A las 10.00 horas de ayer, la Guardia Civil dio un golpe de mano en la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE). La denominada operación Saga culminó con la detención de nueve presuntos implicados en una trama para apropiarse de fondos de la SGAE. Y entre los nueve detenidos, el máximo responsable de esta sociedad, Teddy Bautista, recién reelegido en su cargo, y su mano derecha, José Luis Rodríguez Neri. Según la 
investigación, el dinero desviado procedía, entre otras fuentes, del polémico canon digital.
Siguiendo instrucciones del juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz, agentes especializados en delitos económicos de la Guardia Civil registraron durante horas la sede de la SGAE en Madrid.
Entre los arrestados se encuentran el propio Teddy Bautista; su director general, Enrique Loras; el director Económico y Financiero de la SGAE, Ricardo Azcoaga, y José Luis Rodríguez Neri, máximo responsable de la Sociedad Digital de Autores de España (sDae), que es la entidad que se encarga de gestionar los derechos de autor que se producen en internet.
También están detenidos la mujer y la cuñada de Rodríguez Neri, María Antonia García y Elena Vázquez, respectivamente, así como Eva García Pombo, Rafael Ramos y Celedonio Martín, vinculados con la SGAE y con la trama de sociedades paralelas.
Los implicados habrían desviado decenas de miles de euros de la SGAE y de su ramificación digital, la sDae, a al menos tres empresas que estaban bajo su control. Durante más de nueve horas, los efectivos policiales llevaron a cabo un minucioso registro en la sede central de la SGAE en Madrid y en otros 16 inmuebles dependientes tanto de la sociedad de autores como de los presuntamente implicados en la trama.
No se descarta que las actuaciones se extiendan en los próximos días fuera de los límites de Madrid. De hecho, anoche seis de los detenidos, Teddy Bautista incluido, fueron trasladados a la Comandancia de Tres Cantos y a un cuartel de Las Rozas.
Bajo la lupa policial y judicial, Bautista y Rodríguez Neri. Los investigadores consideran a éste como el presunto cerebro de la trama societaria a través de la cual se efectuaba el desvío de fondos. Todo apunta a que Neri, actual director de la sDae, desviaba dinero procedente de esa sociedad a una empresa llamada Microgénesis, de la que fue máximo responsable hasta 2003.
Microgénesis se dedica a aplicaciones informáticas especializadas en derechos de autor y consultoría. Esta empresa, según fuentes de la investigación, es una de las principales contratistas de la sDae, a la que proporciona soportes informáticos y programas. La sospecha es que Microgénesis facturaba a la sDae por trabajos que no llegaba a realizar.
El registro se inició cuando los empleados de la SGAE estaban realizando las últimas verificaciones de los resultados de las elecciones celebradas el jueves, en las que Teddy Bautista resultó reelegido al frente de la sociedad de autores. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil buscaron durante más de nueve horas las facturas de los servicios nunca realizados por las empresas a las que se desviaba el dinero de la sDae. Accedieron para ello a los discos duros de los ordenadores que se utilizan en la sede de la SGAE, en el Palacio de Longoria de Madrid. Los funcionarios policiales también pidieron al juez autorización para bloquear varias cuentas bancarias de los imputados, petición que fue admitida por el magistrado instructor.
En principio, se atribuye a los implicados diversos delitos de estafa, apropiación indebida y administración desleal. La Fiscalía Anticorrupción fue la que, junto con la Guardia Civil, inició estas actuaciones, que acabaron en manos del juez Pablo Ruz de la Audiencia Nacional.
La investigación de la Fiscalía Anticorrupción se inició en noviembre de 2007, después de recibir una denuncia de la Asociación de Internautas, de la de Usuarios de Internet, de la de Hosteleros Víctimas del Canon y de Apemit, que situaba el foco sobre José Luis Rodríguez Neri.
El Ministerio Público judicializó sus diligencias en el Juzgado Central de Instrucción número 5 en marzo de 2010, todavía cuando Baltasar Garzón estaba al frente del mismo. Luego fue sustituido por el juez Pablo Ruz. Éste autorizó el embargo y bloqueo de varias cuentas bancarias relacionadas con los investigados y dio el visto bueno el pasado miércoles a un oficio de la UCO en el que le solicitaba la entrada y registro en la sede central de la SGAE y en varios domicilios.
La denuncia que inició las investigaciones cita a diversas sociedades, pero se centra especialmente en Microgénesis, de la que Rodríguez Neri fue presidente y consejero delegado hasta 2003. Actualmente, esos cargos los ocupa otro directivo de la SGAE, Rafael Ramos. La empresa, que en su propia página web se publicita como una de las principales contratistas de la SGAE, facturó en 2009 cerca de cinco millones de euros. Otra de las mercantiles mencionadas en la presunta trama de desvío de dinero es Coqnet.
