EDITORIALES: La estanflación puede provocar un ajuste duro/

La estanflación puede provocar un ajuste duro

LA BOLSA ha tenido un comportamiento claramente alcista durante los últimos días mientras que el diferencial de la deuda española con el bono alemán se situaba ayer en torno a los 200 puntos, su nivel más bajo en los pasados tres meses.

Lo que ha sucedido a lo largo de esta semana es que el compromiso europeo de flexibilizar el fondo de rescate para ayudar a países como España e Italia ha relajado a los mercados. Ayer se supo que Alemania está impulsando un plan para que la UE preste dinero a países en apuros como el nuestro con el fin de reestructurar su deuda pública, dismuyendo los costes financieros.

A cambio de estos préstamos, la UE exigiría al Gobierno español pisar el acelerador de las reformas, sobre todo, en lo referente a la supresión de las cláusulas de revisión salarial y el sistema de pensiones. Lo primero implicaría nuevos recortes del poder adquisitivo y lo segundo obligaría al Gobierno a retrasar la edad de jubilación a los 67 años, algo que topa con el rechazo sindical.

Será difícil que Zapatero pueda obtener estos fondos de la UE y llegar a la vez a un acuerdo con UGT y CCOO, que ponen como condición que muchos trabajadores se puedan jubilar a los 65 años si han cotizado por encima de un tiempo que podría estar entre los 35 y 38 años.

El Gobierno ha prometido que aprobará su reforma el próximo viernes, por lo que el margen de negociación con los sindicatos y otras fuerzas políticas es mínimo. Pero de momento Zapatero puede respirar mientras parece alejarse el riesgo de una intervención dura de la UE para salvar la economía española. Eso es lo que está reflejando el Ibex 35 y otros indicadores.

El impacto favorable de esta expectativa queda muy mermado por el fuerte estancamiento de la actividad económica y, sobre todo, por el rebrote de la inflación, propiciado por la subida del petróleo y las materias primas a lo largo del año pasado.

El precio del litro de gasolina se ha situado ya a 1,30 euros, su récord histórico. La paradoja es que el precio del barril todavía se halla más de un 30% por debajo de su máximo nivel, alcanzado hace tres años. ¿Cómo se justifica esta subida?

Un informe de la Comisión Nacional de la Energía explica que el alza de los precios de los combustibles se debe a dos factores: los impuestos y la cotización del euro. Según las conclusiones de este trabajo, la subida no es achacable al aumento de los márgenes de las compañías petroleras sino al incremento de la presión fiscal, ya que los impuestos han pasado de suponer el 45% al 50% del precio de la gasolina en dos años. Igualmente, la depreciación del euro respecto al dólar -el 16% desde julio de 2008- ha encarecido la compra de petróleo.

La escalada de los precios de los combustibles ha situado la tasa de inflación internanual en el 3% y la perspectiva a corto plazo es que pueda subir hasta un 4% o más, lo que nos situaría en un escenario de estanflación, es decir, de fuerte incremento de los precios en una situación de estancamiento de la economía y de contención salarial.

La paradoja es que la estanflación podría contribuir a aumentar el impacto del ajuste, pero a costa de un mayor emprobrecimiento de la sociedad española. Con lo que no contaba Zapatero es con que el rebrote de la inflación podría ayudarle a llevar a cabo los recortes salariales que le exige Angela Merkel. Pero ello es jugar con fuego porque, a medio plazo, podría generar un estallido social de descontento contra un Gobierno que parece desbordado por los problemas.

Prevé la confiscación de pisos desocupados

El tufo totalitario de la ley de vivienda vasca

EL CONSEJERO de Vivienda vasco, Iñaki Arriola, presentó ayer un anteproyecto de ley de Vivienda que rezuma populismo e intervencionismo. Es populista pretender que los ciudadanos sin recursos puedan exigir ante los tribunales su «derecho a una vivienda digna», como si el Ejecutivo vasco dispusiera de un stock de pisos del que pudieran disponer los jueces para ir repartiendo. Y es intervencionista porque regula el alquiler forzoso de las viviendas deshabitadas, entendiendo como tales las que no cumplan «una función social» porque llevan más de dos años desocupadas. Para decidir qué pisos se podrán confiscar se creará un cuerpo de inspectores que tendrán la condición de «agentes de la autoridad». Esta policía del hogar podrá espiar hasta las facturas de la luz o el agua para comprobar la ocupación de una vivienda. Que un Gobierno invoque el interés público para inmiscuirse en legítimas decisiones personales sobre el patrimonio denota un tic totalitario que provoca mucho desasosiego. Ni el PP ni el PNV deben respaldar un anteproyecto que no tendría ni que llegar al Parlamento vasco.

Que acuda a las urnas con un programa claro

Aznar da un consejo inteligente a Rajoy

AZNAR fue el protagonista de la primera sesión de la Convención del PP en Sevilla, sin polémica interna esta vez, ya que dedicó su discurso casi por entero a trazar un diagnóstico tan duro y contundente como real acerca de los desastres causados a España por Zapatero, a quien definió como «un transformista de la política». Al margen de que el ex presidente resulte más o menos simpático, lo que no se le puede negar es que conserva el olfato político que le llevó a lograr el respaldo de muchos millones de españoles en las urnas. Así lo demuestran los dos mensajes principales de su intervención. Por una parte, Aznar resumió el objetivo que debe tener una «contundente» victoria del PP en las autonómicas y municipales de mayo: forzar a Zapatero a convocar generales. Por otro, pidió a Rajoy que no se conforme con esperar el poder como fruta madura, sino que presente un «amplio programa de regeneración y reformas» para que sea «legitimado» en las urnas, y así poder aplicarlo «con el claro mandato de los españoles». Habrá que esperar para saber si el líder del PP le hace caso.

Su popularidad sube por el discurso de Tucson

Obama renace en el ecuador de su mandato

OBAMA ha cruzado el ecuador de su mandato dejando entre sus propios seguidores un sabor agridulce. Le está tocando lidiar con la peor crisis económica en muchas décadas por lo que la mayoría de sus promesas electorales siguen siendo sólo eso, promesas. Además, el paro en EEUU se mantiene casi en el 10%, una cifra intolerable para la sociedad estadounidense, que no dudó en castigarle por ello en las elecciones legislativas. Con todo, Obama pudo sacar adelante la histórica reforma sanitaria -que se mantendrá por más que esta semana haya sido rechazada a modo testimonial en la Cámara de Representantes- y ha tenido éxitos innegables como la firma del nuevo tratado nuclear con Rusia. Muchos tachaban ya de fallida esta presidencia. Pero Obama ha demostrado que guarda aún unos cuantos ases y, tras su magnífico discurso a la nación tras la matanza de Tucson, su popularidad ha vuelto a subir hasta el 53%.

LA CONVENCIÓN DEL PARTIDO POPULAR:

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Sevilla

Aznar pide a Rajoy que 'legitime' un plan de reformas en las urnas

Espera que el resultado de mayo sea «tan concluyente» como para obligar a Zapatero a convocar elecciones / Acusa a los socialistas de «dilapidar España»

Sevilla fue, hace 20 años, la lanzadera política y congresual del PP como partido de Gobierno, y vuelve a ser hoy la plataforma popular de la «recuperación», no ya «del Gobierno» sino «de España». Con este mensaje se presentó ayer a los militantes del PP un José María Aznar remozado, reconciliado con el discurso del Congreso de Valencia y con el propio Rajoy al que, confiado en que «las encuestas se queden cortas», emplazó a legitimar con una amplia mayoría en las urnas un profundo plan de reformas y regeneración nacional.

El presidente de honor del PP, que ayer volcó en el partido su más viejo entusiasmo, exhortó a los suyos a lograr en las elecciones locales y autonómicas una victoria «tan concluyente» que precipite un adelanto electoral. «Son muchos los millones de españoles que desean que el próximo mes de mayo la victoria del PP sea tan concluyente que impida seguir ignorando la realidad: un país que reclama ya el cambio político que necesita», afirmó. Sigue en pág. 4

El ex presidente del Gobierno resumió el mensaje principal de su intervención con una frase: «España necesita un presidente reformista, no un transformista de la política», en alusión explícita a Rajoy y a Zapatero.

«Necesita», añadió Aznar, «un Gobierno reformista, no uno que se disfraza de lo que más conviene en cada momento. Necesita un Gobierno que dé cumplimiento a un amplio programa de recuperación y reformas avalado y legitimado por las urnas. Necesita un Gobierno del PP presidido por Mariano Rajoy».

Aznar subrayó la importancia de la cita de mayo: «La gente se fía de nosotros y va a confiar ampliamente en nosotros el próximo mes de mayo. Podemos retomar para España la historia de éxito que iniciamos todos los españoles en la Transición. La historia de éxito de España como nación europea de ciudadanos libres e iguales, que exige cumplir el compromiso de no gobernar en función de territorios, ni de privilegios, ni de intereses particulares, ni de consignas partidistas sino en interés y en beneficio de todos los españoles, vivan donde vivan, piensen lo que piensen y crean lo que crean».

Y es que su reto político trascendió con mucho la necesidad de recuperar la senda de la economía. Por supuesto, dejó varias sentencias: «Recibieron la mejor herencia, y en estos siete años se han empleado a fondo en dilapidarla»; «los españoles saben que nosotros trabajamos para hacer España más fuerte y que los que están ahora se han ocupado a conciencia de dejar a España mucho más débil...».

Pero su emplazamiento fue más político y enfocó la «recuperación» nacional hacia «la unidad y la concordia». «Sin revanchas, sin trincheras, sin fracturas, sin intentar ajustar cuentas pendientes», subrayó en presencia de Rajoy, al que pareció copiar algunos de sus mensajes más recurrentes: «Nuestro partido», dijo redoblando su más reciente llamamiento a los no votantes del PP, «tiene una inmensa responsabilidad con todas las personas que nos han votado, con las que nos van a votar -que son muchísimas más- y con todos los españoles, aunque ni nos hayan votado ni nos vayan a votar».

El esfuerzo, ayer, por adecuar su discurso al del PP fue tan notorio como el de la número dos, María Dolores de Cospedal, en adecuar el del partido al de su ex presidente. Tanto es así, que ambos consiguieron un único mensaje sobre la reforma del Estado autonómico.

