ETA GOBIERNA por la acción criminal del PSOE:

La mayoría no se cree que el fin de ETA vaya a ser definitivo
La mayoría de los ciudadanos no se fía del todo del anuncio que hizo ETA el 20 de octubre, cuando dijo que deja definitivamente su actividad armada. El 57,4% cree poco o nadaprobable que el terrorismo vaya a desaparecer para siempre del País Vasco, frente al 35,6% que ve muy o bastanteprobable su fin, según una encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).Las personas consultadas se muestran muy divididas respecto a si se debe hablar con la organización terrorista. En el caso de que se confirme que deja las armas de manera definitiva, el 46,3% opina que el Gobierno español y el francés no deben dialogar con ETA sobre el futuro de sus presos y sus militantes, y el 42,8% dice que sí deben hacerlo.
Mucha más coincidencia existe a la hora de mostrarse en contra de que se conceda algún beneficio a los terroristas. La mayoría opina que no se les deben dar ni siquiera los que permite la legislación, aunque dejen definitivamente la violencia, ni tampoco acercar a sus presos al País Vasco. También se oponen a la posibilidad de concederles indultos individuales, tanto si tienen como no delitos de sangre, ni una hipotética amnistía general.
Uno de cada tres consultados por el CIS -el 31,3%- afirma que el PSOE es el partido que más ha hecho para acabar con ETA, frente a un escaso 12,5% que atribuye ese mérito al PP. A juzgar por los datos de esta encuesta, el Partido Nacionalista Vasco (PNV) apenas ha movido un dedo para conseguir el fin del terrorismo, ya que sólo el 0,9% lo cita en ese sentido.
Pero quien más ha contribuido a acabar con ETA es el Gobierno, según el 34,6%, seguido por la Guardia Civil (15,7%) y la Policía Nacional (14,9%).
Casi la mitad de los consultados (47,9%) dice que, a partir de ahora, las decisiones sobre ETA no debe adoptarlas sólo el Gobierno o éste con el PSOE, sino por consenso de la mayoría parlamentaria.
Urkullu pide a Rajoy que incluya en su ronda a Amaiur
El PNV cree que el tiempo abierto tras el anunciado «cese» de ETA requiere una nueva actitud por parte del PP hacia la izquierda abertzale. Los nacionalistas siempre han defendido el diálogo con las sucesivas marcas de Batasuna, pero ahora reclaman con más ahínco e incluso «formalmente» a Rajoy que «reconsidere» su postura y reciba a Amaiur en su ronda de contactos con los partidos políticos.
«Es un contrasentido que el PP vasco se reúna con Aralar y con EA, y que, sin embargo, no acepte reunirse con esta formación», apuntó ayer el presidente del PNV, Iñigo Urkullu, en referencia a la coalición que también integran la izquierda abertzale y la escisión de Ezker Batua (Izquierda Unida), Alternatiba.
Urkullu lanzó esta petición en la sede del partido en Bilbao, acompañado por los representantes que el PNV enviará al Congreso. Sobre la posibilidad de que el PP vete a Amaiur para que pueda conformar grupo propio en el Congreso, se mostró menos contundente. Insistió en que «será responsabilidad del PP puesto que tendrá mayoría absoluta en la Mesa» y será su «criterio» el que prime a la hora de aplicar el reglamento.
La petición al PP fue el colofón al anuncio de los tres bloques de iniciativas que los nacionalistas desplegarán en Madrid. Las más urgentes serán para relanzar la economía. Pero también para «pacificar y normalizar» el País Vasco. Así, Urkullu pidió una vez más el acercamiento de los presos, que reciban un tratamiento «equiparable» al de los demás reclusos, la legalización de Sortu y -esto sugerido- la puesta en libertad de Otegi.
Archivada la primera causa contra un edil de Bildu por ensalzar a ETA
Ruz exonera al alcalde de Leiza (Navarra), denunciado por la Fiscalía y la AVT
La primera causa abierta por enaltecimiento del terrorismo contra un alcalde de Bildu se ha quedado en nada. El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz acordó ayer cerrar la investigación abierta a raíz de una denuncia de la Fiscalía contra el primer edil de Leiza (Navarra) y dos vecinas de la localidad por varios episodios durante las fiestas patronales en honor de San Tiburcio, el pasado 10 de agosto.