El escrito de los denunciantes destacaba «la falta de claridad y transparencia de la SGAE en relación con el tipo de actividad que sus directivos mantienen respecto de empresas mercantiles y también hasta que punto desempeñan o no su actividad asociativa». Las entidades de gestión de derechos de autor no pueden tener ánimo de lucro, ni tampoco sus socios directivos. «No sólo se hace un reparto ilegal de beneficios sino que, además, esta asociación realiza una recaudación fraudulenta, extralimitándose en las competencias que legalmente se le han atribuido», añadía el escrito. La denuncia también acusaba de «una aparente indulgencia al Ministerio de Cultura».
El Departamento de Ángeles González Sinde dijo anoche que no es competente para fiscalizar las actividades de la SGAE, labor que corresponde a las comunidades autónomas. La ministra, desde Almagro, ofreció la «máxima colaboración» a la Fiscalía para que «se esclarezcan los hechos y se llegue a la verdad».
Anoche, una decena de indignados brindaba con champán frente a la sede del a SGAE, cuyo interior, al cierre de esta edición, continuaba siendo registrado por la Guardia Civil.
OORBYT.es
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DARÍO PRIETO / Madrid
02/07/2011
De la negación al derrumbe en Longoria
Los trabajadores, sorprendidos con la operación tras los desmentidos de SGAE
Menuda expectación con las elecciones de la SGAE. Algo así debió pensar Javier Trujillo, director comercial de la Sociedad General de Autores y Editores, cuando ayer se encontró con una marabunta de gente a las puertas del Palacio de Longoria de Madrid, sede de la entidad. Pero no, los periodistas no le preguntaron por los resultados del proceso electoral del día anterior- en el que, por cierto, venció de forma aplastante la candidatura que apoya a Teddy Bautista, al conseguir todos y cada uno de los 30 representantes a la Junta Directiva a los que aspiraba-, sino por la intervención judicial de la entidad. «Ya me extrañaba que las elecciones suscitaran tanto interés», dijo luego Trujillo a los medios.
La operación pareció coger por sorpresa a muchos trabajadores de la SGAE, a pesar de algunas informaciones publicadas en los días previos que, no obstante, fueron categóricamente desmentidas por parte de la entidad mediante sendos comunicados. En el primero se afirmaba: «Que algunos medios se hagan eco, dos días antes de un proceso electoral interno, de la existencia de supuestas pesquisas oficiales, sin que exista comunicación judicial al respecto, incide en una práctica periodística que debe ser denunciada». En el segundo, se podía leer: «Ninguno de los juzgados de la Audiencia Nacional ha seguido actuación alguna ni frente a la SGAE ni frente a sus filiales». Además, se apuntaba que la entidad «se ajusta rigurosamente y en todo momento al cumplimiento de la legalidad vigente en materia de propiedad intelectual», y que «ante esta campaña difamatoria, la SGAE realizará acciones judiciales oportunas».
Fuentes de la entidad consultadas por EL MUNDO señalaron que los trabajadores de la misma se limitan «a ser profesionales» y a «cumplir órdenes». Otras apuntaron que, en los minutos previos a la intervención, los teléfonos de las oficinas de la sede experimentaron problemas, con llamadas desviadas por arte de magia y tonos extraños. «Nos han intervenido la línea», bromeaban, sin saber lo que llegaría más tarde.
Agrupados durante buena parte de la mañana en el patio central del edificio, los trabajadores de la sociedad de gestión no pudieron usar sus teléfonos móviles, so pena de ser confiscados. Más de uno comentó el shock que le produjo ver aparecer un guardia civil en los despachos pidiendo los documentos de identidad.
Algunos de los empleados consultados por este periódico se preguntaban cuál va a ser el futuro de la SGAE después de lo de ayer. La principal candidatura de oposición, la de José Miguel Fernández Sastrón, prefería no hacer declaraciones, aunque lamentaba el daño que podía provocar las detenciones «a la imagen de todos los autores». Y otras voces definían a Bautista, considerado hasta ayer como todopoderoso e incapaz de ser abatido, de «cadáver».
OORBYT.es
>Vea hoy en EL MUNDO en Orbyt el análisis de Darío Prieto sobre las polémicas de la SGAE.
D. P. / Madrid
02/07/2011
«Como dice el Ministerio de Cultura, 'ahora la ley actúa'»
La Asociación de Internautas desató el procedimiento judicial
Para comprender mejor la actuación de ayer hay que remontarse a una denuncia presentada en noviembre de 2007 ante la Fiscalía Anticorrupción en la que se explicaban los hechos que llevaron a las detenciones de ayer. Aquella denuncia, que llevaba la firma de Víctor Domingo (presidente de la Asociación de Internautas), Miguel Pérez Subías (Presidente de la Asociación de Usuarios de Internet) y el abogado Josep Jover, fue redactada por Ofelia Tejerina, abogada y secretaria general de la Asociación de Internautas.
Tejerina explicó ayer a EL MUNDO cómo fue el proceso: «En octubre de 2007, tras ver un artículo en el diario Público, empecé una investigación sobre la maraña que afectaba en el aspecto empresarial privado a la Junta Directiva de la SGAE, basándome exclusivamente en datos publicados en internet y accesibles para todo el mundo. Así localicé tres empresas y el vínculo directo de éstas con la Junta. A toda esa información le di forma jurídica, la encajé en los diversos tipos penales en los que creíamos que esos hechos podían encajar y la presentamos con forma de denuncia a la Fiscalía Anticorrupción».