Aznar justificó su intervención del pasado fin de semana en León sobre la «inviabilidad» del actual modelo en las «tantas veces» que el propio Rajoy había dicho que «necesitamos un Estado viable». Además, resumió su apuesta no en un «cambio» de modelo sino en la presentación de «ideas razonables y razonadas» para hacerlo «sostenible». En lugar de abogar, como sí hizo en León, por revisar la «ordenación» de las competencias autonómicas, lo que ayer defendió fue «recuperar el gran pacto de 1978» por el que «la nación española tendrá que recuperar el Estado de las autonomías plasmado en la Constitución».

Por su parte, Cospedal echó un cable a Aznar al refrendar sus polémicas palabras sobre una España «intervenida y tutelada» en su economía. Además, tras declarar el «compromiso con nuestro Estado autonómico», negó que la actual «filosofía del gasto» sea una «consecuencia inevitable de esa misma organización territorial».

Así, se pronunció como Aznar por la necesidad de «hacer reformas destinadas a hacer viable el Estado autonómico» y tildó de «imprescindible» el «ordenarlo y racionalizarlo» para acabar, sobre todo, con «la proliferación de organismos redundantes, la superposición de competencias, la creación de fronteras invisibles y el marasmo regulatorio».

Con ser duros los dos, Aznar fue el más lacerante hacia el PSOE, al que contraatacó por las críticas recibidas en la última semana. «Aquí los únicos que han hecho todo lo posible para destruir el modelo autonómico han sido los socialistas, con el presidente del Gobierno a la cabeza», dijo.

«No contentos con intentar cambiar la Constitución por la puerta de atrás, han anunciado que buscarán dejar sin efecto la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el Estatut. Y todavía pretenden proclamarse defensores del Estado autonómico cuando han sido los que han llevado el modelo al fondo del precipicio», añadió.

«Pero el tiempo y el TC nos han dado la razón», reivindicó Aznar, para vaticinar, al fin confiado: «Y la razón nos dará los votos».

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Carmen Remírez de Ganuza sobre la Convención Nacional del PP.

C. R. G. / Sevilla

«España no está para pinganillos»

José María Aznar se mostró ayer solemne en su emplazamiento nacional a la urgente «recuperación» de España como nación, pero rebajó a la categoría de anécdota el debate sobre la candidatura de José Luis Rodríguez Zapatero en las próximas elecciones generales. «En vez de mirar de frente los problemas, se entretienen con líos que sólo a ellos les interesan», empezó por decir. «En otras circunstancias podría tener su gracia alimentar debates sobre quién sabe cuándo se irá, o si se irá o no se irá quien tendría que haberse ido ya», añadió, para concluir: «Pero la situación de España no está para bromas ni para pinganillos. Está para trabajar en serio».

María Dolores de Cospedal, a su manera, también ironizó a costa de Zapatero. La secretaria general del PP tiró de hemeroteca para reproducir sus palabras del 14 de enero de 2008: «La crisis es una falacia, puro catastrofismo. Vamos a seguir creando empleo y teniendo superávit». «Fin de la cita», apostilló, antes de volver al presente y acusarle, ahora, de ver la mota en el ojo ajeno de las autonomías sin ver la viga en el propio: «Zapatero pone ahora el punto de mira en todas las administraciones menos en la que depende de él, la Administración General del Estado, para que los ciudadanos olviden que es él quien dirige el mayor foco de derroche, deuda y déficit de toda España», afirmó.

J. CARO ROMERO / Sevilla

El PP plantea disciplina presupuestaria y fijar por ley la «obligación de austeridad»

Propone un endurecimiento de la responsabilidad contable de los gestores públicos

El Partido Popular va a presentar el próximo martes en el Congreso una proposición de ley con la que planteará una reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria que establezca la obligatoriedad para el conjunto del sector público del llamado escenario de austeridad. Se trata de asumir la «austeridad como obligación, no como una opción», según explicó ayer la portavoz parlamentaria del PP, Soraya Sáenz de Santamaría, en el transcurso de la convención nacional que su partido celebra en Sevilla.

Fue precisamente esta propuesta una de las principales que se debatieron en el Foro Reformas y Confianza para el Empleo, el primero de los que se desarrollarán en la convención nacional y en el que, además de Sáenz de Santamaría, participaron el coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, y los presidentes del PP en Castilla y León, Juan Vicente Herrera; Melilla, Juan José Imbroda; Aragón, Luisa Fernanda Rudi; Extremadura, José Antonio Monago, y Baleares, José Ramón Bauzá.

Durante este encuentro, la portavoz del PP en el Congreso defendió la necesidad de dedicar un mayor «esfuerzo al control de las cuentas públicas», así como la idea de que, con carácter general y con la austeridad como principio, desde las administraciones «puede hacerse más con menos». «Si se controla eficazmente el gasto, no habrá que exigir luego más a los españoles vía impuestos», mantuvo Soraya Sáenz de Santamaría.

La portavoz en el Congreso insistió en defender la «ejemplaridad» en el gasto corriente al que están obligadas las administraciones y criticó, en este sentido, que el Estado se gaste 105 millones en telefonía móvil para altos cargos y funcionarios y que cuente con casi 500 coches oficiales a su disposición.

La propuesta que el PP llevará el martes al Congreso plantea como objetivo contable la «disciplina presupuestaria», de modo que se disponga de un «escenario económico creíble de reducción del déficit y la deuda públicos». Como principio general, ese escenario no debe incluir subidas de impuestos.

De igual modo, los populares plantean, además de esa obligatoriedad del escenario de austeridad para el sector público, la fijación de techos de gasto y endeudamiento para todas las administraciones públicas con el fin de garantizar los objetivos de estabilidad presupuestaria.

Esa normativa también debería incluir, según el PP, la prohibición de aumentar los techos de endeudamiento de todas las administraciones por encima de los previstos, así como un endurecimiento de la responsabilidad contable de los gestores públicos que incumplan las normas de disciplina. La propuesta de los populares sugiere incluso la posibilidad de penalizar «conductas irresponsables» como la «acumulación de facturas en el cajón».

El coordinador de Economía del PP, Cristóbal Montoro, esbozó otras propuestas que forman parte de las «reformas ordenadas y coherentes» que plantea su partido para crecer y crear empleo y no «como motivo de confusión para los españoles» Entre ellas, mencionó una reforma en profundidad del sector público que elimine solapamientos entre administraciones, una reforma fiscal, acometer la reestructuración y el saneamiento del sistema financiero y afrontar también una reforma del mercado de trabajo.

J. C. R. / Sevilla

Herrera pide al partido «abanderar el autonomismo»

Uno de los mensajes que más se repitieron ayer en las primeras sesiones de trabajo de la convención nacional que el PP celebra en Sevilla es que la actual crisis económica ha puesto de manifiesto la «inviabilidad» de la forma en que hasta ahora se ha desarrollado el modelo de descentralización en España.

En este contexto, una de las voces que más resonaron en las sesiones de ayer, y no precisamente contra las comunidades autónomas sino en su defensa, fue la del presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, quien defendió sin ambages que al modelo autonómico «hay que juzgarlo por sus hechos y sus resultados» y que, en su opinión, ha sido un «modelo de éxito constitucional» capaz de «proporcionar bienestar social».

El presidente castellanoleonés admitió que ese modelo es, «por supuesto, perfectible y que hay formas y formas de ejercerlo», pero se mostró convencido de que el PP tiene la «obligación» de continuar por ese camino y «abanderar de forma inteligente un autonomismo responsable, útil, leal y cooperativo».

Juan Vicente Herrera criticó que se señale la gestión de las comunidades autónomas como única o principal responsable del desequilibrio de las cuentas públicas y advirtió de que, en el fondo, a quien beneficia ese planteamiento es «al verdadero responsable de tanta improvisación, que es el Gobierno».

En términos parecidos a los del presidente de Castilla y León se pronunció, a su llegada a la convención de Sevilla, el presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, que acusó al Gobierno de haber «fallado» con sus políticas, mientras que las comunidades autónomas «han dado el callo».

Camps recordó que las comunidades son las mayores prestadoras de servicios sociales y mantuvo que, con un Gobierno «como Dios manda» y con Rajoy de presidente, «todo el sistema se pondría otra vez en marcha».

EL GORILA DEL PAÍS VASCO: Gorila Patxi vs Gorila Chávez

NAIARA ORTIZ / Bilbao

Los vascos sin vivienda podrán exigir una por la vía judicial

Ésta es una de las principales novedades del anteproyecto de la futura Ley de Vivienda del País Vasco, que puede ser aprobada a mediados de 2012.

«Ésta es una ley que nos afecta a todos, a los que tienen vivienda y a los que no. Desarrolla el derecho a la vivienda recogido en la Constitución y pone en orden una amplia y diversa normativa. Será pionera en el Estado porque es la primera ley autonómica que recoge el derecho subjetivo a la vivienda. Ésta es nuestra propuesta, pero estamos dispuestos a escuchar a todos y, por eso, empezamos hoy un proceso participativo en Etxebide, Irekia y las redes sociales Facebook y Twitter», indicó el consejero de Vivienda, Obras Públicas y Transportes, Iñaki Arriola.

El derecho podrá ser reclamado en un juzgado pero deberán cumplirse unos requisitos también recogidos en la ley, a la espera del reglamento que la desarrolle. En cuanto entre en vigor la nueva normativa, serán las familias de tres o más miembros y con ingresos inferiores a 15.000 euros las que puedan ir a los tribunales a reclamar un piso o, en su defecto, una ayuda para poder acceder al mercado libre. A partir del segundo año, ese derecho se ampliará a las familias de dos miembros y menos de 12.000 euros de renta, y ya el tercer año se incorporan a esta lista las familias de un miembro y que ganen menos de 9.000 euros.

Canon a las viviendas vacías. El Gobierno vasco quiere reducir al mínimo el número de viviendas deshabitadas durante más de dos años y, por ello, plantea imponer un canon anual de 10 euros por metro cuadrado útil al propietario que no alegue razones de peso, como un traslado por trabajo o para cuidar de otra persona, para mantenerla vacía. Quedarían excluidas además las consideradas como segunda vivienda. El objetivo final del Ejecutivo es, no obstante, llegar a un alquiler forzoso. Las viviendas vacías se podrán descubrir a través de los datos del padrón y por la existencia de «consumos anormales» en las facturas de la luz, el gas o el agua.

El Gobierno vasco no dio ayer cifras de viviendas vacías, aunque aseguró que es un porcentaje «muy inferior» al de las demás comunidades autónomas. Serán los ayuntamientos los que tendrán la posibilidad de imponer este canon cuando lo crean oportuno, aunque el Gobierno vasco lo podrá hacer subsidiariamente.