El magistrado explica que parte de los hechos relatados por la Fiscalía y denunciados también por la AVT sí supusieron, de manera «evidente», un enaltecimiento del terrorismo, penado con hasta dos años de prisión. Ruz se refiere a que cuando se procedía a la lectura del pregón, un grupo de personas con buzos blancos y caretas descolgaron en la plaza un «gran mural» con fotos de seis etarras. Un delito «evidente», dice el juez. El problema es que no se ha podido identificar a sus autores, que en ningún caso serían los tres imputados: Oier Eizmendi (alcalde), Lourdes Juantonera y Saioa Iraola. Desde donde estaban, añade el magistrado, ni siquiera pudieron ver lo que pasaba.
La resolución descarta que el resto de episodios denunciados sea siquiera delictivo. Por ejemplo, el hecho de que las dos mujeres imputadas -una de las cuales leyó el pregón- llevaran una pegatina con la foto de la presa Jone Lozano junto al lema Etxera! (¡A casa!). Ruz valora que se trata de un presa preventiva -aún no condenada a nada- y que había otras razones que pudieron impulsar a las mujeres a apoyar a Lozano, más allá de su supuesta actividad terrorista. En concreto, que era vecina del pueblo y habían pertenecido al mismo colectivo feminista en nombre del cual las imputadas habían sido invitadas al Ayuntamiento.
También se denunció una manifestación por los presos, pero ni los imputados acudieron ni fue prohibida por la delegación del Gobierno, a la que se había
notificado su celebración. En cuanto al «brindis a favor de los presos» anunciado en el programa, no consta que se celebrara.
Antes de decretar el archivo provisional de la causa -una decisión que puede ser recurrida-, el juez añade que el alcalde imputado no participó en ningún pleno que tratara el programa de fiestas y que la partida presupuestaria correspondiente se aprobó en 2010, cuando Eizmendi todavía no era alcalde
Los detenidos en Galicia iban a atentar por la Constitución
Un ataque inminente con motivo del Día de la Constitución. Ésa es la hipótesis que baraja la Policía tras la operación desarrollada el pasado miércoles en Vigo, Santiago y Padrón (La Coruña) contra el grupo independentista Resistencia Galega, que se saldó con cuatro detenidos.
La Policía cree que los tres artefactos localizados en el vehículo que conducía Eduardo Vigo Domínguez, de 26 años y nacido en Santiago, y un cuarto hallado en el domicilio de Roberto Rodríguez Fiallega, Teto, de 33 y vecino de Vigo, estaban preparados para estallar unas horas antes de que se celebrasen los actos conmemorativos en Galicia.
Junto a los dos jóvenes radicales fueron detenidas sus compañeras sentimentales, identificadas como Jéssica Rodríguez Rodríguez, de 26 años y nacida en Trasmirás (Orense), aunque residente en Vigo, y Catalina Alonso Rodríguez, de 34 años y natural de esta última ciudad.
Las tres primeras bombas, localizadas dentro de una bolsa de deportes en el maletero del vehículo que conducía Eduardo Vigo, tenían un peso de 5,8 kilos y una «gran potencia», al estar compuestas por cloratita y pólvora, además de temporizadores listos para activarlas. El cuarto artefacto constaba de una olla a presión con 3,2 kilos de dinamita, en la que también se había colocado un temporizador.
Además, los agentes intervinieron en los registros en los domicilios y en centros sociales independentistas de Vigo, Santiago y Pontevedra un total de cuatro ordenadores, tres CPU, un disco duro, varias bengalas de señales, 3.150 euros en efectivo, pelucas y diverso material documental para ser analizado.
Los cuatro detenidos, incomunicados y acusados de tenencia de explosivos con fines terroristas, fueron trasladados ayer a Madrid, donde está previsto que presten declaración el lunes ante el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco.





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