A partir de ese momento, hubo un par de denuncias paralelas sobre la gestión económica de la SGAE, más relacionadas con la recaudación del canon digital. Ante la falta de respuesta, Tejerina envió, en nombre de la Asociación de Internautas, varios recordatorios a la Fiscalía. «Nosotros», puntualizó la abogada, «no estamos personados como acusación particular, sino que hemos puesto en marcha el mecanismo judicial que el Estado tiene que llevar a cabo». Aun así, reconoce que «algo tendremos que ver» con el proceso.
Aunque Tejerina no se atreve a estimar una cantidad del dinero que podría haber sido desviado -algunas fuentes hablan de decenas de miles de euros-, Jover sí que habla de números : 400 millones de euros. «Es la cantidad que estimamos que no se ha repartido de canon digital y que corresponde al total de lo recaudado por las entidades de gestión en un año», afirmó a este diario.
Por su parte, Víctor Domingo mostró a este periódico su júbilo. «Hoy es un día para celebrar. Y para hacer bueno aquel slogan del Ministerio de Cultura: 'Ahora la ley actúa'», ironizó. «Era difícil pensar que algún día se podría ver a Teddy Bautista detenido. Casi parecía una leyenda urbana. Pero quien resiste gana».
Y fue más allá, responsabilizando, al Ministerio de Cultura y a su titular de la posible gestión fraudulenta: «Las entidades de gestión de derechos de autor no tienen ánimo de lucro. Por ley, disponen de una serie de privilegios, pero el poder ejecutivo ha de fiscalizar anualmente sus cuentas, pues está obligado por ley a ello».
NURIA VAL / Madrid
02/07/2011
Polémica servida en Twitter
Poco después de que se conociese la llegada de los agentes a la sede de la SGAE, en Madrid, el director ejecutivo de la sociedad, Teddy Bautista, se convertía en 'trending topic' (tema del momento) mundial de Twitter, con más de 5.000 menciones en sólo una hora, según informa Efe.
Cientos de internautas, sobre todo los miembros de las diferentes plataformas en contra del canon digital y la Ley Sinde, manifestaron su indignación contra la SGAE y su presidente con un 'hashtag' (grupo de mensajes sobre un mismo tema) que recibió más de 3.000 menciones en una hora para opinar sobre la canción que le cantarían a Bautista.
Los usuarios saturaron la Red con títulos de canciones cargadas de ironía, versionando «a su manera» a cantantes como David Bustamante: «Devuélveme la pasta que me la has 'robao'» o David Civera: «Que lo detengan, que es un mentiroso, malvado y peligroso, que no se puede controlar».
La Red se inundó de comentarios como el del profesor Enrique Dans: «Es una de las noticias más deseadas de España».
Por su parte, el futuro presidente extremeño, el 'popular' José Antonio Monago, envió un 'tuit' en la red social afirmando que «el registro de la SGAE y la puesta a disposición judicial de su máximo representante hace que se inviertan las tornas: los que sospechaban bajo sospecha».
Madrid
02/07/2011
Todo un siglo capeando tiempos difíciles
La operación Saga, que se saldó ayer con la detención del presidente de la Sociedad General de Autores y Editores --Teddy Bautista- y ocho personas más, ha puesto en el punto de mira a una entidad de gestión que ya supera el siglo de vida.
Heredera de la Sociedad de Autores Españoles (1899), la SGAE, fundada en 1988 al amparo de la Ley de Propiedad Intelectual, ya es la séptima sociedad que más recauda en nuestro país, según informa Efe. Pese al acoso de la piratería, la entidad cerró en 2010 con un 7,7% de mejoría en sus cuentas respecto al año anterior, recaudando 365 millones. No por nada la Sociedad es experta en sobrevivir a tiempos revueltos: durante la Guerra Civil logró mantenerse activa de forma independiente en los dos bandos. Volvió a unificarse en 1939.
Abanderada de la protección de los derechos de autor, la SGAE, con sede central en el madrileño Palacio de Longoria-, cuenta entre sus filas con 100.108 socios, de los que 91.051 son autores, 1.903 editores y 7.154 herederos. La sociedad tal y como hoy la conocemos nació hace 23 años, en 1988.
Desde 1941 la SGAE es, según la Ley de Jefatura del Estado, la «única representante legítima de los derechos de autor». Su labor fundamental consiste en emitir licencias a los usuarios de obras dramáticas, audiovisuales y musicales; recaudar los derechos generados por su explotación comercial y repartirlos entre los autores y los editores musicales. La Sociedad, que se creó como un organismo sin ánimo de lucro, descuenta únicamente de este saldo los costes de gestión.
Las sospechas apuntan a tres sociedades en las que aparece como accionista José Luis Rodríguez Neri, que a su vez es director general de la Sociedad Digital de Autores (sDae), filial de la SGAE. Según cree la Fiscalía, Rodríguez Neri y sus socios habrían desviado una parte de la recaudación de derechos digitales a sus tres empresas con la complicidad de Teddy Bautista.