Expropiar las VPO. Los adjudicatarios de una VPO que dupliquen durante tres años consecutivos los ingresos máximos permitidos (39.000 euros), se quedarán sin su piso. También serán sancionados quienes no habiten durante un año la vivienda, no la destinen a domicilio habitual o quienes no la conserven en condiciones de habitabilidad. Quienes cometan infracciones graves o muy graves no podrán participar en promociones de vivienda pública por un periodo de tres años.

Incentivar la rehabilitación. La rehabilitación es una de las principales apuestas del Gobierno vasco y también queda recogida en la ley. Los propietarios que no conserven sus edificios en buenas condiciones cometerán una infracción muy grave. Además, las comunidades de vecinos podrán sacar adelante proyectos bloqueados por algún residente. Sólo será necesario que la mitad esté de acuerdo para llevar a cabo la reforma. El propietario que desee dividir su vivienda podrá hacerlo sin pedir el beneplácito de sus vecinos. Para poder instalar un ascensor en el exterior de un edificio o ampliar su fachada para hacerla energéticamente eficiente la normativa permitirá ocupar el dominio público y que esas obras no se computen como un aumento en la edificabilidad.

Fondo de garantía. El Gobierno vasco no quiere que todos los adjudicatarios de una VPO paguen la misma cantidad tengan los ingresos que tengan. Para acabar con esa «injusticia» y evitar que los promotores no construyan porque no obtienen rentabilidad, creará un fondo de garantía y de compensación. «Cuando el promotor cobre más, pagará, y cuando la promoción sea menos rentable, se le abonará la diferencia. La práctica nos llevará a ver si es equilibrado», explica el director de Planificación y Procesos Operativos del Departamento de Vivienda, Mario Yoldi. La normativa obliga a depositar las fianzas de los contratos de alquiler en el Gobierno vasco y registrar los contratos para dar garantías jurídicas al alquiler. Además, los criterios preferentes para la adjudicación de VPO serán el número de miembros de la familia y la antigüedad en Etxebide.

La Constitución recoge el derecho a tener una vivienda digna, pero siempre ha sido criticado porque su cumplimiento era una utopía. Ahora, el Gobierno vasco da un paso más y se compromete por ley a que los ciudadanos con dificultades económicas y que lleven inscritos durante cuatro años en las listas de Etxebide (el servicio vasco de acceso a una vivienda protegida) puedan reclamar un piso digno ante los tribunales.

N. O. / Bilbao

El PP pide «incentivar antes de sancionar»

El socio de López rechazará el canon a las viviendas vacías y reclama una ley «eficaz»

Apenas habían pasado unas horas desde la presentación del anteproyecto de ley, pero el PP, socio preferente del Gobierno de Patxi López, ya tenía claro que no iba a apoyar la medida de imponer un canon a las viviendas vacías. «Somos más partidarios de incentivar que de sancionar. Se pueden hacer muchas cosas antes que imponer una sanción, como poner en marcha un plan de movilización de viviendas que incluya la contratación de un seguro que cubra impagos y desperfectos. Se realizó en Vitoria con un gobierno del PP y fue un éxito», afirmó la parlamentaria popular Esther Martínez.

El PP defiende que las instituciones deben llevar a cabo también un control de sus viviendas que se mantienen vacías durante meses. «Las administraciones tienen que hacer muchas cosas antes de sancionar a los propietarios», aseguró.

La medida de imponer un canon a los propietarios que mantengan vacíos sus pisos es a la que más se opondrá el PP, aunque tampoco el derecho subjetivo genera mucha confianza entre los populares.

«Es bastante cuestionable porque cuando se ponen tantos condicionantes, y no hacen más que ponerlos, se desnaturaliza el derecho», opinó Martínez.

El retraso del cumplimiento del calendario legislativo tampoco ayuda a los populares a creerse los compromisos de los socialistas. «Más allá de buscar grandes titulares, al Gobierno vasco se le debe exigir que haga una ley eficaz. Ponemos en cuestión su credibilidad dado el incumplimiento de las fechas dadas para la presentación del anteproyecto. Creemos que es una declaración de intenciones porque su cumplimiento se dilata hasta la próxima legislatura si se cumplen los plazos que plantea», afirmó la parlamentaria.

La posibilidad de expropiar la Vivienda de Protección Oficial a quienes sobrepasen los ingresos permitidos es vista con buenos ojos por el PP «porque es una evidencia que las viviendas protegidas deben ser quien las necesita». No obstante, los populares están a la espera de ver «cómo está redactado exactamente» el articulado.

Martínez hizo hincapié en la necesidad de lograr un «altísimo consenso de todos los grupos políticos» para evitar «errores» como la Ley del Suelo, aprobada en 2006, que «ha desincentivado la construcción de viviendas porque no ha movido suelo, que es una parte muy importante del precio de la vivienda». «Necesitamos una ley eficaz que incentive la edificación de las viviendas, más allá de las sanciones», concluyó.

LOS ACUERDOS ENTRE la "organización socialista" ETA y el Gobierno socialista

FERNANDO LÁZARO / Madrid

Aumentan los apoyos al acto de las víctimas contra una negociación

Covite, Fundación Ordóñez y Ayuda a las Víctimas del 11-M estarán el día 5 en Madrid

Apenas quedan 15 días pero los motores de las víctimas del terrorismo están ya en plena ebullición. Quieren convertir de nuevo las calles de Madrid en un clamor de protesta, de «total rechazo» a un nuevo proceso de negociación entre el Gobierno y ETA. «No más mentiras. No más treguas-trampa», será el eslogan.

Y para que nadie se olvide de cuándo es este nuevo episodio de la autodenominada «rebelión cívica», la mnemotecnia también juega su papel: el 5alas5. Y en román paladino: el día 5 de febrero a las 17.00 horas, en Madrid.

Convoca, de nuevo, la asociación Voces Contra el Terrorismo Verde Esperanza, pero no estará sola. Ya son numerosas, y en algunos casos muy significativas, las asociaciones y fundaciones de víctimas del terrorismo que se han comprometido a asistir a este evento, después de que la asociación liderada por Francisco Javier Alcaraz reaccionara con contundencia tras el último comunicado de ETA en el que se anunciaba el alto el fuego.

Alcaraz no tuvo dudas y defendió que éste es un paso más del proceso de negociación entre el Gobierno de Zapatero y la organización terrorista ETA, el mismo que unos y otros aseguraron que quedó roto tras el atentado de la T-4. Alcaraz no se lo ha creído nunca. Recientemente convocó un acto en la plaza de Colón en el que sorprendió a propios y extraños por la gran cantidad de ciudadanos que acudió a su protesta, pese al escaso eco mediático y político que tuvo.

Ahora, algunas de las principales asociaciones ya han mostrado su respaldo. Una de ellas es Covite, uno de los movimientos históricos en defensa de las víctimas. Expresó ayer su oposición a «cualquier proceso de negociación con los asesinos» y anunció su adhesión a la convocatoria de Voces Contra el Terrorismo.

En un comunicado, Covite dice ver «con preocupación» la «facilidad con la que ciertos gobernantes hablan de paz y de reconciliación, y de avances notorios por parte de Batasuna» tras el último comunicado. «Todo esto nos preocupa y nos genera un gran temor. No queremos terminar viendo cómo las personas que han sufrido directamente el terrorismo y nuestros familiares asesinados se convierten en víctimas bien engañadas y mal resignadas», añade la nota.

En ella, Covite explica que comparte «el lema y los objetivos de la marcha» organizada en Madrid, ya que espera «un final del terrorismo con vencedores y vencidos, el cumplimiento íntegro de las condenas sin impunidad y el esclarecimiento de los atentados sin resolver».

No son los primeros. Esta semana también ha anunciado oficialmente su asistencia al acto la Fundación Gregorio Ordóñez. Junto a ellos estarán además los dirigentes de la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M y la asociación Denaes (Defensa de la Nación Española), dirigida por Santiago Abascal, entre otras. El primer político que ya ha anunciado su presencia en la protesta de Madrid es el líder del PP en el Parlamento Europeo, Jaime Mayor Oreja.

París

Candidata clandestina a las elecciones galas

Aurore Martin, oculta en Francia, anuncia que concurrirá a los comicios de marzo

La ex dirigente de Batasuna Aurore Martin, que se encuentra en la clandestinidad desde que la justicia francesa decidiera entregarla a España para ser juzgada, ha anunciado que será candidata de la coalición independentista Euskal Herria Bai el próximo mes de marzo en un cantón del País Vasco francés.

En una carta a Le Journal du Pays Basque de la que informó en su edición de ayer, Martin -de nacionalidad francesa- subraya su voluntad de «continuar llevando a cabo [su] trabajo político» con Euskal Herria Bai, que en los comicios cantonales aglutinará a Batasuna, Eusko Alkartasuna y Abertzaleen Batasuna, informa Efe.

Será candidata en el cantón rural de Tardets en una lista que la coalición nacionalista tiene previsto presentar completa hoy en Bayona, pero de la que ya se conocen cuatro nombres más: Daniel Olçomendy y Anne Pagola en el cantón de Iholdy, y Dominique Bacho y Maider Larrieu en el de Saint Jean Pied de Port, según la publicación.

Martin ha sido reclamada por la Audiencia Nacional por «participación en organización terrorista». A mediados de diciembre, el Tribunal Supremo de Francia emitió un dictamen definitivo en el que ordenaba su entrega. Como consecuencia, el 21 de ese mes Martin anunció su paso a la clandestinidad, lo que ha generado una importante atención informativa en Francia.

Las muestras de solidaridad no tardaron en aparecer, aunque en esta ocasión no sólo desde el entorno abertzale. Unos 60 cargos electos vascofranceses pronunciaron públicamente su apoyo el 12 de enero y dijeron que lo hacían por considerarlo un acto «legítimo y coherente», al tiempo que anunciaban que asumirían las posibles «consecuencias judiciales» por sus actos.

TERRORISMO SINDICALSOCIALISTA: El consejero del PP de Murcia agredido por la izquierda, es dado de alta

JAVIER ADÁN / Murcia

El PSOE murciano achaca el ataque al consejero a motivos 'privados'

Desde el PP y desde el Gobierno autonómico que preside Ramón Luis Valcárcel se aseguró desde el principio que el clima en contra de los populares que se había generado en la región desde la aprobación del plan de ajuste el pasado mes de diciembre, había finalmente culminado en la agresión al consejero, que además de destacado miembro del PP de Murcia es familia de Valcárcel.

