EDITORIALES: Acabar con el despilfarro del sector público

02/12/2011

Acabar con el despilfarro del sector público

LAS ESTADÍSTICAS oficiales son elocuentes. Según los datos del INE, las Administraciones públicas tenían 2.760.000 funcionarios en abril de 2004, cuando Zapatero llegó al poder, y, a finales de septiembre de 2011, empleaban a 3.220.000 personas. Por lo tanto, la cuenta es muy sencilla: la plantilla ha crecido en 460.000 funcionarios en las dos legislaturas en las que han gobernado los socialistas.

Aunque no existen datos fiables, no es aventurado decir que en estos siete años y medio se han creado cientos de empresas públicas y que las diferentes Administraciones han contratado miles de asesores y técnicos. Como consecuencia de ello, el coste de personal de las Administraciones Públicas se ha incrementado en unos 50.000 millones de euros desde el año 2004.

No hace falta ser un experto para darse cuenta de que este ritmo de incremento del número de funcionarios -muy por encima del aumento de la población y del crecimiento del PIB- es totalmente insostenible. Por el contrario, la necesidad de recortar el gasto público para cumplir con los compromisos asumidos ante la UE obliga no sólo a paralizar la contratación de nuevo personal sino además a reducir su número absoluto.



Resultan, por ello, de sentido común los mensajes lanzados ayer por Mariano Rajoy a los presidentes autonómicos del PP, a los que instó a acabar con las duplicidades que existen con otras Administraciones, a reducir el tamaño del sector público y a políticas de austeridad en los gastos.

Cualquier persona sensata podría suscribir estas recomendaciones, pero la realidad es que los sucesivos Gobiernos de Zapatero han hecho lo contrario y son, por tanto, responsables de este crecimiento insostenible de los empleados del sector público, que, como las cifras reflejan, ha seguido en la misma tónica en lo que va de año pese al agravamiento de la crisis.

Pero no sólo se ha producido un injustificable aumento de las plantillas. Ello ha ido acompañado de unas políticas de despilfarro de las Administraciones del Estado, que han hecho inversiones faraónicas en obras de dudosa o nula utilidad y han derrochado el dinero en coches oficiales, viajes innecesarios, mobiliario y gastos suntuarios.

Lo peor de todo es que nadie se ha hecho responsable de estos despropósitos que han contribuido a agudizar el ya considerable agujero de nuestras cuentas públicas.

Ahora le va a tocar a Mariano Rajoy arreglar este desaguisado. Pero si quiere tener autoridad moral para que los ciudadanos acepten los sacrificios que se les va a imponer, el futuro presidente del Gobierno tiene que empezar por recortar el tamaño de todas las Administraciones y cerrar cientos de empresas que sólo sirven para justificar el cobro de salarios, desmesurados en la mayoría de los casos.

Algunos presidentes autonómicos del PP como Fabra, Bauzá o De Cospedal han empezado a predicar con el ejemplo. Pero ello no basta. El nuevo Gobierno debe imponer estrictos techos de gasto a las comunidades autónomas y cumplir de forma rigurosa los objetivos de déficit. No hay alternativa en unos momentos en los que los mercados dudan de la solvencia financiera de España.

Zapatero ha dado empleo a 460.000 funcionarios más, pero muy pocos españoles piensan que los servicios públicos funcionan hoy mejor que en 2004. Lo único cierto es que existe una mayor burocracia. De eso no hay duda. Creemos que una de las primeras medidas del nuevo Gobierno debería ser congelar la contratación de funcionarios en el próximo ejercicio mientras se ponen en marcha esas medidas de adelgazamiento que son absolutamente necesarias.

La prima de riesgo cae un tercio desde el 20-N

Algo más de optimismo sobre la deuda española

LA PRIMA de riesgo española prosiguió ayer su relajación y bajó hasta los 356 puntos. El mercado siguió disfrutando de la inyección de liquidez del miércoles, lo que se tradujo en un inesperado buen resultado de la subasta de bonos a 10 años gracias a las compras de fondos norteamericanos. Pero los analistas destacaron que este momentáneo cambio de tendencia tiene que ver también con cuestiones de política interna. Una es la repercusión que tiene en la imagen de España el esfuerzo de la Generalitat por recortar el gasto público. Otra, que los primeros movimientos que ha realizado Rajoy sobre la reforma laboral y el control del gasto autonómico han sido bien recibidos por los inversores. Además, Draghi no descartó ayer nuevas medidas de apoyo si se consigue un pacto fiscal en la Eurozona. No viene mal un poco de optimismo

España antepone sus intereses a los de la UE

Un veto ombliguista al embargo de crudo iraní

LOS MINISTROS de Exteriores de la UE aprobaron ayer el endurecimiento de sanciones económicas contra Irán, en respuesta al ataque contra la embajada británica. Y casi todos los países comunitarios han llamado a consultas a sus embajadores -la medida más contundente según los usos diplomáticos-. Sin embargo, ayer no se pudo acordar el embargo de crudo iraní, tal como proponían varios estados, por el rechazo, sobre todo, de España e Italia. Irán es el quinto exportador de petróleo mundial y suministra un 5% a Europa. Pero en nuestro caso las importaciones del país persa llegan al 15%. Trinidad Jiménez alegó que, de producirse el embargo, sufriríamos una subida del precio de las gasolinas. Lo peor de este asunto es que vuelve a dejar en evidencia la falta de una auténtica política exterior europea, ya que los intereses particulares de cada estado impiden asumir responsabilidades en el concierto internacional tan justificadas como ésta, que supondría un duro castigo a Teherán

Hacienda envía al juez un informe sobre Nóos

Una ONG muy lucrativa para Iñaki Urdangarin

EL ACTA fundacional de Nóos establecía que los beneficios del Instituto presidido por Iñaki Urdangarin debían ser reinvertidos en actividades de la propia fundación: «Todos los fondos, incluido el superávit, serán para la organización». La sociedad surgió como una una entidad sin ánimo de lucro, pero no lo era. La Fiscalía Anticorrupción ya alertó que el Instituto Nóos tenía de ONG sólo la apariencia a modo de «cobertura» para sus actividades. Hacienda ha confirmado también que esta sociedad era claramente lucrativa. Según un detallado informe enviado al juez que instruye el caso Palma Arena, el duque de Palma y su socio crearon un entramado de sociedades -que tenían el mismo domicilio social que Nóos- para desviar el dinero de la fundación y apoderarse así de los fondos públicos obtenidos. La investigación judicial avanza hacia la imputación de Urdangarin, por lo que la Casa Real ya está tardando en salir al paso de las actividades del marido de la Infanta Cristina