores comentó recientemente que a veces creía que la reforma era una maniobra gubernamental para dejar mal a las cajas de comunidades populares. Un argumento que otras corrientes del PP no comparten, como sucede con quienes siempre han sido partidarios de su privatización (Esperanza Aguirre) o con quienes han llegado a esa conclusión tras estudiar mucho el asunto, como ocurre en Faes (el think tank de José María Aznar).
Rajoy debe asentar su crítica a la reforma de las cajas en los variados y rigurosos argumentos técnicos que el equipo de Cristóbal Montoro tiene en sus manos y no en consideraciones folclóricas.
Madrid
El Gobierno crea un fondo de reserva (sin fondos) para luchar contra el paro
El Gobierno ha creado un fondo de reserva para las políticas de empleo, de momento sin dotación, que se nutrirá del eventual excedente de los servicios públicos de empleo para proporcionar mayor capacidad de respuesta a futuras situaciones de aumento del paro.
Este fondo está incluido en la reforma integr al de las políticas activas de empleo, aprobada ayer en el Consejo de Ministros, que también pretende proporcionar este año a dos millones de parados itinerarios personalizados, a los que se accederá tras firmar un Acuerdo Personal de Empleo y recibir asistencia de un orientador público. Se trata, en palabras de la secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, de hacer «un traje a medida» a los parados.
No obstante, según explicó el ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, aún no se dan las condiciones para nutrir el fondo de reserva porque en los dos últimos años el sistema ha necesitado del apoyo del Estado: las cotizaciones sociales no han bastado para financiar los gastos del sistema, especialmente por el pago de la protección por desempleo. Sin embargo, el fondo tendrá sentido cuando la economía se normalice, asegura el Gobierno.
Dicho fondo se financiará con el 10% de los remanentes de créditos no comprometidos por las comunidades autónomas en la ejecución de las políticas activas, con el 10% de los remanentes de créditos no ejecutados por el Servicio Público de Empleo Estatal (el antiguo Inem), y con parte de la cuota de formación profesional para el empleo.
Banco de España
Adicionalmente, si las posibilidades económicas lo permiten, se integrarán en este fondo hasta el 10% de los remanentes de créditos no comprometidos por las comunidades, hasta el 10% de los remanentes no ejecutados por el antiguo Inem y hasta el 20% de los reintegros que las comunidades hayan realizado para ejecutar los planes de trabajo de los centros nacionales de formación profesional ocupacional.
El antiguo Inem abrirá una cuenta en el Banco de España para realizar las operaciones financieras legalmente permitidas con las dotaciones del fondo (igual que se hace con el fondo de reserva de las pensiones).
A juicio del ministro, los cambios aprobados ayer son los más importantes de los últimos 25 años en políticas de empleo. La reforma, incluida en el acuerdo económico y social firmado el día 2, complementa el plan de choque contra el paro aprobado la pasada semana.
posted by e-pesimo | 10:44
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