La propia Policía se ha encargado de investigar las protestas que se produjeron hace varias semanas, especialmente las que se desarrollaron en las sedes del Partido Popular e incluso frente a domicilios particulares de dirigentes de la formación.

Ayer, sin embargo, el secretario general del PSOE murciano, Pedro Saura, quiso desmarcar a su partido de la tesis de la agresión política y, a través del citado comunicado, apostó por impulsar la versión de que se trata de un delito que nada tiene que ver con la condición de consejero de Pedro Alberto Cruz.

«La historia dirá que hubo una agresión condenable a un consejero, probablemente privada, y un presidente de la autonomía engañó a los murcianos y no tuvo escrúpulos en mentir a todos», dice el texto firmado por el líder de los socialistas murcianos.

Siguiendo en la misma línea, más adelante Saura adopta un tono de precampaña electoral y proclama que Murcia necesita un mandatario que una a la región y «no se merece un presidente que perjudica la imagen y los intereses de la comunidad autónoma, que divide y enfrenta a unos murcianos con otros».

El mensaje es claro. El PSOE no está dispuesto a permitir que la agresión al consejero de Cultura merme sus ya de por sí modestas expectativas electorales y, por ello, el comunicado finaliza con una dura acusación contra Valcárcel, por intentar «criminalizar a una parte de la sociedad murciana: la izquierda».

De forma coordinada, la candidata socialista a la presidencia de la comunidad, Begoña García Retegui, hizo declaraciones similares, acusando al Gobierno regional de querer «desviar la atención» de los problemas económicos que atraviesa Murcia, «haciendo parecer» que la paliza que recibió Cruz «es un problema entre partidos». En su opinión, Valcárcel ha querido aprovechar lo sucedido para «acallar a los empleados públicos», que protagonizaron las protestas de hace unas semanas, y para «acabar con la candidatura del PSOE» que ella encabeza, informa Europa Press.

Desde el PP no hubo respuesta a las acusaciones vertidas desde las filas socialistas, pero sí, de forma indirecta, desde el Gobierno regional. Tras la aprobación de una declaración institucional de condena de la agresión, la portavoz del Ejecutivo, María Pedro Reverte, advirtió que «nadie» va a «amedrentar» a los populares murcianos, e incidió en los mensajes de los últimos días, expresando su «repulsa a quienes, en una sociedad democrática, recurren al insulto y la fuerza para lograr sus fines».

Mientras los dos partidos llevaban a la arena política la paliza recibida por el consejero, las dudas sobre la culpabilidad del único detenido por lo ocurrido, el joven José David Baño, seguían creciendo. Su abogado pidió ayer el archivo de la causa contra su cliente, al entender que, tras la rueda de reconocimiento fallida del miércoles, no hay ninguna prueba que lo vincule con lo sucedido.

Así lo creen sus amigos y compañeros, que ayer se concentraron en el centro de Murcia para denunciar que José David ha sido «injustamente detenido y linchado». La concentración, convocada por el Foro Ciudadano y el Foro Social y apoyada por IU, reunió a 500 personas, según los organizadores, que mostraron pancartas con lemas como Quién os dio los datos para que lo lincharais o Criminalizar las protestas es propio de dictaduras.

Corresponsal

El PSOE murciano, que ha sido objeto de muchas críticas tras la agresión al consejero de Cultura de la región, Pedro Alberto Cruz, por el supuesto ambiente anti PP que ha propiciado, emitió ayer un comunicado en el que afirmó que la paliza que recibió el dirigente popular fue «probablemente privada».Sigue en página 12

CORRUPCIONES SOCIALISTAS: Una fiscalía a las órdenes del Gobierno socialista y al servicio del partido socialista

JOAQUÍN MANSO / Madrid

La Fiscalía rechaza investigar a González por decir que pudo «volar» a jefes etarras

Cree que llamó «detenido» a Marey porque el Código Penal habla de «detención ilegal»

Cuando Felipe González dijo en El País que Segundo Marey estuvo «detenido» por policías que actuaban para los GAL -en lugar de secuestrado- se estaba refiriendo a que el Código Penal utiliza el término jurídico de «detención ilegal» para definir el secuestro. Con argumentos como ése, la Fiscalía ha rechazado abrir una investigación contra el ex presidente y ha archivado la denuncia que presentó contra él el dirigente de Izquierda Unida Antonio Romero. Recientemente, ya fue desestimada otra similar de Ezker Batua.

El ex diputado comunista, azote del PSOE durante los años 90, consideraba que González había cometido enaltecimiento del terrorismo por elogiar como «un gran tipo» al general Enrique Rodríguez Galindo -condenado por ordenar el secuestro y asesinato de los etarras Lasa y Zabala- o por afirmar que aún no tiene claro si hizo lo correcto cuando rechazó la posibilidad de «volar» a la cúpula de ETA en Francia.

Respecto a esto último, el escrito del Ministerio Público -que firma la fiscal jefe de la Secretaría Técnica, Elvira Tejada- señala que «tales conductas de enaltecimiento, para ser penalmente perseguibles, han de referirse a actividades terroristas reales y efectivas, supuesto que, obviamente, no se da en el caso examinado, en el que se enuncia una simple hipótesis».

La fiscal también niega que las declaraciones sobre Rodríguez Galindo constituyan materia penal. Y así, recuerda que González insiste varias veces durante la entrevista en su convicción de que el general condenado, en realidad, no era culpable, para concluir que «resultaría abiertamente contradictorio considerar como enaltecimiento o apología de un delito la afirmación de que una persona no ha participado en él».

Por último, «en cuanto al uso de la expresión detenido para referirse al secuestro de Segundo Marey» por los GAL, la fiscal argumenta que se trata de un término «notoriamente ambivalente», pues el propio Código Penal habla de «detención ilegal» para definir el secuestro.

ESTEBAN URREIZTIETA / Palma

Moreno niega al juez que pagara 250.000 a Matas

Lleva billetes falsos al juzgado para probar que esa cantidad no se puede esconder

El productor José Luis Moreno negó ayer, en calidad de imputado, haber sobornado con un fajo de 250.000 euros al ex presidente balear Jaume Matas durante la gala inaugural de la televisión autonómica IB3. Para visualizar que es «imposible» que pudiera esconder el dinero en su chaqueta en aquel evento, que tuvo lugar el 4 de septiembre de 2005 en el Casino de Palma, el empresario exhibió al juez José Castro, que investiga el incremento patrimonial del ex líder del PP balear, un paquete con 500 billetes de 500 euros falsos. De esta forma intentó demostrar que no caben en el «traje entallado» que vestía aquella noche.

Este supuesto pago constituye, a día de hoy, la principal prueba que esgrimen el juez Castro y la Fiscalía Anticorrupción para atribuir a Matas el delito de cohecho. Inicialmente, el Ministerio Público le acusó también de este tipo penal por haber comprado a bajo precio su vivienda en Palma, conocida popularmente como el palacete de Matas, a un contratista de su gobierno. Concretamente, por 950.000 euros, cuando a precio de mercado sostiene que el valor del inmueble ascendía a un precio «entre 2,4 y 2,8 millones de euros». Sin embargo, en el auto mediante el que se le impuso la mayor fianza jamás fijada a un político en España para eludir la prisión, tres millones de euros, el juez no esgrimió en ningún momento esta circunstancia. Al mismo tiempo, sí recalcó que en la investigación ha quedado acreditado que gastó cientos de miles de euros de dinero negro en joyas, artículos de lujo y equipamiento de su vivienda, que el magistrado considera que tienen su origen en el cobro de comisiones y no en el alquiler de locales familiares, como sostiene Matas.

El productor audiovisual afirmó que no sobornó al ex presidente, ni en aquella ni en ninguna otra ocasión, a cambio de adjudicaciones de programas en la televisión pública balear. Subrayó que el origen de la denuncia contra él proviene de un ex directivo suyo, Luis Velasco, al que le mueve un ánimo de «venganza» y está aquejado, según dijo, de «una enfermedad patológica».

Destacó asimismo que, durante los últimos años, Velasco se ha dedicado a «chantajearle» y que, tras denunciar los hechos, fueron acordadas por la Justicia medidas cautelares consistentes en que tiene prohibido comunicarse con él.

Moreno fue preguntado, además, por el supuesto cobro por duplicado de un decorado para IB3, extremo que desmintió por completo. También lo hizo la ex directora general del ente público María Umbert, que enfatizó que, durante el mandato de Matas, a Moreno sólo se le adjudicaron «dos programas en tres años de un total de más de 100» y que se le encargó el montaje de otros dos decorados.

El PP exige que se pronuncie Pumpido

>El PP pidió ayer la comparecencia de Cándido Conde-Pumpido, después de que el diario 'ABC' publicara que los policías que testificaron en Valencia por el informe secreto de Ángel Luna se reunieron con el fiscal del TSJCV, Ricard Cabedo.

>Cabedo aseguró ayer que la información es «falsa» y explicó que coincidió en la puerta del restaurante con ellos y por cortesía los saludó.

MARISA RECUERO / Madrid

El asesor de la Usca busca amparo

Acude al Consejo General de la Abogacía por el espionaje del CNI a los controladores

El abogado de los controladores también quiere amparo contra el espionaje que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) está realizando a miembros de la Unión Sindical de Controladores Aéreos (Usca), según reveló este diario el pasado 19 de diciembre. Y es que el asesor jurídico del sindicato, Francisco Maroto, se encuentra entre las personas que están siendo investigadas. Apenas 24 horas después de que el presidente de la Usca, Camilo Cela, y uno de sus portavoces, César Cabo, denunciasen la situación al fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, el sindicato remitió un comunicado -esta vez, con el logotipo de la Usca en la cabecera- advirtiendo de que Maroto pidió amparo al Consejo General de la Abogacía Española y al Colegio de Abogados de Barcelona -al que pertenece-, ante la «posibilidad» de que esté siendo «investigado, seguido y escuchado telefónicamente» por el CNI.

En este sentido, el sindicato alega que las informaciones resultado de ese espionaje «no tienen nada que ver con la labor del representante legal de los controladores en su función como tal». Es más, advierte de que el secreto de las comunicaciones sólo se puede violar cuando un país sufre una situación de estado de excepción o sitio, no en el caso del estado de alarma. España estuvo durante 43 días bajo esta situación para garantizar el funcionamiento normal de los aeropuertos.

GERMÁN GONZÁLEZ / Barcelona

Investigarán el desvío de dinero hacia CDC

El juez del 'caso Millet' cree que la Generalitat sufre una «desorientación»

«Una completa desorientación» que «en nada facilita la investigación». Es lo que piensa el juez Juli Solaz sobre las acusaciones personadas en la instrucción del desfalco del Palau de la Música por sus ex responsables Fèlix Millet y Jordi Montull. El magistrado ordenó ayer abrir una nueva investigación para conocer adónde ha ido a parar el dinero que la constructora Ferrovial entregó a Millet. La Agencia Tributaria considera que parte de estos fondos habrían salido del Palau hacia Convergència Democrática de Catalunya (CDC) para compensar, supuestamente, la concesión de obra pública a la constructora.

En la que puede ser la última decisión de Solaz en este procedimiento antes de irse como magistrado a la Audiencia de Barcelona, el juez lamenta los «cambios de criterio» de la acusación que representa al Consorci del Palau y que ejercen los servicios jurídicos de la Generalitat.

Esta semana, el Consorci presentó un escrito en el que se retractaba de la petición de abrir una pieza separada que hizo junto con la Fiscalía a principios de noviembre y en la que reclamaba que no se debía imputar a nadie de CDC y ni de Ferrovial. Aunque al día siguiente modificó el escrito y volvió a pedir la investigación separada, el juez considera que la Generalitat hizo la petición «sin que se haya aportado ninguna aportación probatoria a la causa». Por eso, Solaz cree que esta «negación de algunos perjudicados de que se investiguen determinados hechos» obedece a «motivos completamente ajenos al ámbito jurídico procesal».

La decisión judicial contó con el entusiasmo del Govern, que incluso la celebró. El secretario general de la Presidencia, Francesc Homs, considera que esta nueva investigación sobre el destino del dinero de Ferrovial supone una «cuestión de transparencia». Además, Homs defendió la actuación de los Servicios Jurídicos de la Generalitat que, en su opinión, no han cambiado su «criterio» pese a los dos escritos presentados esta semana. Según el portavoz del Govern, el Ejecutivo catalán «es el primer interesado en que esto se investigue por razones obvias», además de que supone una «garantía en el proceso» judicial y para que «los afectados puedan explicarse».

CARMEN REMÍREZ DE GANUZA / Sevilla

Génova mantiene su apoyo a Camps y confía en el archivo del caso

La dirección del PP critica que el juez no acepte ninguna prueba de la defensa del 'president'

La inquietud de Francisco Camps y de su equipo por una posible apertura de juicio por el caso de los trajes ha llegado hasta la dirección nacional del PP. Un miembro destacado admitía ayer a este diario un notable incremento del contacto telefónico con Génova en los últimos días en relación con este asunto.

A la luz de los comentarios, el presidente valenciano -que ayer se abrazó a Mariano Rajoy a su llegada a la convención de Sevilla- ha cuidado su desembarco en el cónclave popular como una operación de blindaje cosmético. Una operación que, al menos por ahora, encontrará positiva respuesta desde la cúpula del PP. Porque lo cierto es que Génova mantiene su discurso de respaldo férreo a Camps. «Es y será el candidato, pase lo que pase», decía ayer María Dolores de Cospedal, sin bajar la guardia en ningún momento en torno a las especulaciones judiciales.

Claro que, con la misma oficialidad, ni Cospedal ni Rajoy se apean estos días de la apuesta sobre el archivo de la causa. «No hay más que recordar lo que dijo el Supremo sobre el cohecho impropio en el caso de José Bono», decían fuentes próximas al presidente del PP, que recordaban el escrito presentado por el partido, que fue rechazado por el Alto Tribunal con argumentos que se entendieron aplicables a Camps. «No esperamos sorpresas en sentido contrario», decía, imperturbable, otro miembro de la dirección.

Eso sí, la secretaria general no tuvo empacho ayer en trasladar su malestar por la actuación del juez Flors, al rechazar en su último auto todas las pruebas solicitadas por la defensa de Francisco Camps. «¡No ha aceptado ni una!», protestaba en los pasillos de la convención.

Hasta aquí, el discurso oficial, porque las fuentes más solventes en el seno de la sede de Génova prevenían, también ayer, de que la firmeza en el apoyo a Camps «forma parte de la estrategia»; una estrategia que, según las mismas fuentes, «sirve para este momento de espera, pero no tiene por qué mantenerse si se produce algo importante y nuevo».

Se unen dos elementos fundamentales en el apoyo a Camps. Primero, el interés político: «No podemos ceder terreno», decían. Segundo, la convicción. Porque de convicción cabe calificar la extendida opinión de que no es culpable. «Él no ha robado», repiten en el PP. «Nadie se vende por dos trajes», en palabras, ya viejas, del propio Rajoy.

El apoyo de éste a Camps ha sido tan explícito y tan recurrente que la mayoría de los populares da por hecho que será candidato. «Es muy difícil que Rajoy cambie de opinión», decía ayer uno de sus lugartenientes.

Pero las fuentes llamaban ayer la atención sobre el único «hecho objetivo», y es que el candidato todavía espera a ser oficialmente proclamado, y que Rajoy ha dilatado esta ceremonia hasta el último momento.

MARISOL HERNÁNDEZ / Valencia

El presidente valenciano alega que el sastre timaba a 'Gürtel'

Su abogado presenta un informe que pone en duda las pruebas

El informe pericial presentado por el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, para «ratificar o rebatir, en todo o en parte», el realizado previamente por la Agencia Tributaria explora nuevos argumentos para su defensa, algunos apuntados a lo largo del proceso y otros absolutamente novedosos.

El abogado que representa al jefe del Consell ha presentado ante el instructor del caso de los trajes, José Flors, un informe en el que se avala como conclusión general las dudas sobre la «veracidad» y la «realidad» de algunos documentos, apuntados por los peritos en su trabajo, y se abunda en la tesis de que empleados de los establecimientos Milano y Forever Young «falseaban» facturas.

En un apartado llamado Ideas Generales, el auditor que realiza el análisis contable sostiene que las «debilidades de los sistemas administrativos y de control, tanto en las tiendas como en las mercantiles presuntamente pagadoras, son de tal magnitud que resultaría sencillo que personas con un nivel de responsabilidad suficiente pudieran percibir cobros que no quedasen registrados en las tiendas ni rebajados de las relaciones pendientes de pago». Esto significa que, tal y como mantienen los letrados de los cuatro imputados -Camps, Víctor Campos, Ricardo Costa y Rafael Betoret-, ellos habrían pagado sus trajes, pero los trabajadores podrían haberse quedado el dinero y cobrado a la vez a las empresas de la trama.

El informe añade que las empresas presuntamente pagadoras no tenían medios de comprobar si los importes que les facturaban correspondían realmente a prendas suministradas y no pagadas por las personas que se incluían en las relaciones manuscritas sin soportes documentales.

Junto a estas ideas, el auditor analiza las operaciones vinculadas a los cuatro imputados para concluir que, con la documentación obrante en la causa, no se puede relacionar los pagos de las empresas de la tramaGürtel con los trajes comprados presuntamente por Camps, Campos, Costa y Betoret.

Ayer, la portavoz del Gobierno valenciano, Paula Sánchez de León, aseguró que no valora «estrategias procesales de la defensa» del presidente, en alusión a la petición de su abogado de que se incorporen ahora a la causa las grabaciones de Francisco Correa. Pero al instante apuntó que el instructor, «una vez más», ha denegado a Camps la solicitud de una prueba. Desde el PP valenciano, el diputado José Marí Olano destacó el derecho del presidente a defenderse y negó la existencia de una estrategia para dilatar el proceso.

CORRUPCIONES SOCIALISTAS, CANON DIGITAL PREVENTIVO: Nos atracan para PAGAR el estratosférico sueldazo del jefe de la SGAE, Teddy Bautista

Lo que cobran otros

>Director general de una empresa. 64.000-128.000 euros/año.

>Director de Recursos Humanos. 50.000-76.000 euros/año.

>Controlador áereo. 200.000 euros/año.

>Presidente del Gobierno.78.000 euros/año.

>Alcalde. 45.000-100.000 euros/año.

>Pte. de Generalitat. 144.000 euros/año.

>Vocales del CGPJ. 124.000 euros/año.

DARÍO PRIETO / Madrid

Teddy Bautista reconoce que gana 250.000 euros, 41.596.500 ptas anuales, 3.466.375 ptas mensuales

El responsable de la SGAE afirma que su jubilación será el 60% de su sueldo

El presidente del consejo de dirección de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Teddy Bautista, afirmó ayer durante un chat en la web de la entidad que cobra 250.000 euros anuales repartidos en 14 pagas y que cuando se jubile recibirá una cantidad igual al 60% de su salario a partir del día que se retire.

En las respuestas a preguntas formuladas por los socios de la SGAE y por los internautas -que se pueden ver en www.encuentrodigitalsgae.com-, Bautista justifica sus ganancias en función de dos factores. En primer lugar, el incremento de la recaudación de la entidad y del número de socios durante su mandato. Y, también, por la comparación de su salario con el de los directores ejecutivos de otras grandes empresas españolas del sector(sociedades de gestión, discográficas, cadenas de televisión) y el de las compañías «que tienen unos resultados superiores a los 350 millones de euros anuales».

Respondiendo a un usuario llamado Bartolomé, Bautista afirmó lo siguiente: «A unos les parecerá mucho, pero te puedo garantizar que he recibido ofertas superiores y soy el ejecutivo que menos sueldo recibe de las 10 Sociedades de Autores mas importantes del mundo, entre las que SGAE ocupa el puesto 8º. Mi gestión ha permitido que se incremente el reparto a los socios en algo mas de un 2100% -sí, he escrito bien, 2100%- si comparamos las cifras de 1983 con las de 2007».

Bautista argumentó que el aumento en sus ganancias fue paralelo al incremento en la recaudación por derechos de autor. Así, afirmó que, cuando entró, cobraba el equivalente a 300 euros semanales y la entidad ingresaba unos 18 millones de euros. Luego sus emolumentos subieron a 60.000 euros anuales (por 100 millones de euros recaudados) y, en 1996, pasaron a 120.000 euros anuales (200 millones recaudados).

Frente a las recriminaciones de los internautas por su elevado sueldo, Bautista se defendió: «Lamento que haya mucha gente que lo esté pasando mal. Yo justamente estoy trabajando casi 100 horas semanales para que mejore la situación de los que peor lo están pasando, pero soy un profesional que se ha ganado a pulso, sin regalos de nadie y con pocas ayudas, lo que tengo y lo que gano».

Estas declaraciones llegan una semana después de que Bautista anunciase una campaña de información y concienciación para mejorar la imagen de la SGAE y de los creadores entre la opinión pública.

Lo que cobran otros

>Director general de una empresa. 64.000-128.000 euros/año.

>Director de Recursos Humanos. 50.000-76.000 euros/año.

>Controlador áereo. 200.000 euros/año.

>Presidente del Gobierno.78.000 euros/año.

>Alcalde. 45.000-100.000 euros/año.

>Pte. de Generalitat. 144.000 euros/año.

>Vocales del CGPJ. 124.000 euros/año.

"Pabernos matao",ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA, las manos socialistas en las que han estado nuestras pensiones:

RAFAEL J. ÁLVAREZ

«A veces, para votar cierro los ojos»

«Soy un poco marciana» «El del andamio, que se jubile a los 61» «Con mi forma de hablar me entienden los obreros» «Es posible derribar al capitalismo» «Me sobran pasión y kilos»
DOCE MAS UNA / ISABEL LÓPEZ I CHAMOSA

1-¿Adónde van las muñecas de Chamosa?

- Ja, ja, ja... Pues al portal de Belén a ver al niño. Pero para Belén el que tengo yo.

2-Seguro. ¿Usted cree que hay diputados en otros planetas?

- Síííí. Los diputados somos un fiel reflejo de la sociedad: somos buenos, malos, peores... Hay incluso algún marciano. Hasta yo soy un poco marciana.

3-¿Qué dice aquella niña que tejía con lana de esta mujer con escaño de cuero?

- Que no se lo cree. Hay una frase que dice que la vida te da aquello que tú no te atreverías a pedir. Yo soy esa frase. Yo jamás me atreví a pensar que iba a ser diputada. Luego pensé que sería una legislatura y llevo cuatro.

4-Señora diputada, ¿a usted cómo la miran por ir a San Jerónimo sin carrera?

- Bueno, eso lo hace una parte de la sociedad intransigente, que cree que la carrera lo es todo. Pero en el Parlamento siempre debería haber gente como yo, que tiene una visión distinta de la que tiene otra gente. Yo sigo con los mismos amigos y yendo al sindicato, y con mi forma de hablar me entienden todos los obreros y los trabajadores.

5-Doña Ortografía, ¿qué le sobra a quien se ríe de sus faltas?

- Le falta comprensión y humanidad.

6-Ya que usted no pronuncia todas las letras, dígame qué sigla le sobra al PSOE...

- Ninguna. (Le guiñamos el ojo, como para animarla a la crítica). Ninguna, ninguna, ninguna. La P de partido... vamos. La S es fundamental. La O, vamos, no sería mi partido si no tuviera la O. Y la E es que es de España.

7-¿Cuántas huelgas hace que no va?

- Pues, salvo la última, que no trabajé pero tampoco hice huelga, las he hecho todas. Uno de los peores días de mi vida fue la huelga del 29 de septiembre, porque mi corazón estaba con la gente pero mi cabeza estaba donde tenía que estar.

8-¿Sabe su idea izquierda lo que vota su mano derecha?

- A veces, no. Para votar algunas cosas que voto tengo que cerrar los ojos, porque me cuesta. Pero sé que la democracia es vivir en grupo y aceptar la mayoría.

9-¿Qué hace una chica como tú en un Pacto como éste?

- Pues mira, pasaba por allí y me enganchó (risas). Yo caí en la comisión de Trabajo y Seguridad Social. Había muchos ex ministros. Estaba Griñán, estaba ésta que se nos ha pasado a la oposición radical... Cristina Alberdi; estaba la Matilde, Barrionuevo... Yo en las primeras reuniones estaba muy calladita y, claro, repartían el trabajo y a mí nunca me daban nada. Y un día levanto la mano y le digo a Griñán: 'Oye, ¿yo puedo hacer algo?'. Y me contesta: 'Ah, ¿pero tú quieres trabajar?'. Desde entonces, Pepe Griñán fue mi maestro y me lió en el tema de Estado y de Seguridad Social.

10-¿Qué hará el capitalismo cuando se le acaben las existencias?

- Nosotros no nos acabaremos nunca, pero espero que superemos al capitalismo. Es posible derribar al capitalismo. Si no irnos a lo contrario, sí hacer un capitalismo más social y más aceptable.

11- Ya puestos en capitalismos, ¿a usted qué le sobra de usted?

- Me sobran unos cuanto kilos. Eso para empezar. Y soy demasiado impulsiva. Me sobran pasión y kilos. Y me faltan, como diría yo... Muchas cosas. Me falta conocimiento, me falta un cuerpo como el de Claudia Schiffer. Pero qué le vamos a hacer. Es lo que hay.

12-¿Cómo reaccionaron sus maridos cuando usted les dijo que estaba soltera?

- Bueno (desconcertada), no reaccionaron porque en primer lugar no tengo maridos (risas). Pero creo que mis posibles maridos futuros me entenderán. Yo soy como la tónica, a medida que se me conoce, se me quiere un poco más. La soltería es la mejor forma de vivir en pareja: sin obligaciones y siempre porque quieres estar con el otro. Salvo que haya hijos. Entonces, la cosa cambia.

(+1)Como experta en el futuro, dígame qué fue de nosotros.

- Seguiremos viviendo, a ratos amaremos, a ratos odiaremos... Pero viviremos mejor de lo que vivimos ahora. Aunque nos costará más esfuerzo mantenerlo.

> Es la mujer de las pensiones, doña jubilación, un socialismo de las políticas que igual cobramos algún día > Se ha hecho mundialmente Chamosa por escribir mal cuando habla y robarle ortografías a su verbo. Himperdonavle> Ella, que estrenó la emigración a los 12 años como peluquera y a los 14 se puso a tejer con la vida al cuello, obrera de la confección. Ella, que cargó riñón en el híper. Ella, que arañó feminismo en UGT. Ella, que no pudo estudiar a antifranquista y sólo lo fue, ¿soñarse diputada? Pues van 4 legislaturas> El martes iba a contar en Las Cortes la vejez que nos calcula el Gobierno, pero el clasismo también tiene mano izquierda. Y puño. Y rosa > Mientras vuelve en voz baja al Pacto de Toledo irrumpe aquí con todo permiso. 'Hestaría vueno'.

ZAPATERO ABOCA A ESPAÑA A UNA QUIEBRA INSUPERABLE: ¡Preparen sus traseros! ¡Los socialistas han vaciado las Cajas y ahora hay que recapitalizar!

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas

Merkel supedita su ayuda a que bajen los salarios y se retrase la jubilación

Aceptaría que el Fondo de Rescate preste a España para que compre su propia deuda

Corresponsal

Alemania está dispuesta a prestar más dinero a los socios de la zona euro siempre que los trabajadores españoles, franceses o griegos cobren menos, se jubilen más tarde y paguen impuestos más altos. Y a cambio de que un alemán presida el Banco Central Europeo. Los Estados de la moneda única afinan los detalles para ampliar el fondo de rescate de la UE, mientras Berlín pone sus condiciones.

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La recompra de bonos afectaría a los recién emitidos por los tesoros, sino a los más antiguos, en manos de los bancos y otros inversores privados, serviría para rebajar la suma total de deudas y reducir el riesgo en los mercados. Esta opción, que ha salido de Berlín y que ya han apoyado públicamente Grecia y Portugal, funcionaría especialmente bien para los Estados rescatados y en situación más extrema.

Así, funcionaría para Atenas, cuyos títulos son poco deseables en el mercado y podrían ser adquiridos a un precio bajo. Por ejemplo, la obligación a 10 años griega está alrededor del 70% de su valor, por lo que el Estado se ahorraría a largo plazo cerca del 30%. La solución equivale a una pequeña reestructuración, pero ordenada y sin el trauma de la suspensión de pagos.

Los acreedores griegos son bancos europeos y el BCE, que no tendría problemas en asumir un recorte de los títulos. Pensando en los privados, se daría una pequeña prima para animarles a vender en lugar de esperar a que el bono venza y aunque perdieran dinero respecto a su inversión inicial.

Fuentes comunitarias indican que esta vía se considera, sobre todo, para Grecia e Irlanda, cuyos bonos antiguos se han despeñado mientras se disparaban los intereses de las nuevas emisiones. A España, en principio, esta fórmula le serviría de poco para sus cuentas. La obligación a diez años se ha depreciado, pero poco, en torno a un 4%, con lo que al Estado no le compensaría pedir un crédito para tan poco ahorro. La opción que mejor encaja para España, según estas fuentes, es la petición de una línea de crédito preventiva, sin más condiciones que el cumplimiento del plan de recorte del déficit y las reformas estructurales ya en marcha.

Alemania, según varias fuentes europeas consultadas por este diario, está mandando «señales positivas» y está más tranquila con el comportamiento de los socios, entre ellos España. La canciller Angela Merkel agradece no sólo las reformas, sino la actitud del presidente José Luis Rodríguez Zapatero por no haber criticado nunca públicamente a Alemania ni a su líder, como sí han hecho mandatarios griegos, irlandeses y portugueses.

Ahora bien, el aumento de las garantías del fondo, que podría doblar sus avales para llegar a prestar el máximo prometido de 440.000 millones (en la práctica, ahora sólo puede conceder unos 250.000), y sus nuevos usos no saldrá gratis a nadie. Berlín ha dejado claro que quiere un «paquete global», donde pretende incluir hasta la elección del nuevo presidente del Banco Central Europeo. De hecho, una contrapartida podría ser que los jefes de Estado y de Gobierno de la zona euro acepten ya en marzo al presidente del Bundesbank, Axel Weber, para suceder a Jean-Claude Trichet en otoño.

El Gobierno alemán no sólo exige que los Estados reduzcan su déficit para contenerlo por debajo del 3% del PIB, sino que quiere aprobar nuevos criterios obligatorios para mejorar la competitividad de España, Italia o Grecia.

Así, pretende que sus vecinos aumenten la edad de la jubilación, no suban ni salarios ni pensiones con la inflación, armonicen sus impuestos con los alemanes (es decir, los incrementen) y aprueben leyes para que los Gobiernos se fuercen a sí mismos a equilibrar su presupuesto.

La Comisión Europea presiona para un acuerdo en la cumbre de los Veintisiete del próximo 4 de febrero, pero Alemania insiste en que cualquier pacto sobre el fondo debe ir acompañado de su «paquete» de austeridad y prefiere amarrar bien los detalles unas semanas más, hasta la cumbre del 24 de marzo. Los de Barroso defienden que se debe hacer «cuanto antes mejor, para disipar cualquier duda que tenga el mercado sobre la zona euro».

MARIONA CERDÓ / Palma

Baleares también lanza bonos 'patrióticos' a particulares al 4,75%

Sigue a Cataluña y Valencia para colocar hasta 300 millones

El Gobierno de Baleares pide dinero prestado a los ciudadanos para poder pagar sus deudas más recientes. A imagen y semejanza de Cataluña y la Comunidad Valenciana, la administración capitaneada por Francesc Antich lanzó ayer una emisión de bonos de deuda, con el objetivo de sanear sus maltrechas cuentas. El anuncio lo hizo el consejero de Economía, Carles Manera, quien precisó que, a partir del próximo lunes y hasta el 4 de febrero, los ciudadanos interesados podrán hacer efectiva su compra en alguna de las entidades implicadas en la operación (La Caixa, Sa Nostra, Deutsche Bank, Banca March y Banco Sabadell).

La inversión mínima es de 1.000 euros y la máxima de dos millones. El interés asciende hasta el 4,75% (al que se suma la comisión del 2% de los bancos), un porcentaje que difícilmente pueden igualar los depósitos bancarios que en estos momentos están al alcance del común de los mortales -suelen ser de entre el 3% y el 4% y el dinero debe permanecer inmóvil durante más tiempo-.

Baleares utilizará este dinero cantidades para pagar sus deudas a corto plazo, en concreto aquellas contraídas durante el año pasado para pagar inversiones -el Ejecutivo balear se endeudó mucho más de lo habitual con el objetivo de inyectar dinero en la economía y así evitar su paralización a causa de la crisis-.

El paquete de bonos de deuda que pone ahora el Ejecutivo en circulación alcanza una cantidad muy importante: 200 millones de euros ampliables hasta los 300 en caso de que la demanda sea alta. Entre intereses y comisión, la venta de bonos de deuda obligará a la administración autonómica a pagar 21 millones de euros suplementarios.

P&R

MARÍA RAMÍREZ / Bruselas

Más ajustes para el fondo de rescate

Corresponsal

El fondo de rescate de la zona euro es, tal vez, la operación más rápida de historia de la UE. Pero su diseño precipitado, en apenas un fin de semana, requiere ahora ajustes.

¿Qué hace el fondo?

Presta dinero a los Estados en apuros para cubrir sus gastos en los siguientes dos o tres años a cambio de un programa de recortes controlado por la UE y el Fondo Monetario Internacional.

¿Cómo se puede utilizar más?

Se estudian tres fórmulas: comprar deuda pública cuando los Estados la emitan, conceder créditos preventivos a un interés más bajo y dar préstamos para que los Estados compren sus propios bonos de deuda vieja a los bancos.

¿Qué pasa con los bonos antiguos?

Los bancos tienen en su poder títulos de deuda españoles o incluso griegos que, antes de la crisis, daban un interés de en torno al 3%. Esos han bajado su precio, mientras las nuevas emisiones tienen una rentabilidad disparada. Por encima del 5%, en el caso de España; cerca del 7%, en el de Portugal; o del 11%, en el de Grecia. Los antiguos no son deseados y pierden así valor. La opción conservadora de los bancos es quedárselos hasta cobrar al vencimiento o hasta que vuelva a subir su precio.

¿Para qué quiere un Estado comprar sus bonos?

Los bonos antiguos están muy baratos, sobre todo para los países rescatados. Aunque ha sucedido también con España, el ejemplo más significativo es Grecia, cuyos títulos a 10 años se venden a un 30% de su valor original. Si el Estado los compra ahora, aliviaría su deuda pagando menos y la percepción del riesgo en el mercado -que marca el interés- bajaría.

¿A los inversores les interesa vender los bonos?

En principio, no, pero pueden animarse si se les da una pequeña prima y evitan el riesgo de tener más problemas en el futuro. Es peligroso poseer un bono griego cuando la UE prepara un plan para que los Estados insolventes recorten, retrasen o, incluso, suspendan pagos después de 2013.

¿A quién le convendría?

Sobre todo a Grecia. A Irlanda y, tal vez, a Portugal. La depreciación de los demás no supone tanto ahorro, si bien podría servir para cualquiera, ya que el fondo prestaría el dinero para comprarlos. Depende del interés que el Estado tenga que pagar después. También se está negociando una rebaja del tipo al que se devuelven los préstamos.

MARISA CRUZ / B. P. R.
Madrid

Rubalcaba y los sindicatos vuelven a creer en el pacto

Tras la crisis por la energía nuclear, ambas partes afirman que el acuerdo es «posible»

Las tres partes que negocian en la mesa social las reformas del mercado laboral y del sistema de pensiones -Gobierno, sindicatos y empresarios- «tienen voluntad de diálogo y acuerdo». Ésta es al menos la convicción que pretende trasladar el vicepresidente primero Alfredo Pérez Rubalcaba.

El número dos del Ejecutivo se empeñó ayer en imprimir un tenue optimismo a la marcha de la negocación, a la que ya le queda menos de una semana, pero cuidándose mucho de echar las campanas al vuelo porque, tal y como él mismo reconoció, aunque el pacto es posible, todavía «no está cerca». «Hay», dijo, «importantes restricciones que todavía separan a las partes, pero voluntad no nos falta».

Lo que sí dejó claro es que el acuerdo, de producirse, tendrá que tejerse antes del próximo día 28, fecha fijada por el Gobierno para aprobar su propuesta de ley en Consejo de Ministros y remitirla al Parlamento. Los negociadores, pues, tendrán que apurar estos últimos días de plazo porque este no se prolongará.

Rubalcaba se resiste a proporcionar datos concretos acerca de las ofertas y contraofertas presentadas por las partes, especialmente alejadas en lo que se refiere a la reforma de las pensiones. El vicepresidente, firme partidario de alejar la negociación de las cámaras y los micrófonos aunque el secretismo pueda acarrear disgustos -como el del supuesto intercambio entre la jubilación de las nucleares y la de los trabajadores-, prefiere por ahora centrarse en proporcionar a la opinión pública doctrina general.

Rubalcaba hace votos por que el pacto sea lo más amplio posible, tanto en temas como en participantes, pero no descarta que sólo lo haya finalmente en algunos puntos básicos. Sólo eso, en su opinión, sería «extraordinariamente importante para la economía, las empresas, la confianza de los mercados, los trabajadores y la fortaleza institucional». «No le veo más que ventajas al acuerdo», insistió.

También los sindicatos hicieron profesión de fe en las posibilidades del acuerdo, pese a su «indignación» por la estrategia de comunicación del Ejecutivo durante los últimos días. Los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ayer juntos en una asamblea de delegados en Sevilla, creen que el pacto es «posible», además de «necesario», siempre que no haya «intoxicaciones, filtraciones ni propuestas desconocidas». Según recalcaron, el Gobierno debe dar «un paso adelante» para propiciar el consenso. Méndez alertó de la existencia de «ofensivas para que el Gobierno se aleje del pacto», informa Europa Press. «Ya no estamos en el tiempo de la intoxicación pública, sino de defender con claridad las posiciones de cada una de las partes», conminó Fernández Toxo al Ejecutivo. A su juicio, cotizar 39 años para jubilarse a los 65, como propone el Gobierno, es sencillamente excesivo.

B. P. RAMÍREZ / Madrid

El Gobierno quiere eliminar la jubilación parcial

También propone suprimir el retiro especial a los 64 y retrasar a los 63 el anticipado

Aumentar la edad legal de jubilación a los 67 años, de forma general y obligatoria, no es la única medida que el Gobierno quiere aplicar para alargar la vida laboral de los españoles. También pretende eliminar la jubilación especial a los 64 años que, con 15 de cotización, permite cobrar el 100% de la pensión. Y retrasar hasta los 63 años el retiro anticipado, al que ahora se accede con 61 y con coeficientes reductores de la cuantía de la pensión. Además, propone suprimir la jubilación parcial, por la que un trabajador reduce su jornada desde los 61 hasta los 65 años y, a cambio, la empresa hace un contrato de relevo a un desempleado o eventual.

Los sindicatos se oponen a esta «dura batería de propuestas». Suprimir las jubilaciones parciales supondrá también impedir el acceso al trabajo de casi 35.000 jóvenes al año, que fueron los que suscribieron contratos de relevo en 2009, según las estadísticas del Ministerio de Trabajo.

Las medidas del Gobierno, pues, incluyen no sólo aumentar el periodo de cálculo de la pensión de 15 a 25 años y elevar en dos años (hasta los 37) el periodo de cotización necesario para cobrar el 100% de la prestación. El Ejecutivo también pretende endurecer el acceso a las pensiones mínimas.

CCOO y UGT, no obstante, aceptarían debatir ese paquete de propuestas, para modificarlas, siempre que el Gobierno se apee de la jubilación obligatoria a los 67 años y acceda a conseguir parte de sus objetivos aumentando los ingresos netos del sistema. «Lo que no quiere decir subir las cotizaciones, basta con hacerlo con las bases mínimas y máximas de cotización, y con integrar los regímenes especiales [agrario y de empleados del hogar] en el general», explica el responsable de Seguridad Social de CCOO, Carlos Bravo. Hasta ahora, el Ejecutivo sólo accede a hablar de contención del gasto.

Los sindicatos, además, quieren mejorar, al menos en un par de puntos, los actuales incentivos al alargamiento de la vida laboral. También la CEOE se muestra a favor del retraso voluntario e incentivado de la jubilación. Y en el mismo sentido se han pronunciado en el Pacto de Toledo todos los grupos parlamentarios, incluido el PP.

Las otras mesas de negociación

>Problema de premuras. Sindicatos y CEOE elaborarán un primer documento de carácter general sobre la reforma de la negociación colectiva, con los principios que la inspirarán. Después entrarán al detalle, dándole un articulado.

>«No íbamos mal hasta que nos atascamos en los 426 euros», dicen fuentes de la mesa sobre políticas activas. El Gobierno ofreció luego bonificar contratos a tiempo parcial a jóvenes y parados de larga duración.

J. E. MAÍLLO / Madrid

Confusión e indignación en las cajas por la reforma que planea el Gobierno

Rubalcaba confirma la iniciativa y asegura estar dispuesto a cambiar la ley del sector

El aluvión de informes, declaraciones e noticias sobre la situación de las cajas de ahorros han generado un notable revuelo en estas organizaciones en los últimos días. La tensión en las cajas es evidente porque el sector se siente atacado, después de haber acometido en los últimos seis meses la mayor reestructuración de su historia.

El Gobierno explicitó ayer lo que era un secreto a voces en el sector financiero, tal y como ha venido publicando EL MUNDO en los últimos días. Es inminente un

nuevo plan para acelerar la reestructuración de las cajas de ahorros, según explicó el portavoz del Ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros.

Y las cajas reaccionaron con una mezcla de indignación y confusión. Por un lado, temen que se impongan las opciones de bancarización más radicales, que abandera el Ministerio de Economía frente al Banco de España.

La mayoría de las entidades, agrupadas en la Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA), coincidieron en exigir seguridad jurídica al Ejecutivo en el cambio legislativo, según explica Expansión. El presidente de la CECA y de La Caixa, Isidro Fainé, alzó la voz el pasado miércoles para denunciar los ataques, a su juicio, injustificados que padece el sector.

«El objetivo de este plan es reforzar la solvencia y la credibilidad del sistema financiero. La solvencia mediante la captación de capital y la credibilidad, con mayor transparencia», señaló el vicepresidente primero del Ejecutivo.

El plan «no tardará mucho» en ver la luz, dijo Rubalcaba. Se está negociando con el Banco de España -que era reticente a su aplicación- y con la patronal del sector.

El portavoz no descartó que haya que acometer un cambio de la ley de cajas. «Si hay que hacer normas, las habrá», apuntó. «Ya que exigimos una reforma acelerada» a las cajas, «lo lógico es que nosotros lo hagamos también aceleradamente».

El Gobierno trata así de «salir al paso de las dudas que existen y que no podemos negar» sobre la solvencia del sistema financiero español. Y es que la depreciación de activos puede generar una necesidad de recursos propios para las cajas de 26.000 millones de euros.

Con esta realidad sobre la mesa, las entidades buscan todas las vías posibles para mejorar su situación financiera. Ayer, por ejemplo, CatalunyaCaixa, una de las cajas más débiles, propuso a toda la plantilla una rebaja generalizada del sueldo del 5%. También se quieren limitar las aportaciones a los planes de pensiones de los empleados. La medida contrasta con la subida de sueldos en los últimos años de los directivos de la caja catalana.

Puede no ser suficiente. La agencia Fitch amenazó ayer con rebajar la calificación de la deuda del Reino de España si las necesidades de capitalización de las entidades son superiores a lo que espera el mercado.

OORBYT.es

>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Casimiro García-Abadillo sobre los problemas de las cajas de ahorros.

VIDAL ARRANZ / Salamanca

Caja Duero-España revela una mora del 9%

Un tercio del balance de la entidad está vinculado al ladrillo, con un 20% de impago

La principal entidad de ahorros de Castilla y León, la recién fusionada Caja España-Caja Duero, fue ayer la primera del país en cumplir las instrucciones del Banco de España y desvelar su exposición al ladrillo. Casi uno de cada tres euros que la entidad tiene destinados a préstamos al sector privado (excluidas, por tanto las administraciones públicas) está ligado a empresas del sector de la construcción y promoción inmobiliaria.

En total 8.067 millones de euros están destinados a este grupo empresarial hoy considerado como de riesgo, lo que supone un 31,3% de los 25.766 millones de euros de crédito total privado de la entidad.

Los datos fueron facilitados en una comparecencia conjunta del principal equipo directivo de la entidad, con el presidente, Evaristo del Canto, y el director general, Lucas Hernández, al frente. Este último explicó que de los 8.067 millones de exposición al sector del ladrillo, 5.735 millones corresponden propiamente a créditos inmobiliarios, vinculados a la vivienda, mientras que los otros 2.332 están ligados a otras actividades constructoras, en teoría no tan sujetas a problemas.

En los créditos específicos de este sector la ratio de morosidad es de un 20,8%, muy superior a la general de la entidad, si bien cuenta con 1.020 millones de provisiones asociadas, lo que da una cobertura del 33,8% en relación con los préstamos dudosos y subestándar del ladrillo.

Los responsables de la caja presentaron un balance positivo de sus primeros meses de actividad tras la fusión. «Esta entidad ha hecho los deberes en un periodo de tiempo muy corto», aseguró Hernández, quien explicó que el proceso de reestructuración de oficinas y personal está ya casi terminado, con un gran adelanto sobre los plazos previstos.

Pero además, la gestión de la entidad fusionada ha permitido cerrar diciembre con un importante incremento de depósitos, que rompe la tendencia a la baja de los meses precedentes, y con una significativa reducción de la tasa de morosidad, que baja al 9,38% y se coloca en cifras similares a las de agosto. Un porcentaje alto, pero que está compensado por una elevada tasa de cobertura, del 62,61%, superior a la media.

Asimismo, Hernández anunció que la actualización del test de estrés realizado por el Banco de España el verano pasado coloca a la entidad con superávit y por encima del Tier 1 exigido, del 6%, por lo que no se plantea pedir más ayudas al fondo de reestructuración.

C. LLORENTE / Madrid

Los impuestos, causa del récord de las gasolinas

Ya suponen el 50% del precio de este combustible, frente al 45% de 2008

La Comisión Nacional de la Energía (CNE) ha confirmado las sospechas de las asociaciones de consumidores: la culpa de que los precios de la gasolina estén en máximos históricos se debe más a la subida de los impuestos que al alza del precio de crudo.

La subida del IVA del 16% al 18% decretada el pasado mes de julio, por un lado, y el incremento de los impuestos especiales aprobado en junio de 2009, que gravan a los carburantes en un 7,3% más , por otro, han contribuido con fuerza al encarecimiento del precio de los combustibles.

El regulador energético hizo ayer público un detallado informe en el que compara los precios de la gasolina y el gasóleo en julio de 2008, cuando el crudo alcanzó el récord histórico de 147 dólares, y en diciembre de 2010, cuando el petróleo rondaba los 90 dólares. Son 57 dólares de diferencia en el barril de Brent, el empleado para elaborar los combustibles de automoción y, sin embargo, llenar el depósito del coche cuesta prácticamente lo mismo que hace dos años y medio.

Sin duda, la depreciación del euro a lo largo de 2009 ha encarecido la compra del petróleo, cotizado en dólares, en parte. Pero el precio de la gasolina no habría vuelto a alcanzar máximos históricos de no haber sido por el aumento de los impuestos.

En el caso de la gasolina, según CNE, en julio de 2008 el peso de los impuestos era del 45,2%, mientras que en la actualidad es casi del 50%. En ese tiempo la gasolina se ha encarecido en 4,21 céntimos el litro debido al incremento del impuesto especial en casi tres céntimos -de 39,56 céntimos el litro a 42,46 céntimos-, y en dos puntos del IVA.

Mientras, el peso de la cotización internacional de la gasolina, muy vinculado a la del petróleo, ha pasado de pesar un 42% en 2008 a un 38,3% en la actualidad. Por su parte, los márgenes de negocio sobre el litro han caído en un punto, del 12,8% al 11,8%.

En el caso del gasóleo, la carga fiscal, que es menor que en la gasolina, ha pasado a convertirse en el factor de mayor peso sobre el precio final de este combustible, que es el más utilizado por los conductores españoles.

En concreto, la cotización internacional del crudo pesaba un 51,2% en 2008, y ahora sólo lo hace en un 43,8%, mientras que los impuestos han pasado de representar el 36,8% al 44,2%, tras subir los impuestos en casi tres céntimos.

El resultado es que el gasóleo costaba a finales del pasado mes de diciembre 16,5 céntimos menos que en 2008, aunque el coste real del combustible retrocedió en más de 17 céntimos y el margen de las estaciones de servicio, en 1,85 céntimos.

Sin duda, la depreciación del euro también explica, aunque en menor medida, el hecho de que, pese a que los precios del petróleo está un 34% por debajo del máximo histórico de 2008, llenar el depósito de gasolina cuesta lo mismo que entonces.

Según la CNE, la cotización internacional de la gasolina ha disminuido un 25,4% entre mediados de 2008 y finales del pasado diciembre. Sin embargo, en este periodo, el euro se debilitó un 16%, con lo que la cotización de este combustible en la moneda única es sólo del 11,2%.

En opinión de los analistas energéticos, la cotización del euro seguirá penalizando el precio de los combustibles a lo largo de 2011, ya que los analistas creen que la divisa se mantendrá en niveles de 1,30-1,35 unidades frente a la moneda estadounidense.

Pero la gran amenaza para los precios de la gasolina este año será, sin duda, la cotización del petróleo que se ha situado ya en 96 dólares el barril de Brent y que, en opinión de muchos analistas, se encamina hacia la barrera psicológica de los 100 dólares.

Por de pronto, el litro de la gasolina de 95, la más popular, cuesta ya 1,30 euros.

Madrid

Las petroleras apuntan que sólo tienen el 1% de margen

Los empresarios del petróleo se defienden. El director general de la Asociación Española de Operadores Petrolíferos (AOP), Álvaro Mazarrasa, recurrió ayer a la «transparencia» con la que actúan de forma las empresas del sector en la formación de los precios de los combustibles y aseguró que los operadores mayoristas apenas tienen márgenes del 1% sobre el producto final.

«La supervisión sobre el sector es constante y se tienen que reportar todas las variaciones de los precios en las estaciones de servicio», afirmó Mazarrasa en declaraciones a Europa Press. «La CNE hace estudios semanales, y la Administración y la CNC hacen un seguimiento riguroso», precisó ante la nueva subida del precio de la gasolina.

Por su parte, los gasolineros dicen que el encarecimiento de los combustibles también perjudica su negocio, ya que su retribución por litro es fija y no está relacionada con el precio de venta, sino con el volumen que se factura, el cual, en el contexto actual, previsiblemente se verá reducido.

El portavoz de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles, Antonio Onieva, advirtió a Europa Press de que uno de los problemas para la competencia en las estaciones de servicio es que «la regulación es tan dura que las petroleras internacionales vienen, ven que no sacan rentabilidad y se van».